AUTORIZADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACION DEL. EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ACREDITARSE SU CARACTER DE PROFESIONISTA Y PROPORCIONARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGUE TAL AUTORIZACION.
AMPARO EN REVISION 17/94. BANCO DEL ATLANTICO, S.A.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Es innecesario entrar al estudio de los agravios expresados por el recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por RAFAEL VALENZUELA NAVARRO, en su carácter de autorizado de la quejosa BANCO DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de no acreditarse con la demanda de garantías ni durante la tramitación del juicio, los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, que no se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado ni que hubiere proporcionado los datos correspondientes a la referida autorización.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, dispone: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquiera persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.".
Del texto anterior se advierten dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados.
En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien les otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero.
En el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el autorizado deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito.
En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio de garantías del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite.
En el caso, el representante legal de la quejosa BANCO DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA, en su escrito de demanda presentada ante la autoridad responsable con fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja 13) autorizó a RAFAEL VALENZUELA NAVARRO, JOSE ANGEL CALDERON PIÑEIRO y JOSE ANTONIO RUIZ ARAUJO, para oír notificaciones e intervenir en el juicio en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que de ese escrito ni de algún otro se advierta que dichas personas hayan acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado ni que se hubiesen proporcionado los datos correspondientes.
Por tanto, si RAFAEL VALENZUELA NAVARRO, quien interpuso el recurso de revisión como autorizado de la quejosa, no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado ni se proporcionaron los datos correspondientes, debe estimarse que no cumplió con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, y por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso.
Aunado a lo anterior, es menester hacer notar que del juicio de amparo indirecto en estudio se advierte que el Juez Federal del conocimiento en ningún momento tuvo por legalmente autorizado de la parte quejosa a las personas enunciadas en el escrito de demanda, por tanto tal situación viene a robustecer lo señalado con antelación ya que quien promueve el recurso de revisión ante este tribunal ni siquiera fue legalmente autorizado por el Juez de Distrito, sin que obste el hecho de que el Tribunal Colegiado que se declaró legalmente incompetente hubiese reconocido tal personalidad.
El anterior criterio fue sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos en acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, el recurso de revisión 472/93, derivado del juicio de amparo 645/92, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora.
Se cita por aplicable la tesis contenida en la página 174, Tomo VI, Primera Parte, 8a. Epoca, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO SE INTERPONE POR UN AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES SIN HABER SIDO RECONOCIDO CON ESE CARACTER POR EL JUEZ DE DISTRITO QUE ADMITIO LA DEMANDA, NI MENOS ACREDITAR ESTAR FACULTADO LEGALMENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO, EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA.-De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto de 26 de diciembre de 1987, el quejoso y el tercero perjudicado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá, entre otras facultades, la de interponer los recursos que procedan; empero, la misma está condicionada, en las materias civil, mercantil y administrativa, al hecho de que debe acreditar, ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Por tanto, para que jurídicamente pueda afirmarse que una persona tiene el carácter de autorizada en las materias civil, mercantil y administrativa y pueda ejercer esa facultad, es necesario que acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, exhibiendo ante el Juez de Distrito del conocimiento, el documento relativo que así lo demuestre. En esas condiciones, en todo caso corre a cargo de dicho autorizado probar que sí reúne el requisito exigido por el precepto de que se trata, aun cuando el Juez de Distrito no se pronuncie sobre ese aspecto, puesto que de no ser así, la actitud omisa del órgano jurisdiccional haría nugatorio el mandato legal, situación que jurídicamente no puede acontecer.".
Cabe señalar que en tratándose de incidentes de suspensión derivados de juicios de amparo indirecto, mismos que se llevan por cuerda separada, las partes deben cuidar en las materias civil, mercantil o administrativa, que en dichos cuadernos se haga constar el cumplimiento de los requisitos que para la validez legal de la autorización en los amplios términos señalados en el artículo 27 de la Ley de Amparo se establecen en el citado precepto, a efecto de que la persona autorizada pueda válidamente ejercitar las facultades que ahí se precisan, por lo cual, se reitera, dicha autorización en los términos establecidos debe quedar asentada tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión.
En mérito de todo lo anterior, procede desechar el presente recurso de revisión interpuesto por RAFAEL VALENZUELA NAVARRO, en supuesta representación de BANCO DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA, por provenir de persona que no se encuentra legalmente autorizada para intentarlo.
En similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de reclamación 3/94 administrativo, recurso de queja 3/94 administrativo, amparo en revisión 75/94 civil y amparo en revisión 87/94 civil.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por BANCO DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA, por su supuesto representante RAFAEL VALENZUELA NAVARRO.
SEGUNDO.-Queda firme la sentencia de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto número 634/93.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Lucio Antonio Castillo González, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/551-91313065/autorizado-en-los-terminos-del-articulo-27-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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