ESTADO DE CUENTA BANCARIO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EN TERMINOS DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.
AMPARO EN REVISION 390/93. BANCO DEL CENTRO, S.A.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El preinserto concepto de violación es en un aspecto infundado y en otro inoperante, de conformidad con los razonamientos que a continuación se precisan:
Es infundado el mismo cuando en él se alega que el Juez responsable, al pronunciar el fallo impugnado, se olvidó de acatar lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues en dicho precepto "... no se advierte la exigencia de que en los estados de cuenta certificados por el contador de las instituciones bancarias, se haga constar ni el crédito otorgado a los deudores ni el tipo de interés fijado...", sino que únicamente es menester que se señale un desglose pormenorizado de la cuenta en el que se incluyan el saldo vencido, los intereses normales y los intereses moratorios, y si en el caso concreto, se afirma, en el certificado que de su parte se allegó a la incidencia aludida se indicó el tipo de crédito, fecha de otorgamiento del contrato, inscripción de éste en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, amortizaciones de capital con sus fechas de vencimiento, y los intereses normales y moratorios, cuantificados en cantidades líquidas y la forma en que se determinaron éstas, apuntándose incluso las tasas que resultaron aplicables de conformidad con la cláusula cuarta del contrato base de la acción, debió concluir que el mismo sí merecía el valor que le confiere el precepto 68, sin que sea preciso se aduce, que en tales certificaciones se deba mencionar la base de referencia sobre la cual se calcularon los referidos intereses, como equivocadamente lo sostiene la responsable.
Así resulta dado que si el precepto en cita dispone que el estado de cuenta "hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios ...", lo que incluye consecuentemente no sólo el capital respectivo, sino los saldos que correspondan a los respectivos intereses devengados, de conformidad con el principio jurídico relativo a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es inconcuso que para otorgarle ese valor convictivo es necesario que se mencionen en él las operaciones que dieron como resultado el saldo que por concepto de intereses se pretende cobrar y la manera en que el monto de los mismos deriva del consenso base de la acción.
Al respecto, tiene aplicación el criterio que ha sostenido este Tribunal Colegiado, al resolver entre otros, el amparo directo civil número 658/91, promovido por Mario del Valle Gómez, por unanimidad de votos, con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, y que se contiene en la tesis que a continuación se transcribe: "ESTADO DE CUENTA BANCARIA. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EN TERMINOS DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.-No basta con que el contador de la institución bancaria actora certifique el saldo de la cantidad exigida al demandado para que dicho documento pueda ser considerado un estado de cuenta y, por ende, constituya un título ejecutivo junto con el contrato o póliza en que se hagan constar el crédito que otorgue aquella institución, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (que derogó el 52 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito), pues ello se deduce del texto del mismo numeral, que entre otros requisitos, dispone que el estado de cuenta '... hará fe, salvo prueba en contrario, en juicio respectivo para la fijación del saldo resultante a cargo del acreditado o mutuatario...'; luego, para ello es necesario que se mencionen en él las operaciones o cargos que dieron como resultado el saldo que se pretende cobrar y la manera en que el monto del adeudo deriva del consenso base de la acción; pues de no precisarse aquéllas, se deja al deudor en completo estado de indefensión frente a las reclamaciones de su contraparte, al no poder conocer de dónde surgió tal saldo ni cuáles fueron las operaciones que le dieron origen; y al no concluirse así en el fallo combatido, éste es violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso".
Por ello es que si en el caso concreto, en la cláusula cuarta del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción, se fijaron tasas base de referencia variables para cuantificar tanto los intereses ordinarios como los moratorios que resultaran que se actualizarían por orden de exclusión de darse los diversos supuestos que en tal cláusula se contemplan, que lo fueron: "... la que resulte mayor ya sea el costo porcentual promedio (CPP), del mes de que se trate publicado por BANCO DE MEXICO, o la tasa de rendimiento de los certificados de Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 (VEINTIOCHO) días, colocados en la última emisión primaria del mes correspondiente", conviniéndose además que "...en caso de que las tasas de referencia se desconozcan, porque se suprima el servicio de publicación que el BANCO DE MEXICO hace del costo porcentual promedio o porque no se emitan certificaciones de Tesorería a veintiocho días, la tasa que sustituirá el costo porcentual promedio será el promedio aritmético del costo de captación por concepto de tasa y sobretasa, en su caso, de interés de los pasivos en moneda nacional correspondiente a préstamos a empresas y particulares, depósitos a plazo, excepto a la vista y de ahorro, así como en su oportunidad, bonos bancarios; la tasa que sustituirá a los CETES en la modalidad indicada, será la tasa de rendimiento del instrumento financiero a plazo de 30 TREINTA DIAS y VEINTIOCHO DIAS que el mercado de dinero ofrezca la tasa más elevada ..."; es inconcuso que en la especie sí era necesario determinar, en el certificado contable que para cuantificar esos conceptos se anexara a la planilla de liquidación, cuál era la tasa base de referencia que se aplicó de las enumeradas en la cláusula cuarta del consenso base de la acción intentada, y las razones por las cuales se eligió una determinada de entre las diversas opciones que ahí se prevenían, a efecto de que la parte demandada hubiese estado en aptitud de impugnar ese concepto, por lo que si no se precisaron esas circunstancias en el que allegó a juicio la institución de crédito acreedora, indudable resulta, como correctamente lo concluyó el Juez responsable, que al mismo no podía conferírsele el valor convictivo que se precisa en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues dejó a los deudores en completo estado de indefensión frente a las reclamaciones de su contraparte, al no poder conocer de dónde surgió el saldo que se les exigió por concepto de intereses ordinarios y moratorios.
Al respecto, tiene aplicación por vía de orientación la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe que al finalizar el año de 1986, rindió su presidente, Segunda Parte, Sala Civil, número 87, visible en la página 66, que a la letra dice: "INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS. ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCION NO LE COMUNICO PREVIAMENTE EL MONTO LIQUIDO QUE DEBIA SATISFACER.-Es un hecho notorio que la determinación de intereses de tasa variable, supone un procedimiento complejo, sujeto a factores y conocimientos cuyo manejo escapa al común de la gente, mientras que los organismos financieros tienen a su disposición todo tipo de elementos y personal capacitado para hacerlo. Así, es de elemental justicia que el banco informe al obligado sobre la causación y en su caso el monto de tales intereses, pues lo que para el primero puede ser un procedimiento de rutina, con el que está familiarizado, para el segundo es un problema sumamente difícil de solucionar; en consecuencia, para sostener válidamente que una persona ha entrado en mora por no pagar dicho concepto, es menester demostrar que la misma tuvo oportuno conocimiento del saldo a su cargo, pues de no ser así, la pretensión en ese sentido resultará inadmisible.".
Luego, de conformidad con lo antes expuesto, es claro que ni el criterio antes transcrito, sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el sostenido por este Tribunal Colegiado, también reproducido con antelación, encuentran oposición a lo dispuesto en la tesis que invocó la parte quejosa en su concepto de violación del rubro: "ESTADO DE CUENTA. CERTIFICADO POR EL CONTADOR DE UNA INSTITUCION DE CREDITO. VALOR PROBATORIO DE", la que en consecuencia y contra lo que se arguye por la parte quejosa, no apoya los argumentos de ésta; debiendo decirse que por las razones vertidas, es que este órgano de amparo no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en la tesis intitulada "CERTIFICACION CONTABLE. EL ARTICULO 52 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO DE BANCA Y CREDITO NO EXIGE QUE SE HAGA CONSTAR EL TIPO DE INTERESES FIJADO EN LA", que se cita también en los conceptos de violación; sin que además en el caso concreto se actualice la hipótesis prevista en la diversa tesis del rubro: "CREDITO. CERTIFICADO DEL CONTADOR DE LA INSTITUCION ACREEDORA. HACE FE EN JUICIO RESPECTO A LA CANTIDAD QUE SE ADEUDE POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR EL CREDITO", dado que la misma se refiere más bien al supuesto en que se fije una sola tasa base de referencia, pero no cuando como en la especie, se contemplen varias de ellas que resultan aplicables una en lugar de otra por orden de exclusión, y siempre que se actualicen las hipótesis que al efecto se previenen.
Sin que pueda concluirse, como se pretende por la parte quejosa, que al haber conocido los aquí terceros perjudicados, al suscribir el contrato base de la acción, y de la lectura de su cláusula cuarta, los términos en que se fijarían los intereses, ello denotaba que en modo alguno les pudo dejar en estado de indefensión, el hecho de que en el estado de cuenta anexado a la incidencia de liquidación respectivo, no se haya indicado cuál de las tasas base de referencia que se enunciaron en la referida cláusula cuarta fue la que se aplicó para cuantificar las sumas que por concepto de intereses ordinarios y moratorios se les exigían; dado que si como ya se indicó, en la multicitada cláusula se precisaron diversas tasas base de referencia, que se actualizaban una en lugar de la otra, por orden de exclusión y en caso de darse los supuestos que para ello ahí mismo se contemplaban, esto es, aquéllos eran variables, es indudable que al celebrarse el consenso base de la acción, ni la propia institución bancaria sabía cuál de ellas resultaría finalmente aplicable en el caso concreto y menos aún puede concluirse que las conocía la parte aquí tercero perjudicada, por lo que sí era del todo necesario que, como ya tantas veces se indicó, se precisara cuál fue la tasa base de referencia que se aplicó por la institución acreedora para cuantificar los intereses ordinarios y moratorios que adujo le adeudaban los demandados, y las razones por las que consideraba que esa era la que se actualizaba de entre las diversas opciones que ahí se contenían, a efecto de que aquellos hubiesen estado en aptitud de cerciorarse si el banco acreedor se apegó a las bases convenidas para ello en la cláusula cuarta plurialudida para impugnar, en su caso, los conceptos respectivos; y si así no lo hizo la aludida institución de crédito en el certificado contable que anexó a su planilla de liquidación, en la que se limitó a señalar el porcentaje mensual que para fijar la suma que por concepto de intereses y respecto a cada mes debían cubrir los demandados, el certificado contable que allegó a juicio de su parte, no puede merecer el valor convictivo que precisa el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Ahora bien, no es ilegal que el Juez responsable haya emprendido el examen de si el estado de cuenta que se anexó a la planilla de liquidación en cita precisaba o no cuál fue la tasa base de referencia, para cuantificar los conceptos que por intereses ordinarios y moratorios se exigían a la parte demandada, pues contra lo aducido en ese sentido, ello sí fue materia de la litis planteada ante dicha autoridad, ya que al contestar la incidencia de liquidación respectiva, a efecto de oponerse al cobro de tales conceptos, la parte aquí tercero perjudicada literalmente adujo: "... II. Por lo que respecta los intereses naturales, solicito sea reprobada esta partida que alcanza la cantidad de 14,599.69 nuevos pesos, puesto que de la certificación de adeudos con que pretende acreditar estos intereses no especifica el contador del banco de dónde la sacó y qué bases tuvo para hacerlo, ni qué operaciones aritméticas realizó para llegar a este rendimiento. El anexo con el que pretende explicar el banco actor de dónde proviene esta cantidad de dinero es inatendible, puesto que se limita a señalar cantidades de dinero causadas hasta el mes de noviembre de 1990, pero dicho anexo no explica de dónde tomó el contador las bases para sacar los porcentajes allí indicados, ni qué operaciones aritméticas realizó, ni el procedimiento contable seguido para llegar a tales rendimientos y en estas condiciones, deja a mis mandantes en estado de indefensión, pues al no tenerse las bases que tomó el banco para cuantificar los intereses normales, es imposible ofrecer prueba en contrario. III. Por lo que respecta a esta partida de intereses moratorios también la objeto y solicito su reprobación por la suma reclamada de nuevos pesos 111,909.25, dada la razón de que la certificación de adeudos anterior no es documento suficiente y bastante para acreditar tales rendimientos ni sus anexos, puesto que no explica el contador del banco de dónde tomó las tasas de porcentaje para cuantificar los mismos, no explica las operaciones aritméticas ni métodos científicos seguidos para llegar a tales rendimientos dejando a mis mandantes en estado de indefensión, pues al no conocer las bases y procedimientos para cuantificar intereses moratorios no se pueden destruir los mismos ni ofrecer prueba en contrario".
Consecuentemente, al ocuparse de esa circunstancia el juzgador responsable a efecto de determinar si el certificado de referencia era apto o no para probar el monto de intereses que se exigía a los demandados en la incidencia de liquidación aludida, en modo alguno contravino lo ordenado en la tesis jurisprudencial del rubro: "SENTENCIAS CIVILES", cuyos datos de localización y contenido literal precisa en el concepto de violación que se examina y que por economía procesal aquí se dan por reproducidos, por lo que no tenían porqué declararse insuficientes e inoperantes las aludidas objeciones opuestas, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio.
Ni tampoco es cierto que la autoridad responsable haya confundido al pronunciar la sentencia impugnada, el concepto de tasa base de referencia con el diverso relativo a la tasa de los intereses, pues con claridad aludió al primero de ellos, señalando que siendo variable, de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta del consenso base de la acción, sí debió especificarse a cuál fue a la que se atendió en el estado de cuenta que se anexó a la planilla de liquidación respectiva, a efecto de que el mismo pudiera tener los alcances demostrativos previstos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En resumen, como el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que el estado de cuenta certificado por el contador de esos organismos "... hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios ...", lo que incluye no únicamente el capital adeudado sino los saldos que correspondan a los intereses devengados, de conformidad con el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, de lo que se deduce, que para que merezcan ese valor convictivo en los correspondientes juicios los certificados contables, es necesario que se mencionen en ellos las operaciones que dieron como resultado el saldo que por concepto de intereses se pretende cobrar y la manera en que el monto de los mismos deriva del consenso base de la acción, criterio éste que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras, en la segunda tesis que antes se transcribió, y que también ha sostenido este Tribunal Colegiado y se contiene en la tesis que en primer lugar se reprodujo; es incontrovertible jurídicamente que cuando se pacten tasas base de referencia variables, como las que se convinieron en la cláusula cuarta del consenso base de la acción, es menester especificar en dicho estado de cuenta cuál fue la que se eligió de las ahí previstas por la institución bancaria al verificar la liquidación de los intereses respectivos, y las razones por las que así lo hizo, a efecto de que la parte demandada, en su caso, esté en aptitud de impugnar ese concepto, pues de no precisarse esas circunstancias, se deja al deudor en completo estado de indefensión frente a las reclamaciones de su contraparte, al no poder conocer de dónde surgió el saldo que por concepto de intereses ordinarios y moratorios se le exigieron ni cuáles fueron las operaciones que le dieron origen, por lo que al concluirlo de ese modo el Juez responsable y considerar que al no precisarse dicha tasa base de referencia en el certificado contable que se anexó a la planilla de liquidación respectiva, el mismo no podía tener los alcances probatorios previstos en el artículo 68, obró con apego a derecho.
Por otra parte, no es verdad que el Juez responsable en el fallo impugnado, haya conferido pleno valor convictivo al certificado contable de mérito al aprobar parcialmente las partidas relativas a capital e intereses ordinarios y moratorios y que con ello se torne incongruente dicha resolución; pues si dicha autoridad lo concluyó así en la sentencia combatida, lo fue no con apoyo en la justipreciación de tal documento, sino porque al pago de esas sumas en cantidad líquida resultaron condenados los aquí terceros perjudicados en sentencia definitiva, "... por lo que éste no es el momento procesal oportuno para determinar su procedencia o improcedencia".
Asimismo, no es cierto que la responsable haya estado obligada a acatar, atendiendo a lo precisado en la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "PRUEBAS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER A TODAS LAS QUE SE HALLEN EN AUTOS", el criterio que aplicó al pronunciar la sentencia de remate en el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado y que corroboró la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, al confirmar en sus términos dicho fallo cuando resolvió el recurso de apelación que contra la misma se hizo valer por Alfonso Herrera Zavala y Ana María Zavala viuda de Herrera, en el sentido de que el certificado contable que se exhiba en los juicios ejecutivos mercantiles en los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no debía reunir todos los requisitos que ahora adujo sí ameritaba contener para hacer fe plena al tenor del aludido numeral; pues aunque dichos fallos obren en autos y como tales merezcan pleno valor convictivo, en principio dichas resoluciones no versaron sobre la litis que ahora se planteó, y en ellos se justipreció un certificado contable diverso al que se anexó a la planilla de liquidación respectiva, por lo que no estaba obligado a ajustarse a tal valoración, por decidir una controversia diversa a la aquí planteada; pero además porque el criterio que en ese sentido haya sustentado, puede modificarlo como ahora lo hizo, siempre y cuando dé razones legales para ello, como acaeció en el caso concreto, las que fundó y motivó debidamente como ya se puso de relieve, por lo que con ello no irrogó ningún perjuicio a la institución de crédito quejosa.
Finalmente, aunque es fundado el concepto de violación a examen en que se aduce que la autoridad responsable se excedió de la litis incidental que le fue planteada cuando al pronunciar el fallo reclamado, se ocupó de la cuestión relativa a que en caso de haberse cuantificado los intereses de referencia con base en el denominado costo porcentual promedio, de cualquier modo correspondía a Banco del Centro, S.A., acreditar en autos cuál fue éste, habida cuenta que los informes que a ese respecto rinde el Banco de México y se publican en el Diario Oficial de la Federación, no constituyen disposiciones jurídicas emanadas del Poder Legislativo, con los atributos de generalidad y coercitividad, por lo que entonces no estaban obligados a conocerlos los aquí peticionarios de garantías, invocando para fundar su aserto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, contenido en la tesis del rubro: "COSTO PORCENTUAL PROMEDIO. PRUEBA DEL.", pues efectivamente esos argumentos nunca se hicieron valer por vía de excepción por los aquí terceros perjudicados.
Sin embargo, el mismo no es apto para modificar el sentido de la resolución impugnada pues por las razones ya expuestas, el diverso argumento que vertió a efecto de concluir que el certificado contable exhibido por la institución de crédito acreedora a su planilla de liquidación no era apto para demostrar los intereses ordinarios y moratorios que se exigían en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito al no especificarse en él la tasa base de referencia, es legal y amerita subsistir en sus términos ante lo infundado de los conceptos de violación contra ella vertidos, siendo suficiente por sí solo para continuar rigiendo el sentido de la resolución impugnada.
En esas condiciones, habiendo resultado infundado en un aspecto y aunque fundado inoperante en otro el concepto de violación formulado por la parte quejosa, y no siendo en esa virtud el acto reclamado violatorio de garantías individuales en perjuicio de Banco del Centro, S.A., se impone confirmar la resolución que se revisa y negarle el amparo y protección de la justicia federal que solicita.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se CONFIRMA la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a BANCO DEL CENTRO, S.A., contra el acto que reclamó del Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, que precisado quedó en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, licenciados: Raúl Murillo Delgado, Juan Díaz Ponce de León y Salvador Enrique Castillo Morales, habiendo sido relator el tercero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1136-e2df05e6/estado-de-cuenta-bancario-requisitos-que-debe-reunir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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