Corpus
Modo: Corpus Pro

DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DE MENORES DEL FUERO COMÚN (RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL).

Tipo de asunto: ACLARACIÓN DE SENTENCIA 44/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21115
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, , Pág. 178.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2007-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de julio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio número T-038, recibido el trece de febrero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho tribunal al resolver el conflicto competencial número 24/2006, y el criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, al resolver el conflicto competencial número 1/2006.

SEGUNDO.-Realizados los trámites de ley, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de doce de marzo de dos mil ocho, determinó que sí existía la contradicción de tesis denunciada y que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de rubro: ""; tesis que fue aprobada en la misma fecha, asignándole el número 25/2008.

TERCERO.-En este contexto, el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, ponente en la contradicción de tesis 44/2007-PS, de manera oficiosa, sometió a la consideración de la Primera Sala de este Alto Tribunal, la aclaración de la tesis jurisprudencial resultante del referido asunto, por el motivo que más adelante se señala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver, de oficio, la presente aclaración, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente y por analogía, en relación con los diversos numerales 223 a 226 del propio código, también aplicables supletoriamente en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que en la tesis jurisprudencial emitida por este órgano colegiado el doce de marzo de dos mil ocho, en la contradicción de tesis 44/2007-PS, se advierte un señalamiento impreciso en relación con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Cabe mencionar que la aclaración oficiosa en cuestión también encuentra sustento en los criterios aislados dictados por la Segunda Sala de este Alto Tribunal que esta Primera Sala comparte, cuyos rubros son: "ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES DERIVADAS DE CONTRADICCIONES DE TESIS. PROCEDE SÓLO DE MANERA OFICIOSA PARA PRECISAR EL CRITERIO EN ELLAS CONTENIDO Y LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO CONTRADIGA ESENCIALMENTE A ÉSTE."(1) y "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LAS DICTADAS AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS."(2)

SEGUNDO.-Como puede advertirse de los criterios aislados referidos en el considerando anterior, procede la aclaración oficiosa de sentencias, entre otros aspectos, cuando se busque hacer comprensibles conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios, explicar los oscuros, así como cuando se trate de subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos que se hayan cometido al resolver una contradicción de tesis, con la finalidad de que exista seguridad jurídica en cuanto al criterio a aplicar, lo que se estima acontece en el presente caso, particularmente, en cuanto se advierte una imprecisión en la tesis jurisprudencial 25/2008 que derivó de la contradicción de tesis 44/2007-PS con respecto a la referencia a un precepto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En efecto, en la sentencia en comentario, se señala que el Consejo de Menores contemplado en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 bis, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según se advierte de la siguiente transcripción:

"En relación con la naturaleza jurídica del Consejo de Menores, cabe precisar que el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal lo asigna como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, según se aprecia de su lectura, que en la parte conducente dice:

"‘Artículo 4o. Se crea el Consejo de Menores como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual contará con autonomía técnica y tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente ley. ...’

"Más aún, dicha disposición debe analizarse de manera sistemática con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, particularmente, atendiendo a la reforma de treinta de noviembre de dos mil, publicada en el Diario Oficial de la Federación, por medio de la cual se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal(3) y se le asignó a esta nueva dependencia, a través de la fracción XXV del artículo 30 bis, la administración del sistema federal para el tratamiento de menores infractores, cuyo texto es del tenor siguiente:

"‘Artículo 30 bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"‘...

"‘XXV. Administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; y (sic) ...’."

Sin embargo, dicha referencia fue plasmada, de manera imprecisa, en la jurisprudencia que derivó del asunto, pues, si bien se señala como fundamento de la cuestión aludida el artículo 30, se omitió señalar que es el artículo 30 bis, sin que cambie la fracción, de la ley aludida, lo cual, se corrobora del texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil.

En esta tesitura, la jurisprudencia en mención debe corregirse para, en lugar de decir: (artículo 4, en relación con el 30, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), señalar: (artículo 4, en relación con el 30 bis, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

Así, la tesis en comento quedaría en los siguientes términos:

"-Es fundamental e imprescindible para la determinación del órgano competente para juzgar a un adolescente que ha cometido un delito federal, tomar en consideración la reforma constitucional al artículo 18, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, en materia de justicia de menores, especialmente, lo relativo a la instauración de sistemas de justicia de menores en cada orden de gobierno (federal y locales), el reconocimiento del carácter penal educador del régimen, el sistema de doble fuero y que los menores deben ser juzgados necesariamente por una autoridad jurisdiccional que esté inscrita dentro de los poderes judiciales. En esa tesitura, es claro que según el nuevo régimen constitucional, corresponde a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de cada uno de los respectivos órdenes jurídicos, conforme a lo que se establezca en la Constitución y en sus propias legislaciones. Así, y vinculando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I de la Constitución, conforme al cual son competentes los órganos de justicia federal para conocer de aquellos delitos en los términos de las leyes federales, es de considerarse que en el orden jurídico federal, a la fecha, son dos los ordenamientos que prevén solución a esta cuestión competencial, a saber: la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que prevén soluciones contradictorias, pues mientras uno establece la competencia a favor del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (artículo 4, en relación con el 30 bis, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil en el Diario Oficial de la Federación), el otro lo hace, por regla general, a favor de los tribunales de menores que haya en cada entidad federativa (artículos 500 y 501). Así las cosas y ante la imperatividad de la norma constitucional, tal situación debe resolverse a la luz de su conformidad con el nuevo régimen constitucional, razón por la cual el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al prever que es competente para juzgar en estos supuestos a un menor el Consejo de Menores dependiente de la administración pública federal, no puede ser considerada admisible como solución al problema competencial en análisis, pues tal órgano no es un tribunal judicial como manda la reforma constitucional en mérito y, en consecuencia y conforme con lo que establecen los artículos 18 y 104, fracción I constitucionales, debe estarse a la diversa regla de competencia que prevé el Código federal adjetivo mencionado, conforme al cual son competentes para conocer de los delitos federales que sean cometidos por adolescentes, los tribunales del fuero común y de no haberlos, los tribunales de menores del orden federal. Lo anterior, hasta en tanto se establezca el sistema integral de justicia de menores y por aquellos delitos que, cometidos durante el anterior régimen constitucional, durante los periodos de vacatio y hasta antes del momento indicado, no hayan sido juzgados."

Cabe mencionar que la ejecutoria anterior, aún no ha sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tal como lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo, por lo que, con la finalidad de que exista certidumbre en cuanto al texto final del criterio en mención, una vez aprobada la presente aclaración, tal imprecisión debe hacerse del conocimiento de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para que proceda únicamente a la publicación de la ejecutoria que refleje la tesis jurisprudencial corregida.

En consecuencia, se aclara oficiosamente la tesis jurisprudencial 25/2008 derivada de la contradicción de tesis 44/2007-PS, en los términos precisados en este último considerando.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se aclara oficiosamente la tesis jurisprudencial 25/2008 derivada de la ejecutoria pronunciada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de marzo de dos mil ocho, al resolver la contradicción de tesis 44/2007-PS, suscitada entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, para quedar redactada en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

SEGUNDO.-Remítase de inmediato la presente resolución a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para que proceda únicamente a la publicación de la ejecutoria que refleje la tesis jurisprudencial corregida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente aclaración a los Tribunales Colegiados contendientes para su conocimiento y efectos legales y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Sergio A. Valls Hernández.

______________

1. Tesis 2a. LXV/2000. No. Registro: 191,525. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, julio de 2000. Página 151. Aclaración de la tesis jurisprudencial 2a./J. 5/98 derivada de la contradicción de tesis 41/97, entre las sustentadas por el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de mayo del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Texto de la tesis: "En el título cuarto, libro primero, de la Ley de Amparo, que abarca de los artículos 192 a 197-B, se establecen las bases, entre otros aspectos, para la creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación; de tales preceptos destaca que en el segundo párrafo del artículo 197 de la ley invocada se establece que la resolución que se dicte en la contradicción de tesis no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias, lo que implica que las resoluciones donde se dirime una contradicción de tesis no resuelven un conflicto jurisdiccional entre partes contendientes, sino que únicamente se ocupan de definir el criterio que debe prevalecer en el futuro y que constituye la fijación de la interpretación de la ley; por tanto, si la resolución de las contradicciones de tesis tiene la finalidad de clarificar, definir y precisar la interpretación de las leyes, superando la confusión causada por criterios discrepantes, resulta lógica la consecuencia de que en aras de esa finalidad, la tesis jurisprudencial, sea susceptible de ser aclarada o precisada, pero siempre a condición de que lo proponga de manera oficiosa alguno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, subsistiendo en lo esencial el criterio establecido se considere conveniente precisarlo para lograr su correcta aplicación, teniendo en consideración, además, que las reglas establecidas en la ley de mérito en cuanto a la creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia se instituyeron para evitar que ésta permaneciera estática."

2. Tesis 2a. LXXXIII/98. No. Registro: 196,101. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, junio de 1998. Página 145. Aclaración de sentencia en la contradicción de tesis 10/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Circuito. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Texto de la tesis: "Las consideraciones que sirvieron de apoyo al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.’ (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página seis) deben hacerse extensivas, por mayoría de razón, a los casos en que se trate de hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, que se hayan cometido al resolver una contradicción de tesis, puesto que en tal supuesto se trata de un asunto que entraña la afectación a la seguridad jurídica, ocasionada por la existencia de tesis discrepantes, que debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

3. "Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

"...

"Secretaría de Seguridad Pública. ..."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21115-326f0306/delitos-federales-cometidos-por-adolescentes-menores-de-dieciocho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.