SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y DE QUIENES FIGUREN COMO DEMANDADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias y el auto de trámite de los cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia laboral en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, que fue quien resolvió uno de los juicios que participan en esta contradicción de tesis.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa la denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, del presidente de uno de los tribunales cuya resolución participa en la contradicción de criterios; por lo tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral número 520/2007, promovido por **********, por sí y en representación de sus menores hijas **********, ambas de apellidos **********, en fecha seis de junio del año dos mil ocho, en lo que interesa al tema de esta contradicción, sostuvo:
"... QUINTO. Es infundado el anterior concepto de violación, limitado a cuestionar la decisión de la Junta de omitir el estudio de todas las pruebas ofrecidas por las partes.
"Con independencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que la parte actora, ahora quejosa, se ostenta beneficiaria de un trabajador fallecido, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la deficiencia de la queja, deja establecido que la Junta del conocimiento acató las formalidades esenciales que rigen la vía especial laboral por la que se tramitó el juicio de origen, lo que desde ahora se precisa, ya que, de no hacerlo en esta oportunidad, volvería nugatoria la posibilidad de estudiarlo en otro juicio de amparo posterior y porque además en el amparo en materia laboral la suplencia de la queja se surte aun ante la ausencia total de conceptos de violación.
"Lo anterior, con apoyo en las jurisprudencias 2a./J. 39/95 y 2a./J. 57/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, la primera, en la página 333 del Tomo II, septiembre de 1995, y la segunda en la página 196 del Tomo XVIII, julio de 2003, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’ (Se transcribe).
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE.’ (se transcribe).
"En principio, es de señalarse que la Ley Federal del Trabajo, respecto al tema de la demanda laboral y resuelto por la Junta responsable, dispone en sus artículos 473, 474 y 477, fracción IV, que son riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, quedando incluidos en la definición los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél; y que cuando los riesgos se realizan pueden producir, entre otros supuestos, la muerte.
"...
"De las constancias del juicio de origen se desprende que ********** demandó a ********** y a la empresa **********, precisamente por el pago de la indemnización consistente en dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y setecientos treinta días de salario a razón de ********** diarios, en su calidad de esposa y madre de las menores **********, ambas de apellidos **********, nacidas del matrimonio civil que contrajo con **********, quien fue trabajador de los demandados desde el mes de julio de dos mil dos y falleció el seis de julio de dos mil seis, en un accidente automovilístico en el desempeño de su trabajo.
"La pretensión que hizo valer la parte actora es aquella que encuentra sustento en los artículos 500, 501, fracción I y 503 de la Ley Federal del Trabajo.
"...
"El tribunal de amparo reseñó la totalidad de los antecedentes del asunto, destacando que se admitió la demanda laboral y se siguió el procedimiento especial previsto en el capítulo XVIII del título catorce de la Ley Federal del Trabajo.
"Se afirma que la Junta del conocimiento acató las formalidades esenciales que rigen la vía especial laboral por la que se tramitó el juicio de origen, toda vez que en el acuerdo de admisión dispuso que se practicara en el último domicilio del trabajador, la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de él.
"Se convocó a los posibles beneficiarios y se citó fecha para audiencia que se desahogó en las oficinas de la autoridad con las formalidades que prevé la ley de la materia que precisa.
"Se examina la decisión de la Junta de desechar pruebas documental y testimonial de la actora, calificándose de correcta. Así como la diversa de admitir pruebas documentales a la demandada.
"En relación con el desahogo de la confesional a cargo de ambas partes se advierte que fue correcto el desechamiento de las que decretó la Junta, concluyendo el Tribunal Colegiado que por tales motivos no se advertía que en el trámite del juicio laboral de origen alguna situación que pudiera representar afectación de garantías individuales de la parte actora y quejosa en el amparo, que motive su reposición.
"Enseguida examinó la constitucionalidad del laudo reclamado señalando cómo fue fijada la litis, y las cargas procesales, sin advertir alguna violación al respecto, precisando que la responsable las reconoció como únicas beneficiarias del trabajador fallecido.
"Que la resolución no viola garantías porque fue correcta la absolución de los demandados del pago de las prestaciones que a título indemnizatorio reclamaron las actoras, porque quedó acreditado con las confesionales expresas la existencia de una relación de trabajo, ... e indiciariamente con las copias certificadas del proceso penal 104/2006, presentadas por ambas partes, que quien en vida respondió al nombre de **********, fue trabajador de la empresa **********, desde el mes de julio del año dos mil dos hasta el seis de julio de dos mil seis, fecha en la cual falleció a consecuencia de un accidente automovilístico que sufrió en el desempeño de las labores que le tenían asignadas.
"También quedó demostrado con la constancia relativa a la propuesta de cédula de determinación de cuotas obrero patronales y con la copia del aviso para calificar probable riesgo de trabajo, no objetadas en autenticidad por los demandados, que la empresa **********, tenía dado de alta a ********** como trabajador a su servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso ese hecho no se advierte rebatido por la parte actora, ahora quejosa, una vez que se introdujo a la controversia del juicio de origen.
"Además, las pruebas del sumario, específicamente la copia del aviso para calificar probable riesgo de trabajo, la copia certificada del acta de defunción, la copia certificada del proceso penal 104/2006 y las respuestas afirmativas de los demandados a las posiciones formuladas en las confesionales a su cargo, justifican que ********** murió el seis de julio de dos mil seis, a consecuencia de un accidente automovilístico al encontrarse desempeñando sus labores, catalogado por la ley y reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y los propios demandados como un riesgo de trabajo.
"Ahora, cabe señalar que, si bien, de acuerdo al articulado que integra el título noveno de la Ley Federal del Trabajo, relativo a los riesgos de trabajo, a la parte patronal corresponde en principio la obligación de cubrir las indemnizaciones por tales riesgos, sin embargo, por disposición expresa del artículo 53 de la Ley del Seguro Social, el patrón queda relevado de aquella responsabilidad, si asegura a sus trabajadores contra esos riesgos.
"El artículo 53 de la Ley del Seguro Social, en vigor mientras duró la relación de trabajo, dispone literalmente lo siguiente:
"‘Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.’
"De acuerdo con este precepto (atendiendo sólo a los sujetos obligados), existe sustantivamente una subrogación personal pasiva, pues la obligación derivada del riesgo del trabajo, por disposición de ley y por efecto del aseguramiento, ya no es del patrón sino del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"En ese sentido, cabe citar las jurisprudencias de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 525 y 526 en las páginas 428 y 429 del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que respectivamente señalan:
"‘RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CASO DE. BENEFICIARIOS.’ (Se transcribe).
"‘RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA JURÍDICA DE LAS PRESTACIONES.’ (Se transcribe).
"En tal virtud, si en el juicio de origen está demostrado que **********, a la fecha de su fallecimiento, estaba asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la empresa **********, entonces, dicho organismo, conforme al artículo 53 de la Ley del Seguro Social, se subrogó con motivo de ese aseguramiento en la obligación que la Ley Federal del Trabajo imponía al patrón de aquél para el caso de riesgos de trabajo, de manera que el derecho a recibir las prestaciones que conforme a la ley que lo rige para el supuesto de muerte del trabajador, de ser procedentes, deberán pagarse a las actoras, ahora quejosas, a cargo del patrimonio de dicho instituto.
"Consecuentemente, como se expuso en la resolución combatida, los demandados acreditaron sus excepciones y defensas, siendo improcedentes respecto de ellos las prestaciones reclamadas, de ahí que si con la propuesta de cédula de determinación de cuotas obrero patronales y el aviso para calificar probable riesgo de trabajo se demuestra el hecho sustancial que sustenta la referida decisión absolutoria, entonces, son inoperantes los argumentos del único concepto de violación.
"Es así, porque no afecta a las quejosas en sus garantías individuales, la decisión deliberada de la Junta de omitir en cuanto a ese aspecto el estudio de las restantes pruebas, pues de las confesionales de los demandados se obtiene que el trabajador fallecido desde el mes de julio de dos mil dos trabajaba para la empresa **********, la ubicación de su planta de fabricación, que el trabajador murió el seis de julio de dos mil seis, en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, Guanajuato, a causa de un accidente automovilístico en el desempeño de sus labores; las actas del estado civil presentadas con la demanda justifican la defunción del trabajador y el entroncamiento de éste con las actoras; las copias del proceso penal 104/2006, indiciariamente la relación de trabajo y la causa del deceso; los documentos presentados por los demandados acreditan diversos pagos por compra de ataud metálico y demás servicios funerarios, seguro de daños a vehículo automotor, y la aplicabilidad del artículo 53 de la Ley del Seguro Social en vigor, de manera que aun habiendo sido analizadas, el resultado sería el mismo que se obtiene de las sí estudiadas por la autoridad responsable.
"Por lo demás, no pasa inadvertido que la Junta también decidió dejar a salvo los derechos de las actoras, ahora quejosas, para que si lo estiman pertinente los hagan valer en la vía y ante la autoridad respectiva, que lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de la ley que lo rige, lo que se traduce en que por la muerte del trabajador asegurado podrán en su caso reclamarle el pago de las pensiones de viudez y de orfandad.
"En conclusión, si por un lado el concepto de violación es infundado, y por otro, este Tribunal Colegiado en suplencia de la queja deficiente no encontró algún motivo por el cual la resolución reclamada viole garantías individuales de las actoras, ahora quejosas, entonces, debe negárseles el amparo que solicitan, en el entendido de que resultan inatendibles los argumentos expresados por los terceros perjudicados en el escrito agregado a fojas 31 y 32 de este expediente, pues los alegatos de fondo no forman parte de la litis constitucional, siendo de señalarse al respecto que sólo contestan los argumentos expuestos por la parte quejosa."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil ocho, el amparo directo número DT. 1101/2007, promovido por **********, en su calidad de cónyuge supérstite del extinto trabajador **********, en la parte que interesa, consideró:
"... QUINTO. Los conceptos de violación transcritos son infundados.
"Acorde con el artículo 474, párrafo primero, de la ley laboral, accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
"De lo anterior se desprende que para reclamar una indemnización o pensión derivada de un accidente de trabajo, es menester acreditar que el trabajador sufra una lesión que le origine en forma directa una perturbación permanente o temporal, o incluso la muerte; y que dicha lesión se ocasione durante, en ejercicio o con motivo de su trabajo.
"En el caso, al emitir su laudo la Junta responsable expuso: ‘... en autos no existe prueba alguna con la cual se demuestre que el ********** murió a consecuencia de un accidente de trabajo. Y que por el contrario existe en autos la prueba documental consistente en acta de defunción, la averiguación previa número 603/2006 llevada ante la Agente del Ministerio Público número II de la ciudad de Cortazar, Guanajuato, así como documental consistente en escrito dirigido a la empresa **********, por la empresa **********, documentos de los cuales se desprende que el de cujus no falleció por accidente por riesgo de trabajo sino por hipertensión intracraneana no traumática, es decir, una embolia que se genera a causa de enfermedad general y no constituye ésta un riesgo de trabajo ... De las documentales consistentes en alta ante el IMSS a nombre del actor, queda plenamente acreditado que el actor estaba dado de alta ante dicha institución, lo cual se robustece con las constancias de pago de aportaciones hechas por la empresa al IMSS, Afores e Infonavit, toda vez que el patrón cumplió con su obligación de dar de alta al trabajador ante la mencionada institución, es ésta quien absorbe la responsabilidad obrero-patronal en el presente caso ...’
"La apreciación de la Junta responsable es correcta, pues si bien está demostrado en autos que **********, que fue esposo de la actora, hoy quejosa, falleció mientras conducía un vehículo de motor propiedad de la empresa demandada, esto es, en el desempeño de sus labores y dentro de su horario de trabajo, no menos cierto lo es que ninguna evidencia existe acerca de que la causa de su muerte, hipertensión intracraneana no traumática, también conocida como embolia, tuvo su origen o que fue consecuencia directa e inmediata de las condiciones de trabajo a que estaba sometido.
"Luego, si la actora no aportó pruebas tendentes a demostrar aquella relación causal, no es posible concluir que el deceso de su consorte derivó de un riesgo de trabajo en términos del artículo 474 del ordenamiento legal en cita.
"En consecuencia, encontrándose que el laudo reclamado se dictó conforme a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y no actualizándose ninguna de las hipótesis por la que deba suplírsele la queja deficiente, procede negarle a la promovente del amparo la protección federal solicitada."
QUINTO. Ante todo, cabe precisar que para establecer qué criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una discrepancia de criterios jurídicos entre dos órganos, en los que se analice la misma cuestión, es decir, que debe recaer sobre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; por tanto, existe materia para resolver una contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal(1) bajo el rubro de: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
SEXTO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto es conveniente precisar los antecedentes de los juicios laborales, así como sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que pueden dar origen a la contradicción de tesis que ha sido denunciada.
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito conoció de un laudo dictado en un procedimiento especial relativo a la designación de beneficiarios de un trabajador fallecido donde se reclamaron del patrón prestaciones vinculadas con un riesgo de trabajo que se afirma provocó el deceso de aquél. Dicho juicio se promovió por la cónyuge supérstite y las menores hijas de ésta, el cual se registró ante el tribunal de amparo referido con el número DT. 520/2007, en el que se negó el amparo, con la particularidad de que dentro de las consideraciones que apoyan tal decisión, el Tribunal Colegiado de referencia, como punto de partida de su estudio, destacó que los conceptos de violación se limitan a cuestionar la omisión del estudio de las pruebas rendidas al sumario.
Dicho órgano colegiado consideró que en la especie, tomando en cuenta la calidad con que se ostenta la quejosa de beneficiaria de un trabajador fallecido con motivo de un riesgo de trabajo, con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se debe suplir la deficiencia de la queja, cuyo alcance debe ser a través del examen oficioso del asunto, esto es, analizando la forma en que la responsable llevó adelante la etapa procesal en la que no advirtió algún tipo de violación que amerite su reposición, y en cuanto al laudo, consideró que tampoco hubo violación de garantías, ni en la fijación de la litis, carga procesal o decisión absolutoria del asunto, puesto que como el patrón demostró tener inscrito al trabajador fallecido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste se subrogó en el cumplimiento de las obligaciones que aquél tuvo en materia de riesgos profesionales, por lo que es dicho instituto el que debe responder por el accidente ocurrido al trabajador fallecido.
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito conoció de un laudo dictado en un procedimiento especial relativo a la designación de beneficiaria de un trabajador fallecido donde se reclamaron del patrón prestaciones vinculadas con un riesgo de trabajo que se afirma provocó el deceso de aquél. Dicho juicio se promovió por la cónyuge supérstite, el cual se registró ante el tribunal de amparo referido con el número DT. 1101/2007, en el que se negó el amparo, con la particularidad de que dicho órgano colegiado se limitó a examinar los argumentos expuestos en los conceptos de violación asentándose en la parte final de la resolución lo siguiente:
"En consecuencia, encontrándose que el laudo reclamado se dictó conforme a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y no actualizándose ninguna de las hipótesis por la que deba suplírsele la queja deficiente, procede negarle a la promovente del amparo la protección federal solicitada."
Lo anterior evidencia la identidad de elementos de los juicios de garantías materia de esta contradicción, toda vez que se trata de resoluciones recaídas a procedimientos especiales ventilados con el objeto de establecer quiénes son los legítimos beneficiarios de un trabajador que se afirmó falleció a causa de un riesgo profesional, donde además se demandaron prestaciones al patrón derivadas del mencionado deceso.
Asimismo, los laudos dictados en los procedimientos correspondientes fueron adversos a las promoventes del juicio natural, lo que motivó que acudieran al juicio de garantías reclamando el laudo respectivo, pues aunque fueron declaradas beneficiarias de los trabajadores fallecidos, no obtuvieron todas las prestaciones que demandaron, en especial la relativa a la indemnización derivada del mencionado riesgo, aunque las razones de la absolución fueron distintas; sin embargo, el resultado fue el mismo, como ya se anotó, adverso a los intereses.
Ahora bien, no obstante que a las actoras laborales les fue reconocida la calidad de beneficiarias de trabajadores fallecidos que se encontraban en activo al ocurrir su muerte, el tratamiento en cuanto al estudio del amparo directo, que dieron cada uno de los Tribunales Colegiados fue distinto.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito consideró, con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que debía suplir la queja deficiente en forma total e incluso realizar un estudio oficioso del asunto tanto en su etapa procesal como en lo atinente al laudo, lo anterior con independencia del resultado que se obtuviera, que en la especie no fue favorable a la parte quejosa, ya que al no advertir violación de garantías, negó el amparo solicitado.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, le dio un tratamiento distinto al asunto, al haberlo examinado únicamente a la luz de lo expuesto en los conceptos de violación, esto es, lo estudió como si se tratara de un asunto donde opera el principio de estricto derecho y, por ende, excluyendo toda posibilidad de algún tipo de suplencia de queja, lo que incluso así se advierte de las expresiones que realizó en el párrafo conclusivo de dicha sentencia, donde destaca la afirmación en el sentido de que como el laudo reclamado se había dictado conforme a los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, "y no actualizándose ninguna de las hipótesis por la que deba suplírsele la queja deficiente" lo procedente era negar el amparo solicitado.
Así, esta Segunda Sala advierte la existencia de un punto jurídico divergente en las decisiones adoptadas por ambos órganos colegiados, que no coincide con el que fue denunciado, sino que se trata de uno diverso, que enseguida se precisa.
Ciertamente, el punto jurídico en el que se oponen ambos criterios, es en el relativo a si en los juicios de amparo que se promueven contra laudos emitidos en procedimientos especiales entablados por beneficiarios de trabajadores fallecidos, cuyo deceso se atribuye a un riesgo de trabajo, opera o no la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
No modifica la conclusión alcanzada, la circunstancia de que en el asunto del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, no sólo se declaró beneficiara a la esposa del extinto trabajador, sino también a sus menores hijas, hipótesis diferente a la que examinó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito a cuyo juicio sólo concurrió la esposa del fallecido trabajador; sin embargo, esa diferencia no es relevante para considerar que el primero de los órganos suplió la queja deficiente con fundamento en la fracción V del propio artículo 76 Bis, al tratarse de asuntos donde se debaten derechos de menores de edad, toda vez que dicho órgano colegiado apoyó su decisión de suplir la queja deficiente en la fracción IV del mencionado artículo 76 Bis, esto es, no lo hizo por considerar que esa figura operara por acudir al amparo menores de edad, pues en tal caso su decisión la hubiera apoyado en la diversa fracción V del propio artículo 76 Bis, pero como no lo hizo así, lo cual de suyo permite fijar el punto de oposición de ambos criterios en el establecimiento de si dentro de los sujetos que comprende aquélla quedan incluidos los beneficiarios de un extinto trabajador.
Bajo ese tenor, el punto de contradicción de tesis a que este asunto se refiere, se reduce a determinar si a los beneficiarios de los trabajadores que se dice fallecieron con motivo de un riesgo de trabajo cuando acuden al amparo, se les debe suplir la deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
SÉPTIMO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basado en las siguientes consideraciones.
En primer lugar, cabe decir que esta Segunda Sala dentro de los principios que deben observar los Jueces y Magistrados para resolver coherentemente todas las cuestiones planteadas en los juicios de garantías, ha considerado la institución de la suplencia de la queja deficiente como uno de esos principios rectores, lo cual deriva del criterio siguiente:
"SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. El artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la obligación de los Jueces de resolver todas las cuestiones que hayan sido debatidas en juicio, la cual resulta aplicable supletoriamente a los tribunales de amparo. Lo anterior, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales regula, en su capítulo X, la forma de dictar las sentencias en los juicios de garantías, conforme a los siguientes principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos fallos; b) suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios en los recursos que establece la ley; c) fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de amparo y la omisión de rendir informes por parte de las autoridades responsables. Las reglas y principios descritos tienen el objetivo de asegurar a los gobernados una tutela de sus garantías individuales congruente, completa y eficaz. En tal virtud, la obligación establecida en el artículo 351 invocado para que los Jueces resuelvan íntegramente las cuestiones que se les plantean, lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente a los juicios de garantías, debiéndose en éstos emitir las sentencias respectivas examinando y solucionando todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión, de lo que se sigue que en los casos de inoperancia de los conceptos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21409-9aa7fd71/suplencia-de-la-queja-deficiente-opera-a-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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