Corpus
Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO. NO ES APLICABLE LA REDUCCIÓN DE LA PENA A QUE SE REFIERE LA LEGISLACIÓN PENAL EN DELITOS CULPOSOS O IMPRUDENCIALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21241
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRAT
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en relación a una materia que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. En un aspecto diverso, y como ya se precisó, este juicio de garantías se encuentra relacionado con el diverso **********, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se concedió al quejoso la protección constitucional al advertir que la Sala responsable había dejado de observar las garantías individuales tuteladas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implicaba la adecuada fundamentación y motivación del acto reclamado, bajo la consideración toral de que la autoridad responsable no había justificado por qué se había soslayado el contenido del artículo 75, segundo párrafo, del Código Penal vigente en el Estado, que establece que, en tratándose de ilícitos culposos, las penas y las medidas de seguridad deben aplicarse hasta en la mitad de las correspondientes al delito doloso, en cuantía o duración; a efecto de determinar el monto de la indemnización y de la reparación del daño material ocasionado a la ofendida.

"Por lo tanto, procede ahora, en suplencia de la queja prevista por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ante la omisión total del quejoso de formular conceptos de violación al respecto, analizar la justificación legal que la Sala responsable vertió con relación a la inaplicación del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado, sobre la condena contenida en los rubros de reparación del daño e indemnización.

"Sobre el tópico, la autoridad responsable dispuso, en esencia: (se transcribe)

"Sobre el tópico, este tribunal estima que contrariamente a lo afirmado por la autoridad responsable, en tratándose de delitos culposos, la relativa a la reparación del daño no es susceptible de ser excluida de las penas y medidas de seguridad a que alude el segundo párrafo del artículo 75 del Código Penal local.

"...

"No obstante lo anterior, y sin que este órgano jurisdiccional desconozca tales razonamientos esgrimidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede coincidirse con la autoridad responsable cuando expone que no obstante que el segundo párrafo del artículo 75 del Código Penal del Estado prevé que las demás penas que deban imponerse por la comisión de un delito culposo, diferentes a la de prisión, multa, suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio, previstas por el primer párrafo de ese numeral, deberán establecerse hasta en la mitad de cuantía o duración de las que les correspondería en caso de que el delito fuera cometido con dolo; esa limitación no debe ser aplicada a los rubros que ahora se analizan, en la medida en que de hacerlo, no se justificaría que la reparación del daño estuviera íntimamente ligada al concepto indemnizatorio a que se refiere el texto constitucional, que estuviese considerada como pena pública, y que, además, se encuentre regulada por un capítulo especial en la legislación sustantiva penal vigente en el Estado.

"Lo anterior, aunque en efecto en el Código Penal vigente exista un capítulo especial que regule, de manera general, la reparación de daños y perjuicios, y cuyos numerales son del tenor siguiente: (se transcribe)

"Como puede advertirse, las disposiciones del Código Penal vigente en el Estado recién transcritas, si bien revelan el espíritu reivindicatorio de la institución jurídica de la reparación del daño, no disponen, de manera alguna, que deba operar alguna excepción relacionada, precisamente, con la punibilidad de los delitos culposos, ni de ninguna otra disposición legal contenida en el Código Penal del Estado, se advierte así.

"Por el contrario, el artículo 75 del ordenamiento legal en consulta establece, textualmente: (se transcribe).

"El primer párrafo de este numeral, acota de igual forma, que aun dentro de estos parámetros, ninguna de las penas precisadas podrá exceder de la mitad de aquélla que correspondería imponer si el delito hubiese sido doloso.

"Esta es la regla general contenida en la disposición legal en análisis, que en su segundo párrafo, dispone de manera particular, que el resto de las penas o medidas de seguridad se aplicarán hasta en la mitad de las correspondientes al delito doloso, en cuantía o duración.

"Por su parte, los artículos 27 y 28 del Código Penal vigente en la entidad, prevén cuáles son las penas y medidas de seguridad; y en particular, en su fracción V, el primero de los numerales citados establece de manera precisa que la reparación de daños y perjuicios, es considerada como una pena, tal como se advierte de su transcripción: (se transcribe).

"Destaca, además, que por disposición expresa del artículo 29 del código sustantivo en consulta, las penas y medidas de seguridad se entienden impuestas en los términos y con las modalidades señaladas por el propio código, por lo que si la legislación penal no establece excepción alguna a la regla particular contenida en el segundo párrafo del artículo 75 en estudio, relativa a que las demás penas o medidas de seguridad se aplicarán, en tratándose de delitos culposos, hasta en la mitad de las correspondientes al delito doloso en cuantía y duración, es evidente que al estar prevista la reparación del daño como pena, en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción V, del Código Penal local en vigor, debe considerarse que actualiza la hipótesis en que debe operar la reducción del monto determinado por este concepto.

"...

"Sin que de los motivos expuestos por el legislador se derive excepción alguna respecto a la exclusión de la pena de reparación del daño de la regla contenida en el segundo párrafo del numeral 75 en análisis, como para convenir con la autoridad responsable en el sentido de su fallo.

"No deja de advertirse, se insiste, en que el texto constitucional que elevó al rango de garantía individual el derecho de la parte ofendida a que se le repare el daño causado con motivo de un hecho delictivo, también otorga a esta figura jurídica la calidad de pena pública, en la medida en que esa reparación comprende la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el pago de su precio.

"Sin embargo, no puede soslayarse que si bien es cierto que la figura de la reparación del daño se encuentra íntimamente relacionada con aspectos indemnizatorios regulados en un capítulo independiente denominado igualmente reparación de daños y perjuicios; también lo es que el segundo párrafo del artículo 75 del Código Penal local no hace distinción alguna con relación a este concepto, y en esa medida, no le es dable al juzgador distinguir cuando la norma es precisa en establecer un beneficio en tratándose de la comisión de delitos culposos.

"...

"Bajo tales premisas, en suplencia de la queja en términos de lo que dispone el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en atención a las conclusiones a que se arribó en los considerandos sexto y séptimo de esta ejecutoria, lo procedente es, entonces, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable cuantifique de nueva cuenta el monto de la reparación del daño, atendiendo a los siguientes lineamientos:

"...

"2. Deberá aplicar para la cuantificación de la reparación del daño, la regla a que se refiere el segundo párrafo del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado, estableciendo de manera razonada el porcentaje de disminución que considere procedente atendiendo a las particularidades del asunto.

"...

"OCTAVO. Debe ponerse en relieve que las consideraciones anteriores son coincidentes con aquéllas que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis XXVII.7 P, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, Materia Penal, página ochocientos veintitrés, que a la letra dice:

"‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS CULPOSOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).’ (se transcribe).

"Sin embargo, este tribunal advierte que el principio rector de ese criterio jurisprudencial se opone al sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el criterio jurisprudencial identificado con el número XXI.1o.P.A.28 P, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, página dos mil cuatrocientos setenta, que a continuación se transcribe:

"‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS IMPRUDENCIALES. AL TENER EL CARÁCTER DE SANCIÓN PÚBLICA E INDEMNIZATORIA NO LE ES APLICABLE AL PAGO DE SU MONTO LA REDUCCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO.’ (se transcribe)

"...

"Conviene precisar que el criterio que se adoptó en esta ejecutoria, como ya se apuntó, coincide con el sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el sentido de que tratándose de la reparación del daño en delitos culposos, debe aplicarse al pago de su monto, la reducción a que se refiere la norma sustantiva, por no existir disposición expresa en contrario en el Código Penal; en tanto que acorde con la legislación del Estado de Guerrero, interpretada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y de contenido similar a la del Estado de Querétaro y a la de Quintana Roo (con base en la cual se emitió la tesis jurisprudencial que se estima contradictoria), se privilegia la interpretación de la norma en el sentido de que al tratarse de una pena pública, la reparación del daño debe ser excluida de la regla que prevé su reducción en tratándose de delitos no cometidos de manera dolosa. ..."

TERCERO. Los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el anterior Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, son los que a continuación se precisan:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Por otra parte, en relación con los conceptos de violación, cabe señalar que no asiste razón al quejoso, en cuanto aduce indebida aplicación de los numerales que sirvieron de base a la autoridad responsable para cuantificar la condena de reparación del daño material, toda vez que los numerales 24, 32, 34, 35, 39, y 60 del Código Penal disponen: (se transcribe).

"De lo antes transcrito se colige que si bien conforme la legislación del Estado de Guerrero, la reparación del daño tiene la naturaleza de una sanción pecuniaria, porque específicamente el numeral 32 del citado conjunto normativo le da dicha connotación y, por ello, pudiera equipararse a la hipótesis consignada en la fracción VIII del numeral 24 del mencionado ordenamiento, que se refiere a la sanción pecuniaria como una medida de seguridad; sin embargo, no le resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 60 ya citado, debido a que el diverso dispositivo 35, del citado conjunto normativo expresamente le da el carácter de pena pública, equiparable a la privativa de libertad, de ahí la imposibilidad de aplicar en beneficio del quejoso, en lo que atañe al tema de la reparación del daño, el segundo párrafo del artículo 60 del mencionado ordenamiento, en donde se establece la obligación del juzgador de reducir hasta la mitad las condenas de las demás penas o medidas de seguridad.

"Así se considera, porque la idea del legislador al aprobar el texto del segundo párrafo del artículo 60 ya señalado, de reducir hasta en una mitad las demás penas y medidas de seguridad, fue sancionar la conducta imprudencial del activo, únicamente por lo que se refiere a las penas comprendidas en el tipo penal del delito de que se trate, relacionadas con la prisión, y en su caso, la sanción pecuniaria traducida en multa, pero en forma alguna puede abarcar la reparación del daño, debido a que su naturaleza se encuentra íntimamente relacionada con aspectos indemnizatorios regulados en el capítulo independiente denominado igualmente reparación del daño.

"La anterior interpretación no abarca la reparación del daño, no obstante de que la legislación del Estado de Guerrero concibe a este concepto como sanción pecuniaria, en razón de que la reparación tiene el carácter de pena pública, cuyo objetivo es resarcir al sujeto pasivo del delito de los daños y perjuicios, traducidos en la restitución de la cosa obtenida por el delito, o el pago del precio de la misma, o bien, la indemnización del daño material y moral causados por la conducta lesiva del activo.

"...

"Por los motivos apuntados, no es procedente disminuir hasta en una mitad la condena de la reparación del daño, la cual corresponde a derecho, en virtud de que se atendió a la regla general contenida en el numeral 39, complementada con lo dispuesto en los artículos 1767 del Código Civil, y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: (se transcribe).

"De lo antes inserto se advierte que tratándose de la indemnización por muerte, la reparación del daño debe cuantificarse en base al importe de 730 días de salario mínimo general, vigente en la zona donde ocurrieron los hechos, que al día veinticinco de febrero de dos mil tres, era de $40.30 (cuarenta pesos 30/100 M.N.), cantidad que elevada al cuádruplo, da un importe de **********, el cual multiplicado por 730 (setecientos treinta) días, arroja un total de **********, al cual la autoridad responsable aumentó el importe de gastos erogados y comprobados por el agraviado al ingresar al Hospital Central Militar, por ********** da un total de **********, proceder que se estima apegado a derecho, en la medida que corresponde a lo establecido en los dispositivos que regulan la condena de la reparación del daño, tratándose de delitos imprudenciales, además, porque dichos gastos forman parte de la reparación del daño, porque fueron gastos erogados con motivo del accidente de tránsito. ..."

La resolución anterior, dio origen a la tesis aislada, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIII, enero de 2006

"Tesis: XXI.1o.P.A.28 P

"Página: 2470

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS IMPRUDENCIALES. AL TENER EL CARÁCTER DE SANCIÓN PÚBLICA E INDEMNIZATORIA NO LE ES APLICABLE AL PAGO DE SU MONTO LA REDUCCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO. Es evidente que el precepto legal invocado al señalar en su párrafo primero, que ese tipo de ilícitos se sancionarán con prisión que no excederá de la mitad de la señalada para el delito si éste hubiese sido doloso y establecer en su párrafo segundo que las demás penas o medidas de seguridad se aplicarán hasta en la mitad de las correspondientes al delito doloso en cuantía y duración, no incluyó el concepto de la reparación del daño, para que su monto pudiera ser reducido hasta en una mitad, no obstante que los artículos 24, fracción VIII y 32 del código punitivo estatal mencionen que la reparación y la multa constituyen sanciones pecuniarias y que éstas se enlisten dentro de las penas y medidas de seguridad previstas en la propia ley. Lo anterior es así, ya que de la interpretación armónica de las disposiciones relacionadas con la reparación, se concluye que la reducción hasta en una mitad sólo comprende la pena prevista para el tipo penal relacionada directamente con la prisión, así como la sanción pecuniaria vinculada exclusivamente con la multa, pues de otra manera no se explica que la reparación se encuentre íntimamente relacionada con aspectos indemnizatorios regulados en un capítulo independiente, e incluso, tenga el carácter de sanción pública y general para todos los delitos con el fin de coadyuvar al restablecimiento del orden jurídico alterado por el ilícito, según lo que disponen los artículos 35 y 39 de la propia legislación penal, en relación con diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, cuyo objetivo es resarcir al sujeto pasivo la totalidad y no sólo una parte de los daños y perjuicios ocasionados, traducidos en la restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de ella, la indemnización del daño material o legal y moral causado, incluyendo los tratamientos curativos o psicoterapéuticos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima y los familiares de ésta que así lo requieran.

"Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

"Amparo directo 394/2005. 27 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora."

II. El anterior Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Resultan infundados los motivos de inconformidad que expone el quejoso.

"...

"En relación a la condena de la reparación del daño por la cantidad de **********, también se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que se basó en el dictamen de valuación que obra en autos, el cual se estima idóneo y suficiente para sustentar dicho monto.

"...

"En las condiciones narradas, y sin que este tribunal advierta violación alguna que deba suplirse oficiosamente al respecto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal instados. ..."

En relación con lo anterior, cabe señalar que el antes Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo ********** -apartándose del criterio contenido en el amparo directo **********- implícitamente reconoce la improcedencia de la disminución de la reparación del daño, compartiendo el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

CUARTO. Ahora bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

Es decir, la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esenciales idénticos, porque de no ser así, no podría establecerse la existencia de una discrepancia.

Resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En ese orden de ideas, para que se actualice la contradicción, es menester que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes cumplan con los siguientes planteamientos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se hayan adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes:

Al respecto, es menester señalar que tanto el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, como el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el anterior Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito se pronunciaron en el sentido de analizar si en tratándose de la reparación del daño en delitos culposos debe aplicarse al pago de su monto reducción alguna.

No es óbice a lo anterior que los Tribunales Colegiados contendientes hayan examinado legislaciones penales diferentes, ya que, en la parte que interesa, son de contenido idéntico.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas:

Sobre el particular y una vez analizadas las ejecutorias antes citadas, resulta claro que los Tribunales Colegiados contendientes sí plasmaron su criterio en dichas resoluciones, siendo éstas las que dan origen a la oposición en estudio.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos:

En dicho orden de ideas, el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió del mismo acto reclamado, sentencia definitiva condenatoria en materia penal.

Asimismo, los órganos colegiados partieron del análisis de la misma figura jurídica, pues para sustentar sus posturas se basaron en el sentido y alcance del concepto de la reparación del daño en tratándose de delitos culposos previstos en los códigos sustantivos locales respectivos.

En ese orden de ideas, es evidente que los Tribunales Colegiados, al calificar los conceptos de violación que atacan o controvierten los argumentos vertidos en las sentencias definitivas de segunda instancia correspondientes, lo hacen partiendo del examen de los mismos elementos.

Así, del análisis de las ejecutorias antes transcritas y al haberse actualizado las premisas necesarias para la procedencia de la contradicción de criterios, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada. Ello, en virtud de que las conclusiones a las que respectivamente llegaron los tribunales contendientes resultan evidentemente encontradas, no obstante que en esencia analizaron supuestos jurídicos similares.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, entró al estudio de las consideraciones que la Sala responsable realizó en relación con la inaplicación del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado de Querétaro sobre la condena contenida en los rubros de reparación del daño e indemnización y, como consecuencia del análisis correspondiente, resolvió que contrariamente a lo afirmado por la autoridad responsable, si la legislación penal no establece excepción alguna a la regla particular contenida en el segundo párrafo del dispositivo antes mencionado, relativa a que las demás penas o medidas de seguridad se aplicarán, en tratándose de delitos culposos, hasta en la mitad de las correspondientes a los delitos dolosos en cuantía y duración, es evidente que al estar prevista la reparación del daño como pena, en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción V, del Código Penal local en vigor, debe considerarse que se actualiza la hipótesis en que debe operar la reducción del monto determinado.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, así como el anterior Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consideraron esencialmente que no es procedente disminuir hasta en una mitad la condena de la reparación del daño, en razón de que tal reparación tiene el carácter de pena pública cuyo objetivo es resarcir al sujeto pasivo del delito de los daños y perjuicios, traducidos en la restitución de la cosa obtenida por el delito o el pago del precio de la misma, o bien, la indemnización del daño material o moral causados por la conducta lesiva del activo, pues de otra manera no se explica que la reparación se encuentre íntimamente relacionada con aspectos indemnizatorios regulados en un capítulo independiente e, incluso, tenga el carácter de sanción pública y general para todos los delitos con el fin de coadyuvar al restablecimiento del orden jurídico alterado por el ilícito.

De lo anterior, se desprende que al haber resuelto problemas jurídicos esencialmente iguales, las determinaciones de los tribunales contendientes evidentemente se encuentran en contradicción, puesto que mientras en la primera hipótesis el órgano colegiado determinó que la reparación del daño, al estar contemplada expresamente como pena por el código sustantivo respectivo y ante la ausencia de excepción alguna, sí debe disminuirse hasta en la mitad de la que corresponda al delito cometido con dolo; en la segunda hipótesis los Tribunales Colegiados resolvieron que la reparación del daño, al tener el carácter de sanción pública, general e indemnizatoria, por ningún motivo debe disminuirse hasta en una mitad de la correspondiente al delito doloso en cuantía y duración, toda vez que el objetivo de dicha reparación es resarcir al sujeto pasivo la totalidad y no sólo una parte de los daños y perjuicios ocasionados.

En ese orden de ideas, la materia de la contradicción consistirá en determinar si en tratándose de reparación del daño en delitos culposos debe aplicarse al pago de su monto reducción alguna.

QUINTO. Una vez fijada la materia sobre la que versa la presente contradicción, así como las circunstancias de hecho y de derecho que se erigen en los supuestos esenciales que dieron lugar a ella, se impone reiterar que sí existe la contradicción de tesis denunciada y, por ende, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 20, apartado B, fracción IV, lo siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"...

"De la víctima o del ofendido:

"...

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; ..."

Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalar que la disposición normativa antes referida fue objeto de reforma constitucional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del año en curso, el cual prevé en su artículo segundo transitorio que el nuevo sistema procesal penal acusatorio contemplado en el multicitado artículo 20, entrará en vigor cuando lo establezcan las legislaciones secundarias correspondientes, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de dicho decreto. La nueva redacción del artículo 20 constitucional, en la parte que interesa, señala lo siguiente:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"A. De los principios generales:

"I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

"...

"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

"...

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21241-6d747bdf/reparacion-del-dano-no-es-aplicable-la-reduccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.