PRECLUSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS QUE PUDIERON ESGRIMIRSE EN UN PRIMER JUICIO DE NULIDAD, O BIEN, QUE FORMULADOS, FUERON DESESTIMADOS.
AMPARO DIRECTO 69/2005. RUPERTO GONZÁLEZ DURÁN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Es en parte inoperante el concepto de violación e infundado en lo restante.
Señala el quejoso en el concepto de violación, que la responsable transcribe el acuerdo que otorga competencia a la autoridad demandada, mas pasa por alto que no contiene las firmas de los integrantes del Consejo de Gobierno del Servicio de Administración.
Que los oficios en los cuales se determinan los créditos fiscales son actos nuevos y totalmente diferentes a los que fueron impugnados en el anterior juicio de nulidad y al no analizar los conceptos de impugnación y pruebas aportadas, violenta los requisitos previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que no existe precepto alguno en el Código Fiscal de la Federación o en la Constitución que prohiban nuevos argumentos, por lo que las tesis de rubros: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEFINITIVIDAD DE COSA JUZGADA DE LAS." y "COSA JUZGADA ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA.", contravienen el invocado artículo constitucional.
Que la Sala menciona que en el caso ante ella planteado existe preclusión del derecho, olvidando que esa figura jurídica se actualiza cuando el derecho no se ejerce dentro de los plazos que señala el Código Fiscal de la Federación, siendo que precisamente el derecho que asiste se ejerció en tiempo y forma.
Que indebidamente la Sala responsable dejó de atender a los argumentos esgrimidos en el juicio de nulidad, existiendo violaciones a garantías procesales de orden constitucional.
Que al emitir el acto reclamado se dejó de observar el artículo 234, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación que refiere: "Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia." que se refiere a la valoración de pruebas.
Destaca como inoperante la mención del quejoso al referir que la Sala no analizó los conceptos de impugnación vertidos en la demanda de nulidad ni las pruebas aportadas, dejando de aplicar el artículo 234, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
La inoperancia de referencia, deriva de que aun cuando para la existencia de un verdadero concepto de violación no se requiera que haya un razonamiento lógico-jurídico a manera de silogismo, sino que basta que se exprese la causa de pedir, ésta debe estar sustentada en el agravio que se causa y los motivos por los cuales se configura el mismo, lo que en la especie no se da, al no señalar el impetrante de garantías la falta específica de estudio de algún razonamiento hecho valer en la demanda del juicio natural ni de alguna prueba en particular; de otra manera, los quejosos arrojarían hacia los tribunales de amparo la obligación que tienen de expresar verdaderos conceptos de violación, muchas veces infundados, sólo para ver si de casualidad les asiste la razón en los planteamientos genéricos que expresan, lo que afecta gravemente la celeridad que se tiene que dar en la impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna.
Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de dos mil dos, la cual establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Igualmente es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 17/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, página veintitrés, que es del tenor siguiente:
"AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PERO SIN HACER ESPECIFICACIÓN ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes."
Igualmente se cita la jurisprudencia VI.2o.C. J/131, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, la cual es compartida por este tribunal, visible en la página trescientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Novena Época, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, la cual establece:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia."
Por otra parte, son infundados los razonamientos esgrimidos en la demanda de amparo consistentes en que la Sala debió analizar los conceptos de impugnación vertidos en contra de los oficios impugnados, ya que los créditos fiscales son actos nuevos y totalmente diferentes a los que fueron objeto de análisis en el anterior juicio de nulidad, sin que pueda actualizarse la figura jurídica de la preclusión, pues sólo se subsume cuando el derecho no se ejerce dentro de los plazos que señala el Código Fiscal de la Federación, siendo que precisamente el derecho que asiste se ejerció en tiempo y forma.
En principio, debe precisarse que la Sala señaló al emitir el acto reclamado, que no podía la actora impugnar cuestiones que debió controvertir en un primer juicio de nulidad en contra del procedimiento de fiscalización y el rechazo de determinadas deducciones, las cuales no fueron modificadas por la autoridad hacendaria al dar cumplimiento a la sentencia que determinó la nulidad para efectos.
Lo que se traduce, refiere la responsable, en que la contribuyente únicamente puede controvertir la emisión de los créditos en relación con los aspectos que se encuentran vinculados al cumplimiento dado por la autoridad a las ilegalidades determinadas en el primer juicio de nulidad, mas no así por lo que hace a las cuestiones que quedaron firmes.
Así, debe observarse que el propósito de una nulidad para efectos, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiende a velar por la seguridad jurídica de los contribuyentes, mediante la certeza de los actos que se infieren en la esfera jurídica que poseen como gobernados, lo cual se corrobora de la lectura de algunas partes de la ejecutoria que inspiran el contenido de las jurisprudencias P./J. 45/98 y P./J. 44/98, que sostiene ese cuerpo colegiado, visibles, respectivamente, en las páginas cinco y cincuenta y dos del Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen:
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho."
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Lo dispuesto en la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en términos generales, congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo cual debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, se identifica que esa disposición legal tiene como propósito fundamental preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que también evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podrá seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado."
En efecto, en la ejecutoria que da vida a las jurisprudencias citadas, en lo que interesa, se dijo:
"De lo hasta aquí expuesto puede resumirse que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos, cuando se actualice uno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, resulta congruente con la especial y diversa jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, casos estos últimos en los cuales debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, como regla general, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, es patente que la comentada disposición legal tiene como propósito fundamental el de preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución General de la República, pues brinda certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que de paso evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia, pues estando vinculada la autoridad a proceder en determinado sentido, no podrá reiterar, en los mismos términos, el acto impugnado ni estará en posibilidades de seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado. ... Las dos conclusiones alcanzadas (en relación con el origen de la resolución impugnada, en lo tocante a determinar si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional) responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis se viola el artículo 16 constitucional. En efecto, es verdad que este precepto de la Carta Magna no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, pero también es verdad que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza al artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho. ... Pero de la misma manera y, fundamentalmente, por la misma causa, la sentencia que declare nula una resolución infundada e inmotivada emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, pues con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. Además, resulta lógico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resolución, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resolución, cuando la Sala se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y motivación, que es vicio de forma. Con ello no se viola el artículo 16 constitucional en perjuicio del particular administrado, sino que la norma examinada resuelve el problema en su justa dimensión, en virtud de que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal Fiscal de la Federación, en esta hipótesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin llegar a suprimir el poder discrecional de la autoridad administrativa."
Ahora bien, la resolución del Pleno del Alto Tribunal se basa en cuanto a que el artículo 16 constitucional no prevé la posibilidad del dictado de resoluciones para efectos o de las que declaran la nulidad excepcional; sin embargo, el problema jurídico de este asunto converge con el tipo de jurisdicción híbrida con que está dotado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que siempre que no se declare una nulidad lisa y llana, esto es, de fondo, los vicios formales en la emisión de los actos acarrearán una nulidad para efectos, lo que propiciará, por un lado, que se substituya a la resolución impugnada y, por el otro, que el asunto alcance depuración en beneficio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica del particular.
Y si bien la nulidad en esos supuestos deja sin efectos el acto respectivo, lo cierto es que el nuevo que llegue a dictarse lo sustituye, para que de esa forma, si se resiente un perjuicio, se tengan mejores elementos para combatirlo, o sea, la nulidad de un acto para el efecto de que se emita otro no trae implícita su desaparición de la vida jurídica, sino lo que se persigue es que se mejore en aras, se insiste, de la seguridad jurídica de los gobernados.
Por lo anterior, queda claro que una resolución de nulidad para efectos depura el acto administrativo eliminando las ilegalidades advertidas en el juicio que condujeron a esa nulidad, pero al mismo tiempo permite reiterar las cuestiones que no fueron objeto de la misma.
En efecto, los aspectos del acto administrativo que no fueron declarados nulos, deben considerarse firmes y por ello inmutables al darse cumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad que causó ejecutoria.
Así, como lo refirió la Sala, los aspectos que no fueron materia de la nulidad decretada no pueden ser controvertidos en un posterior juicio de nulidad, por haber precluido el derecho de la contribuyente para ello.
En relación con la figura jurídica de la preclusión, se cita la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos catorce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Novena Época, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, la cual señala:
"PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio."
Figura jurídica que en ningún momento contraviene el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que invoca el quejoso, pues si bien en éste se contempla la garantía de audiencia, también resulta que ese derecho no es absoluto y en el presente caso queda de manifiesto que el gobernado ejerció ya la oportunidad de defenderse en contra de los créditos fiscales determinados en su contra que originaron el juicio de nulidad 1807/02-12-01-3 y el posterior amparo directo 330/2003 del cual conoció este Tribunal Colegiado, así como de la revisión fiscal 155/2003, relacionada con el citado amparo.
El amparo directo 330/2003 se promovió en contra de la sentencia de treinta de mayo de dos mil tres, resolviendo este tribunal que se debía conceder el amparo solicitado para el siguiente efecto:
"SEXTO. Son fundados en una parte, infundados en otra y fundados pero inoperantes en otra más, los anteriores conceptos de violación.
"En una parte del primero de ellos, el impetrante esgrime sustancialmente que la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque la Sala no atendió correctamente a los argumentos con los que se pretende demostrar que el acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades de administración del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de agosto de dos mil, reformado por los acuerdos publicados el veintitrés de agosto y veinticinco de septiembre de dos mil uno, no puede servir de base para que la autoridad exactora fundamente su competencia; que dichos acuerdos son ilegales porque violentan lo dispuesto en los artículos 3o. y 4o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es decir, por lo que ve al acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil es ilegal al haber sido indebidamente suscrito únicamente por el presidente del Servicio de Administración Tributaria, quien carece de facultades para tal efecto, siendo competente la Junta de Gobierno del mismo órgano, y en cuanto a los diversos acuerdos que reforman, adicionan y derogan el primero de ellos, se consideran contrarios a derecho por haber sido firmados por el encargado de la presidencia del Servicio de Administración Tributaria, siendo que al igual que el de treinta y uno de agosto, debieron de haber sido suscritos por los miembros de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria.
"Además, sostiene que los citados acuerdos son notoriamente ilegales, pues al haberse suscrito únicamente por el presidente del Servicio de Administración Tributaria y no por todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno del mismo organismo, conforme lo previsto en el artículo 9o. del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, trae como consecuencia la ilegitimidad de todas y cada una de las autoridades tributarias señaladas en dichos acuerdos, especialmente las unidades administrativas del órgano desconcentrado de referencia.
"Previo el estudio de este concepto de violación conviene hacer algunas precisiones.
"La Sala Fiscal, en la resolución que se reclama al dar respuesta al primer concepto de anulación, relativo precisamente a la falta de competencia de la autoridad exactora, manifestó lo siguiente:
"...
"Como se ve, la Sala responsable equivocadamente concibe las consideraciones respecto a la falta de competencia de la autoridad demandada como argumentos de constitucionalidad, cuando realmente son estrictamente de legalidad, dado que lo que se aduce es que el referido acuerdo y sus reformas resultan violatorios de lo dispuesto en los artículos 4o. y 5o. del Reglamento de la Ley del Servicio de Administración Tributaria,
"Por tanto, es obvio que aquélla no debió omitir estudiar ese primer concepto de anulación, aduciendo que el análisis de la validez de un ordenamiento jurídico o acto administrativo de carácter general, es una cuestión que ‘se encuentra reservada a los tribunales del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo’, habida cuenta de que lo que realmente el quejoso adujo en esencia fue la incompetencia de la autoridad fiscal con base en cuestiones de interpretación de normas legales, en relación con la validez de los acuerdos que establecen el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, esto en razón de que, dice, el presidente o el encargado de la misma, carece de competencia para emitir y suscribir esa clase de acuerdos, pues es facultad exclusiva de la Junta de Gobierno.
"En esa tesitura, es indiscutible que sí correspondía a la Sala Fiscal dar respuesta a dichos argumentos, habida cuenta que se trata de cuestiones que para su resolución no requieren necesariamente efectuar pronunciamientos respecto a la validez o constitucionalidad de aquéllos, siendo, esto último lo que sí se encuentra reservado únicamente al Poder Judicial de la Federación.
"A más que, en ningún momento se introdujeron argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los acuerdos administrativos de referencia, ya que no se dio su confrontación con preceptos de la Carta Magna, requisito indispensable para que proceda el estudio de una norma jurídica en función de su constitucionalidad.
"En el primero de los conceptos de impugnación de la demanda de nulidad, lo que adujo la parte actora fue lo siguiente:
"...
"Luego, dado que no se hizo valer un tema de constitucionalidad sino de legalidad es que corresponde a la Sala Fiscal dar respuesta al planteamiento que se le hizo, en primer lugar, pues de otra manera este Tribunal Colegiado de Circuito se sustituiría en funciones que son propias de esa autoridad judicial.
"Lo anterior es así, porque la respuesta que se tiene que dar al citado concepto de violación no es del todo evidente sino que es necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, a fin de atender a ese planteamiento, pues incluso este órgano jurisdiccional no ha hecho un pronunciamiento sobre la validez de las reformas efectuadas al acuerdo publicado oficialmente el treinta y uno de agosto de dos mil, en razón de haber sido suscrito las mismas por el encargado de la presidencia del Servicio de Administración Tributaria, con independencia de que esta circunstancia en el juicio de origen esté probada o no.
"De otra manera, este tribunal convalidaría un criterio incorrecto de la Sala Fiscal al entrar al estudio del concepto de anulación omitido.
"Es aplicable, en lo que corresponda, la tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/9 emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de dos mil dos, página mil ciento veinticinco, que textualmente dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE. ...’.
"En respuesta al mismo concepto de violación, debe decirse que se estiman inoperantes los argumentos hechos valer en contra de la legitimidad de la administradora local jurídica de Puebla Sur, que fue quien contestó la demanda de nulidad, toda vez que esa situación debió haberse planteado, en primer lugar, ante la Sala responsable a través de la excepción de falta de personalidad, para lo que tuvo oportunidad el actor, ya que por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil tres se le mandó correr traslado con la contestación de la demanda, para los efectos legales correspondientes, sin que haya expresado nada al respecto, ni siquiera vía alegatos.
"Por tanto, dado que no se hizo valer esa excepción ni tampoco se interpuso recurso de reclamación en contra del citado proveído, en términos de lo dispuesto por el artículo 242 del Código Fiscal de la F
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20954-a5342994/preclusion-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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