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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21464
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 1028.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ Y GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo 1057/2007-I, en sesión de once de abril de dos mil ocho, la que en su parte conducente establece lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación que se formulan, sin que este tribunal advierta motivo para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, en la medida de las consideraciones siguientes: Como primer motivo de inconformidad se aduce que la responsable violenta las garantías de legalidad, audiencia, seguridad y certeza jurídicas, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la Junta al dictar el laudo reclamado violenta los artículos 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 885, 886, 888 de la Ley Federal del Trabajo, así como el diverso 883 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, 190 de la Ley del Seguro Social, ya que al dictar el laudo no analiza las pruebas ofrecidas por la actora, pues se basa en ejecutorias de amparo dictadas por el Primero y Segundo Tribunal Colegiado que no son de observancia obligatoria para la responsable por no ser jurisprudencia, la que sí es, es la número 62, emitida por el H. Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, bajo el rubro: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ REALIZADAS EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’. Asimismo, en el cuarto motivo de disenso se alega que la responsable no realizó un estudio adecuado de la controversia del juicio natural, es decir, de las acciones ejercidas, de las defensas y excepciones opuestas por las partes y no realizó un estudio eficiente de todo el acervo probatorio ofrecido por el actor, ya que debió estudiar el planteamiento de la litis y las pruebas ofrecidas, sin introducir argumentos y disposiciones que no fueron invocadas por la demandada, pues al hacerlo dictó un laudo incongruente. Cita en apoyo el criterio bajo el rubro: ‘LITIS. SU DELIMITACIÓN PUEDE CAUSAR AGRAVIO CUANDO DA LUGAR A UN LAUDO O RESOLUCIÓN INCONGRUENTE.’. Lo anterior resulta infundado, toda vez que contrario a lo que afirma el quejoso, debe decirse que es correcta la determinación de la Junta responsable, habida cuenta que ningún perjuicio le causan al impetrante las consideraciones de la autoridad del conocimiento al citar los criterios de ejecutoria que señala en la resolución impugnada, dado que correctamente determinó que la litis consistía en establecer si los actores, dentro de los que se encuentra **********, tenían derecho o no a que la demandada Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, le hiciera devolución y pago de las aportaciones realizadas a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez y que ascendía a la cantidad de $173,000.00 (ciento setenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), y las enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se reflejan en la subcuenta de vivienda por la cantidad de $139,000.00 (ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 m.n.); que las acciones promovidas tenían su fundamento en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social; que en el caso, el actor obtuvo el beneficio de la jubilación, según las documentales consistentes en la resolución para obtenerla, y la comunicación respectiva para acreditar que el trabajador disfruta de una pensión de jubilación por años de servicio, mismas que fueron agregadas en autos; asimismo, la Junta del conocimiento tomó en consideración los estados de cuenta aportados como prueba por las partes de los que se advierten diversas cantidades aportadas a favor del actor en las subcuentas que demanda su devolución; concluyendo la responsable, con base en los razonamientos que hizo en el laudo impugnado, condenar a Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que le haga la devolución al actor **********, de la cantidad de $93,193.76 (noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 m.n.), por concepto de subcuenta de retiro, así como la de $108,360.03 (ciento ocho mil trescientos sesenta pesos 03/100 m.n.), por concepto de vivienda, más los rendimientos que dichas cantidades hayan generado hasta que la demandada cumpla con el laudo. Lo anterior es así, toda vez que el representante legal de Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, al dar contestación a la demanda suscitó controversia respecto de la devolución de las sumas reclamadas, pues afirmó que el actor ********** recibió las subcuentas de Sistema de Ahorro para el Retiro-92 y vivienda del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997, por las sumas de $61,971.41 y $17,873.38, esta última cantidad que solicitó como ayuda de desempleo; que por otra parte, agregó que el actor al gozar de una pensión derivada de un plan establecido por su patrón o de contratación colectiva, los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como vivienda debían ser remitidos al Gobierno Federal, o en su caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez que registre su plan privado de pensiones ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos de la circular CONSAR 17-1 y sus adiciones y modificaciones, así como lo establecido en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, por lo que procedía negar al quejoso la entrega de los recursos reclamados; y que la Afore demandada sólo tiene la administración de las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, pero no las de vivienda, ya que éstas son administradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Cabe señalar, que la autoridad del conocimiento al emitir el laudo impugnado precisó las razones lógico jurídicas para pronunciarse en la manera en que lo hizo y determinar que la devolución de los fondos acumulados en las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez eran improcedentes, en virtud de que el actor gozaba de una jubilación por años de servicios otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no podía ser pensionado bajo aquellos seguros por ser incompatibles con la jubilación, ya que las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez eran destinadas a fondear la pensión jubilatoria, para lo cual se apoyó en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, 82, 83 y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de ahí que resulte desacertado lo que alega el quejoso, en el sentido de que la Junta no hizo una enumeración de las pruebas aportadas al juicio, dado que en el laudo impugnado mencionó a las documentales que allegó la administradora demandada, así como los estados de cuenta exhibidos por los actores, por lo que en nada afecta a las garantías del gobernado la omisión de la responsable de enumerar las probanzas dado el sentido de la presente ejecutoria, pues el aspecto que se resuelve está relacionado, de manera preponderante, con un punto de derecho y no de hechos aislados que deban ser demostrados con medios de convicción, sin que tampoco carezca de fundamentación y motivación la resolución reclamada, como se aprecia de la lectura integral de dicho fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada bajo la número VI.2. J/43, visible en la página 769 del Tomo III, del mes de marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). Se arriba a la anterior conclusión, no obstante el argumento del quejoso de que la responsable tenía obligación de aplicar la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de este Cuarto Circuito, bajo el rubro: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ REALIZADAS EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’; dado que la misma quedó anulada y carece de sustento en el tema que nos ocupa, pues intervino en la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 2a./148/2007, del rubro: ‘SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y DE VEJEZ, CORRESPONDIENTES A SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.’; jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia, y que es la que resulta aplicable al presente caso, como más adelante se analizará. En el segundo concepto de violación, se alega que la responsable viola el artículo 840, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues el laudo debe contener una enumeración de las pruebas y la apreciación que de ellas haga la Junta y en ninguna parte del laudo se hace el estudio de las probanzas ofrecidas por la actora como era su obligación; que si bien la responsable condena a la demandada a pagar las aportaciones al seguro de retiro y vivienda, sin embargo ordena entregar al Gobierno Federal las aportaciones de los seguros de cesantía y vejez, sin fundamentar en dispositivo legal de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro su actuación, ni señalar en qué término debe hacerlo Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable; que el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, establece que los recursos (aportaciones depositados en la cuenta individual de cada trabajador) son propiedad de éste con las modalidades que establecen en la ley, las cuales se encuentran establecidas en el artículo décimo transitorio en su inciso b), que establecen: (transcribe); que las únicas modalidades que establece la Ley del Seguro Social, respecto de los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador se refieren a aquellos que obtengan una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, por tanto, si el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, no es de aplicación para aquellos trabajadores que obtengan una jubilación por años de servicio derivado de una contratación colectiva como la del actor, es decir, no fue pensionado ni por cesantía en edad avanzada ni por vejez, ya que obtuvo una pensión de jubilación otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ende, si el artículo en comento no establece que los recursos de la subcuenta de cesantía y vejez de los trabajadores jubilados deben ser enviados al Gobierno Federal, entonces la resolución de la responsable es ilegal, en virtud de que no fundamenta su resolución. Se agrega en este segundo motivo de inconformidad que del escrito de demanda, el actor fundamenta su acción en los artículos 190 de la Ley del Seguro Social y 83 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que establecen las condiciones y requisitos que debe reunir el trabajador para que le sean entregadas sus aportaciones en una sola exhibición (transcribe dichos artículos); que el numeral 83 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, establece que para que le sean entregadas las aportaciones de su cuenta individual de un plan de pensiones derivado de contratación colectiva el actor deb

acreditar que se encuentra pensionado (jubilado), y que el monto de la pensión es superior en un 30% a la garantizada, y en el periodo probatorio ofreció la documental identificada con la número dos, y el anexo A, que es la notificación que el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón, hizo a Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, que el actor había obtenido su jubilación por años de servicio y le solicitaba le entregara las aportaciones de la cuenta individual que administra; asimismo, ofreció la documental número 4 del escrito de pruebas, consistente en el comprobante de pago con el que acredita que como trabajador jubilado recibía una pensión superior en un 30% a la garantizada establecida por la Ley del Seguro Social, documentales que la responsable no valoró, violando los artículos 840 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, pues no hizo una enumeración de las pruebas aportadas. Asimismo, en el tercero de los conceptos de violación el quejoso adujo que la Junta responsable omitió aplicar la jurisprudencia 148/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que los trabajadores que se jubilaron en fecha previa al 11 de agosto de 2004 no tienen derecho a la devolución de las aportaciones de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez, de su cuenta individual, y agregó que él se jubiló en fecha posterior, esto es el 1o. de agosto de 2005 y, por tanto, tenía derecho a que se entregaran dichas aportaciones (transcribió tesis). Los motivos de impugnación segundo y tercero que anteceden, por su estrecha vinculación se estudiarán de manera conjunta. Por lo que hace a la impugnación de una violación de naturaleza formal, consistente en la falta de una relación de probanzas en el laudo impugnado, es fundado pero inoperante. En efecto, lo fundado radica en que efectivamente, del fallo impugnado se desprende que la Junta, únicamente valoró las documentales consistentes en las resoluciones para obtener la pensión por jubilación, así como el estado de cuenta ofrecido por el actor, sin estudiar los demás elementos de convicción aportados por el ahora impetrante, no obstante que tenía la obligación de hacerlo en los términos del numeral 840, fracción IV, del código obrero, que establece que el laudo contendrá la enumeración de las pruebas y la apreciación que de ella haga la responsable; sin embargo, lo anterior es insuficiente para conceder el amparo, pues como se dijo en párrafos precedentes, la parte relevante de la controversia en el juicio de origen es de derecho y no de hecho, lo que evidencia que dicha omisión no afecta al quejoso, de ahí lo inoperante de este concepto de violación. Ahora bien, como una cuestión preliminar y a fin de dilucidar la cuestión fundamental planteada en el sentido de determinar si cuando un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, goza de una jubilación por años de servicio tiene derecho o no a que le sean devueltas las aportaciones de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y de vejez de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, es menester hacer alusión a algunos preceptos que resultan aplicables al tema que nos ocupa; entre éstos, el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: (se transcribe). Del precepto constitucional parcialmente reproducido, se desprende que se instituyó a favor de los trabajadores, diversos derechos de previsión y seguridad social, y de su lectura y análisis importa destacar, que no se prevé la prerrogativa de la jubilación, esto es, obtener el pago de una pensión por haber cumplido un determinado número de años de servicio. Sin embargo, están previstos derechos relacionados con los seguros de vejez y de cesación involuntaria de trabajo, en virtud de que importan el establecimiento de una pensión de retiro a favor de los trabajadores y que constituyen, a su vez, una obligación por parte del patrón para otorgarlos, carga de la cual queda relevado al entregar las aportaciones correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que fue creada con el fin de hacer efectiva la seguridad social en México, en el área de su competencia, y a la que se le encomendó la recaudación de las aportaciones patronales para aplicar sus servicios asistenciales a los trabajadores, en términos generales. En la actualidad, y a efecto de cumplir con el citado mandato constitucional, se creó un sistema de ahorro para el retiro, cuyo análisis resulta esencial para resolver el problema jurídico planteado en este amparo. La Ley del Seguro Social dispone en relación con el tema lo siguiente: ‘Artículo 6.’. ‘Artículo 7.’. ‘Artículo 11.’. ‘Artículo 12.’. ‘Artículo 15.’. ‘Artículo 152.’. ‘Artículo 153.’. ‘Artículo 154.’. ‘Artículo 155.’. ‘Artículo 156.’. ‘Artículo 157.’. ‘Artículo 158.’. ‘Artículo 159.’. ‘Artículo 160.’. ‘Artículo 161.’. ‘Artículo 162.’. ‘Artículo 164.’. ‘Artículo 167.’. ‘Artículo 168.’. ‘Artículo 174.’. ‘Artículo 175.’. ‘Artículo 180.’. ‘Artículo 181.’. ‘Artículo 188.’. ‘Artículo 190.’. ‘Artículo 195.’ (se transcriben). Por su parte, los artículos 1, 3, fracciones I, III bis y X, 18, fracciones I, II y III, 74, 75, 76, 77, 78, primer párrafo y 79, párrafo primero, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen (se transcriben). De estas disposiciones, puede advertirse que la Ley del Seguro Social comprende -cumpliendo con el mandato constitucional contenido en la fracción XXIX del apartado A) del artículo 123- el régimen del seguro obligatorio como instrumento básico de la seguridad social. Al ser de orden público y de interés social, su cumplimiento no queda al arbitrio de la persona, sino que ésta se encuentra constreñida a cumplir con lo ordenado por la norma al ubicarse en el supuesto previsto por la misma, contraponiéndose, inclusive, a aquellas disposiciones que participan de la voluntad de las partes como fuente de las obligaciones. Al régimen obligatorio del seguro social se ingresa por disposición legal, por decreto presidencial o por convenio; y la existencia de una relación de trabajo es el hecho generador primordial del derecho a ser sujeto de dicho régimen, lo que obliga al patrón a inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y comunicar a dicho instituto las incidencias de la vida laboral de los sujetos de aseguramiento y, concomitantemente, la obligación de enterar las cuotas obrero patronales que la propia ley prevé. En la comentada legislación, se establece también la obligación del patrón de cumplir con lo referente al seguro de retiro, de cesantía en edad avanzada y de vejez. Este seguro tiene por objeto cumplir cabalmente la imposición constitucional y es de naturaleza previsional, que permite integrar un fondo o reserva con cargo a la cual pueda otorgar una pensión a un trabajador en el momento en que cumpla con determinados requisitos legales, reservas que se integran de las cotizaciones más los rendimientos que la inversión de los recursos generen, de ahí que la ley obligue a una correcta inversión y administración de las mismas. Por otro lado, la propia legislación debe definir los supuestos en que un asegurado adquiere el derecho a retirar recursos de ese ahorro formado en su beneficio. Con el propósito de llevar una correcta administración de las reservas destinadas a la pensión del trabajador, se creó en la ley la cuenta individual, de donde deriva la obligación del patrón de efectuar depósitos en dinero en cuentas bancarias individualizadas, constituidas a favor de cada trabajador a su servicio (incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de patrón). Las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez son depositadas en la mencionada cuenta individual por el Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello transfiere la propiedad de las mismas al trabajador, cumpliendo de esta forma con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley que rige el citado instituto, siendo el trabajador quien ordena a la entidad financiera invertir los recursos en una sociedad de inversión especializada en fondos de retiro, la que realiza diversas acciones a nombre del trabajador, reguladas por la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro es aquella que se abre a nombre de cada trabajador en la administradora de fondos para el retiro de su elección y en la cual se depositan las cuotas obrero patronales y estatales por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y sus rendimientos; además, se registran las aportaciones a los fondos de vivienda, pudiendo realizarse, también, aportaciones voluntarias y complementarias de retiro. Consecuentemente, las cuentas de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se integran por las siguientes subcuentas: a) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; b) Vivienda; c) Aportaciones voluntarias; y, d) Aportaciones complementarias de retiro. Las dos últimas subcuentas, no necesariamente configurarán las cuentas de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sino sólo en los casos en que los interesados efectúen las aportaciones arriba mencionadas. La subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se constituye con las cuotas obrero patronales y estatales en los ramos del seguro relativos, así como con los rendimientos que su administración produzca. Los patrones (en el caso en estudio el IMSS) y el Gobierno Federal enterarán al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero patronales y la aportación estatal que serán: a) En el ramo de retiro los patrones cubrirán el equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. b) En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del 3.150 (tres punto ciento cincuenta) por ciento y 1.125 (uno punto ciento veinticinco) por ciento, sobre el salario base de cotización, respectivamente. c) La contribución del Estado será del 7.143 (siete punto ciento cuarenta y tres) por ciento del total de las cuotas patronales en estos ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Para las anteriores aportaciones, el salario base de cotización, en términos del artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la propia ley. El Gobierno Federal aportará como cuota social, el 5.5 (cinco punto cinco) por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal por cada día de salario cotizado, actualizándose el importe inicial de la cuota social trimestralmente en los términos indicados en el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social. Las cuotas obrero patronales y las aportaciones estatales referidas, se recaudarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los recursos correspondientes podrán depositarse en la cuenta que el instituto tendrá abierta en el Banco de México, denominada concentradora, y en ésta se mantendrán hasta en tanto se lleven a cabo los procesos de individualización necesarios para transferir dichos recursos a las administradoras de fondos para el retiro, elegidas por los trabajadores. Las administradoras de fondos para el retiro individualizarán las cuotas y aportaciones en las cuentas de cada trabajador y tendrán a su cargo la administración de tales recursos, así como los de las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias, debiendo individualizar también los rendimientos derivados de su

inversión. Todo lo expuesto lleva a concluir que los recursos que integran las cuentas individuales del Sistemas de Ahorro para el Retiro de los trabajadores son propiedad de éstos y que su administración, tratándose de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las voluntarias y complementarias estarán a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, las cuales son entidades financieras dedicadas de manera profesional y habitual a ello, y están obligadas a efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones, atendiendo al interés de los trabajadores, por lo que son estas administradoras las que pagan los rendimientos que generan los recursos que integran las subcuentas referidas. A su vez, se destaca que el financiamiento de los ramos de seguro de cesantía en edad avanzada y de vejez, está integrado de manera tripartita, esto es, con las aportaciones del trabajador, del patrón y del Estado, según se infiere de la lectura de los artículos 167 y 168 de la Ley del Seguro Social. Por su parte, la propiedad de los referidos recursos a que se refiere el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, está sujeta a modalidades restrictivas y de protección, que consisten, en términos generales, en que el trabajador sólo podrá disponer de los recursos de su cuenta individual cuando se cumplan los supuestos legales para que nazca el derecho de obtener una pensión; de manera que podrá solicitar la entrega de los recursos de su propiedad para contratar un seguro de renta vitalicia o un retiro programado; o solicitar la entrega del saldo en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada, conforme se indica en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. Los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez, al igual que la jubilación -tratándose de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social- constituyen una prerrogativa establecida en favor de los trabajadores, las dos primeras de carácter legal y la última contractual, incorporadas a su esfera jurídica como consecuencia del trabajo personal subordinado que presta a un patrón, encaminada a su protección y bienestar, cuyo propósito fundamental es que la persona que concluya su vida activa laboral pase los últimos años de existencia con los satisfactores mínimos, afrontando la contingencia social del retiro con los recursos propios, acumulados en su cuenta individual durante toda su vida productiva. Se trata, pues, de un patrimonio afectado a un fin determinado, a saber, que cuando los trabajadores cumplan con los requisitos para gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, tengan derecho a que les sean entregados los fondos de su cuenta individual respectiva mediante un seguro de renta vitalicia, o mediante retiros programados, siempre y cuando no se esté en el supuesto de la jubilación, ya que ésta tiene la misma naturaleza que las pensiones referidas y, por tanto, son incompatibles, y en este caso no tendrá la facultad de disponer libremente de las aportaciones relativas a las pensiones de cesantía y vejez, ya que éstas servirán para financiar dicha jubilación. Las razones anteriores encuentran su respaldo en las consideraciones jurídicas que emergen de la jurisprudencia 148/2007, autoría de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Además de las consideraciones anteriores, así como de la legislación que quedó transcrita, es conveniente reiterar que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su doble carácter de asegurados y trabajadores del referido instituto pueden obtener los beneficios de la seguridad social en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, o en su caso, la jubilación. Así, por pensión jubilatoria se debe entender la cuantía quincenal que el instituto se obliga a pagar a los trabajadores que dejen de prestar sus servicios, por haber reunido los requisitos establecidos en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del instituto, contenido en el contrato colectivo. En ese orden de ideas, en el supuesto de que un trabajador obtenga alguna de las prestaciones relativas a cesantía en edad avanzada, vejez o jubilación, las otras se convierten en incompatibles, esto es, que no podrán subsistir la jubilación y las pensiones de cesantía en edad avanzada o vejez en una misma persona, ya que tienen el mismo objetivo, otorgar al trabajador recursos para satisfacer los requerimientos mínimos de manutención para sus últimos años de vida. Una vez que se ha precisado que la naturaleza jurídica de las pensiones de cesantía en edad avanzada, vejez y jubilación son coincidentes, pues facultan al trabajador a requerir al instituto mencionado que sustituye las obligaciones patronales de seguridad social -cuando se cumple con los requisitos legales- a qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21464-7f135951/instituto-mexicano-del-seguro-social-sus-trabajadores-jubilados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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