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Modo: Corpus Pro

HIPOTECA, REMATE DE BIENES INMUEBLES GRAVADOS CON. LA TRANSMISIÓN DE DICHOS BIENES EN VENTA JUDICIAL DEBE HACERSE LIBRE DE TODO GRAVAMEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 426/2007. · Registro digital (IUS): 21032
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1586.

AMPARO EN REVISIÓN 426/2007. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-En principio importa destacar que permanecerá intocada la parte conducente del resolutivo único que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en el que se negó a la quejosa el amparo solicitado, respecto a los actos atribuidos al Gobernador Constitucional, secretario de Gobierno, Congreso y director del Diario Oficial del Gobierno, todas del Estado de Yucatán, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 1465 del Código Civil del Estado de Yucatán, al no haberse expresado agravios al respecto; por lo que debe quedar firme la sentencia impugnada en esa parte.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 251, en la página 427, tomo Común al Pleno y a las Salas, Octava Parte, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, cuyo texto es:

"REVISIÓN EN AMPARO.-Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de Distrito firme en la parte en que no fue impugnado."

QUINTO.-En lo que atañe propiamente a la materia de la revisión, específicamente las consideraciones contenidas en el considerando quinto del propio fallo, debe decirse que los argumentos que hace valer el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su único agravio, ameritan el análisis siguiente.

A manera de antecedentes, es pertinente señalar que en el expediente de amparo 444/2007-VI, obran los autos del toca 351/2007, que en justificación del acto reclamado remitiera la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el que aparecen, en copias certificadas, las constancias del expediente 75/2003, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, correspondiente al juicio ejecutivo mercantil promovido por Electrónicos y Más, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su endosataria en procuración Eligia Esther Cervantes Barnet, en contra de Laureano Baas Dorantes, del que se aprecia:

A) Que mediante resolución de 18 (dieciocho) de agosto del año 2003 (dos mil tres), se dictó sentencia de primera instancia, en la que se declaró procedente la acción intentada y se ordenó el remate de los bienes embargados (fojas 98 a 100).

B) Que el 2 (dos) de marzo de 2006 (dos mil seis), el Juez del conocimiento dictó auto en el que, entre otras cosas, señaló fecha y hora (3 de mayo de 2006 a las 10:30 horas en el local del Juzgado) para el remate en pública subasta y primera almoneda del predio número ciento cuatro, letra M, de la Calle Diecinueve, de la colonia Chuburná de Hidalgo, de esta ciudad y mandó recabar el certificado de gravámenes respecto a dicho predio, así como a los acreedores que aparecieran en él (foja 131).

C) Que en el certificado de gravámenes de 28 (veintiocho) de marzo de 2006 (dos mil seis), se reportó el crédito hipotecario a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por la suma de $154,810.29 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos con veintinueve centavos moneda nacional); el embargo a favor de Miguel A. Alonzo P. y Nelly Lope de A., inscrito a folios 156 del tomo 14-B, volumen II de Urbanas, libro sexto, de 16 (dieciséis) de noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve); así como el embargo a favor de Electrónicos y Más, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $4,114.64 (cuatro mil ciento catorce pesos, sesenta y cuatro centavos moneda nacional) (foja 136). Certificación que fue acumulada por auto de 31 (treinta y uno) de octubre del propio año (foja 137).

D) Que en la audiencia de remate, celebrada en la fecha y hora indicada, comparecieron Rolando Apolinar Basora León, María Elena Razo Santiago, José Concepción Martín Várguez y Francisco Carlos Ramos Sosa, como postores, sin que hubiera comparecido persona alguna en representación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como acreedor; remate que se aprobó a favor del último de los postores nombrados (fojas 142 a 144).

E) Que el instituto, hoy quejoso y recurrente, interpuso recurso de apelación contra dicha audiencia de remate a la que recayó la sentencia que constituye el acto reclamado (fojas 146 a 151).

Ahora bien, en primer lugar, el instituto recurrente aduce que en la sentencia impugnada la resolutora federal violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no precisar de manera clara el análisis que realizó de las pruebas y los agravios que hiciera valer.

Lo expuesto por el inconforme resulta inoperante, pues es omiso en precisar respecto de qué agravio o cuál prueba no se especificó el análisis en la sentencia recurrida.

Al caso, debe citarse la jurisprudencia XXI.3o. J/12, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 1222, Tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI NO PRECISAN EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PRUEBAS CUYA OMISIÓN DE VALORACIÓN SE ALEGA.-Los agravios en revisión, consistentes en la falta de valoración de probanzas ofrecidas en el juicio de amparo, deben expresar no sólo las pruebas que se dejaron de valorar, sino deben también precisar el alcance probatorio de tales probanzas, así como la forma en que éstas trascenderían al fallo en beneficio del quejoso, pues sólo en esta hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicio al mismo y, en tal virtud, determinar si la sentencia recurrida es ilegal o no; de tal suerte que los agravios expresados que no reúnan los mencionados requisitos, deben estimarse inoperantes por deficientes."

De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/131, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que también se comparte, visible en la página 379, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.-Cuando en la revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia."

Por otra parte, el nombrado recurrente aduce que si bien, como estimó la a quo, el artículo 2325 del Código Civil Federal establece que, por regla general, las ventas judiciales se harán en moneda efectiva y pasará el inmueble al comprador libre de todo gravamen, también prevé que tal presupuesto se dará a menos de estipulación expresa en contrario, con lo que se cambia todo el sentido del acto mismo del remate, porque el solo hecho de que el predio a rematar se encuentre sujeto a un gravamen hipotecario y el titular de ese derecho lo haga valer, debe transmitirse la propiedad adjudicada con el gravamen con que cuenta, lo que había demostrado con los documentos que el mismo actor del juicio exhibió a fin de tramitar el remate.

Tal argumento es infundado pues, con independencia de que el recurrente tampoco precisa cuáles son los documentos que el actor exhibió con los que se demuestra su derecho hipotecario, la circunstancia de que exista en autos el certificado de gravámenes en el que aparece que el bien inmueble sujeto a remate se encontraba gravado con la hipoteca a su favor, es insuficiente para considerar que se encuentra en el caso de excepción previsto en el artículo 2325 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. del Código de Comercio, en lo relativo a que si la venta judicial se tratare de un inmueble, pasará al comprador libre de todo gravamen "a menos que exista estipulación expresa en contrario", pues en dicho documento en relación con la hipoteca sólo se asentó: "hipoteca a favor del Infonavit, por la suma de $154,810.29 M.N., inscrito a folios 89 del tomo 40-C, volumen IV, de Urbanas, libro segundo, de fecha 15 de octubre de 1998" (foja 136), sin que al respecto exista dato o anotación, en donde de manera textual se haga constar la existencia de una estipulación en contrario que permita trasladar al comprador el gravamen de la hipoteca.

De la transcripción anterior se aprecia que no se precisaron los términos de la hipoteca que impidiera el remate del bien embargado, por lo que dicha prueba no demuestra el extremo que se pretende.

El recurrente continúa su argumento en el sentido de que el Juez Segundo de lo Civil no determinó, en el momento mismo del remate, la forma en que se adquiriría el bien raíz a rematar, ni les especificó a los postores que el mismo contaba con un gravamen hipotecario a su favor, lo que fue avalado por la Sala responsable, sin que la Juez Federal se pronunciara al respecto.

Este argumento es infundado, pues los conceptos de violación fueron analizados en forma integral y se consideraron infundados, precisamente, al concluir la resolutora federal que la venta judicial de un bien inmueble debía pasar al comprador libre de todo gravamen, fundando y motivando debidamente su resolución.

Además, al no haber asistido el recurrente a la audiencia de remate, como prevé el artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en la fracción I, a pesar de haber sido notificado (fojas 136 del juicio de garantías), para hacer las observaciones que estimara oportunas para garantizar sus derechos y en la que pudo haber exhibido el contrato de hipoteca, en el que constara alguna estipulación que impidiera liberar el gravamen ante una venta judicial, debía prevalecer la regla general.

Por tanto, si bien es cierto que como ha sostenido este tribunal en la tesis de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL CRÉDITO HIPOTECARIO INSCRITO CON ANTELACIÓN NO NECESARIAMENTE LEGITIMA AL ACREEDOR PARA EXIGIR SU PAGO PREFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).", conforme al artículo 2894 del Código Civil Federal (similar al 2046 del Código Civil del Estado de Yucatán), los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de tercero, lo que implica que el derecho correlativo se transmite con el bien hipotecado y puede oponerse a cualquier adquirente sea cual fuere el acto que le dé origen; sin embargo, debe señalarse que tal criterio no es aplicable en el caso específico de la venta judicial, ya que en esta hipótesis existe disposición expresa del artículo 2325 del Código Civil Federal, de que el inmueble vendido judicialmente pasará al comprador libre de gravamen, y del artículo 2941, fracción V, de ese mismo código, de que deberá ordenarse la extinción de la hipoteca cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, con lo cual tampoco quedan nugatorios los derechos del acreedor hipotecario en la medida que puede hacerlos valer en la vía y forma que corresponda, de donde resultan infundados los agravios que se formulan a ese respecto.

Por último, el recurrente aduce falta de aplicación a lo que dispone el artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, porque en el punto resolutivo único de la sentencia recurrida no se estableció con claridad y precisión el acto o actos por los que se niega la protección federal.

El argumento anterior es infundado, porque en el resolutivo único de la sentencia recurrida, se precisaron los actos reclamados de cada una de las autoridades responsables, pues se asentó a la letra:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pérez Ricalde, en contra de los actos que le reclama a las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese personalmente." (foja 378).

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver los amparos en revisión 239/2006, 240/2006, 406/2006 y 15/2007, en sesiones de seis de septiembre, treinta de agosto y trece de diciembre de dos mil seis y catorce de marzo de dos mil siete, respectivamente.

Por las anotadas consideraciones, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se deja intocada y, por ende, firme la parte conducente del resolutivo único de la sentencia recurrida, en relación con las consideraciones contenidas en el considerando cuarto, respecto de los actos atribuidos al gobernador constitucional, secretario de Gobierno, Congreso y director del Diario Oficial del Gobierno, todos del Estado de Yucatán, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 1465 del Código Civil del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contra los actos y de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución devuélvase los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Gabriel Alfonso Ayala Quiñones como presidente, Elvira Concepción Pasos Magaña y Luis Armando Cortés Escalante, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21032-83b5c2eb/hipoteca-remate-de-bienes-inmuebles-gravados-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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