VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS, NO REQUIERE LA PRECISIÓN DE UN PERIODO DE REVISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE TERCERO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, que es una de las materias de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el cual dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 81/2005, en sesión de veinte de enero de dos mil seis, determinó lo siguiente:
"SEXTO. Lo argumentado con referencia a que la finalidad que se persigue con el ejercicio de las facultades de fiscalización es, por una parte, verificar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, entre éstas, las concernientes a la materia de comercio exterior, respecto de la legal estancia, tenencia e importación de mercancías de procedencia extranjera y, por otra, detener las conductas delictivas, como lo constituyen, la mayoría de las veces la ilegal tenencia e importación de dichas mercancías, debe quedar fuera de toda discusión, pues -al respecto- no existe controversia. Sólo conviene precisar que si bien, las autoridades hacendarias se encuentran autorizadas constitucionalmente -para cumplir eficazmente con sus facultades fiscalizadoras- a practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de los documentos necesarios que demuestren el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes en las materias indicadas, también lo es que para ejercer tal facultad, la orden correspondiente debe sujetarse a determinadas formalidades, en observancia a la garantía de seguridad jurídica que consagra nuestra Ley Fundamental en el artículo 16. Esto es así, porque al constituir toda visita domiciliaria un acto de molestia en perjuicio de los gobernados, es necesario que la orden respectiva -en todos los casos- reúna ciertos requisitos, los cuales fueron expresamente establecidos, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia ciento veinte, que se consulta en la página ciento treinta y cuatro, Materia Administrativa, Séptima Época, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto subsecuentes: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (se transcribe). Además, en cuanto a lo que es materia de litis en la revisión fiscal que se resuelve, es pertinente destacar, que la mencionada Segunda Sala ha definido el criterio de que el artículo 16 de la Constitución Federal de la República exige que el objeto de una orden de visita domiciliaria, como elemento fundamental, se encuentre expresamente determinado, lo que implica la obligación a cargo de la autoridad que la emite de precisar su alcance temporal. Así, ya sea que se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el plazo en el cual se practicará esa verificación y, además, constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora. En el caso, de la orden de visita domiciliaria dirigida a Miguel Hernández Ruiz o al propietario, poseedor o tenedor de mercancías de comercio exterior, ubicadas en el local denominado ‘La Gran Barata de Miguel’, con domicilio en calle Emiliano Zapata número siete, local B, colonia Centro, de la población de Álamo, Municipio de Temapache, Veracruz, se advierte que al indicar el objeto de la visita, el administrador de la Aduana de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, expresamente, indicó: ‘El objeto o propósito de la visita domiciliaria consiste en comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentren en el domicilio que se señala para la práctica de la presente visita, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos al comercio exterior, impuesto al valor agregado y, en su caso, derechos y aprovechamientos, inclusive cuotas compensatorias, restricciones y regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas mercancías a la fecha de notificación de dicha orden.’ (foja ciento sesenta y ciento sesenta y uno del expediente natural). Como se ve, la autoridad aduanera señaló explícitamente cuáles serían las contribuciones respecto de las que ejercería su facultad de comprobación; asimismo, a fin de circunscribir el espacio temporal que sería revisado, precisó que comprendería hasta la fecha de entrega de la orden de visita domiciliaria. En esos términos, como en esencia lo aduce la autoridad recurrente, el periodo de revisión en modo alguno se torna en genérico, pues al establecer como fecha de expedición el dos de abril de dos mil tres y como límite de vigencia el treinta siguiente, es inconcuso que no se dejó al arbitrio de los visitadores determinar ese dato, pues necesariamente deberían entregarla dentro del plazo que gozaba de vigencia. Más si se considera que la orden de visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones que en materia de la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país tienen los contribuyentes, sólo puede recaer sobre los que se encuentren al momento de practicarse la visita -como expresamente lo señaló la autoridad aduanera-. En cambio, en tratándose de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados es necesario que se precise el que será objeto de revisión (fecha de inicio y de terminación), al igual que con las relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, en las que no sólo es factible revisar los que se expidan al momento de efectuar la visita, sino también los librados con anterioridad. Esta diferencia es comprensible, si se toma en cuenta que el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, prevé que tanto las personas obligadas a llevar contabilidad, como aquellas que no lo estén, deben conservar en su domicilio, a disposición de las autoridades, la documentación relacionada con esa contabilidad o con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por el plazo señalado en el citado precepto y, por consiguiente, existe la posibilidad de que la práctica de la visita domiciliaria pueda comprender diferentes periodos respecto de los cuales proceda hacer la revisión. Dicho de otra manera, en el caso de obligaciones fiscales regidas por periodos y expedición de comprobantes fiscales, la obligación de señalar con exactitud la fecha de inicio como la de terminación, surge de la necesidad que tiene el visitado de conocer de manera cierta el periodo en el cual se practicará esa verificación, además, porque constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado, dado que en estos supuestos, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados; y, por tanto, si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar tal periodo, traería como consecuencia un estado de inseguridad jurídica del visitado. Caso diverso constituye la orden de verificación de la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentren en el domicilio visitado, en donde basta con establecer que serán objeto de revisión las que encuentren en la fecha de notificación de la orden respectiva, para estimar que reúne el requisito atinente al señalamiento del ámbito temporal a que deberá circunscribirse la actuación de los visitadores, toda vez que en esos términos no está encaminada a revisar la situación fiscal del contribuyente respecto de obligaciones fiscales por un determinado periodo, sino que se trata de verificar, se insiste, la legal estancia en el país de mercancía de procedencia extranjera que se encuentre, precisamente en ese momento, en el domicilio visitado. Al respecto conviene transcribir, en lo conducente, los preceptos legales que contenidos en diversos ordenamientos legales rigen la actuación de las autoridades en la materia indicada. Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Ley Aduanera. ‘Artículo 144.’ (se transcribe). Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. ‘Artículo 29.’ (se transcribe). De la interpretación armónica de esas disposiciones legales y reglamentaria, se obtiene que las autoridades fiscales tienen facultades para verificar físicamente bienes y mercancías de procedencia extranjera, con el objeto de comprobar si se han cumplido las disposiciones que en materia de comercio exterior establecen tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley Aduanera; esto es, si dichos bienes fueron introducidos de manera legal al país. Asimismo, se dota a la autoridad de facultades para perseguir mercancías de comercio exterior en transporte, o como en el caso, que se encuentren en el domicilio del visitado, con el objeto de que exista una inspección y vigilancia permanente en todo el territorio nacional, que permita cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacional de mercancías; a fin de que el contribuyente no evada el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y, de existir dicho incumplimiento, la autoridad pueda imponer las sanciones correlativas. Luego, de exigir que se indicara tanto la fecha de inicio como de terminación en la orden de visita para verificar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encontraran en el domicilio del contribuyente visitado (Miguel Hernández Ruiz), entonces, haría nugatorio el ejercicio de las indicadas facultades. En suma, puede concluirse que si la orden de visita emitida por el administrador de la Aduana de Tuxpan, Veracruz, con fundamento en el artículo 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación tiene por objeto, única y exclusivamente, la verificación de la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentren precisamente en ese momento, en el domicilio del contribuyente visitado, y no la de revisar si ha cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales, es suficiente que en ella se asiente ‘... que correspondan a dichas mercancías a la fecha de notificación de dicha orden ...’ para concluir que satisface el requisito relativo al periodo objeto de revisión. Así las cosas, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa, a fin de que la Sala Fiscal siguiente (sic) los lineamientos que han quedado indicados, prescinda de las consideraciones en que se apoyó para declarar la nulidad de la resolución impugnada y, acto seguido, con plenitud de jurisdicción se pronuncie en cuanto al resto de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió, ante la declaratoria de nulidad que ha sido revocada ..."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:
"No. Registro: 174,668
"Tesis aislada
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXIV, julio de 2006
"Tesis: VII.3o.C.31 A
"Página: 1251
"ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. AL ESTABLECER QUE COMPRENDERÁ AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN EL DOMICILIO VISITADO EN LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, SATISFACE LA OBLIGACIÓN DE PRECISAR SU ALCANCE TEMPORAL. La emisión de las órdenes de visita domiciliaria acorde con el artículo 16 constitucional, implica la obligación de la autoridad de precisar su alcance temporal, para que el visitado conozca de manera cierta el plazo por el que se practicará y, además, constreñir a los visitadores a sujetarse a ese lapso previamente determinado; así, en el caso de las facultades previstas por los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, 144, fracciones II, III, X y XVI, de la Ley Aduanera y 29, fracciones XI y XIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente hasta el 6 de junio de 2005, relativas a la verificación física de bienes y mercancías de procedencia extranjera, a fin de comprobar su legal importación, tenencia o estancia en el país, el requisito mencionado se satisface con establecer en la orden relativa que serán materia de verificación aquellos que se encuentren en la fecha de su notificación (con la única condición de que se lleve a cabo dentro del periodo de vigencia señalado en la propia orden), pues dicha facultad no está encaminada a revisar la situación fiscal del contribuyente respecto de obligaciones fiscales por un periodo determinado, sino a verificar la legal estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera que se encuentren en el domicilio visitado, precisamente, en ese momento."
CUARTO. De igual manera, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver la revisión fiscal 81/2007-I el veintiuno de septiembre de dos mil siete, sostuvo:
"SÉPTIMO. ... Por otra parte, y a fin de dar respuesta al primer agravio expuesto por la autoridad recurrente y poder determinar si en el objeto de las órdenes de visita emitidas para verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías extranjeras, debe precisarse o no el periodo sobre el cual se va a realizar la inspección, es necesario atender, en primer lugar al texto del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual en lo conducente dispone: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). En segundo término, resulta pertinente tomar en cuenta el contenido del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento específico que regula las facultades de comprobación que en materia fiscal se confieren a las autoridades hacendarias, el cual en sus artículos 38 y 42, fracción V, disponen: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Así mismo, es necesario transcribir lo que dispone la Ley Aduanera en su artículo 144, y lo establecido en el Reglamento del Servicio de Administración Tributaria en su artículo 29, fracción XI, que a la letra dicen: ‘Artículo 144.’ (se transcribe). Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. ‘Artículo 29.’ (se transcribe). De los numerales transcritos se deduce que las autoridades fiscales tienen la facultad para practicar visitas domiciliarias y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, las cuales deben sujetarse a ciertas formalidades, entre las que se destaca que la orden de visita que se emita para su práctica, además de ser expedida por autoridad competente, también debe fundarse y motivarse, así como expresar el objeto o propósito que busque con su emisión y el periodo en que se va a desarrollar. Así lo ha hecho notar en diversas ocasiones nuestro más Alto Tribunal del país, al pronunciarse en torno a los requisitos que a la luz de los preceptos transcritos debe satisfacer una orden de visita domiciliaria, como se advierte de las jurisprudencias que se insertan a continuación: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (se transcribe). ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (se transcribe). ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.’ (se transcribe). De conformidad con los criterios contenidos en las jurisprudencias antes insertas, y de los numerales transcritos con anterioridad, se advierte que las autoridades fiscales se encuentran autorizadas constitucionalmente para practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de los documentos necesarios que demuestren el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes; de igual forma, para ejercer tal facultad de revisión, las aludidas autoridades deben sujetarse a diversas formalidades, en observancia a la garantía de seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Ley Fundamental, entre ellas, como ya se asentó, que las órdenes de visita que emitan se encuentren fundadas y motivadas y, además, expresen el objeto o propósito que persigan, señalando con precisión las contribuciones de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse. Tomando en cuenta que el objeto no sólo debe conceptuarse como el propósito o intención de la orden, sino también como elemento o materia, supuesto en el cual no debe ser general o impreciso, sino claramente determinado, porque ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que serán objeto de fiscalización y también que los visitadores se ajusten estrictamente a la revisión de los renglones precisados en la orden de visita, para dar seguridad al gobernado y no dejarlo en estado de indefensión. Sin embargo, dichas consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos en donde se gira la orden de visita para verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de mercancías extranjeras, pues en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, ya que basta que en ella se asiente ‘... que correspondan a dichas mercancías a la fecha de notificación de dicha orden ...’, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. Y si bien es cierto la Sala Fiscal para justificar su consideración se apoya en la jurisprudencia que transcribe bajo el rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. AL PRECISAR EL PERIODO QUE DEBE SER REVISADO, LA ORDEN RESPECTIVA DEBE ESTABLECER CON CLARIDAD LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL REFERIDO PERIODO, RESULTANDO VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL DEJAR LA DETERMINACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA AL ARBITRIO DEL VISITADOR.’. Sin embargo, ésta no es aplicable en la especie, toda vez que el procedimiento de referencia es de naturaleza jurídica distinta a la del caso concreto, pues basta imponerse de la ejecutoria que dio origen a la sustentación del criterio en comento, donde la Segunda Sala afirma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, las personas obligadas a llevar contabilidad y aquellas que no lo estén, deben conservar en su domicilio, a disposición de las autoridades, la documentación relacionada con la misma, por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones respectivas, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, concluye que cuando se gira una orden de visita, el objeto de la misma debe de estar expresamente determinado, ya que se trata de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados. Ello es así, en virtud de que el objeto de la orden de visita que se analiza no tiene relación alguna con la revisión de documentos a que alude el artículo 30 del Código Fiscal mencionado, sino a la comprobación de la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que se encontraban en el domicilio señalado en la referida documental, así como al cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos al comercio exterior, motivo por el cual se conviene con la autoridad recurrente respecto a que no se debe exigir tal formalidad en tratándose de visitas domiciliarias de distinta naturaleza. Apoya lo anterior la tesis VII.3o.C.31. A sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, página 1251, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto a la letra dicen: ‘ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. AL ESTABLECER QUE COMPRENDERÁ AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN EL DOMICILIO VISITADO EN LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, SATISFACE LA OBLIGACIÓN DE PRECISAR SU ALCANCE TEMPORAL.’ (se transcribe). Atento a lo anterior, debe concluirse que la exigencia del artículo 16 de la Constitución Federal, respecto a que el objeto como elemento fundamental de la orden de visita se encuentre expresamente determinado, ello implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite, de precisar su alcance temporal, únicamente cuando se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados, o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el periodo sobre el cual se practicará esa verificación y además, constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora; empero, no es exigible cuando la orden se expidió para verificar la legal estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera que se encuentran en el domicilio del visitado, dado que dicho requisito se satisface con establecer en la orden relativa que serán materia de verificación aquellos que se encuentran en la fecha de su notificación, ya que la facultad de la autoridad aduanera no está encaminada a verificar la situación fiscal respecto del contribuyente por obligaciones fiscales de un periodo determinado. De ahí que se convenga con la autoridad recurrente, al señalar que la orden en estudio satisface plenamente lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues el propio actor en su escrito de demanda inicial aduce que: ‘1. En fecha 14 de mayo de 2004, fue improcedentemente notificada a la suscrita la orden de visita domiciliaria número VM-066/2004, contenida en el oficio 326-SAT-X-3-18809, de fecha 13 de mayo de 2004, suscrita por el ‘Administrador central. ...’. 2. Ese mismo día ... los visitadores actuantes procedieron al embargo precautorio al embargo de la mercancía que se consigna en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera levantada los días 14 y 15 de mayo de 2004 ...’ y de la orden de visita en comento se advierte: ‘... México, D.F. a 13 de mayo de 2004 ... Objeto o propósito y periodo. El objeto o propósito de la visita domiciliaria consiste en comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentran en el domicilio que se señala para la práctica de la presente visita, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos generales de importación y exportación, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, impuestos especiales sobre producción y servicios y, en su caso, derechos y aprovechamientos, inclusive cuotas compensatorias. Asimismo, verificar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas mercancías ...’ ‘Periodo. Periodo de esta orden consiste en la revisión del cumplimiento de sus obligaciones, señaladas en el párrafo anterior, en relación con las mercancías que se encuentren en los lugares autorizados para llevar a cabo esta visita domiciliaria en el momento de la notificación de la presente orden.’ En tanto, que del oficio número 326-SAT-X-3-18809, se advierte lo siguiente: ‘En Altamira, Tamaulipas, siendo las 12:45 horas del 14 de mayo de 2004, los auditores y notificadores José Roberto Vicente Juárez Vargas, Alberto Martínez Jaimes, Cartina Muñiz Luna y María Esther Escalona Ramírez adscritos a la Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, hacen constar que el día y hora señalados se constituyeron en el domicilio del propietario poseedor o tenedor de las mercancías de procedencia extranjera para hacer constar los siguientes: Hechos. Se hace constar que el personal de visita antes mencionado, se constituyó en el domicilio referido para hacer la notificación entrega de la orden de visita número VM066/2004, contenida en el oficio número 326-SAT-X3-18809, de fecha trece de mayo de 2004 ...’. De las transcripciones que anteceden se deduce con claridad que la autoridad demandada giró la orden de visita que se reclama el trece de mayo de dos mil cuatro, y al día siguiente del que fue expedida, la notificó al contribuyente y en ese mismo acto llevó a cabo la verificación de las mercancías que se encontraban en el establecimiento visitado, por lo que se concluye que contrario a lo expuesto por el Tribunal Fiscal, la autoridad responsable señaló el periodo objeto de visita, pues como quedó asentado, inició su práctica en la fecha de la notificación de la orden respectiva, con la verificación de las mercancías existentes en el establecimiento visitado. Sin que obste a lo anterior lo expuesto por la Sala Fiscal, respecto a que la orden de visita que se analiza, no sólo autoriza la comprobación de la legal importación, tenencia o estancia de mercancías de procedencia extranjera en el país que se encontraran en el domicilio de la actora, sino que también fue expedida para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuesto al comercio exterior, impuesto al valor agregado y, en su caso, derechos y aprovechamientos, cuotas compensatorias, restricciones y regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas correspondientes a dichas mercancías; lo anterior, toda vez que si bien es cierto en la orden referida se autorizó la verificación del cumplimiento de dichas obligaciones; no menos lo es que en ella se precisó que eran obligaciones a cargo de la visitada respecto a las mercancías cuya comprobación de legal estancia en el país se iba a verificar. En las relacionadas circunstancias, lo que procede es declarar fundado el recurso de revisión fiscal que nos ocupa, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia recurrida, se ocupe del concepto de anulación en los términos planteados, precisados en esta ejecutoria y, hecho que sea, resuelva con plenitud de jurisdicción respecto a los restantes conceptos de nulidad expuestos por la actora en su demanda ..."
QUINTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el doce de enero de dos mil siete la revisión fiscal 171/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los agravios de la autoridad revisionista en atención a las consideraciones jurídicas que en seguida se expresan. La litis en el presente recurso estriba en resolver si tratándose de una orden de visita domiciliaria cuyo objeto es verificar en el domicilio del visitado, la legal importación, tenencia o estancia de mercancías de procedencia extranjera en el país, y consecuentemente el cumplimiento de los impuestos al comercio exterior, debe precisar el periodo específico de revisión para cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional; como lo determinó la sala fiscal responsable; o si por el contrario, como lo alega la autoridad revisionista, tal requisito no aplica en esos casos porque a su entender, no se trata de contribuciones que se rigen por periodos determinados sino que se causan al momento en que entran o salen del país las mercancías objeto de tal tributo, y esa circunstancia, implica que la orden de revisión sea genérica, es decir, que no se requiere de precisar ni respetar un periodo específico para la revisión de mercancías de procedencia extranjera. A fin de dilucidar lo anterior, cabe recordar previamente que el artículo 16 constitucional, fundamento de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales reconoce la inviolabilidad del domicilio como garantía del particular; de manera que cualquier acto de molestia en ese sentido debe cumplir con los requisitos que en la Ley Suprema y en las leyes ordinarias se disponen para ello. En efecto, en lo conducente tal precepto expresa: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Como se desprende del texto del dispositivo constitucional antes transcrito, las autoridades fiscales (administrativas) gozan de facultades para verificar e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20780-5bf0f3dc/visita-domiciliaria-la-orden-emitida-para-verificar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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