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Modo: Corpus Pro

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA APLICACION DE UNA LEY QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL EN UN JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1315/94. · Registro digital (IUS): 2143
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS TOMAS URRUTIA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, , Pág. 174.

RECURSO DE REVISION 1315/94. CARLOS TOMAS URRUTIA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-En el único agravio, el recurrente sustancialmente alega, que no obstante que entre los actos reclamados también reclamó la inconstitucionalidad del decreto ley que expidió el Congreso de la Unión, que reformó los artículos 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, numerales que constituyen una ley heteroaplicativa al serle aplicados al inconforme a través de los autos de fechas veintisiete de junio y catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, dictados por el Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario en esta capital; sin embargo, la Juez de Distrito, en la resolución recurrida, sólo se refiere a los actos de aplicación, no así al mencionado decreto ley, omisión que le causa perjuicio, ya que si reclamó como acto principal la inconstitucionalidad de dicho decreto, el término para promover el amparo es de quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del primer acto de aplicación, por lo que es incorrecto el fundamento de la Juez de Distrito, al pretender que se impugne la inconstitucionalidad de los actos reclamados cuando se dicte la sentencia definitiva, pues el término de quince días para reclamar esa inconstitucionalidad del decreto reclamado a través del juicio de amparo directo, no se cuenta a partir de cuando se dicte la sentencia definitiva, sino cuando se notificó el primer acto de aplicación y, por ende, el juicio de amparo directo resultaría improcedente; de ahí que los actos que reclama deben impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar medios ordinarios de defensa.

Tal alegato es fundado pero inoperante. Lo fundado estriba, en que es cierto que la Juez de Distrito fue omisa en resolver sobre la procedencia de la demanda de garantías respecto de la inconstitucionalidad del decreto ley que reformó los artículos 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que reclamó el hoy recurrente, pues del texto íntegro de la resolución recurrida aparece que únicamente se refirió a la improcedencia de los actos reclamados al Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario en esta ciudad, consistentes en los autos de fechas veintisiete de junio y catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, mediante los cuales declaró desiertas las pruebas testimonial y documental que ofreció el inconforme; pero nada resolvió sobre la inconstitucionalidad planteada del mencionado decreto ley. Sin embargo, el alegato que se examina es inoperante, porque la omisión en que incurrió la Juez de Distrito ningún perjuicio le causa al recurrente, en virtud de que el juicio de amparo indirecto en el que se reclama la aplicación de una ley por estimarla inconstitucional es improcedente, porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo, las cuestiones surgidas dentro de un juicio sobre inconstitucionalidad de leyes, que no sean de imposible reparación, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. En consecuencia, toda vez que el desechamiento de las pruebas testimonial y documental que ofreció el hoy recurrente, no son actos de imposible reparación, ya que podrá reclamarlos en el juicio de amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva; es incontrovertible que la inconstitucionalidad del decreto ley que reformó los artículos 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es improcedente reclamarla en el amparo indirecto. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de ejecutoria sustentada por este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 188, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que dice: "-El juicio de amparo indirecto en el que se impugna la aplicación de una ley por estimarla inconstitucional, es improcedente porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo, las cuestiones surgidas dentro de un juicio, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio.". Sostienen la misma tesis: Improcedencia 1150/88. Patricia Riva Palacio Delmar. 22 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Reclamación 5/92. Leonor García Pasarán. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Cárdenas. Amparo en revisión 471/92. Foto Imagen de México, S.A. 8 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Improcedencia 758/92. Jacinto Arévalo Zarza. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Cárdenas. Secretaria: Marcia Claudia Torres Quevedo.

Por otro lado, el recurrente alega que toda vez que los actos que reclamó el Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario, consistentes en los autos de fechas veintisiete de junio y catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, mediante los cuales declaró desiertas las pruebas testimonial y documental que ofreció, son consecuencia del decreto ley que reformó los artículos 960 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuya inconstitucionalidad se reclama, por ser los actos de aplicación de los mencionados numerales; y por tal motivo, es procedente reclamarlos a través del juicio de amparo indirecto, pues no pueden desvincularse del pluricitado decreto.

El anterior alegato es infundado, porque como acertadamente lo advirtió la Juez de Distrito, los actos reclamados al Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario en esta ciudad, consistentes en los autos de fechas veintisiete de junio y catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, mediante los cuales declaró desiertas las pruebas testimonial y documental que ofreció el inconforme, constituyen una violación procesal de acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, que debe ser combatida cuando se impugne la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo, de conformidad con el artículo 158 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; de ahí que sea correcto el proceder de la Juez de Distrito al desechar de plano la demanda de garantías respecto de los actos reclamados al Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario mencionado. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 5, que aparece publicada en la página 70, Segunda Parte, del Informe de 1989, que dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE.-La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso proceda y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.".

Al ser inoperante e infundado el agravio que se analiza, procede confirmar la resolución sujeta a revisión, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por el hoy recurrente, dada su notoria y manifiesta improcedencia.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO. -Se confirma la resolución de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de garantías A-348/94-III, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por el hoy recurrente contra actos del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y Juez Cuadragésimo del Arrendamiento Inmobiliario en esta capital.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de amparo a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvieron los Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados Efraín Ochoa Ochoa, Adriana Alicia Barrera Ocampo y María Soledad Hernández de Mosqueda, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2143-8e1709d9/constitucionalidad-de-leyes-amparo-indirecto-improcedente-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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