RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 467/2001. CONTROLADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que sobre el tema de constitucionalidad planteado ya existe precedente.
SEGUNDO. Las consideraciones de la sentencia recurrida son las siguientes:
"SEGUNDO. Son ciertos los actos que se le imputan al Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes, respectivamente, en la aprobación; promulgación y orden de publicación; refrendo y publicación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relacionadas con el comercio y las transacciones internacionales, y cuyo artículo segundo reforma el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Certeza que queda plenamente corroborada con la existencia material del ordenamiento legal que se impugna en este juicio de garantías, en virtud de que las autoridades anteriormente enunciadas realizaron los actos citados, los cuales concurrieron al proceso de creación y elaboración legislativa del ordenamiento impugnado, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., segundo párrafo, siendo aplicable al caso concreto, la tesis número V.2o.214 K, vertida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 205 que señala: ‘LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.’ (la transcribe).
"TERCERO. Previo al estudio de la litis planteada en el ejercicio de la acción constitucional, es conducente el analizar las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento del juicio en que se actúa, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente como lo prevé el artículo 73, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.
"Al rendir su informe justificado el presidente de la República, aduce que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, en relación con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo, en razón de las siguientes consideraciones:
"Señala que del contenido y alcance de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su demanda de garantías, se advierte que los conceptos de violación están encaminadas a demostrar el perjuicio económico que le causa en su patrimonio, al cumplir con la obligación tributaria que le impone el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta , y por tanto, no se acredita el perjuicio jurídico que pudiera causarle la aplicación de la norma citada, en virtud de que, sus efectos jurídicos únicamente se traducen, en forma exclusiva, en un menoscabo económico, sin que se produzca una afectación en la esfera jurídica de la quejosa, considerando que ello entraña lesión a algún derecho consagrado por la ley a favor del gobernado, por lo que la simple existencia del primero no basta para fundar una acción en un juicio constitucional, sino que debe cumplirse con los requisitos de procedibilidad del juicio constitucional para que éste sea procedente, entre los que se encuentra el de acreditar el interés jurídico de la acción intentada, el cual la parte quejosa no demuestra, motivo por el cual resulta improcedente el juicio de amparo en que se actúa.
"Por razones de método jurídico, a efecto de estudiar la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable en cita, el suscrito considera conveniente transcribir las normas que son aplicables en la especie: ‘Artículo 74.’ (lo transcribe). ‘Artículo 73.’ (lo transcribe).
"De la lectura del último precepto invocado es conveniente precisar el alcance legal de la figura del interés jurídico, el cual consiste en la titularidad de los derechos afectados por la elaboración, expedición o ejecución del acto reclamado, de tal forma que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías, en la inteligencia que el perjuicio que esgrime debe acaecer de forma inmediata e incidir directamente en la esfera jurídica del agraviado.
"En este orden de ideas, la acepción del interés jurídico que exige la Ley de Amparo en el artículo 73, fracción V, para que el juicio de garantías sea procedente, se identifica con el derecho subjetivo, el cual la doctrina ha señalado que se integra por dos elementos, a saber: una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, lo cual implica un poder de exigencia imperativa, de lo anterior se colige que sin interés jurídico no hay acción porque es la medida de la acción.
"En este orden de ideas, el interés jurídico se constituye en presupuesto procesal que no es posible tener por satisfecho con base en presunciones o con la protesta de decir verdad que expresa el quejoso en su demanda constitucional, toda vez que cuando se endereza el juicio de amparo en contra de una ley, como sucede en el presente juicio de amparo, debe probarse en forma categórica que el agraviado se sitúa en la hipótesis jurídica, exactamente aplicable al caso concreto, de manera tal que no quede duda que los efectos jurídicos de la norma le causan un detrimento en su esfera jurídica.
"Apuntala este razonamiento la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 27/90 sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración del Máximo Tribunal, tal como se plasmó en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, correspondiente a los meses de enero a junio de 1990, página 229, que expone: ‘INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.’ (la transcribe).
"Por lo que atañe a los juicios de amparo bi-instancial que promueven los gobernados para impugnar disposiciones de carácter general de observancia obligatoria, cabe evocar que presentan dos aspectos, en razón de las consecuencias jurídicas que nacen por su vigencia y que repercuten en el cúmulo de los derechos o bienes que la ley tutela y protege a su favor, bifurcándose así en autoaplicativas y heteroaplicativas, siendo que las primeras por su sola entrada en vigor originan, modifican o extinguen derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de los particulares, en tanto que las segundas requieren de un acto concreto de aplicación a través del cual la autoridad ocasiona consecuencias jurídicas en la esfera de derechos de los administrados, ya que por sí mismas no ocasionan efecto legal alguno.
"El Pleno del Máximo Tribunal del país ha recabado este marco conceptual en la jurisprudencia número P./J. 55/97, la cual es visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, del mes de julio de 1997, página 5, que al respecto expone: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (la transcribe).
"En este orden de ideas, en el juicio de garantías que nos ocupa, es presupuesto del estudio jurídico de fondo que plantea la quejosa, la acreditación fehaciente del interés jurídico para impugnar el decreto por medio del cual se reformaron diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se modificó su contenido, que en la parte conducente determina lo siguiente: ‘Artículo 25.’ (lo transcribe).
"Concordando lo anteriormente expuesto con el caso concreto que se analiza, se advierte que no basta el solo hecho de ser una persona moral que se constituyó conforme a las leyes vigentes en el país y que sus derechos públicos subjetivos en materia tributaria se han visto afectados por la aplicación de la norma fiscal que se impugna, en virtud del entero que realiza en estricto cumplimiento a ella, en virtud de que se requiere que el gobernado, en su carácter de contribuyente, acredite plenamente en el juicio de amparo indirecto, que su esfera jurídica ha sido lesionada o vulnerada a través de las consecuencias inmediatas que derivan de la vigencia o aplicación de la norma tributaria federal que se tilda de inconstitucional.
"Sirve de apoyo a lo anteriormente razonado, las siguientes tesis de jurisprudencia consultables, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1989, en la página 181 y, en el Tomo I, Primera Parte -1, de los meses de enero a junio de 1988, en la página 32, que textualmente expresan: ‘INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.’ (la transcribe). ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA PORQUE EL QUEJOSO HAYA DEMOSTRADO SER PERSONA MORAL.’ (la transcribe).
"De lo anteriormente narrado se desprende que la parte quejosa debe acreditar que es sujeto pasivo de la relación tributaria del impuesto sobre la renta y haber efectuado actos de enajenación de acciones o títulos-valor, cuyo rendimiento no comprenda intereses, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7-A del ordenamiento que regula el tributo federal en cita, el cual señala, en la parte que interesa en el presente estudio, lo subsecuente: ‘Artículo 7o. A.’ (lo transcribe).
"Conforme a lo expuesto en líneas precedentes es menester puntualizar que la impetrante de garantías es una persona moral constituida legalmente conforme a las leyes vigentes en la República mexicana, tal como se acredita con el original del testimonio notarial número ochenta y dos mil quinientos setenta y nueve, expedido por el fedatario público número ciento tres de esta ciudad capital, con fecha veintidós de septiembre de dos mil, en el cual se contiene el contrato de sociedad por el que se constituye Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, como sociedad anónima de capital variable, la cual nació jurídicamente de la escisión de la empresa denominada SERCOTEL, acto jurídico que se desprende de la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad citada en última instancia, misma que también corre agregada en autos, en el testimonio notarial número ochenta y dos mil quinientos setenta y siete, otorgado por el fedatario público enunciado.
"De la lectura de las documentales en comento, se observa que en los estatutos sociales de la parte quejosa, en su artículo tercero, se precisa que el objeto social que persigue fundamentalmente se traduce en promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación y, adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier título-valor.
"Objeto social que la peticionaria de amparo desarrolla efectivamente en las actividades que lleva a cabo para lograr la consecución de sus fines mercantiles, tal como se acredita con la copia certificada por el notario público número noventa y ocho del Distrito Federal, de la declaración del ejercicio, personas morales, régimen general correspondiente al último trimestre del año de dos mil, documental en la cual el representante legal de la quejosa declara que la actividad preponderante a la cual se dedicó su mandante fue la de promover, organizar, administrar y adquirir acciones o participaciones en otras sociedades mercantiles y civiles.
"Declaración que se corrobora con los contratos de compra-venta que en original obran en los autos que integran el presente expediente, y en los cuales se comprueba plenamente que la parte agraviada en este juicio de garantías, vendió 4,612,546 acciones (cuatro millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y seis) a diversa persona moral, con fechas doce, dieciocho y diecinueve de octubre del año inmediato anterior.
"Documentales privadas que se valoran en términos de los artículos 133, 203 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles cuerpo legal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., segundo párrafo, y que se hilvanan con las de carácter público que se han invocado en líneas superiores y que, por tanto, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del código federal adjetivo citado, y que acreditan fehacientemente que la parte quejosa es sujeto pasivo de la relación tributaria que se deriva de los hechos imponibles que la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé, en atención a lo que dispone en su artículo 1, fracción I.
"Aunado a lo anterior, cabe subrayar que la impetrante de garantías aportó al presente juicio de amparo, copia certificada por el notario público número noventa y ocho del Distrito Federal, de la declaración del ejercicio, personas morales, régimen general correspondiente al último trimestre del año de dos mil, documental en la cual se aprecia claramente que la sociedad quejosa en el apartado denominado deducciones contables no fiscales en el renglón atinente a la declaración de la pérdida contable en enajenación de acciones, declaró una pérdida contable por la enajenación de 4,612,546 acciones (cuatro millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y seis) que efectuó a favor de Telmex, Financial Ventures, LLC., por un monto de $317,951,874.00 (trescientos diecisiete millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos) y, a su vez, no declaró ni realizó deducción alguna de la pérdida fiscal que sufrió, tal como se advierte en el apartado señalado en el espacio que corresponde a pérdida fiscal en enajenación de acciones, en apego a la prohibición contenida en el artículo 25, fracción XVIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Aserto que se robustece con los dictámenes periciales que en materia de contabilidad rindieron los profesionistas del ramo, tanto de la parte quejosa como el oficial (fojas 99 a 108 y 324 a 326, respectivamente), toda vez que ambos concordaron en arribar a esta conclusión, que a juicio del suscrito tienen plenitud de convicción probatoria en términos de lo establecido en el artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2o.
"De lo expuesto se concluye que es inconcuso que la impetrante de garantías tiene interés jurídico para excitar el juicio constitucional que nos ocupa, en virtud de que controvierte la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 25, fracción XVIII, toda vez que debido al objeto social que persigue por virtud de las actividades que desarrolló en el ejercicio fiscal de dos mil, enajenó acciones que le ocasionaron una pérdida contable, que no se comprenden en los intereses a que alude el artículo 7o. A de la ley del tributo en cita y, por tanto, se situó en la hipótesis normativa de la norma que impugna en esta instancia, razón por la cual no le fue posible deducir tributariamente en forma alguna el menoscabo contable que se originó con motivo de la venta de acciones que efectuó en el mes de octubre de dos mil, de tal forma que los efectos jurídicos que nacen de la aplicación de dicha norma irrumpieron en la individualidad de la esfera jurídica de la quejosa, con independencia de las consecuencias económicas que se originen y que pueden o no, concurrir a la afectación del interés jurídico.
"Apoya a la anterior determinación la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de mayo de 2000, en la página 112 y que expone: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.’ (la transcribe).
"En este esquema de ideas, es irrefutable que la impetrante de garantías acreditó plenamente en el presente juicio constitucional, tanto con la declaración del pago del impuesto sobre la renta atinente al ejercicio fiscal de dos mil, como con los dictámenes en materia de contabilidad que fueron rendidos por el perito que designó, así como el nombrado por este juzgado, que efectivamente con motivo de los actos que realizó para lograr el objeto social que le caracteriza, estar situada en la hipótesis normativa contemplada en el artículo 25, fracción XVIII de la ley del tributo federal en cita, y que por tanto, fue sujeto del primer acto de aplicación que no le permite deducir las pérdidas contables que sufrió con motivo de la enajenación de acciones que realizó en el ejercicio fiscal de dos mil, razón por la cual se hace propia la tesis de jurisprudencia número P. XXXIX/93, sostenida por el Pleno del más Alto Tribunal del país, y que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 67, del mes de julio de 1993, en su página 23, que literalmente señala: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA.’ (la transcribe).
"A su vez, por razones de analogía en virtud de que en el caso concreto estamos frente a la aplicación material de la norma fiscal impugnada en este juicio de amparo, la cual se actualiza con la presentación de la declaración del pago del impuesto sobre la renta en el cual no se dedujeron las pérdidas contables que se originaron por haber efectuado la impetrante de garantías la venta de acciones a una sociedad y que se demuestra con la declaración de pago multirreferida en la especie, es aplicable la tesis aislada número 3a. CXXXVIII/91, vertida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, en el Tomo VIII, del mes de octubre de 1991, página 17, por la Tercera Sala de la anterior integración del Supremo Tribunal al puntualizar lo siguiente: ‘ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CERO RESPECTO DE ESE TRIBUTO DEMUESTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO ESTABLECE.’ (la transcribe).
"En efecto, de los razonamientos plasmados con antelación se arriba a la conclusión que la parte quejosa tiene interés jurídico para promover este juicio de garantías, en razón del primer acto de aplicación que trascendió al cúmulo de derechos, que en su carácter de contribuyente del impuesto sobre la renta le reconoce, protege y tutela la Constitución Federal en su artículo 31, fracción IV, al estar imposibilitada legalmente para deducir las pérdidas fiscales que en el periodo fiscal inmediato anterior al presente, sufrió con motivo de la enajenación de acciones que le permite realizar su objeto social, por imperativo de la norma impositiva que reclama en esta instancia, la cual así le vincula y perjudica en razón de su cumplimiento, con independencia que dicha disposición tributaria esté o no apegada a la norma suprema, de acuerdo con los conceptos de violación sostenidos por la parte agraviada, porque ello es materia del estudio de fondo del juicio en que se actúa.
"En este orden de ideas, resulta aplicable a la especie el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal clasificado con el número 2a. CLXXV/2000, impresa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en el Tomo XII, atinente al mes de diciembre de 2000, en la página 447, que expone: ‘LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA.’ (la transcribe).
"Tesis que tiene su génesis en el criterio sostenido por la Primera Sala del más Alto Tribunal, tal como se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 205-216, Segunda Parte, página 27, que aduce: ‘LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLA.’ (la transcribe).
"En las relatadas condiciones es evidente que resulta infundada la causal de improcedencia basada en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo y la cual es esgrimida por el presidente de la República en su informe con justificación, motivo por el cual se determina que no es procedente sobreseer en el juicio de garantías en que se actúa.
"Sin más causales de improcedencia que analizar y no habiendo advertido el suscrito que se surtiera alguna otra de las hipótesis previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, lo procedente es analizar el fondo de la litis constitucional que prevalece en esta instancia.
"CUARTO. Para tal efecto, se elabora el estudio de fondo que atañe a la norma impositiva federal que la parte agraviada tilda de inconstitucional a la luz de los conceptos de violación esgrimidos en su ocurso inicial.
"En la demanda de amparo la peticionaria de garantías manifiesta diversos conceptos de violación que separó en cuatro apartados, los cuales se dirigen a impugnar el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, argumentos que el suscrito no estima conveniente transcribirlos íntegramente en el presente asunto, atendiendo a razones metodológicas, determinación que tiene sustento en la tesis de jurisprudencia número VI. 2o. J/129, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, del mes de abril de 1998, página 599, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.’ (la transcribe).
"En resumen la parte quejosa en su primer concepto de violación considera que el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional porque transgrede el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República, toda vez que no respeta el principio de legalidad tributaria que se estatuye en dicho precepto, en razón de que la capacidad contributiva del contribuyente, para efectos del entero del tributo en comento, se estima en razón de la utilidad o resultado fiscal que se obtienen para cada ejercicio, sumando y restando ingresos y deducciones, sin embargo, la disposición que controvierte, prohíbe la deducción de pérdidas contables con motivo de la enajenación de acciones, salvo que en la adquisición de las acciones se haya cumplido con requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
"Por lo anterior, esgrime la impetrante de garantías, es evidente que el Congreso de la Unión permite que la autoridad administrativa hacendaria federal, determine los requisitos que deben acatarse para efectuar las deducciones fiscales correspondientes, así como los casos en los cuales se permitirá elaborarlas, circunstancia que viola el principio de legalidad tributaria que obliga al legislador a delimitar los elementos esenciales del impuesto en una disposición que, material y formalmente esté revestida del carácter de ley, para que con base en ellos, se cuantifique o determine la obligación fiscal que el contribuyente debe cumplir.
"En este sentido, continúa exponiendo la parte quejosa, los elementos esenciales para precisar la base del impuesto sobre la renta, es decir, los ingresos y las deducciones, deben estar establecidos expresamente en la ley y no en otra disposición que emita la propia autoridad tributaria que aplica y vigila el cumplimiento del entero de la contribución que regula, toda vez que ello implica la arbitrariedad que impide al sujeto pasivo de la relación tributaria conocer con precisión el procedimiento, mecanismo y elementos por medio de los cuales calcule el pago del impuesto al cual está sujeto, porque precisamente la autoridad exactora establece los requisitos mínimos necesarios para la deducción.
"Aunado a ello, señala la parte agraviada, resalta que la norma impositiva que se impugna, no establece lineamiento alguno para que la autoridad administrativa emita las reglas de carácter general que establecerán los requisitos que deben cumplirse para hacer deducibles las pérdidas que se generen por la venta de acciones que realice, lo cual se deja a la discreción de la autoridad fiscal.
"En el segundo concepto de violación que hace valer la parte quejosa aduce que la norma tributaria que tilda de inconstitucional resquebraja el principio de proporcionalidad que se consagra en el numeral 31, fracción IV de la Ley Suprema, y en la especie para que sea aplicada la disposición que se reclama, es necesario que el sujeto pasivo de la relación tributaria que contempla el impuesto sobre la renta, tenga una pérdida en la enajenación de acciones que lleve a cabo, en detrimento del patrimonio de la persona moral y no obstante ello, se condiciona la deducción a la percepción de ingresos en venta de acciones y establece como límite al monto deducible, la parte de la pérdida que sea equivalente a las utilidades generadas en la venta de acciones, en ese mismo ejercicio o en los cinco siguientes, de tal forma que al obtener el resultado fiscal, el contribuyente, al no calcularlo con base a las pérdidas que tuvo y deducirlas, reflejará una capacidad contributiva irreal, toda vez que de acuerdo con el artículo 10, fracción I, de la ley del impuesto que nos ocupa, dicho menoscabo patrimonial definitivo no será restado de los ingresos acumulables.
"Por tanto, dice la parte agraviada en su demanda constitucional, el resultado o utilidad fiscal no refleja la verdadera capacidad contributiva del contribuyente porque en él no se resta la pérdida fiscal que sufrió por la venta de acciones que hubiere realizado con motivo del objeto social que tiene, de tal forma que se rompe la estrecha vinculación que debe existir entre el objeto del impuesto y la base gravable para que el tributo a enterar sea proporcional y equitativo, tal como se ordena en la Carta Magna en su artículo 31, fracción IV, lo cual hace evidente que el impuesto sobre la renta, al calcularse con base en la aplicación del numeral 25, fracción XVIII del impuesto sobre la renta, no se paga sobre los ingresos menos las deducciones.
"La disposición que se tacha de inconstitucional también conculca con el principio de equidad tributaria que se recaba en el numeral 31, fracción IV de la Ley Cimera, según estima la parte quejosa en su tercer concepto de violación en virtud de que las personas morales que son contribuyentes del impuesto multicitado y que obtienen pérdida contable por la venta de acciones que efectúen, no determinan su utilidad o resultado fiscal de acuerdo con las deducciones que se restan a sus ingresos libremente, de acuerdo con el artículo 10 de la ley que regula el impuesto en estudio, porque se condiciona la deducción a la obtención de un monto equivalente o mayor de ingresos en el mismo tipo de operación, venta de acciones, situación que no se presenta para las restantes personas morales.
"Lo anterior, afirma la impetrante de garantías, viola el principio constitucional en materia tributaria citado, toda vez que se condiciona la deducción a la obtención de ingresos, siendo que para las demás contribuyentes que son personas colectivas y que no hayan invertido en acciones, sus deducciones nunca se condicionan a la obtención de ingresos, de tal manera que las pérdidas que tengan en la enajenación de bienes que sean diversos a las acciones y que son materia del numeral 22, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pueden contribuir a la disminución de sus ingresos obtenidos por las actividades que realicen.
"En este orden de ideas, sostiene la quejosa, el primer grupo de contribuyentes en el cual no está comprendido, tiene la posibilidad de calcular su resultado fiscal considerando todos sus ingresos acumulables y todas sus deducciones autorizadas, lo cual refleja su verdadera capacidad contributiva, en tanto que el segundo bloque de contribuyentes, al cual pertenece la accionante de amparo, al tener pérdida fiscal en la venta de acciones, no será tomada en cuenta de manera incondicional al momento de determinar su capacidad contributiva, porque requiere, para ser disminuida, que el sujeto pasivo de la relación tributaria haya obtenido además en el mismo ejercicio, ingresos equivalentes o mayores en la venta de acciones, lo cual acredita la inequidad de la norma que se impugna en esta instancia constitucional.
"En el mismo apartado, sigue sosteniendo la parte agraviada, la norma fiscal que nos ocupa, transgrede el principio de equidad tributaria porque da un tratamiento diverso que beneficia a las personas morales afectas al entero del impuesto sobre la renta, que tienen la posibilida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21450-78c94a7a/renta-deduccion-de-perdidas-por-enajenacion-de-acciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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