Corpus
Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3027/2003. · Registro digital (IUS): 21973
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 2743.

REVISIÓN FISCAL 3027/2003. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son fundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.

Aduce la encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas en su primer y segundo agravios, que se estudian conjuntamente según lo ordenado por el artículo 79 de la Ley de Amparo, que el artículo 47, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es una disposición específica inherente al cargo de encargado de recursos financieros detentado por el actor César Manuel Reséndiz Sánchez, motivo por el cual fue ilegal la determinación de la a quo en el sentido de que la autoridad demandada debió citar expresamente el artículo que prevé las obligaciones especificas del cargo referido; agrega que ninguna ley o reglamento de dependencia alguna abarca en detalle las funciones de todos los servidores públicos que en ella laboran, tan es así que sólo los mandos superiores tienen perfectamente delimitadas sus atribuciones.

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados de gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados de gobierno y entes del Estado.

De igual manera, todos los funcionarios públicos antes de tomar posesión de su cargo deben protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, lo cual implica aceptar y respetar los estándares que rigen al servicio público.

Por ende, los servidores públicos están obligados a observar en todo momento las disposiciones contenidas en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de igual redacción al diverso numeral 8o., párrafo I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos); precepto legal que dispone como obligación de los empleados de gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Sin que sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general; sostener un criterio en contrario implicaría que por cada cargo, puesto, nivel, rango o escalafón en los tres poderes de gobierno se tuviera que crear una disposición de observancia general que especificara todas y cada una de sus atribuciones, lo cual es materialmente imposible, además de ser jurídicamente inadmisible, pues cualquier empleado de gobierno evadiría su responsabilidad administrativa bajo tal pretexto, contrariando directamente el imperativo constitucional en estudio, al atentar contra los estándares exigidos por la Carta Magna para los servidores públicos.

Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, a fin de dilucidar tal circunstancia en un procedimiento de responsabilidades, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberán valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, pues justamente los procesos de responsabilidad tienen por objeto vigilar el óptimo desempeño de las personas físicas encargadas de prestar un servicio público encomendado al Estado, que siempre será de interés social y orden público.

Apoya la anterior determinación la tesis 26 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2002, Tomo III, Materia Administrativa, Precedentes Relevantes, a foja 171, que a la letra dice:

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.-Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta."

Sin que la anterior interpretación contravenga las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, toda vez que fue el legislador federal quien introdujo la obligación de los servidores públicos de cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado, y corresponderá a la autoridad sancionadora o, en su caso a la jurisdiccional, determinar las facultades y obligaciones del particular involucrado, desde luego, fundando y motivando su determinación, según ordenan los preceptos constitucionales invocados.

Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis 181 de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2002, Tomo I, Materia Constitucional, Precedentes Relevantes, a foja 406, que es del tenor literal siguiente.

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER COMO OBLIGACIÓN DE TODO SERVIDOR PÚBLICO, ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetadas por el legislador, cuando al expedir normas que prevén infracciones administrativas o conductas antijurídicas, especifica sus elementos de manera clara, precisa y exacta a fin de otorgar certidumbre a los gobernados y evitar que las autoridades administrativas actúen arbitrariamente ante la indeterminación de los conceptos. En ese tenor, resulta indudable que la hipótesis contenida en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos respeta las mencionadas garantías, toda vez que al establecer como obligación de todo servidor público el abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, otorga certeza sobre la conducta que puede constituir un incumplimiento de dicha obligación, pues de manera expresa limita la abstención a actos u omisiones que impliquen incumplimiento de alguna disposición jurídica que tenga relación con el desempeño del empleo, cargo o comisión de dicho funcionario."

Así como el diverso criterio 2a. CLXXIX/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, a foja 714, que es del tenor literal siguiente:

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetados por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable esa atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad. En ese contexto, es inconcuso que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 47, 53, fracción IV y 54, respeta los referidos principios constitucionales, al fijar el marco legal al que debe sujetarse la autoridad administrativa para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, toda vez que el legislador precisó, con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras y las sanciones que les corresponden, en términos de lo previsto en sus artículos 47 y 53, además de que en el diverso numeral 54 encausó la actuación de la autoridad administrativa para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, al limitar su atribución mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe ajustarse para decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción cometida en cada caso concreto. Por tanto, del contenido de tales disposiciones se advierte que el servidor público no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pues los principios rectores que la rigen, consistentes en la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en la reforma constitucional a los artículos 109 y 113, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se encuentran reglamentados y específicamente determinados, a través de un estructurado sistema disciplinario contenido en el indicado precepto 47, cuyo incumplimiento provoca la iniciación del procedimiento respectivo, el que en su caso concluye con la aplicación de sanciones predeterminadas, entre las que se encuentra la destitución a que se contrae la fracción IV del referido artículo 53. Lo anterior pone de relieve, que la facultad conferida a la autoridad sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por la evaluación de todas las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad y que se concretizan mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento respectivo, en el que el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan el ejercicio de esa facultad sancionadora, pues de acuerdo con el margen legislativamente impuesto a la autoridad, su actuación tendrá que ser el resultado de la ponderación objetiva de los elementos relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias que previene el citado artículo 54 para acotar su actuación y así permitir la fijación de una sanción acorde con la infracción cometida, especificada como tal en la propia ley."

Cabe destacar que aun cuando el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en dicho ordenamiento, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y, en lo conducente, las del Código Penal, es insuficiente para concluir, como lo hizo la a quo, que la conducta atribuida al servidor público sancionado deba estar contemplada exactamente en una disposición normativa, en congruencia al numeral 14, tercer párrafo, del Pacto Federal, el cual prohíbe imponer, por simple analogía o mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley aplicable al delito de que se trata; toda vez que el procedimiento de responsabilidades administrativas, como su propio nombre lo indica, no es de naturaleza penal, pues no tiene por objeto primordial reprimir una conducta ilícita, sino velar por el correcto ejercicio de la función pública.

Así lo sostuvo la Segunda Sala del más Alto Tribunal en la tesis 2a. CLXXXI/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 716, que es del tenor literal siguiente:

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULA LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES PENALES, DADA SU DIVERSA NATURALEZA.-Del texto de los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del contenido de la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se advierte que la intención del Poder Revisor de aquélla fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar, por la autoridad administrativa competente, a quienes teniendo el carácter de servidores públicos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de la función pública. En cambio, la redacción del artículo 21 de la Constitución Federal revela que su autor designó como penas a las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos penales, cuya aplicación compete exclusivamente a la autoridad judicial, de donde deriva que su naturaleza y fines son distintos a los del sistema de imposición de sanciones administrativas, por ser diferentes las causas que les dan origen. En esa virtud, los parámetros o lineamientos que rigen las sanciones penales no pueden ser iguales a los del sistema sancionador de responsabilidades administrativas ni, por consiguiente, puede legalmente determinarse la inconstitucionalidad de los dispositivos que fijan las sanciones relativas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con base en esa diferencia, pues sería desconocer la intención del Poder Revisor de la Constitución -contenida en la exposición de motivos y en el texto de los artículos 109 y 113 citados-, que fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurrieran en actos omisiones que afecten los principios fundamentales que rigen el desempeño de sus funciones, por lo que el legislador secundario, congruente con esa naturaleza y finalidad, en la referida ley reglamentaria definió el núcleo básico calificado como infracción en cada una de las fracciones de su artículo 47, además de que en sus artículos 53 y 54 especificó las sanciones correspondientes a dichas faltas y fijó los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad administrativa sancionadora para adecuarlas al caso concreto, de manera tal que se trata de sanciones de distinta naturaleza a las penales, en tanto que guardan relación con la afectación al eficaz desempeño de la función administrativa por los servidores públicos que la incumplen."

Por ende, para la resolución de un asunto planteado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se argumente que cierta conducta supuestamente atribuible a un servidor público sancionado en un procedimiento de responsabilidades administrativas no esté contemplada en una norma legal, en acato al precepto 14, último párrafo, de la Carta Magna, que ordena que en los juicios del orden civil -entendiéndose todos aquellos que por exclusión no sean penales, como sucede en los tramitados en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho; lo que vinculado a lo ordenado por el numeral 18 del Código Civil Federal, en el sentido que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los Jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, obliga a dicho órgano contencioso administrativo, como ya se dijo, a resolver con las constancias que obren en autos si cierta conducta es una obligación inherente al cargo de un funcionario público.

En las relatadas circunstancias se impone declarar fundado el presente recurso de revisión fiscal, para el efecto que la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje sin efectos la resolución pronunciada el seis de junio de dos mil tres en el expediente 14598/02-17-08-4 y dicte otra siguiendo los lineamientos de la presente resolución, sin perjuicio de resolver sobre los demás motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, según lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, además de lo sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el diverso expediente R.F. 1347/2003.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal; 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, encargada de la defensa jurídica, en contra de la sentencia dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el seis de junio de dos mil tres en el expediente 14598/02-17-08-4.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca; regístrese la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados David Delgadillo Guerrero, Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el último de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21973-4dcb6dd6/servidores-publicos-la-circunstancia-de-que-sus-atribuciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.