REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza procesal civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 162/2002, el Tribunal Colegiado mencionado analizó un asunto con las siguientes características:
1. Durante la etapa de ejecución de una sentencia civil, una de las partes solicitó al Juez natural que señalara fecha para la celebración de la audiencia de remate, a lo cual dicho Juez se negó.
2. La parte afectada por esa resolución interpuso recurso de apelación, mediante el cual se confirmó el auto recurrido.
3. En contra de esta última resolución, la parte afectada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito consideró que el juicio de amparo debía desecharse en virtud de que el mismo sólo procedía en contra de la última resolución dictada en el remate.
4. Contra esa decisión, la quejosa promovió recurso de revisión, mismo que se resolvió al tenor de las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Los agravios vertidos por las recurrentes, cuyo análisis se hará en forma conjunta por este Tribunal Colegiado atendiendo a la estrecha relación que guardan entre sí, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se estiman sustancialmente fundados.
"En efecto, en sus motivos de inconformidad la parte recurrente aduce medularmente que la resolución de desechamiento emitida por el Juez de Distrito, viola en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III y 145 de la Ley de Amparo, toda vez que es incorrecto que en el presente caso se hubiera actualizado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues el caso no encuadra en la hipótesis que contempla el segundo artículo citado, dado que no es cierto que el procedimiento de remate se encontrara en trámite y que por tal motivo debiera impugnarse la violación señalada como acto reclamado hasta en tanto se aprobara o desaprobara el remate del bien embargado en el juicio de origen, ya que fue precisamente el proveído del Juez de primer grado, confirmado por la Sala responsable, el que negó la petición de las hoy quejosas de señalar fecha para celebrar el remate correspondiente, por lo que el procedimiento de remate no ha iniciado a trámite y, por ende, no se les puede obligar a que impugnen la determinación en que se apruebe o no un remate si se ha denegado la tramitación del procedimiento de remate respectivo.
"Que en el escrito inicial de demanda constitucional, las hoy recurrentes especificaron claramente que el acto reclamado era la resolución de la Sala responsable que confirmó en sus términos el proveído del Juez de primer grado que negó señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate de los derechos contractuales previamente embargados a la parte demandada, lo que si bien transcribió el Juez de Distrito en la resolución impugnada, sin embargo, que no fue acertada su determinación al considerar que tal acto reclamado debía ser impugnado como violación procesal al promoverse el amparo en contra de la resolución en que se aprobara o no el remate de los citados derechos. Lo que aducen las inconformes es incorrecto, pues dicho acto sólo se traduce en un sentido finalista de no iniciar el procedimiento de remate judicial al denegar la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; es decir, en la denegación de ejecutar la condena establecida en la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen, que constituye cosa juzgada.
"Que el desechamiento reclamado va en contra del espíritu del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que el acto que se reclama en el amparo indirecto no constituye un acto dictado dentro del procedimiento de remate y sí por el contrario, constituye un acto que causa perjuicios irreparables a las recurrentes por hacerles nugatorio su derecho a ejecutar la sentencia definitiva dictada a su favor en el procedimiento de origen.
"Que la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo tiene por objeto impedir impugnaciones intraprocesales que hagan imposible la venta judicial, inhibir la demora indefinida de la ejecución de las sentencias y evitar con ello el consiguiente perjuicio a la administración de justicia, circunstancias que no ocurren con la impugnación constitucional que del acto reclamado hizo la parte recurrente en el presente asunto, pues la finalidad que se persigue al combatir la resolución reclamada es precisamente que se lleve a cabo la venta judicial de los derechos embargados en el juicio de origen, con el único objeto de ejecutar la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, lo que evidentemente no contraviene el espíritu de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.
"Como se dijo los anteriores argumentos resultan fundados, al tenor de las consideraciones siguientes:
"El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, al estimar que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, relacionada con el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que las peticionarias del amparo reclamaron la resolución ... mediante la cual se confirmó el auto ... en el que se negó a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate del bien embargado en el juicio de primer grado, en virtud de que el citado bien no es el mismo que consta en el certificado de gravámenes que obra en dicho expediente.
"El artículo 114, fracción III, tercer párrafo, de la Ley de Amparo establece:
"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido ... Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución en que se aprueben o desaprueben. ...’
"De la transcripción que antecede, claramente se advierte que el espíritu del párrafo tercero de la fracción III del artículo en comento, al establecer que en tratándose del remate, sólo puede promoverse el amparo indirecto contra la resolución que lo apruebe y desapruebe, tiene la finalidad de evitar el entorpecimiento de la administración de justicia de manera pronta y expedita, el impedir la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, y la promoción de un sinnúmero de amparos en contra de cualquier acto emitido dentro del procedimiento respectivo que pueda considerarse una violación a dicho procedimiento.
"Ahora bien, no debe perderse de vista que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de una demanda de garantías, sólo procede ante la concurrencia de ciertos requisitos, como es que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional; lo primero, que se cumple cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación, cuando los haya, o de los documentos que se anexan a tal promoción; y lo indudable debe resultar de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resulta factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.
"Es aplicable al caso la jurisprudencia que aparece publicada en la página 31, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 8-9, septiembre-octubre, de mil novecientos ochenta y ocho.
"‘DEMANDA DE AMPARO REQUISITOS PARA EL DESECHAMIENTO DE LA.’ (se transcribe).
"De la demanda de amparo indirecto origen del presente recurso, específicamente de los antecedentes del acto reclamado, marcados con los numerales nueve a catorce, se advierte lo siguiente: (se transcriben antecedentes de la demanda).
"Los antecedentes transcritos, permiten concluir que la causa de pedir sostenida por la parte quejosa en su libelo constitucional, la constituye precisamente la supuesta violación de las autoridades responsables de no acordar de conformidad la petición hecha en el sentido de que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate a que se refiere el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, el acto reclamado no puede ser considerado como una violación cometida dentro del procedimiento de remate derivado del juicio ordinario civil de origen, impugnable una vez que se apruebe o desapruebe dicho remate, pues en ese supuesto, dicho remate nunca se llevará a cabo, si es precisamente la negativa a señalar fecha para su celebración lo que se impugna en el juicio de amparo que origina la presente revisión; por ende, es inconcuso que en el caso no se actualiza la hipótesis que se contempla en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso no se actualizan los requisitos de ‘manifiesta e indudable’ improcedencia del juicio constitucional que se han precisado en párrafos precedentes, para que se pudiera desechar la demanda de garantías; esto, porque aún cuando se pueda advertir de los antecedentes narrados por la parte quejosa, que el procedimiento de remate inició con la resolución emitida por la Sala responsable que revocó el primer proveído emitido por el Juez de primera instancia, que se negó a señalar fecha para la celebración de la audiencia de remate; lo cierto es que después de realizar varias actuaciones en ese procedimiento, nuevamente el Juez de instancia negó tal petición, por lo que incuestionablemente, la audiencia de remate no podrá celebrarse sino hasta que se admita tal petición, la que desde luego, será objeto de análisis en cuanto al fondo del amparo planteado.
"Consecuentemente, no es correcto, como lo sostuvo el Juez Federal, que la resolución reclamada constituya una violación procesal cometida dentro del procedimiento de remate que pueda ser impugnable al controvertirse la resolución que lo apruebe o desapruebe, pues como se ha reiterado, dicha audiencia de remate no podrá celebrarse sino hasta que se admita la petición de las quejosas para que se fije la fecha y la hora de su celebración, lo que constituye precisamente la litis constitucional que deberá centrarse en el hecho de si efectivamente la resolución reclamada transgrede o no (sic) sus garantías individuales, lo que únicamente puede valorarse al analizar el fondo del asunto, y no como incorrectamente lo estimó el Juez Federal, al impugnarse la resolución que apruebe o desapruebe el remate, pues esto nunca ocurrirá si en el caso no se fija fecha para que se realice la venta judicial.
"Además, lo dicho pone de manifiesto que la parte quejosa puede demostrar su acción constitucional, a través de las pruebas que estime convenientes, desvirtuando en ese caso, lo insubsistente de las consideraciones que se tuvieron para desestimar la petición de fijar fecha para la celebración de la audiencia de remate; motivo más que suficiente para considerar que no se satisfacen los requisitos que establece el artículo 145 de la Ley de Amparo para desechar la demanda de garantías.
"Al no considerarlo de esa manera el Juez de Distrito actuó ilegalmente y da lugar a que se revoque la resolución recurrida para ordenar que se admita la demanda, a menos que se advierta alguna otra causa manifiesta e indudable de improcedencia."
El criterio anterior dio lugar a la tesis I.11o.C.47 C, cuyo tenor literal es el siguiente:
"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE NIEGA A SEÑALAR DÍA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REMATE. El artículo 114, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece como regla para la procedencia del juicio de amparo indirecto ante Juez de Distrito, que sólo podrá promoverse el citado juicio constitucional en contra de la resolución en que se apruebe o desapruebe el remate; asimismo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo al espíritu de la norma, que las violaciones cometidas durante el procedimiento relativo sólo pueden impugnarse hasta ese momento, con la finalidad de evitar el entorpecimiento de la administración de justicia pronta y expedita, y para evitar que se impida la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada; sin embargo, tal regla no puede aplicarse para el caso de que el acto reclamado lo constituya la determinación de la autoridad responsable, en el que se niega a señalar fecha para la celebración de la audiencia de remate, pues, en ese caso, tal determinación sí causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, dado que con tal proceder nunca se llegaría a la aprobación o desaprobación del remate a que tiene derecho, haciéndole nugatorio su derecho a ejecutar una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada en franca violación al principio de administración de justicia; por ende, en este caso y como excepción a la regla genérica, no se actualiza el supuesto contenido en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo."(1)
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 94/96, el Tribunal Colegiado mencionado abordó el estudio de un asunto con las siguientes características.
1. La ejecutante de un juicio mercantil solicitó al Juez que señalara día y hora para la celebración de la audiencia de remate.
2. El Juez natural negó la petición anterior. Esta resolución fue apelada y se confirmó por el tribunal de alzada.
3. En contra de la resolución de apelación, la ejecutante promovió juicio de amparo, pero el Juez de Distrito desechó la demanda aduciendo que no se trataba de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, concretamente, porque no se trataba de la resolución que aprobara o desaprobara el remate.
4. La parte quejosa se inconformó contra esa decisión a través del recurso de revisión que se resolvió al tenor de las siguientes consideraciones:
"Los agravios son fundados en la medida en que este tribunal suple la deficiencia de la queja conforme lo ordena el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo señala: ‘el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencias sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.’
"La intelección de esta norma legal permite inferir que el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones aisladas que se susciten en el procedimiento de remate, ya que deberán ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio de garantías que se interponga en contra de la resolución que en definitiva apruebe o repruebe el remate; sin embargo, a contrario sensu, hace patente su procedencia cuando la violación consiste en la negativa a la verificación del remate, o bien, sea de tal naturaleza que suspenda o impida el desarrollo ordinario del procedimiento y, por ende, su culminación, pues en el primer supuesto no tendría lugar la almoneda y en el segundo, sería imposible reparar la infracción cometida, esto es, el retraso indebido en la práctica del remate, mediante el amparo que se promoviera contra la resolución que culmine el procedimiento.
"Ahora bien, en el caso a estudio [x] ocurrió en demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que hizo consistir en la resolución de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada en el toca de apelación 886/95, mediante la cual se confirmó el auto de dos de febrero del mismo año, por el que el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial de la misma entidad federativa negó rematar los derechos de un fideicomiso de garantía embargados al demandado.
"En proveído de trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, pues consideró que el acto reclamado consistió en una violación cometida en el procedimiento de ejecución que debe ser alegada en el amparo que se interponga contra la resolución que apruebe o desapruebe el remate, conforme lo estatuye el último párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.
"En ese orden de ideas, como la naturaleza de la resolución combatida en el juicio de garantías, esto es, la negativa a la celebración del remate da por terminado en definitiva el procedimiento para lograr el remate de los ‘derechos’ embargados en el juicio natural, es inconcuso que no se dictará un auto aprobatorio de la almoneda, menos podrá acontecer la promoción de un amparo en contra de este último, en que pueda ser analizada aquella cuestión, como erróneamente lo consideró el Juez de Distrito; de ahí que deba considerarse procedente el juicio de garantías biinstancial en contra de aquel acto. Tiene aplicación la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1236, Tomo LXXVIII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto: ‘REMATES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA EL AUTO APROBATORIO DE LOS.’ (se transcribe).
"Por consiguiente, al haberse demostrado la ilegalidad del auto recurrido, procede revocarlo y ordenar al Juez Federal que proceda a admitir la demanda de garantías promovida por Óscar Cobián Rubio, salvo que existiese algún otro motivo de improcedencia, diferente que se estudió, que fuese indudable y manifiesto."
Las anteriores consideraciones generaron la tesis III.1o.C.34 C, la cual establece:
"REMATE, LA NEGATIVA A VERIFICAR EL, HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo permite inferir que, por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones que se susciten en el procedimiento de remate, ya que deberán ser alegadas, y en su caso, reparadas en el juicio de garantías que se interponga en contra de la resolución que en definitiva apruebe o repruebe el remate. Sin embargo, a contrario sentido, hace patente su procedencia cuando la violación consista en la negativa a la verificación del remate, o bien, sea de tal naturaleza que suspenda o impida el desarrollo ordinario del procedimiento y, por ende, su culminación; pues en el primer supuesto, no tendría lugar la almoneda, y en el segundo, sería imposible reparar la infracción cometida, esto es, el retraso indebido en la práctica del remate, mediante el amparo que se promoviese contra la resolución que culmine el procedimiento."(2)
III. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 287/2007, dicho Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:
1. Durante el procedimiento de ejecución de un juicio sumario hipotecario, el Juez natural señaló fecha para la audiencia de remate.
2. La parte ejecutante interpuso recurso de revocación en contra de esa decisión, mismo que se resolvió en el sentido de revocar el auto combatido para establecer que no procedía señalar fecha y hora para la almoneda.
3. Esa decisión fue impugnada por el ejecutante a través del amparo indirecto, el cual se resolvió por el Juez de Distrito en el sentido de conceder el amparo.
4. La contraparte impugnó esa decisión a través del recurso de revisión, mismo que fue resuelto al tenor de las siguientes consideraciones:
"De la lectura de la demanda de garantías se advierte que, como se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria, el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil siete, pronunciado por el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, en el juicio civil sumario hipotecario expediente 845/99, en el que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada contra el diverso auto de dos del propio marzo, mediante el cual había señalado fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate; habiendo decidido revocar dicha determinación para establecer que no procede señalar fecha para la almoneda hasta en tanto no sea resuelta la objeción opuesta por la ejecutada a los dictámenes periciales.
"De las actuaciones que integran el juicio constitucional, al que se allegaron en copia certificada constancias del contradictorio de origen, a las que se les otorga pleno valor probatorio acorde a lo que previenen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del ordinal 2o. de ésta, se puede apreciar que el proveído a que se alude en el párrafo que antecede se dictó dentro del procedimiento de remate, puesto que mediante auto de once de julio de dos mil cinco (foja 334 del cuaderno de pruebas), el Juez del conocimiento declaró que la sentencia definitiva causó estado, por lo que concedió el término legal a la parte reo para que cumpliera voluntariamente con la misma; posteriormente, en acuerdo de seis de septiembre del referido año, en razón de que la reo no dio cumplimiento voluntario al fallo definitivo, a petición del actor, se nombró perito auxiliar del juzgado y se le tuvo al que designó de su parte (foja 349 ídem); el nueve de septiembre de dos mil seis, tuvo lugar la audiencia en la que los peritos emitieron sus dictámenes valorativos del bien hipotecado sujeto a remate y ordenó dar vista con los mismos a las partes por tres días para que se impusieran de su contenido (foja 380 ídem); en acuerdo de cinco de enero de dos mil siete, se tuvo a la demandada objetando los dictámenes periciales emitidos (foja 389); en proveído de dos de marzo de dos mil siete, el Juez del conocimiento señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de mayo siguiente, para que tuviera verificativo la audiencia de remate, el cual fue impugnado en revocación por la parte reo, habiéndose resuelto en los términos indicados en el párrafo que antecede en lo que constituye la resolución reclamada.
"Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, en el último párrafo de su fracción III, dispone:
"‘... Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. ...’
"Así, respecto de los actos dictados en el procedimiento de remate, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, el precitado numeral establece que solamente podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; de lo que se sigue que las resoluciones intermedias dictadas dentro de dicho procedimiento, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional.
"Luego si en la especie, como se vio, el acto reclamado se pronunció dentro del procedimiento de remate, sin que constituya la resolución definitiva en la que se decida sobre su aprobación o desaprobación, es claro que no se configura la hipótesis de procedencia del juicio de garantías; por tanto, aun cuando al resolver el recurso de revocación pudiera haberse cometido alguna violación, ello no implica que el amparo sea procedente, debido a que las posibles violaciones que, en su caso, se hayan cometido en el acuerdo reclamado, éstas sólo podrán impugnarse vía conceptos de violación en la demanda de garantías que se promueva contra la resolución definitiva en la que se apruebe o desapruebe el remate, de acuerdo con lo que estatuye el último párrafo de la fracción III del supracitado numeral 114 de la ley en consulta, en razón de que ésta no constituye la resolución terminal de dicho procedimiento.
"Sirve de apoyo a lo antes considerado, por identidad jurídica con el caso en estudio, la jurisprudencia integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 226, de la siguiente sinopsis:
"‘AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.’ (se transcribe).
"Asimismo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con cuyo criterio coincide este tribunal, consultable en la Novena Época del mencionado Semanario, Tomo XIX, enero de 2004, página 1444, del siguiente epígrafe:
"‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SI NO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESAPRUEBA.’ (se transcribe).
"Consiguientemente, con base en lo que previenen los numerales 73 fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, último párrafo, este último interpretado a contrario sensu, y 74, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es revocar el fallo recurrido y sobreseer en el juicio.
"No pasa inadvertido que el quejoso, para respaldar la procedencia del juicio, citó en su demanda de garantías la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1326, del siguiente sumario:
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE NIEGA A SEÑALAR DÍA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REMATE.’ (se transcribe).
"Así como la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, consultable en la Novena Época del referido Semanario, Tomo IV, diciembre de 1996, página 449, cuyo texto indica:
"‘REMATE, LA NEGATIVA A VERIFICAR EL, HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"Criterios que este tribunal no comparte, debido a que en ellos se alude al dato de irreparabilidad en la violación cometida, siendo el caso que ese aspecto debe considerarse sólo cuando se reclaman actos dentro de juicio, lo que en la especie no sucede, sin que dicha regla de procedencia sea aplicable para los actos dictados después de concluido éste y en ejecución de sentencia, tal y como se explica en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2002-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la Novena Época del mencionado Semanario, Tomo XVII, junio de 2003, tesis 1a./J. 29/2003, página 11, del tenor literal siguiente:
"‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe).
"Consiguientemente, con fundamento en lo que dispone el artículo 197-A de la ley de la materia, denúnciese la posible contradicción de tesis."
CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TES
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21049-0daa2399/remate-la-resolucion-que-niega-senalar-fecha-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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