AGRAVIOS INSUFICIENTES.
AMPARO EN REVISION 174/94. BANCOMER, S. A.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El primer agravio es infundado y, el segundo inoperante, por lo cual resultan ineficaces para revocar la sentencia sujeta a revisión.
En efecto, contrariamente a lo aducido en el primero de los agravios, los argumentos que expresaron las quejosas en la demanda de garantías sí deben considerarse conceptos de violación, pues reúnen los requisitos lógicos y jurídicos que deben contener.
Así es, dado que en éstos se destaca haberse violentado los artículos 14 y 16 constitucionales; se identifica como acto reclamado el embargo practicado sobre el terreno y edificación construida en el lote diez, manzana doce, sección segunda, que corresponde al número ciento setenta y cinco de la calle Río Yaqui, colonia del Valle, en Obregón, Sonora, y se sostiene fundamentalmente que dicho bien se afectó cuando éste había salido del patrimonio del deudor, expresando los razonamientos jurídicos en que se apoyan para delatar la inconstitucionalidad del acto que se reclama.
Luego entonces, no existió razón, como se afirma, para que el Juez Federal sobreseyera en el juicio de amparo por los motivos expresados por el inconforme.
Por otra parte, el segundo de los agravios es inoperante en razón de que para pronunciar la sentencia que se revisa el Juez de Distrito adujo:
a) Que el embargo es legal cuando recae en bienes del deudor, pero es ineficaz cuando afecta bienes que ya han salido de su patrimonio, aun cuando no estén inscritos en favor de los nuevos propietarios.
b) Que el embargo fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Obregón, Sonora, el trece de julio de mil novecientos noventa y tres, cuando el inmueble ya había salido del patrimonio del deudor.
c) Que el inmueble pertenece a los nuevos adquirentes aun cuando no esté inscrito.
d) Que en razón de lo anterior se violaron en perjuicio de las quejosas las garantías de audiencia y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; y,
e) Que tenía aplicación la tesis de jurisprudencia número setecientos setenta y siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, bajo el rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.".
Sin embargo, en dicho agravio el recurrente se concretó a manifestar:
1. Que la tesis invocada por el inferior no tenía aplicación debido a que su espíritu debía interpretarse en el sentido de que no era justo que un comprador se viera afectado en sus derechos por la simple omisión de no inscribir ante el Registro Público el contrato de compraventa respectivo, ya que por tratarse de un acto jurídico oneroso por definición suponía una erogación o la existencia de un precio pagado por el adquirente. En cambio en la cesión de derechos gratuita, los adquirentes no despliegan esfuerzos económicos o erogaciones, de ahí que no tenga aplicación; y,
2. Que aun cuando la inscripción en el Registro Público no tuviera un carácter constitutivo de derechos sino únicamente declarativo, lo cierto es que en ese supuesto debía observarse lo estatuido por los artículos 3457 y 3458 del Código Civil del Estado de Sonora y, entonces concluirse que la cesión de derechos por virtud de la cual las quejosas supuestamente adquirieron la propiedad del bien embargado en el juicio de origen, por no haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad, a pesar de así exigirlo el artículo 3456, fracción I, del citado código sustantivo civil sonorense no podía parar perjuicio a su representada ya que se trataba de un tercero que tenía constituido un embargo sobre el inmueble objeto de la inscripción omitida.
Como puede verse, el recurrente no combate el fundamento toral que planteó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, que lo es que el embargo reclamado se practicó sobre un bien inmueble que no pertenecía legal y jurídicamente al demandado en el juicio natural, pues al verificarse había salido de su patrimonio, lo que indudablemente violaba en perjuicio de las quejosas las garantías de audiencia y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, resultando por ello el embargo ineficaz.
Independientemente de lo anterior, en el mencionado agravio, el recurrente omitió precisar el artículo de la Ley de Amparo que estimó vulnerado y explicar el concepto por el cual fue infringido, concretándose solamente a argumentar que como la inscripción tenía carácter eminentemente declarativo debía observarse lo estatuido por los artículos 3457 y 3458 del Código Civil del Estado, concluyendo según su apreciación que el hecho de no haberse inscrito debidamente la cesión de derechos, no podía causar perjuicio a su representada, ya que se trataba de un tercero que tenía constituido un embargo sobre el inmueble objeto de la inscripción omitida.
Consecuentemente, ante lo infundado del primer motivo de inconformidad y lo inoperante del segundo, habrán de seguir rigiendo el sentido del fallo los argumentos no impugnados, por lo cual debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión.
Es aplicable la tesis 19/93 civil, autorizada por este tribunal, que a la letra dice: "-Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.".
También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 76 aprobada por este órgano colegiado que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISION.-Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos requisitos.".
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Obregón, Sonora, el once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en los autos del juicio de amparo indirecto A-2443/93-II promovido por Verónica Elizabeth y Margarita ambas de apellidos Cubedo Martínez.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Verónica Elizabeth y Margarita, de apellidos Cubedo Martínez, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Genaro Rivera, siendo relatora la segunda de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2122-af0bfd9d/agravios-insuficientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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