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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL. COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA. COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES TRANSGREDE EL DERECHO A VOTAR Y LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES RESTRINGE LA FACULTAD QUE AQUÉLLOS TIENEN EN EL ÁMBITO DE SU VIDA INTERNA PARA ESTABLECER REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 78, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL REGULAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR SUS ACTIVIDADES, SE APEGA A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTIDOS POLÍTICOS. LA DELEGACIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL LEGISLADOR ORDINARIO RESPECTO DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU CREACIÓN, DEBE ATENDER A LOS PRINCIPIOS QUE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO NO LE RESULTA APLICABLE. RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 3, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN CUANTO REGULA LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN ESOS MEDIOS NO TRANSGREDE LAS LIBERTADES DE COMERCIO, EXPRESIÓN E IMPRENTA. RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES AL REGULAR LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN ESOS MEDIOS NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN. RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES SE APEGA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL REGULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS QUE CORRESPONDEN EN ESOS MEDIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS COALICIONES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. · Registro digital (IUS): 21221
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 532.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día ocho de julio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escritos presentados el doce y trece de febrero de dos mil ocho, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el domicilio particular de la funcionaria autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Luis Maldonado Venegas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia; Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; Jorge Antonio Kahwagi Macari, en representación del Partido Político Nacional Nueva Alianza; Alberto Begné Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata; Jorge Emilio González Martínez, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México; promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Cámara de Diputados,

b) Cámara de Senadores, y

c) Presidente de la República.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicaron: En general, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho; el cual abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de agosto de mil novecientos noventa. En particular, diversos artículos del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se muestra a continuación:

Convergencia:

"Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008."

Partido del Trabajo:

"El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna."

Nueva Alianza:

"Lo constituyen los artículos 48, numerales 2, 3, 4, 5 y 7; 50; 52; 53; 54; 56; 59, numeral 3; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 73;74; 85; 96, numeral 5; 98, numeral 7; 341, párrafo 1, inciso d); el artículo 352, párrafo 1, inciso b); y el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción II, del decreto que expidió las disposiciones legales citadas (anexo dos), promulgadas por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y editadas el lunes catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación."

Alternativa Socialdemócrata:

"El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en específico los artículos 28 y 95, puntos (sic) 9 y 10, publicados por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, y por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990."

Partido Verde Ecologista de México:

"Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008."

SEGUNDO. Artículos constitucionales que se señalan como violados. Los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas estiman que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 3o., fracción II, inciso a), 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II, III, 36, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 51, 54, 56, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 80, 99, 116, 124, 128, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Trámite de la acumulación. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas, para que fungiera como instructor del procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 62/2008 promovida por Convergencia, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por ende, el expediente correspondiente a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 63/2008 promovida por Nueva Alianza, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 62/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y, remitió por ende, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

En proveído de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 64/2008 promovida por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008 y 63/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 65/2008, promovida por el Partido Verde Ecologista de México, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008, 63/2008 y 64/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

CUARTO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes son los siguientes:

1. Partido Político Nacional Convergencia.

"Luis Maldonado Venegas, en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, partido político nacional, cuyo registro partidario y personalidad con que me ostento, acredito en términos de las certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, la oficina que ocupa la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, edificio ‘A’, planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan de México, Distrito Federal; presento con las facultades de representación que me confiere el artículo 17 numeral 3, inciso r), de los estatutos del partido, acción de inconstitucionalidad en contra de diversos ordenamientos contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designo como delegados para que formulen promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los CC. Licenciados Gerardo Tapia Latisnere, Juan Miguel Castro Rendón y Guillermo Garduño Aguilar, ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer: Que con fundamento en los artículos 104, fracción IV; 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.; 10, fracción I y II, en relación con el 59; 60; 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o. y 10 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por este medio, vengo a nombre de Convergencia, partido político nacional, a promover acción de inconstitucionalidad, pidiendo la intervención del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación, de las modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria en cita, además de los ya expresados, manifiesto los siguientes: I. Actor. Convergencia, partido político nacional, promoviendo en su nombre y representación, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. II. Órganos legislativos y ejecutivo, que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas: A. Lo es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, como autoridad que emite el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66 colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal, y en la calle de Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, respectivamente; como autoridades que abrogan también el código de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. B. Lo es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para promulgar y publicar los decretos que emita el honorable Congreso de la Unión, como en el caso, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Diario Oficial de la Federación (cuarta sección), de fecha 14 de enero de 2008, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, domicilio conocido en esta ciudad capital. C. Lo es el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, quienes tienen su domicilio en la Secretaría de Gobernación, calle de Bucareli número 99, colonia Juárez y en Río Amazonas número 62 colonia Cuauhtémoc, respectivamente, ambos en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado - decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008. IV. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Lo son los artículos 6o.; 9o.; 13; 14; 16; 25; 26; 28; 35 fracciones I, II y III; 39; 40; 41, fracciones I; II; III y V; 65; 66; 70, párrafo tercero; 71; 72; 73; 116; 124; 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley para la Reforma del Estado. Lo anterior se sustenta en los siguientes: Antecedentes 1. El trece de abril del año dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Reforma del Estado, cuyo objeto precisado en el artículo 1o., es el de ‘establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano’. Constituyendo para tal fin, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado mexicano, quedando integrada por los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las comisiones de reforma del Estado de cada una de las Cámaras, así como, de manera optativa en cuanto a su participación, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación. Dicha comisión, cuenta, dentro de sus atribuciones, con la de ‘promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que siga el proceso constitucional respectivo’. Los acuerdos de la reforma del Estado, de conformidad con la ley, deben de ser producto del máximo consenso posible. Señalando como etapas del proceso de negociación y construcción de acuerdos: 1) Presentación de propuestas, 2) Consulta pública, 3) Negociación y construcción de acuerdos, 4) Redacción de los proyectos y 5) Aprobación, firma y presentación de iniciativas. Destacando dentro de los temas, sobre los que debía pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales, el de la Democracia y el Sistema Electoral. 2. Presuntamente, como producto de lo anterior, el jueves 29 de noviembre de 2007, en reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, realizada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se acordó presentar ante el Senado de la República, como Cámara de Origen la iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa en comento fue dictaminada y aprobada por el pleno del Senado de la República, el cinco de diciembre del año dos mil siete y enviada a la colegisladora, quien la aprobó en la sesión correspondiente al once de diciembre del mismo año. 3. Siendo el catorce de enero del año dos mil ocho, cuando se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, sin cumplir con la inmediatez que debe existir entre la aprobación y promulgación de una ley, motivos por los cuales, se formula la presente acción de inconstitucionalidad, esgrimiendo los conceptos de invalidez que a continuación se precisan, y cuya resolución en ese sentido, se demanda de ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ‘Procedencia de la acción de inconstitucionalidad’. La presente vía es procedente esencialmente, porque la actividad del Poder Constituyente Permanente violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del Estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental. En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo de México a través de su Congreso Constituyente y, en ese sentido, el Poder Constituyente Permanente regulado en el artículo 135 de la Constitución General de la República, puede modificar o adicionar el texto mas no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el creador de la Constitución. Lo anterior es así, ya que de otra forma la soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada y no se puede dejar pasar que el único autorizado por nuestra Carta Magna para modificar la voluntad popular es el propio pueblo. Sobre el particular se debe destacar que la doctrina del derecho constitucional comparado ha generado a través de la historia tres corrientes fundamentales, una, que se refiere a que los textos constitucionales del orden democrático no deben ser modificados por ningún otro poder distinto a aquel que lo creó, una segunda corriente que señala que es menester que tengan verificativo modificaciones constitucionales para evitar revoluciones de tal forma que la Constitución se adapte a la realidad social y una tercera corriente que ha prevalecido es en el tenor de que, es menester que las Constituciones adapten sus aspectos específicos a la realidad social, pero que para que ello tenga verificativo, se respeten los principios y valores de la propia Ley Suprema. En este orden de ideas, para respetar el propio régimen constitucional las leyes que de ella emanen, deben ser acordes a los principios democráticos del régimen de que se trate. No es menor la apreciación en el sentido de que a través de las últimas décadas, en muy diversas naciones democráticas, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, solamente es posible que esto tenga verificativo cuando se refiere a alguna decisión jurídico-político fundamental, sí y solo mediante consulta al pueblo. En el caso que nos ocupa, se establecieron por cinco de los partidos políticos nacionales y sus grupos parlamentarios, diversas decisiones jurídico-político fundamentales, que han sido violentadas por el Poder Constituyente Permanente de los tres partidos mayoritarios. Vulnerando los dogmas establecidos por los artículos 35, 39 y 41 de nuestra Carta Magna. Dichas violaciones desde luego que son en agravio de los ciudadanos y de aquellos partidos políticos, como es nuestro caso, que tienen la característica en nuestro régimen democrático de derecho, de ser partidos emergentes y que en nuestro régimen pluripartidista resultan vulnerados per se, en el entendido de que con su conculcación también se altera el propio régimen pluripartidista para convertirlo, de facto, y como resultante, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y de las nuevas fuerzas políticas reconocidas por nuestro régimen constitucional. La serie de infracciones a nuestro régimen constitucional

en agravio de la ciudadanía, hallan sustento en el artículo 35 de la Ley Fundamental, y en el artículo 41, no sólo congruencia, sino identidad, en cuanto a su oposición respecto de las convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, como en cada uno de los conceptos de invalidez se pasará en su momento a explicar, ya que se trata de principios, ahora universales de todo régimen democrático y que obligan a nuestra nación. Incluso, como en su momento, los propios órganos de carácter jurisdiccional internacional, se han pronunciado sobre el particular. Por cierto, hablando de la doctrina internacional, bastaría citar para ilustrar este aspecto, a Maurice Hauriou, quien alude al concepto de superlegalidad constitucional, a Karl Schmidt, quien las refiere como decisiones político-jurídico fundamentales, así como a George Bourdeu, William Marbury y Constan Mortati, quienes expresamente señalan que ‘el control de constitucionalidad de que disfruta la corte constitucional se extiende a las normas emanadas del Poder Constituyente Permanente’. Pero también la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular, dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente está acotado destacan, por tan sólo citar a algunos de ellos José María del Castillo Velasco; Emilio O. Rabasa, Luis Felipe Canudas Oreza y Guilebaldo Murillo por lo que hace a los siglos XIX y XX. De forma muy destacada debemos aludir al ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, quien nos dice que por vía de reforma o adición, en efecto nada escapa a la competencia del Poder Constituyente Permanente (y aquí viene la limitante), con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. De acuerdo con lo anterior, don Felipe Tena Ramírez participa con toda convicción de la tesis en el sentido de que, para que subsista el régimen constitucional no pueden ni deben modificarse, ni tampoco atentar contra aquellos principios que la conciencia histórica y del país y de la época considere esenciales para que exista una Constitución. De lo anterior se concluye que, en el caso que nos ocupa, los principios de libertad de asociación, equidad electoral, democracia representativa, democracia deliberativa, pluripartidismo, y libertad de expresión, por tratarse de principios de la conciencia histórica del país y de la época, se consideran esenciales para que existan leyes emanadas de una Constitución; éstos no pueden ni deben ser vulnerados por el Poder Constituyente Permanente como en la especie en efecto ocurrió con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales. En ese sentido, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘LEYES ELECTORALES ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, procedo respetuosamente, a describir los conceptos de invalidez correspondientes: Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo, establecido en la Ley para la Reforma del Estado. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. La norma general cuya invalidez se demanda, vulnera los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 41 fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes consideraciones: Los preceptos constitucionales que se estima violados establecen: ‘Artículo. 14.’ (se transcribe). De la lectura de la anterior trascripción se advierte, que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución Federal, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de cualquier acto de autoridad cumplan con una serie de requisitos necesarios como (sic) conocidos como formalidades esenciales del procedimiento. La ley combatida, debe considerarse como un acto arbitrario y anárquico, porque en el procedimiento que debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para la Reforma del Estado establecen. Ello es así, porque todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de legalidad y de seguridad jurídica, y por ende, que no se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, afirmamos que en la aprobación y promulgación del decreto que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, existen vicios de carácter formal, que hacen que exista una violación a las leyes del procedimiento y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 14, por las siguientes razones: Si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores manifiestan haber turnado iniciativa con proyecto de decreto suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hayamos arribado a un amplio consenso. Como ya se expresó, la Ley para la Reforma del Estado promulgada el trece de abril del presente año, en su artículo 1o. señala que el objeto de la misma es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, y en su artículo 8o. precisa que para que la Comisión Ejecutiva y las Subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse las dos terceras partes de sus miembros, que las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes, lo cual en el caso que nos ocupa, no se cumplió. Asimismo en su artículo 9o., el ordenamiento legal invocado, establece que el proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas: I. Presentación de propuestas; II. Consulta pública. III. Negociación y construcción de acuerdos. IV. Redacción de los proyectos, y V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas. De los preceptos legales anteriormente señalados, se desprende con meridiana claridad que para que se diese cumplimiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, era necesario haber sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva el proyecto de iniciativa para su aprobación, firma y posterior presentación, sin embargo, con ello no se cumplió. Así también, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece en la fracción II del artículo 7o. el derecho y obligación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva, privándonos del derecho de igualdad en la discusión y aprobación de la ley que ahora se impugna. No omitiendo señalar que el procedimiento legislativo que se menciona, se encuentra viciado de origen, como se verá a continuación: El proyecto de dictamen de fecha 5 de septiembre del año 2007 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que anexe en copia certificada a la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2007, el cual hago consistir en que de dicha documental se reconoce que fue turnada iniciativa con proyecto de decreto presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PT que la suscribieron, en el último día de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual es evidente constituye una violación al artículo 135 de la Constitución Federal, puesto que dicho precepto constitucional no faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para conocer de iniciativas de reformas a la Constitución, ya que únicamente la faculta para hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, por tanto si la reforma constitucional emana de un procedimiento que originalmente es considerado inconstitucional se conculca en perjuicio del partido político que represento el artículo 14 de la Carta Magna. Abundando en lo anterior, se conculca a su vez la Ley para la Reforma del Estado, puesto que en dicho ordenamiento legal, se estableció un procedimiento según se señala en la fracción IV del artículo 4o. para ‘Promover la presentación, ante la Cámara de Diputados y Senadores, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo’, en el precepto citado no (sic) se faculta a los sujetos legitimados para promover la presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por tanto, la iniciativa presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados que la suscribieron con él, violaron la Ley para la Reforma del Estado y en consecuencia el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 4o. De lo anteriormente manifestado, se concluye que la reforma constitucional, vulneró al proceso de creación de la propia reforma y por consiguiente a la ley secundaria, sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcrib

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21221-55e5fb12/candidaturas-independientes-ciudadanas-o-no-partidarias-al-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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