AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. LA SUSPENSIÓN ORDENADA POR LA JUNTA EN SU PRIMERA ETAPA PARA INVESTIGAR LA IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.
AMPARO DIRECTO 947/2007. BEATRIZ ADRIANA GARZA SOSA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En suplencia de la deficiencia de la queja que permite el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado considera que la Junta incurrió en violación a las leyes del procedimiento por lo siguiente.
Así es, el siete de noviembre de dos mil seis, fecha en que se verificó la audiencia de ley dentro del expediente 10519/i/05/2006, durante el desahogo de la fase de demanda y excepciones y ante la inasistencia de representación alguna de la parte demandada, centro de trabajo dedicado a la venta de tortillas, conocido comercialmente como Tortillería Durango, con domicilio en calle 15 de Agosto cuatrocientos veinte, colonia Las Espigas, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, no obstante encontrarse debidamente notificado, el apoderado jurídico de la actora solicitó que se tuviera a dicha parte por contestada la demanda en sentido afirmativo; a pesar de tal solicitud la autoridad responsable determinó que lo que procedía era tener por celebrada esta etapa, pero ante el desconocimiento de quién era la persona física o moral responsable del centro de trabajo demandado, ordenó practicar la investigación correspondiente, girando oficios a diversas dependencias gubernamentales a fin de que informaran lo anterior, y una vez que obraran las contestaciones respectivas acordaría lo conducente, suspendiendo implícitamente el desahogo de la audiencia trifásica.
Dado que la parte actora presentó dos nuevas demandas laborales -que dieron pauta a la formación de los expedientes 13023/i/05/2006 y 13169/i/05/2006- que se acumularon a la más antigua -la 10519/i/05/2006-, la Junta señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Ésta se verificó el veinticinco de enero de dos mil siete, en que la autoridad del trabajo nuevamente ordenó practicar la investigación correspondiente, girando oficios a diversas dependencias a fin de que informaran quién era la persona física o moral responsable del centro de trabajo demandado, y una vez que obraran las contestaciones respectivas acordaría lo conducente, suspendiendo implícitamente el desahogo de la audiencia trifásica.
Así las cosas, dicha determinación -suspender el desahogo de la audiencia de ley- trastoca las leyes del procedimiento laboral, pues la identidad del propietario o responsable del centro de trabajo demandado no constituye un requisito para la continuación natural de tal audiencia, sino para el dictado del laudo.
En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que más adelante se cita, sostuvo el criterio de que cuando la Junta, en la fase de arbitraje, advierta que no compareció la parte demandada y que no existen elementos para determinar su identidad, debe hacer uso de la facultad para mejor proveer prevista en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordenando la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo para decretar, en su caso, la condena en su contra.
Como se ve, lo que el Máximo Tribunal Judicial del país estableció fue que la identidad del responsable de la fuente de trabajo demandado era indispensable para decretar condena en su contra, pero no para desarrollar la audiencia trifásica, pues ésta debe llevarse a cabo conforme a lo previsto en el artículo 878 de la legislación del trabajo, la que si bien puede suspenderse en determinados casos -como cuando el actor modifica sustancialmente su escrito inicial de demanda y el demandado no está presente en la etapa de demanda y excepciones, según criterios jurisprudenciales contenidos en las tesis números de registro IUS 187,003 y 196,704- salvo esas hipótesis que derivan de la interpretación que la Sala especializada en materia laboral del Alto Tribunal efectuó del numeral en comento, no es factible suspender la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, so pretexto de llevar a cabo la investigación correspondiente para conocer la identidad del propietario o responsable del centro de trabajo demandado, ya que tal requisito, como cita la tesis que a continuación se transcribe, es necesario para decretar, en su caso, condena en su contra; o dicho de otra manera, al desahogarse las fases del procedimiento -llámese audiencia de ley- una vez que la Junta decrete el cierre de la instrucción debe hacer uso de sus facultades para mejor proveer, en aras de proceder a la investigación correspondiente tendente a lograr la identidad del propietario o responsable de un centro de trabajo demandado, por ser ésta la etapa previa a la emisión del laudo. Pero si en lugar de ello decreta la suspensión de la etapa de demanda y excepciones de la audiencia de derecho, con ello trastoca las leyes del procedimiento laboral al suspender una audiencia en un caso no previsto por la ley, ni por interpretación jurisprudencial.
La tesis de referencia es la siguiente:
"No. Registro: 190,735
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 98/2000
"Página: 272
"CONDENA EN CONTRA DE LA FUENTE DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IGNORA EL NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PATRÓN, DEBIENDO LA JUNTA LABORAL, EN USO DE SUS FACULTADES PARA MEJOR PROVEER, ORDENAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE AQUÉL. No es posible legalmente decretar en el laudo una condena en contra de la fuente de trabajo, entendida como el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, cuando se desconoce el nombre, razón social o denominación del patrón, en primer lugar, porque sólo las personas físicas y morales son titulares de derechos y obligaciones jurídicas y sólo a ellas puede exigirse el cumplimiento de una condena; en segundo lugar, porque la identidad de la persona responsable de la fuente de trabajo constituye un presupuesto de la acción laboral, sin el cual no puede prosperar. No es obstáculo a lo anterior el que el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo disponga que el requerimiento de pago y embargo para la ejecución de un laudo pueda llevarse a cabo en el domicilio donde se practicó el emplazamiento cuando en la demanda no se haya señalado el nombre del patrón, pues de ello no se sigue que en el laudo pueda establecerse condena contra persona indeterminada. Asimismo, el que conforme a los artículos 712 y 740 del ordenamiento citado, proceda admitir la demanda con el solo señalamiento del domicilio en que se labora o laboró y de la actividad del patrón, cuando el trabajador desconozca el nombre, razón social o denominación de aquél, caso en que procede el emplazamiento en ese domicilio, únicamente hace patente la intención del legislador de evitar que el trabajador quede indefenso por desconocer la identidad de su patrón, permitiéndole ejercer su derecho de acción y ordenándose el emplazamiento con el propósito de que la persona responsable de la fuente de trabajo comparezca al procedimiento. Sin embargo, cuando ello no ocurre así, a fin de respetar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador y evitar que éste quede indefenso cuando el patrón no comparece al procedimiento, por no poderse decretar condena en contra de persona indeterminada, la Junta laboral debe, si advierte en la fase de arbitraje que no compareció la parte demandada y que no existen elementos para determinar su identidad, haciendo uso de la facultad para mejor proveer prevista en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo para decretar, en su caso, la condena en su contra, lo que puede lograr a través del conocimiento que tiene del domicilio en que labora o laboró el trabajador y la actividad a que se dedica el patrón, pues con esos elementos está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo.
"Contradicción de tesis 48/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 6 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López.
"Tesis de jurisprudencia 98/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de octubre del año dos mil."
Por tanto, la Junta laboral debió continuar con la celebración de la audiencia a fin de acordar lo peticionado por la actora ante la incomparecencia de la parte demandada (centro de trabajo), y al no hacerlo motivó que no obtuviera un laudo favorable.
En otra vertiente se surte diversa violación por lo siguiente.
El artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, como el numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:
"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."
De tales disposiciones se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito en la disposición secundaria; en tanto el segundo, por un lado, queda expreso en la norma constitucional y, por otro, imbíbito en la disposición secundaria.
El de congruencia, en su esencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se reclamara, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Sobre el tema es ilustrativa la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa:
"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: Cuarta Parte, XI
"Página: 193
"SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó.
"Amparo directo 7425/56. Carmen Vega Albela. 14 de mayo de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas.
"Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 772, la tesis aparece bajo el rubro ‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’."
Mientras que el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, y resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.
Así las cosas, cuando la autoridad laboral dicta laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, aquel proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones, mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia IV.2o.T. J/44, sustentada por este Tribunal Colegiado, que señala:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, marzo de 2005
"Tesis: IV.2o.T. J/44
"Página: 959
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal.
"Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.
"Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino Zapata.
"Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.
"Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.
"Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García Sandoval.
"Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 888, se publica nuevamente con las modificaciones, tanto en el texto como en los precedentes, que el propio tribunal ordena."
Así, atento a la narrativa del considerando anterior se colige que la autoridad laboral faltó al principio de exhaustividad, en tanto que omitió emplazar a juicio como codemandado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien la actora, dentro de la tercera demanda laboral -que dio pauta al expediente 13169/i/05/2006-, le reclamó "el reconocimiento de los derechos derivados del régimen obligatorio, el reconocimiento de mis semanas de cotización con base en mi salario real que percibía $300.00" (foja 20); por lo que, en ese sentido, se olvidó por completo de ocuparse de las pretensiones reclamadas y en determinar lo conducente en el fondo del asunto, dando origen a un laudo incompleto al no haber atendido a todas las cuestiones que se le plantearon oportunamente.
En consecuencia, por las consideraciones que anteceden procede otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que la Junta responsable:
1. Deje insubsistente el laudo reclamado.
2. En su lugar reponga el procedimiento, a fin de que:
2.1. Emplace como codemandado al Instituto Mexicano del Seguro Social.
2.2. Tenga por celebrada y desahogada la fase de demanda y excepciones, proveyendo lo conducente a la petición de la actora de tener al demandado, centro de trabajo, por contestada la demanda en sentido afirmativo; continuando con el desahogo de la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas; y,
2.3. Hecho lo anterior y previo al cierre de instrucción, haga uso de sus facultades para mejor proveer a fin de llevar a cabo la investigación correspondiente tendente a indagar sobre quién es el propietario o responsable del centro de trabajo demandado.
Lo anterior hace innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues atañen al fondo del asunto.
Es aplicable la jurisprudencia que dispone:
"No. Registro: 917,641
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo VI, Común, jurisprudencia SCJN
"Tesis: 107
"Página: 85
"Genealogía: Informe 1982, Parte II, página 8, Tercera Sala, tesis 3
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.
"Séptima Época:
"Amparo directo 455/80.-Modesto Barreto González y coagraviado.-5 de noviembre de 1981.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo.-Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 1507/81.-Felipe Franzoni Chávez.-9 de noviembre de 1981.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo.-Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 4401/81.-Carlos Antonio Cabanillas Paredes.-17 de marzo de 1982.-Mayoría de cuatro votos.-Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo.-Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 140/81.-Josefina Quevedo viuda de Villarreal.-3 de mayo de 1982.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Jorge Olivera Toro.-Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 3560/81.-Alberto Eljure Fayad.-7 de mayo de 1982.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Jorge Olivera Toro.-Secretario: Julio Humberto Hernández Fonseca.
"Informe 1982, Parte II, página 8, Tercera Sala, tesis 3."
SÉPTIMO.-Finalmente, no es inadvertido para este Tribunal Colegiado que la quejosa presentó la demanda de amparo directo con fecha siete de mayo de dos mil siete ante la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y esta última no remitió la aludida demanda dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 169 de la Ley de Amparo, sino que lo hizo hasta el seis de septiembre de ese año, según se advierte del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este circuito, esto es, demoró casi cuatro meses en cumplir con lo que ordena el invocado numeral.
En efecto, el artículo 169 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 169. Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe.
"Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.
"La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto."
En esas condiciones, tomando en consideración que la autoridad responsable, Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tardó casi cuatro meses en remitir la demanda de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito, en franca contravención a la norma legal antes transcrita, impidiendo con su actuación que se satisfaga la garantía individual prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta a los gobernados; por tanto, se estima procedente imponer a la mencionada autoridad una multa de veinte días de salario, tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 3o. Bis de la Ley de Amparo, para lo cual deberá girarse oficio a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor, a efecto de que haga efectiva dicha sanción.
Son aplicables las tesis que disponen:
"No. Registro: 184,086
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, junio de 2003
"Tesis: 2a./J. 49/2003
"Página: 226
"MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE.-Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
"Reclamación 225/2002-PL. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
"Reclamación 268/2002-PL. 11 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.
"Reclamación 306/2002-PL. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López.
"Reclamación 326/2002-PL. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
"Reclamación 380/2002-PL. Americana de Inmuebles, S.A. de C.V. 31 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
"Tesis de jurisprudencia 49/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de junio de dos mil tres."
"No. Registro: 196,245
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, mayo de 1998
"Tesis: P./J. 29/98
"Página: 5
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA.-Cuando la autoridad responsable en el juicio de amparo directo, como auxiliar de la Justicia Federal, incurre en omisiones o violaciones al trámite que establecen los artículos 167, 168, 169 y demás relativos de la citada ley con motivo de la presentación de una demanda de amparo directo, y que no sean combatibles a través de la queja establecida en la fracción VIII del artículo 95 de ese ordenamiento, procede que el Tribunal Colegiado de Circuito, a petición de parte interesada, o de oficio, requiera a la citada autoridad para que cumpla, apercibiéndola con la imposición de una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario en caso de no hacerlo (artículo 169), y de no obtener respuesta favorable, además de aplicar la sanción señalada, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para hacer uso de los medios de apremio legalmente establecidos, e incluso para fincar la responsabilidad penal a que se refiere el artículo 209 del citado ordenamiento; actuaciones todas ellas que tienen su justificación en la necesidad de acatar el mandato constitucional de administrar justicia de manera pronta, como lo instituye el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Contradicción de tesis 13/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20880-bcc08ee5/audiencia-de-conciliacion-demanda-y-excepciones-y-ofrecimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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