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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL OFENDIDO CARECE DE ELLA PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA SITUACIÓN DEL MENOR INFRACTOR CON SU ABSOLUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 348.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2007-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones en materia penal de la cual esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 204/2007, fundamentalmente, sostuvo:

"SEXTO. Es innecesario analizar tanto la sentencia reclamada como los conceptos de violación que en su contra se expresan, habida cuenta que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la existencia de una causal de improcedencia cuyo estudio debe abordarse de manera oficiosa y preferente, por ser de orden público la procedencia del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en la última parte del artículo 73 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número 158, en materia común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, visible en la página 262, de observancia obligatoria para este órgano colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Debe relatarse como antecedente, que de las constancias de autos, se advierte que la ahora menor quejosa ********** denunció al también menor ********** como probable responsable de la conducta antisocial de violación cometido en agravio de la denunciante; la sentencia reclamada dictada (por unanimidad), el treinta de marzo de dos mil siete en sesión plenaria del Consejo Tutelar para Menores, con residencia en Culiacán, Sinaloa, determinó que el menor ********** no es responsable de la comisión de la infracción del tipo penal de violación, en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de la menor ofendida **********. Inconforme con dicha sentencia, la menor ********** en su carácter de ofendida promovió el presente juicio de amparo por conducto de su padre en el ejercicio de la patria potestad. Ahora bien, en la especie, se surte la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 10 de la misma ley, que a la letra establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. El numeral 10 de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo: I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil; II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y, III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional.’. Lo establecido en dicho precepto, pone de manifiesto que el dictado de una sentencia absolutoria y que, por ende, que (sic) absuelve también del pago de la reparación del daño, no se encuentra en alguna de las hipótesis antes señaladas; razón por la que el ofendido por la comisión de un delito y por extensión de una conducta cometida por un menor que implica una infracción a una norma de tipo penal, carece de interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la sentencia absolutoria, como acontece en el presente asunto, al impugnarse la emitida por el Consejo Tutelar para Menores, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que determinó que el menor ********** no es responsable de la comisión de la infracción del tipo penal de violación, en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de la menor **********. Es aplicable la jurisprudencia número 219, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 161, del texto siguiente: ‘OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR EL.’ (se transcribe). Resulta igualmente aplicable la tesis que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 289, Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘OFENDIDO, ACTOS QUE NO PUEDEN SER IMPUGNADOS EN EL AMPARO POR EL.’ (se transcribe). No obsta a lo anterior, que por virtud de la reforma de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haya elevado al rango constitucional el derecho del ofendido o la víctima del delito, al pago de la reparación del daño, frente al deber del Ministerio Público de exigirlo y del juzgador de no absolver por ese concepto, si la sentencia ha sido condenatoria. El texto del artículo 20 constitucional es: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). Sin embargo, aunque tales reformas reconocieron el derecho de que se trata, no contemplan el de la víctima o el ofendido de impetrar la acción constitucional contra la absolución a la reparación del daño cuando se ha emitido una sentencia absolutoria, pues, como se precisó en líneas precedentes, del numeral 10 de la Ley de Amparo, se desprende que la víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo pueden promover la acción constitucional en los términos establecidos en dicho precepto, es decir, sólo por lo que hace al derecho al pago de la reparación del daño, cuando en la sentencia condenatoria se afecta de alguna manera el derecho que se tiene para obtener la reparación de él, sin que de ese derecho pudiera derivarse la aplicación extensiva de la facultad de promover el amparo contra sentencias absolutorias, y en el caso concreto, por extensión, del análisis de una conducta que infringe una norma penal porque ello implicaría el examen del delito y la plena responsabilidad del sentenciado, lo cual rebasa el derecho tutelado en el precepto constitucional sólo en relación a la reparación del daño. Es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia número 103/2001, aprobada en Materia Penal, por la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la contradicción de tesis 94/2000-PS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, de diciembre de 2001, Novena Época, página 112, del siguiente tenor: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA.’ (se transcribe). En mérito a las anteriores consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para este Segundo Tribunal Colegiado la existencia de la tesis aislada XVII.1o.1 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1131, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: ‘OFENDIDO. ESTÁ LEGITIMADO PARA ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL RECLAMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA SITUACIÓN DEL MENOR INFRACTOR (CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).’ (se transcribe). Lo anterior es así, dado que este tribunal no comparte el criterio que contiene la tesis antes transcrita, por las consideraciones realizadas en el presente considerando al estimar que son las diversas tesis invocadas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: ‘OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR EL.’ y ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA.’, además de la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que dice: ‘OFENDIDO. ACTOS QUE NO PUEDEN SER IMPUGNADOS EN EL AMPARO POR EL.’, las que deben prevalecer."

De la anterior resolución, el Magistrado Jesús Enrique Flores González, emitió voto aclaratorio en el sentido siguiente:

"El suscrito Magistrado respetuosamente disiente con las consideraciones planteadas en la presente ejecutoria. Si bien coincido con la improcedencia del juicio de amparo, en virtud de la falta de interés jurídico de la quejosa para combatir el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva emitida por el Consejo Tutelar para Menores, con residencia en Culiacán, Sinaloa, estimo que las consideraciones del proyecto son insuficientes para sostener el sobreseimiento, dado que omite considerar la singularidad de los asuntos como el que aquí se presenta. Aprecio que el proyecto analiza el caso puesto a consideración como si la sentencia reclamada emergiera de un proceso penal para adultos, sin observar que la misma deviene de un procedimiento con características particulares, el cual se rige por una norma que no prevé la sanción relativa a la reparación del daño. Cabe destacar que el Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto, conforme a la vigente Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado de Sinaloa, promover la adaptación social, mediante la aplicación de medidas de orientación, protección y educación, de aquellos menores de dieciocho y mayores de doce años, cuya conducta encuadre en los ilícitos tipificados por la ley penal; de acuerdo a lo anterior, la ley que rige los procedimientos encomendados a dicha institución no prevé la aplicación de sanciones, sino sólo la aplicación de medidas tendientes a la adaptación social del menor infractor; por tanto, menos prevé dicha ley la sanción pecuniaria que le pueda ser aplicable al menor como reparación del daño causado. En ese tenor, no puede sostener el proyecto la falta de interés jurídico de la ofendida para promover amparo contra la sentencia absolutoria emitida por el Consejo Tutelar para Menores, bajo la premisa de que, como ofendida, sólo puede promover la acción constitucional por lo que hace al derecho al pago de la reparación del daño; ello porque el procedimiento aludido, en su particularidad, no prevé la aplicación de la sanción relativa a la reparación del daño, como sí lo contiene cualquier ordenamiento sustantivo penal. Por tanto, la hipótesis que señala el proyecto resulta inaplicable a los casos como el de estudio, porque la ley en que se sustentan las sentencias emitidas por el Consejo Tutelar para Menores, no revela la aplicación de la sanción pecuniaria aludida y, en esa medida, el proyecto es incongruente al dar por hecho, a contrario sensu, que el ofendido en un procedimiento como el del caso, puede venir al amparo cuando se de el supuesto de haberse absuelto al pago de la reparación del daño y sólo venga combatiendo tal situación, hipótesis que no podrá actualizarse porque, se insiste, la ley atinente al procedimiento seguido contra un menor no observa la aplicación de la sanción consistente en la reparación del daño. Ahora bien, el suscrito aprecia que en el procedimiento instaurado ante el Consejo Tutelar para Menores no existe la intervención de un órgano investigador y acusador como lo es el Ministerio Público quien, en los asuntos netamente penales, es el encargado de impugnar las resoluciones absolutorias mediante el respectivo recurso de apelación; que la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado de Sinaloa, no prevé la existencia de recursos contra dichas determinaciones; y que la ofendida es una menor de edad, cuyos derechos deben ser plenamente salvaguardados; sin embargo, estimo que la solución para el asunto en cuestión, para efectos de considerar que dicha menor ofendida carece de interés jurídico para combatir la sentencia absolutoria, deviene de la facultad jurisdiccional de la cual está investido el multicitado Consejo Tutelar para Menores, quien da cumplimiento a un sistema jurídico específico y característico, en el cual tiene autonomía para determinar la conducta atribuida al menor infractor, en base a los hechos y pruebas puestos a su consideración, que es en donde tiene injerencia únicamente la parte ofendida. En ese tenor es que se difiere con las consideraciones de la ejecutoria."

II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 219/97, en lo que interesa, sostuvo:

"TERCERO. En primer término y por ser una cuestión de orden público, debe decirse que en el caso sujeto a estudio de modo alguno se actualizan las causales de improcedencia que hace valer la parte tercero perjudicada, en su escrito que obra agregado a fojas de la 20 a la 22 del presente juicio de garantías, por las razones siguientes: ... En segundo lugar es de señalar que de igual forma carece de razón la parte tercero perjudicada, cuando alega que en el caso los quejosos no pueden interponer amparo por tratarse de la parte ofendida o acusadora en el procedimiento de origen; ello en razón de que si bien es cierto es improcedente el amparo solicitado por el ofendido en contra de la sentencia que absuelve al acusado, ya que en tal caso el reclamante no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 10 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dispone: ‘El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil. También podrán promover juicio de amparo contra actos surgidos dentro del procedimiento penal; relacionados inmediata o directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.’, también es cierto que tal supuesto no se actualiza en la especie, ya que no debe pasar inadvertido que dicho supuesto únicamente puede resultar aplicable en un procedimiento formal y materialmente penal, en el cual el Ministerio Público representa en su caso a la parte ofendida, al ser a quien corresponde la persecución de los delitos por disposición expresa del artículo 21 constitucional, siendo que en el caso analizado se está en presencia de un acto que deriva de un procedimiento que aunque resulta ser en un momento dado penal, no deja de ser formalmente administrativo conforme a las regulaciones establecidas por el Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado, en el cual no interviene el Ministerio Público sino que es propiamente la parte ofendida y sus representantes quienes intervienen directamente en el proceso, con el fin de que el menor infractor sea considerado responsable del delito cometido en su perjuicio, como se puede observar de la lectura de los artículos 74, 81, 100, 101, 102, 103 y demás relativos del código citado con antelación, lo cual indiscutiblemente que la legitima para acudir al juicio constitucional reclamado (sic) la sentencia que resuelve en definitiva la situación del menor infractor, como sucede en el asunto que nos ocupa."

De la anterior ejecutoria, derivó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"VII, enero de 1998

"Tesis: XVII.1o.1 A

"Página: 1131

"OFENDIDO. ESTÁ LEGITIMADO PARA ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL RECLAMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA SITUACIÓN DEL MENOR INFRACTOR (CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Es cierto que, en principio, es improcedente el amparo solicitado por el ofendido en contra de la sentencia que absuelve al acusado, dictada dentro de un procedimiento formal y materialmente penal, en el cual el Ministerio Público representa, en su caso, a la parte ofendida, al ser a quien corresponde la persecución de los delitos por disposición expresa del artículo 21 constitucional, por lo que, en tal caso, el ofendido no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 10 de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando se reclama por el ofendido la sentencia emitida en el procedimiento previsto por el Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado, debe tenerse en cuenta que dicha resolución deriva de un procedimiento que es formalmente administrativo, conforme a las regulaciones establecidas en el código en comento, en el cual no interviene el Ministerio Público, sino que es propiamente la parte ofendida y sus representantes quienes intervienen directamente en el proceso, con el fin de que el menor infractor sea considerado responsable del delito cometido en su perjuicio, como puede observarse de la lectura de los artículos 74, 81, 100, 101, 102, 103 y demás relativos del código en consulta, lo cual, indiscutiblemente, legitima al ofendido para acudir al juicio constitucional reclamando la sentencia que resuelve en definitiva la situación del menor infractor.

"Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

"Amparo directo 219/97. ********** y ********** en ejercicio de la patria potestad de **********. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Manuel Vigliante Pérez."

CUARTO. Como una cuestión previa a resolver sobre la existencia de la contradicción de criterios denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia, puede presentarse una contradicción de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.

En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis, cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, son:

"No. Registro: 205,420

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número L/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."

Precisado lo anterior, debe examinarse si se acreditan o no los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo penal 204/2007, y por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 219/97.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

Amparo directo penal 204/2007.

El Tribunal Colegiado del conocimiento sostiene que la quejosa como ofendida, carece de interés jurídico para combatir la sentencia absolutoria emitida por el Consejo Tutelar para Menores, por ende, se advierte la existencia de una causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 10 de dicha ley.

Que el dictado de una sentencia de naturaleza absolutoria que también absuelve del pago de la reparación del daño, no se encuentra en alguna de las hipótesis señaladas por el artículo 10 de la ley de la materia, razón por la que el ofendido por la comisión de un delito y por extensión de una conducta cometida por un menor que implica una infracción a una norma de tipo penal, carece de interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la sentencia absolutoria.

Que la víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo pueden promover la acción constitucional en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Amparo, esto es, cuando en la sentencia condenatoria se afecta de alguna manera el derecho que se tiene para obtener la reparación de él, sin que de ese derecho pudiera derivarse la aplicación extensiva de la facultad de promover el amparo contra sentencias absolutorias, y en el caso concreto, por extensión, del análisis de una conducta que infringe una norma penal porque ello implicaría el examen del delito y la plena responsabilidad del sentenciado, lo cual rebasa el derecho tutelado en el precepto constitucional, sólo en relación a la reparación del daño.

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

Amparo directo 219/97.

El Tribunal Colegiado consideró que el ofendido se encuentra legitimado para acudir al juicio constitucional reclamando la sentencia que resuelve la situación del menor infractor, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua.

Que no se actualiza el supuesto marcado por el numeral 10 de la Ley de Amparo, toda vez que éste se da en asuntos formal y materialmente penales, en el cual el Ministerio Público representa en su caso a la parte ofendida, al ser a quien corresponde la persecución de los delitos, siendo que en el caso se está ante un acto que deriva de un procedimiento que aunque resulta ser en un momento dado materialmente penal, no deja de ser formalmente administrativo.

Que en el Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua, no interviene el Ministerio Público sino que es propiamente la parte ofendida y sus representantes quienes intervienen directamente en el proceso.

Que la ofendida está legitimada para acudir al juicio constitucional reclamando la sentencia que resuelve en definitiva la situación del menor infractor.

QUINTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, por las siguientes razones:

I. Atendiendo al primero de los elementos que deben colmarse para satisfacer la existencia de una contradicción de tesis, se debe observar que los órganos contendientes examinaron y resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes, esto es, el tópico abordado por ambos tribunales fue en el sentido de que el ofendido dentro de un procedimiento administrativo que se sigue en contra de un menor infractor, tiene o no legitimación para acudir al juicio de garantías a reclamar la sentencia que resuelve la situación del citado menor, arribando a conclusiones antagónicas, de conformidad con lo siguiente:

• El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito sostuvo que la quejosa como ofendida, carece de interés jurídico para combatir la sentencia absolutoria emitida por el Consejo Tutelar para Menores, por ende, se advierte la existencia de una causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 10 de dicha ley.

• Por su parte el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito consideró que el ofendido se encuentra legitimado para acudir al juicio constitucional reclamando la sentencia que resuelve la situación del menor infractor, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua.

En este orden de ideas, es claro que los Tribunales Colegiados abordan la misma problemática, llegando a conclusiones contrarias o discrepantes, por lo que sí se c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21285-d9475769/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-el-ofendido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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