COSTAS. EN ACCIONES DE NULIDAD NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL QUE PREVÉ LA CONDENA POR AQUEL CONCEPTO EN PERJUICIO DE LA PARTE PERDEDORA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).
AMPARO DIRECTO 567/2004. ARTURO DE GUADALUPE ORENDAY GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En los conceptos de violación primero y segundo el quejoso aduce, esencialmente, que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en forma infundada e inmotivada se absuelve al actor del pago de los gastos y costas del juicio; señala también que la absolución indicada no se fundó ni se motivó debidamente, en razón de que no se dan los supuestos previstos por el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Añade que en el caso no cobran aplicación los artículos 2097 y 2098 del Código Civil del Estado, ya que ninguno de ellos establece que las controversias que traten sobre nulidad de contratos deban ser resueltas necesariamente por la autoridad judicial y, además, que no existe precepto legal que así lo disponga.
Antes de dar respuesta a cada uno de los planteamientos que se desprenden de los conceptos de violación que anteriormente se sintetizaron, es necesario puntualizar que la garantía de legalidad prevista en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en lo atinente a la fundamentación y motivación del acto de autoridad, implica que en el acto de molestia respectivo se señale con precisión el precepto legal aplicable al caso y se invoquen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto.
Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 636, Tercera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, cuyos rubro y texto dicen:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Precisado el alcance de la garantía constitucional citada, corresponde ahora determinar si la consideración de la responsable, consistente en que en el caso no era procedente condenar al actor al pago de costas, se ajustó o no al mandato que entraña dicha garantía.
Y para evidenciarlo, se parte del contenido integral de esa consideración, cuyos fragmentos se reproducen a continuación:
"Para efecto de dar contestación a los agravios expresados por el recurrente, es menester puntualizar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del código procesal civil del Estado, la parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso, considerando que la parte pierde cuando se acogen total o parcialmente las pretensiones de la parte contraria, pero no obstante lo anterior, siguiendo los lineamientos del artículo 129 del ordenamiento en cita, esta Segunda Sala Mixta considera que cuando a la parte perdedora en juicio, no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia y además, haya limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para ser posible la definitiva resolución del negocio, no deben ser condenados a los gastos y costas que el presente juicio haya generado.
"Debiendo entender, acorde a la última disposición citada, que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria de la controversia, cuando:
"‘I. La ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial;
"‘II. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes, y
"‘III. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad.’
"De esta manera, este tribunal de apelación concluye en lo fundado y procedente del segundo agravio expresado por el impetrante, pues si la acción principal instada por su parte es de nulidad de contratos de compraventa y de donación, es de aquellas que conforme a lo dispuesto por los artículos 2097 y 2098 del Código Civil del Estado, debe ser resuelta necesariamente por los órganos jurisdiccionales, se estima que no le fue imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, aunado a que de autos se advierte que limitó su actuación en el desarrollo del proceso a lo estrictamente indispensable para hacer posible la resolución del negocio.
"Consecuentemente, ante lo fundado y procedente del agravio expresado por el recurrente, al no existir reenvío en nuestro sistema procesal, esta Segunda Sala Mixta modifica, en lo conducente, la resolución que se revisa, para el solo efecto de absolver a Luis Arturo Castorena Chávez de los gastos y costas generados en el presente juicio, con base en lo dispuesto por el numeral 129 del código procesal civil del Estado y los razonamientos decretados con antelación, los cuales, por economía procesal, se tienen por reproducidos en este espacio como si a la letra se insertaren."
De esta transcripción se advierte que la Sala citó, como apoyo de su determinación, lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece los casos en que la parte perdedora en el juicio no será condenada al pago de costas, con lo que se estima cumplida la garantía de legalidad, en la parte que ordena fundamentar todo acto de molestia proveniente de autoridad.
También se observa que las razones que se expresaron para estimar aplicable el referido precepto, fueron las siguientes:
1. Porque al actor no le era imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, ya que la acción instada, por su parte, de nulidad de contratos, es de aquellas que debían ser resueltas necesariamente por los órganos jurisdiccionales. Esta última consideración se apoyó en lo dispuesto por los artículos 2097 y 2098 del Código Civil del Estado; y,
2. Porque había limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio.
Luego, también se dio cumplimiento al requisito de motivación, pues al citar los artículos 2097 y 2098 del Código Civil, se remitió al texto de estos preceptos para establecer que ambos establecían que la nulidad debía decidirse, necesariamente, por la autoridad judicial, en tanto que la actuación de la parte actora en el desarrollo del proceso se proyectó a cada una de las constancias de autos, de ahí que, aunque dogmática, la sentencia reclamada sí contiene las razones que determinaron la adecuación del precepto aplicado al caso concreto.
Sin embargo, como en esencia lo afirma el quejoso, son inadecuados los argumentos expuestos por la autoridad responsable, para tratar de acreditar y probar la pertenencia de ciertos preceptos legales al caso particular que resolvió (motivación en su sentido material), de ahí que esto amerite la concesión del amparo, por lo que a continuación se expone:
Ciertamente, para que la parte perdedora en el juicio pueda resultar absuelta del pago de costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 129, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es necesario que concurran los supuestos siguientes:
1. Que no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y,
2. Que haya limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio.
Estos requisitos, como se apuntó, son concurrentes, de suerte que si alguno de ellos no se da, no sería factible exonerar a la parte perdedora en el juicio del pago de costas.
Ahora bien, en relación con el primer enunciado, el precepto en consulta enumera, a su vez, los casos en los que se entiende que a la parte perdidosa no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, siendo éstos, a saber:
1. Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por la autoridad judicial;
2. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y,
3. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad.
En la especie, el tribunal de apelación, además de señalar que el actor había limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio, precisó que en el caso se actualizaba el primero de los supuestos antes mencionados, pues consideró que la acción de nulidad ejercitada en el juicio debía ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, citando como apoyo de su aserto los artículos 2097 y 2098 del Código Civil del Estado.
Como se ve, la cuestión a dilucidar en este asunto radica en determinar si como lo sostiene la autoridad responsable, en la ley existe expresamente prevista una orden para que las cuestiones de nulidad deban ser decididas necesariamente por la autoridad judicial o si, contrariamente a esa afirmación, como lo aduce el quejoso, no existe previsión legal en ese sentido.
Y en opinión de este órgano colegiado, el punto a debate debe decidirse a favor de los argumentos expuestos por el peticionario de garantías, es decir, con base en la tesis de que en la ley no hay disposición expresa que mande que la controversia suscitada entre las partes en el juicio natural deba decidirse necesariamente por los órganos jurisdiccionales y, por consiguiente, que no existe prohibición alguna para que las partes válidamente pudieran avenirse en torno al negocio jurídico subyacente a la pretensión de nulidad, y evitar así la contienda judicial ya iniciada.
Para poner en evidencia la anterior afirmación, resulta conveniente insertar en este fallo el contenido literal de los preceptos sustantivos antes mencionados, los cuales, por su orden, disponen:
"Artículo 2097. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."
"Artículo 2098. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos."
La literalidad de los preceptos antes transcritos pone en relieve que ninguno de ellos ordena, como lo exige el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que la acción de nulidad, de la índole que sea, deba ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, pues de su texto no se advierte mandato alguno en ese sentido.
En efecto, de los términos en que se encuentra redactada la primera de las disposiciones legales se advierte que dicha norma únicamente da por supuesto, lo que es distinto a ordenar, que es el Juez quien se pronuncia sobre la nulidad, y que es la declaratoria emitida en ese sentido la que destruye retroactivamente los efectos producidos por el acto nulo; mientras que la segunda únicamente se limita a definir, por exclusión, a la nulidad relativa.
Vale la pena destacar que el vocablo "orden" a que se refiere la fracción I del artículo 129 del código procesal civil, en su acepción jurídica, según el Diccionario Jurídico Espasa, página 1060, significa, desde el punto de vista más general, toda prescripción imperativa, verbal o escrita, de ejecutar u omitir una determinada acción cualquiera que sea su naturaleza.
En similar sentido, Eduardo J. Couture, en su obra titulada "Vocabulario jurídico", de la Editorial Depalma, sexta reimpresión, Buenos Aires 1997, páginas 435 y 436, define la locución "orden", en los siguientes términos: "Orden. I. Definición. 1. Serie o sucesión de las cosas en el lugar que les corresponde. 2. Mandato que se debe obedecer, acatar y ejecutar. 3. Elipsis de ‘orden público’ (Véase esta locución). 4. Paz social; pública tranquilidad."
Luego, si tomamos en cuenta que de acuerdo con el artículo 129, fracción I, del código adjetivo civil vigente en el Estado, se requiere que la ley ordene, es decir, que prescriba de manera imperativa o prevea un mandato, en el sentido de que las controversias sobre nulidad deban decidirse por la autoridad judicial, no hay tal prescripción o mandato en los preceptos de la legislación sustantiva civil transcritos con antelación.
Y como dicho precepto de la legislación procesal contiene excepciones a la regla general de condenación en costas prevista en el numeral que le antecede, su interpretación debe hacerse conforme al principio general de derecho que dice: "exceptio est strictissimae interpretationis", es decir, que sus disposiciones deben interpretarse en sentido estricto.
Por ello, en la aplicación de la referida norma adjetiva debe estarse a su letra, conforme a la garantía de legalidad prevista por el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, y acorde a la técnica de interpretación declarativa o literal a que alude Ricardo Guastini en su obra: "Estudios sobre la interpretación jurídica", de la Editorial Porrúa, quinta edición, México 2003, página 26, la cual es concebida como la interpretación que atribuye a una disposición su significado "literal", es decir, el más inmediato -el significado prima facie, como suele decirse- que se desprende del uso común de las palabras y de las reglas sintácticas.
Sigue diciendo el autor en consulta: Al calificar una interpretación como "literal" se subraya que hace referencia al significado exactamente literal de la disposición interpretada. Al calificarla como "declarativa" se hace hincapié en que se refiere más bien al significado querido (o que se supone querido) por el legislador, asumiendo que el legislador interpreta lo que dijo "al pie de la letra".
Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o. del Código Civil del Estado, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes, de ahí que, para que tenga aplicación la excepción de no imputabilidad de la falta de composición voluntaria de la controversia contenida en la fracción I del artículo 129 del código adjetivo civil en vigor, es indispensable que en la legislación correspondiente esté expresamente prevista la orden de que determinada controversia debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, lo que según se ha visto no sucede respecto del pleito derivado del juicio de origen.
Con base en lo anterior, si el legislador no ordenó en los artículos 2097 y 2098 del Código Civil del Estado, que las controversias sobre nulidad necesariamente debían decidirse por la autoridad judicial, lo que no excluye que las resuelvan, las disposiciones contenidas en ellos no pueden dar sustento a los motivos que la responsable expuso para concluir que en la especie la ley ordena que ese tipo de asuntos deban decidirse por los órganos jurisdiccionales y utilizar este argumento, no para dejar de resolver la controversia, aspecto éste que por cierto no es el que está a discusión, sino para absolver a la parte actora del pago de costas.
Y, desde luego, que a esos preceptos de la legislación sustantiva civil no podría dárseles un significado más extenso que el que deriva de su propia literalidad pues, se reitera, ninguna de las palabras en ellos utilizadas permite la posibilidad de ser entendida como "orden", es decir, como prescripción imperativa o mandato de que las cuestiones de nulidad necesariamente deban decidirse por la autoridad judicial, teniendo aplicación en esta parte el argumento a contrario como argumento interpretativo, que se aduce a favor de la técnica de interpretación declarativa o literal referida anteriormente, el cual es definido en la obra citada en este fallo, página 28, de la siguiente forma:
"Se argumenta a contrario siempre que se aduce que ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, es decir, el legislador ha dicho exactamente lo que quería decir y es evidente que lo que no ha dicho no quería decirlo; si hubiese querido decirlo, lo habría dicho. Como se pone de manifiesto, el argumento se rige por la presunción de una perfecta correspondencia entre la intención del legislador y el texto normativo.
"Esta forma de argumentar pretende excluir que a una determinada disposición normativa pueda atribuírsele un significado más amplio (más extenso) que el que se desprende de su interpretación literal. No excluye, sin embargo, que a la disposición en cuestión pueda aplicársele un significado más restringido que el literal, y quizá por esta razón el argumento a contrario es reconducido tanto a la interpretación literal como a la interpretación restrictiva."
Cabe agregar que el apartado de costas del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, está inspirado en las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, y en la exposición de motivos de este último ordenamiento, concretamente en el apartado de obligaciones y responsabilidades de las partes, se dijo:
"La extralimitación en el ejercicio de los derechos, aparte de fincar la responsabilidad directa en contra del violador del orden jurídico; consistente en el restablecimiento de la situación protegida, provoca una responsabilidad indirecta, de responder patrimonialmente de los gastos necesarios para obtener la composición coactiva de la controversia. Los límites de esta última responsabilidad son los mismos que los de la directa, de manera que ésta debe tomarse como índice para determinar los extremos de aquélla.
"Cuando una parte triunfa totalmente, la más elemental justicia impone que todos los gastos que haya hecho, para obtener la protección de su derecho violado, los reporte su contraparte; pero, si el triunfo no fue total, esa misma justicia indica que cada parte tenga sólo responsabilidad en la proporción en que haya perdido, y, consiguientemente, la definitiva indemnización por gastos ha de establecerse compensando el importe de ambas responsabilidades, para que sea exigible sólo el residuo, por quien tenga derecho a él, de acuerdo con las proporciones recíprocas de las pérdidas. Este principio tiene dos correcciones: estriba la primera en que los gastos han de ser los indispensables para la composición del conflicto, por lo que, todo gasto inútil, careciendo de justificación, debe ser a cargo de quien lo motivó, sea que gane o pierda el pleito; la segunda se fundamenta en el principio de que sólo es lícito componer coactivamente una disputa cuando no ha sido posible hacerlo privadamente, siendo aquí de distinguir tres casos:
"a) La ley no permite la composición privada, como en los casos de divorcio voluntario, de rectificación de actas del estado civil u otros análogos.
"b) Estriba la cuestión en un mero caso de derecho dudoso o en substituir el arbitrio judicial a la voluntad de las partes.
"c) La demandada fue llamada a juicio sin necesidad.
"En el caso a) no hay posibilidad de que las partes obtengan el efecto jurídico que buscan mediante el juicio, sin ocurrir a los tribunales. No hay razón alguna que finque la responsabilidad de la falta de composición, y, en consecuencia, de los gastos necesarios que ocasione, en contra de ninguno de los litigantes, por lo cual lo debido es que cada uno responda de sus propios gastos.
"En el caso b), no estando determinado incontrovertiblemente el derecho, precisamente por ser dudoso o por tratarse de una cuestión de mero arbitrio, como en el caso precedente debe concluirse que no fue posible llegar a una composición voluntaria, por no haber razón que impusiera a uno de los contendientes someterse a la estimación de su contrario.
"En el caso c), exige un estudio un poco más detenido: en efecto, es indispensable precisar el concepto de falta de necesidad del juicio. No puede decirse que el demandado haya dado lugar a ocurrir al tribunal cuando no tocaba a él tomar la iniciativa para obtener la composición; por esto, en todo caso en que fuera necesario un acto cualquiera del actor, así se tratase de la mera interpelación, la omisión del actor libra al demandado de los gastos de la composición, pues, si ésta no se logró privadamente, fue a causa del actor; pero siempre que el demandado se allane, sin subterfugio, a cumplir el derecho.
"No obstante, si el actor no realizó el acto que le correspondía, por renuencia u ocultación del demandado, éste es responsable de los gastos, puesto que su actitud fue la causa de ser llamado a juicio.
"Son éstas las razones que fundamentan los artículos 7o., 8o. y 10 del proyecto."
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el legislador indicó que no había razón alguna para fincar la responsabilidad de la falta de composición de la controversia y, en consecuencia, de los gastos ocasionados, entre otros casos, en los que la ley no permite la composición privada, ejemplificando los relativos al divorcio voluntario, los de rectificación de las actas del Registro Civil y otros análogos.
Empero, respecto de los dos primeros ejemplos la ley sí es categórica, es decir, sí contiene orden expresa en cuanto a que ese tipo de asuntos deben ser resueltos por la autoridad judicial lo que, desde luego, implica una prohibición para que pueda existir la composición privada de ellos, ya que respecto del divorcio y la rectificación de las actas del Registro Civil los artículos 106 y 128 del Código Civil del Estado así lo disponen, al señalar:
"Artículo 106. La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio será enviada mediante copia certificada por el Juez al oficial del Registro Civil que corresponda para que se realice el registro respectivo."
"Artículo 128. La nulificación, rectificación o modificación de un registro de estado civil así como su reposición, no puede hacerse sino mediante sentencia ejecutoria, salvo reconocimiento que voluntariamente haga su progenitor de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este código."
Y aunque pudiera pensarse que la nulidad encuadra en los casos análogos a los que se refirió el legislador, ya se dijo, anteriormente, que en la legislación no se contiene el imperativo categórico de que este tipo de asuntos deban ser decididos necesariamente por la autoridad judicial, que es lo que finalmente exigió para que la parte perdedora en el juicio pudiera resultar exonerada del pago de costas.
Como se ha puesto de manifiesto, la tesis que sostiene este fallo no es que las autoridades jurisdiccionales no deban decidir necesariamente las controversias en las que se ventilen cuestiones de nulidad, sino que al no haber disposición en ese sentido, es decir, que contenga el imperativo categórico de que sí lo hagan, ese tipo de asuntos no puede constituir un caso de excepción a la regla general prevista en el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, que impone la obligación a cargo de la parte perdedora en el juicio, de pagar las costas del proceso.
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 298, consultable en la página 250, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentó el criterio que dice:
"NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.-Si no hay disposiciones expresas en las leyes, y para los casos que en ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento formal correspondiente."
Sin embargo, la citada jurisprudencia no es de aplicación al caso porque el problema jurídico abordado en ella, es decir, que las nulidades deben decidirse por la autoridad judicial, no es el que está a discusión en el presente caso, sino el relativo a precisar si la ley contiene disposición expresa en ese sentido ya que, según se indicó, fue este último argumento el que orientó el sentido de la resolución reclamada, lo que únicamente incidirá, a su vez, en determinar si se da o no un caso de no imputabilidad de la falta de composición voluntaria de la controversia a favor de la parte perdedora en el juicio, que repercuta en lo atinente al pago de costas.
Y en relación con este último tema, debe decirse que la tesis no parte del supuesto de que exista vaguedad, oscuridad o imprecisión en torno a un eventual mandato que pudiera advertirse del significado gramatical de las palabras contenidas en alguna disposición legal e, incluso, tiene el mismo problema de omisión que la ley, pues de su texto no se advierte qué precepto de la legislación contiene el deber a que alude.
Cabe agregar, que el criterio de que se trata sería aplicable, en el aspecto que aquí se examina, si el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado no supeditara la necesidad de que sean las autoridades judiciales las que decidan la controversia sobre nulidad, a que la propia ley así lo ordene, pero como sí contempla esta exigencia, debe estarse a su literalidad, en respeto a la garantía de legalidad consignada en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, ya que al ser clara la citada disposición procesal no requiere de alguna interpretación.
Dicho en otras palabras, no habría problema en aplicar la jurisprudencia de marras si el legislador se hubiera limitado a señalar, simplemente, que la controversia fuera decidida necesariamente por la autoridad judicial ya que, en este caso, ya no se requeriría que la ley así lo dispusiera y, en esa hipótesis, el criterio en cuestión válidamente podría observarse.
Entonces, ha quedado en evidencia que ni en el Código Civil vigente en el Estado, ni en los artículos 2097 y 2098, ni en ningún otro contenido en el capítulo correspondiente a la inexistencia y a la nulidad, ordena que las controversias sobre nulidad necesariamente deban ser decididas por la autoridad judicial, por lo que es claro que, en la especie, no se actualiza lo dispuesto por el artículo 129, fracción I, del código procesal civil, para que la parte actora, perdedora en el juicio, pueda resultar absuelta del pago de costas.
No está de más señalar que la ausencia de norma en los términos apuntados no tiene el efecto de autorizar a las partes a convenir sobre la nulidad, sino que dicha omisión provoca que no exista prohibición para el avenimiento de los litigantes en torno al negocio jurídico subyacente que hubiera propiciado la pretensión de nulidad y que, con base en ello, pueda examinarse en este tipo de asuntos la imputabilidad o no de la falta de composición voluntaria de la controversia en alguna de las partes, para el efecto de establecer quién de ellas ha de soportar el pago de las costas del juicio.
Al no considerarlo así la autoridad responsable, transgredió en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, por lo que procede conceder al peticionario de garantías el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra, en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva lo conducente en cuanto al pago de costas.
En razón de lo anterior, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de los restantes conceptos de violación, pues aun examinándolos el resultado no variaría, toda vez que se refieren a distintos razonamientos por los cuales la parte quejosa considera que sí es procedente que se condene al actor al pago de costas lo que, desde luego, quedará supeditado al cumplimiento que la autoridad responsable dé al presente fallo.
Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 107 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 77 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo de Guadalupe Orenday González, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos indicados en el último considerando de la misma.
Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Anótese en el libro de gobierno y, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Lucila Castelán Rueda, Herminio Huerta Díaz y Álvaro Ovalle Álvarez, siendo ponente la primera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21079-6921d8c4/costas-en-acciones-de-nulidad-no-opera-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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