Corpus
Modo: Corpus Pro

AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 52/2004. · Registro digital (IUS): 18172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 1372.

REVISIÓN FISCAL 52/2004. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Para dar contestación a los motivos de inconformidad planteados, precisa establecer los antecedentes que informan al caso que nos ocupa.

El veintitrés de mayo de dos mil dos, el titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, comunicó al director administrativo del mencionado instituto la práctica de la auditoría número 40/2002, contenida en el oficio 07/150/739/2002, que se llevaría a cabo en la Subdirección de Recursos Humanos adscrita, que comprendería la evaluación conforme a los objetivos, metas y normatividad aplicable a las actividades realizadas durante el periodo del primero de enero de mil novecientos noventa y siete al veintiuno de mayo de dos mil dos, es decir, no se encontraba dirigido en contra de persona alguna en particular.

Iniciado el procedimiento de auditoría, se detectaron irregularidades administrativas consistentes en que diez expedientes de diversos servidores públicos "carecían de constancias de percepciones que deben ser expedidas por la entidad, de conformidad con el artículo 83, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 95 de su reglamento", procediendo, en consecuencia, a la revisión de todo el procedimiento utilizado para la expedición y entrega de dichas constancias.

De lo anterior se apreció, por parte de las personas que participaron en la auditoría, que las irregularidades detectadas podían atribuirse presumiblemente a diversos servidores públicos adscritos a la dependencia, entre ellos, al actor en el contencioso administrativo en el desempeño de sus funciones como subdirector de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Finanzas del mencionado Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Así fue como el veintiséis de junio de dos mil dos, se inició procedimiento administrativo de investigación disciplinaria en contra de diversos servidores públicos -entre ellos, claro está, Armando Espinosa Mora- y, dentro del plazo legal, se le citó para que compareciera a la audiencia prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se le comunicaron las presuntas irregularidades que se le atribuían en el desempeño del puesto antes señalado, para que dedujera sus derechos.

Durante la sustanciación del procedimiento administrativo en comento, se estableció, partiendo del contenido de la documentación relacionada con la expedición de constancias de retenciones por salarios y conceptos asimilados del impuesto sobre la renta, por los periodos de mil novecientos noventa y ocho a dos mil, que el servidor público había infringido lo establecido en el artículo 47, fracciones I, II, III y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación, entre otros, con el diverso 134 constitucional que ordena utilizar los recursos públicos con honestidad, eficiencia y eficacia, al haber realizado conductas contrarias al buen desempeño que debía observar como subdirector de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Finanzas del mencionado Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Finalmente, el veintiuno de octubre de dos mil dos, se dictó la resolución en el procedimiento disciplinario R-0001/2002, en la que se declararon existentes las responsabilidades administrativas atribuidas al citado servidor público, Armando Espinosa Mora, y se le impuso la sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de tres años y económica por la cantidad de ciento sesenta mil pesos.

La Sala del conocimiento, el veintiuno de agosto de dos mil tres, pronunció resolución en el juicio contencioso administrativo en el que se impugnó la legalidad de la sentencia que culminó el procedimiento administrativo sancionador, en la que declaró fundado el primer concepto de anulación bajo los argumentos de que los funcionarios que intervinieron en el procedimiento de auditoría, no contaban con legitimación para hacerlo, en atención a que estaban adscritos, respectivamente, al Departamento de Seguimiento de la Dirección de Prestaciones y a la Dirección de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y no a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública) y, en consecuencia, al estar viciado de origen el procedimiento en que se sustentó el procedimiento disciplinario que culminó con la resolución controvertida, ésta resulta ilegal al ser el fruto de un procedimiento viciado de origen.

Sentado lo anterior, se pasa al estudio de los agravios que hace valer la autoridad recurrente, en los cuales sustancialmente señala lo siguiente:

a) Que la sentencia que recurre carece de la debida fundamentación y motivación, dado que realiza un estudio inexacto de la causal de improcedencia planteada en la contestación de la demanda, porque la auditoría practicada en la dependencia no constituye ningún supuesto de procedencia para el estudio de la Sala; que no se consideró que las actuaciones de la auditoría no le causan ningún perjuicio al actor, ya que no iba dirigida a ningún servidor público, sino a la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto que representa y que, además, no forma parte del procedimiento de responsabilidad, origen de la resolución impugnada;

b) Que hay una indebida fijación de la litis, puesto que el actor combate la legitimación de los funcionarios que intervinieron en la auditoría origen del procedimiento de responsabilidad de servidores públicos, lo que se traduce en una competencia de origen -respecto a lo que no puede pronunciarse-, y la Sala sin motivar su razonamiento, se pronuncia sobre la legitimación de dichos funcionarios como si se tratara de un estudio de competencia;

c) Que realiza una indebida valoración de las actas de catorce y dieciocho de junio de dos mil dos, pues únicamente las transcribió y no analizó su contenido, así como tampoco los hechos que se desprenden de las actuaciones en el contencioso administrativo; y,

d) Decreta indebidamente la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la declaratoria de una nulidad lisa y llana, que sólo puede decretarse cuando se estudia el fondo del asunto y, en el caso, no se motiva por qué es incompetente la autoridad que emitió la resolución impugnada resultando, en consecuencia, incongruente la sentencia recurrida.

Es infundada la primera parte del agravio sintetizado en el inciso a), en donde la autoridad expone que fue estudiada de manera incorrecta la causal de improcedencia que planteó en la contestación de la demanda, bajo el argumento de que el actor únicamente exponía agravios para combatir el procedimiento de auditoría, bastando para considerarlo así, además de los razonamientos dados por la Sala del conocimiento -que no procede el sobreseimiento del juicio, cuando la autoridad lo solicita tomando en consideración únicamente el agravio hecho valer por la actora en contra de la auditoría, lo que resulta improcedente, toda vez que no procede sobreseer en el juicio respecto de agravios de la demanda-, que la procedencia del juicio contencioso administrativo se surte desde el momento en que fue señalada como resolución impugnada, la que resolvió el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad de servidores públicos, determinando imponerle sanciones por infracción a la ley de la materia -artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-, con independencia de que, como en el caso, se impugne la legalidad del procedimiento de auditoría, pues ello se refiere a cuestiones que involucran el fondo y que, en su caso, podrán ser declaradas fundadas o infundadas.

Por otra parte, se estima esencialmente fundada la segunda parte de este mismo agravio -contenido en el inciso a) precedente-, en la parte en donde la autoridad refiere que la ilegalidad detectada en el procedimiento de auditoría practicado en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no causa perjuicio al servidor público sancionado, ya que no iba dirigida a ningún servidor público en particular y que se trata de dos procedimientos que no se incluyen entre sí, de acuerdo a las siguientes reflexiones.

Debe precisarse que las auditorías a las dependencias federales son actos internos de control a la gestión de entidades o dependencias de gobierno, que no se encuentran dirigidos a una persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas, puesto que su finalidad es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución pública y, por tanto, no son vinculatorios ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser un antecedente para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria, pero sin que necesariamente suceda así.

Atento estas razones, es evidente que por sí mismas no deparan perjuicio alguno al gobernado, y las irregularidades acaecidas en ellas -tales como que intervengan funcionarios que no dependan del órgano interno de control-, se circunscriben al procedimiento revisor, sin incidir en los intereses particulares del servidor público que, con motivo de las irregularidades detectadas en aquélla, le hayan resultado por el ejercicio de la función pública que desempeñó dentro de la institución pública auditada, responsabilidades en materia de servidores públicos.

Consecuentemente, asiste la razón a la autoridad inconforme, cuando afirma que la Sala del conocimiento procedió incorrectamente al declarar la nulidad de la resolución impugnada, con base en la apreciación fundamental de que el procedimiento de auditoría practicado al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas era ilegal, y al haber sido éste la razón de que se abriera el procedimiento en materia de responsabilidad de servidores públicos en contra del actor, tal ilegalidad debía hacerse extensiva, atento el vicio de origen apuntado.

En efecto, aun cuando fuese cierto que los funcionarios que practicaron la auditoría no formaran parte del Órgano Interno de Control en el instituto mencionado, sino a diversa dependencia, es indudable que en el caso tal formalidad no trasciende a la legalidad del procedimiento que, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue instaurado en contra del servidor público, Armando Espinosa Mora, ya que, en la especie, se observaron las reglas que para tales procedimientos establece la ley de la materia, pues de la lectura de la resolución impugnada y de las documentales ofrecidas como prueba en el juicio contencioso administrativo a que este toca se refiere, se advierte que, efectivamente, durante la sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra, se le dio oportunidad de aportar las pruebas y formular los alegatos que considerara pertinentes para desvirtuar las irregularidades administrativas que se le imputaron y que dieron lugar a sancionarlo.

Sirve de apoyo a lo anteriormente resuelto, el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado en la tesis I.4o.A.326 A, localizable en la página 1296, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"-Las reglas que rigen las visitas domiciliarias no son las mismas que las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de que el artículo 16 constitucional no incluye las formalidades que deben observarse con motivo del ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, las formalidades que debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de las formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad del domicilio de los gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar las actas levantadas con motivo de la práctica de la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de las personas que declaren en las mismas, la elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar y, en su caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si la finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución pública, su resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así las cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria a casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y realidades distintas. Por consiguiente, las mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a las formalidades previstas para las visitas domiciliarias y los cateos, tales como que se circunstancien las actas de investigación levantadas durante la auditoría."

En este orden de ideas, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos contenidos en los agravios expuestos por la autoridad recurrente, dado que en ellos se combaten los razonamientos que expresó la Sala del conocimiento en relación con cuestiones que giran en torno al procedimiento de auditoría que, según quedó explicado, no causan ningún perjuicio al actor y, por ello, quedan fuera de la litis en el contencioso administrativo.

Por tanto, al resultar parcialmente fundado el agravio analizado, lo procedente es declarar fundado también el presente recurso de revisión, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia recurrida, declare infundado el concepto de anulación identificado como primero de la demanda ante ella formulada y en estricto acatamiento a la obligación que le impone el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda, se pronuncie sobre la cuestión efectivamente planteada y examine todos los conceptos de anulación propuestos por el actor.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, constitucional; 192 de la Ley de Amparo; 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, en contra de la resolución pronunciada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintiuno de agosto de dos mil tres en el juicio contencioso administrativo 993/03-17-10-6, por las razones expuestas en la parte final del último considerando de la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca, como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Hilario Bárcenas Chávez (presidente), Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18172-f03646ad/auditorias-a-una-dependencia-gubernamental-no-le-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.