AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA CUMPLIR EL AUTO DE PREVENCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 268/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS Y MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis en asuntos en materia administrativa, cuyo conocimiento es competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 353/2003, el tres de octubre de dos mil tres, en la parte conducente, sostuvo:
"SÉPTIMO. Los conceptos de violación que hace valer el representante legal de la persona moral quejosa Madera 57, S.A. de C.V., resultan infundados a juicio de este Tribunal Federal, en la medida que a continuación se expresa. El representante legal de la quejosa, esencialmente argumenta que la Sala responsable realizó una indebida interpretación del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, pues afirma que de la lectura de dicho numeral, se puede corroborar que en ningún momento establece que el autorizado por la parte actora para oír y recibir notificaciones, carece de facultades para cumplir un simple requerimiento de trámite, formulado por la Magistrada instructora, y que por ello, es claro que en la especie se incurrió en una violación a lo dispuesto por los artículos 200 y 237 del código invocado, así como a los numerales 14 y 16 de la Constitución (sic). Ahora bien, puntualizado lo anterior, se reitera que los conceptos de violación que precedentemente quedaron sintetizados, son infundados, toda vez que el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, dispone en su último párrafo, lo siguiente: (se transcribe). Como se podrá observar, el citado precepto prevé la posibilidad de que los particulares o sus representantes, autoricen por escrito a un profesional del derecho para que a su nombre reciba notificaciones. Asimismo, establece que la persona así autorizada, estará facultada para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. De lo expuesto, se evidencia que la designación de autorizado para oír y recibir notificaciones debe recaer necesariamente en un licenciado en derecho; para lo cual, la persona en la que recaiga el nombramiento respectivo, debe acreditar encontrarse legalmente facultada para ejercer esa profesión. Esto último, indudablemente presupone que en el escrito en donde se otorga la autorización respectiva, se deberán proporcionar los datos correspondientes al título o cédula profesional que así lo demuestre, y con base en ello, el juzgador decidirá si ha lugar o no a tener a esa persona como autorizada en términos del artículo 200, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, lo cual acontecerá, en el momento en que se provea sobre la admisión de la demanda, una vez que se hayan satisfecho todos los requisitos que se mencionan en los artículos 208 y 209 del referido ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y sustancial, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, página 126, bajo el tenor literal siguiente: ‘AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN MATERIA DE AMPARO, MOMENTO EN QUE SE DEFINE TAL CARÁCTER.’ (se transcribe). Bajo ese tenor de ideas y contra lo argumentado por la inconforme, es de estimarse que no basta la sola circunstancia de que en la demanda inicial, se haya autorizado a Carlos Joaquín Berrón Guzmán para oír y recibir notificaciones, para que automáticamente se le tenga con tal carácter en los términos del artículo 200, último párrafo, del citado Código Fiscal; pues para que esa designación surtiera legalmente sus efectos y la persona así nombrada pudiera intervenir en defensa de quien lo nombró, era menester que, en primer lugar, la Magistrada instructora de los autos, admitiera a trámite la demanda y, hecho lo anterior, con base en los datos o documentos proporcionados, determinara si aquella persona efectivamente está facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, acordando en consecuencia, ya sea en forma favorable o desfavorable, la solicitud del promovente en el sentido de que se tuviera por autorizado al profesionista indicado. Circunstancia que en la especie no ocurrió, toda vez que antes de proveer respecto de la admisión de la demanda y, por consiguiente, sobre la designación del autorizado para oír y recibir notificaciones, la Magistrada instructora de los autos, advirtió que Marco Antonio Perales Domínguez, quien firmó la demanda de nulidad, en su carácter de representante legal de la empresa Maderera 57, S.A. de C.V., había omitido señalar el nombre y domicilio del representante de la mayoría de los trabajadores, así como que faltaba una copia de la demanda y de sus anexos, esto es, del documento con que acreditó su personalidad y de la resolución impugnada, por lo que lo requirió para el efecto de que dentro del término de cinco días, exhibiera las copias faltantes y señalara el nombre y domicilio del representante de la mayoría de los trabajadores; y ese requerimiento, contrariamente a lo que alega el quejoso, debió ser cumplido precisamente por la persona indicada, a quien se le dirigió el mismo, esto es por el representante legal de la empresa actora, Marco Antonio Perales Domínguez, quien firmó la demanda de nulidad, y no por Carlos Joaquín Berrón Guzmán a quien únicamente se le autorizó en la demanda inicial para oír y recibir notificaciones, ya que en la fecha en que se hizo el requerimiento aún no se le reconocía el carácter de autorizado en términos del artículo 200 del Código mencionado y, en tales condiciones, resulta que el acto que este último realizó por su cuenta, de ninguna manera podía surtir efectos a favor del interesado a quien dijo representar. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, abril de 1993, página 284, que dice: ‘PERSONALIDAD. SURTE EFECTOS SÓLO CUANDO ASÍ LO RECONOCE LA AUTORIDAD.’ (se transcribe). Cabe añadir, que si bien es verdad lo que afirma la empresa quejosa, en el sentido de que la citada autorización para oír y recibir notificaciones, surge de la manifestación de voluntad de la parte actora que ha quedado plasmada en el escrito inicial; también lo es, que la misma no puede operar antes de que se admita a trámite la demanda, y la Magistrada instructora reconozca el carácter de autorizado para oír y recibir notificaciones, pues las facultades de ‘... hacer promociones de trámite, rendir pruebas, ‘presentar alegatos e interponer recursos ...’, con que cuenta el autorizado, y que se contienen en el último párrafo del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, sólo son susceptibles de ejercitarse durante la tramitación del juicio, y éste, contra lo que alega el inconforme, se considera instaurado hasta el momento en que se admite la demanda y no cuando ésta se presenta, pues bien puede ocurrir que la misma se deseche por improcedente o se tenga por no presentada, al actualizarse cualquiera de las hipótesis que se mencionan en los artículos 202, 208, penúltimo párrafo y 209, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual, no existirá ningún juicio que tramitar y, por ende, ninguna promoción que presentar. Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente y substancial, la tesis de jurisprudencia número 320, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 269, del Tomo VI, correspondiente a la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘NOTIFICACIONES, AUTORIZADO PARA OÍRLAS. SU DESIGNACIÓN DEBE SER RECONOCIDA POR EL JUZGADOR PARA QUE PUEDA SURTIR SUS EFECTOS.’ (se transcribe). Por tanto, no es dable afirmar, como en el caso se hace, que el escrito por el que se desahogó el requerimiento formulado por la Magistrada instructora, constituye una promoción de trámite que podía cumplir el autorizado por el actor; pues como ya se dijo, esa atribución sólo era susceptible de ejercitarse durante el juicio, y una vez que al autorizado se le haya reconocido ese carácter en el juicio de nulidad. En ese sentido, es de estimarse que resulta correcta la determinación de la Sala Fiscal responsable, al confirmar el auto que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, ya que es evidente que cuando se pretendió cumplir con el requerimiento formulado, la persona que la ahora quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones, carecía de legitimación para ejecutar válidamente los actos procesales a que se refiere el último párrafo del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que la Magistrada instructora en el juicio de nulidad, aún no le había reconocido tal calidad; lo que al ser así, trae como consecuencia que se desestimen por infundados, los argumentos que en sentido contrario se hacen valer. Apoya la anterior conclusión, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época tomo 217-228 Sexta Parte, página 205, y que dice lo siguiente: ‘DEMANDA DE NULIDAD, DESECHAMIENTO DE LA, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LOS AUTORIZADOS.’ (se transcribe)."
Asimismo, el Tribunal Colegiado citado anteriormente, al resolver el amparo directo administrativo 361/2003, el trece de octubre de dos mil tres, sostuvo similares consideraciones a las precedentes, motivo por el cual en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.
De las consideraciones precedentes surgió la tesis, cuyo rubro, texto y datos de localización son:
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA CUMPLIMENTAR PREVENCIONES MIENTRAS NO SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER. El artículo 200, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.’. De esta disposición legal se advierte la facultad que tienen los particulares o sus representantes de autorizar por escrito a un profesional del derecho para que en su nombre reciba notificaciones, quien a su vez estará facultado para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, lo que implica que esas atribuciones sólo son susceptibles de ejercitarse por dicho autorizado una vez que se le haya reconocido tal carácter; de manera que mientras no exista ese reconocimiento expreso, el profesionista designado carece de legitimación para cumplimentar las prevenciones que se realicen directamente al interesado." No. Registro: 182,471. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, enero de 2004. Tesis VIII.1o.59 A. Página 1462.
CUARTO. Por su parte el Tribunal Colegiado denunciante, el veintitrés de noviembre de dos mil siete, al resolver el amparo directo 241/2007 se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Son fundados los conceptos de violación. En ellos, se alega medularmente, que la sentencia reclamada es violatoria del numeral 50 (sic), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, contrario a lo que determinó la Sala, Mariana Arias Mesa sí tiene legitimación para promover el escrito por el que cumple con la prevención efectuada a la actora, dado que no verificó que efectivamente tuviera reconocida su personalidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues en el escrito inicial de demanda se le designó como autorizada y se precisó el registro de su cédula profesional para efectos de que se tuvieran los elementos de identificación necesarios para corroborar en su base de datos que está facultada para actuar como profesionista en el juicio de nulidad, en términos del precepto legal 5o. de ese ordenamiento legal. Conforme a lo precedentemente relatado, se concluye que la Sala Regional en el fallo reclamado, infringió en perjuicio de la parte quejosa, el párrafo último del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al confirmar el auto de veintitrés de agosto de dos mil seis, que tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad, bajo el argumento de que no es suficiente que en el libelo se hubiese señalado a Mariana Arias Meza, como autorizada en términos de dicha norma legal, sino que era necesario que la autoridad se cerciorara de que ejerce de manera legal la profesión de licenciado en derecho, por lo que si en el acuerdo de quince de marzo del año en curso, no se le reconoció ese carácter, no está legitimada para cumplir con el requerimiento realizado en tal auto, porque no existe declaratoria expresa respecto a la idoneidad de desempeñar ese cargo, o sea, que no existe certeza de que cumpliera con el registro de ley. Se adquiere el convencimiento anterior, porque la circunstancia de que el Magistrado instructor en auto de quince de marzo de dos mil seis, no se hubiese pronunciado sobre la petición de la parte actora de que se tenga a Mariana Arias Meza, como su autorizada en los amplios términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto de la cual, incluso, señaló el número de su cédula profesional, el número del registro, folio y el libro en que se encuentran los datos de aquélla, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ninguna forma significa que dicha autorizada carezca de legitimación para cumplir con el requerimiento realizado a la parte accionante, como incorrectamente lo sostuvo la juzgadora, si en cuenta se tiene que si esa omisión, sólo le es atribuible al indicado Magistrado instructor, lógica y jurídicamente no puede llegar al extremo de que se tenga por no interpuesta la demanda de nulidad, por no ser un hecho imputable a la parte accionante que conlleve a esa eventualidad. En esas circunstancias, queda claro que la Sala Fiscal soslaya que desde el auto preventorio del libelo, el Magistrado instructor debió ineludiblemente, acordar lo conducente sobre la solicitud de la parte actora de que se le tuviera como su autorizada a Mariana Arias Meza, en los amplios términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que así, de esta manera estuviera en posibilidad legal de dirimir en el auto de veintitrés de agosto de dos mil seis, si tenía o no legitimación para cumplimentar el requerimiento efectuado en el antecedente auto de quince de marzo último -exhibición de pruebas documentales-, pero no bajo la premisa errónea de que aún no se le ha reconocido expresamente ese carácter de autorizada. Esto, en atención a que de acuerdo a una recta interpretación del artículo 5o., último párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que la persona autorizada en la demanda pueda actuar en defensa de su autorizante, es necesario la voluntad del particular, esto es, que exista su designación en la demanda y de que sea licenciado en derecho, esto último que debió corroborarse y existir el pronunciamiento respectivo en el auto que recayó a la recepción de la demanda de nulidad, si se toma en consideración que el primero de esos extremos se satisfizo plenamente, pues, como se ha dicho, en el libelo de nulidad sí se nombró a la aludida Arias Mesa como autorizada de la parte demandante con las amplias facultades a que se contrae dicha norma legal y tocante a la segunda de las exigencias, se indicaron los datos relativos a su cédula profesional, así como los de los folios y del libro en que se encuentra registrada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que se insiste, jamás se constató por parte de la autoridad que emitió el auto de avocamiento de la demanda. Consiguientemente, al estar expresamente consignada la voluntad de la parte actora de designar como su autorizada a Mariana Arias Meza, no es dable sostener que por la omisión del Magistrado instructor de proveer lo que en derecho proceda sobre ese nombramiento, tal autorizada carezca de legitimación procesal para dar contestación al requerimiento realizado a la parte actora, como desacertadamente se resolvió en la resolución reclamada. De estimarse lo contrario, se estaría ante una irregularidad procesal consistente en no acordar sobre la designación de los autorizados, desde el primer proveído que se dictó en el juicio de nulidad, con el único fin de que éstos no puedan actuar en defensa de su autorizante, por no existir reconocimiento expreso de la resolutora en cuanto a su designación; situación que es inadmisible, si se atiende a que no debe perderse de vista que la carga procesal de proveer sobre la solicitud de los autorizados, recae en la Sala o Magistrado instructor, no así en el actor quién, como se dijo, cumple con el imperativo de la ley, al señalar a las personas que fungirán como sus autorizados y acreditar que ejercen debidamente la profesión del licenciado en derecho. En tales condiciones, debe estimarse que la omisión en que se incurrió en el auto de prevención de la demanda, no puede ser imputable a la actora, aquí quejosa, al grado de considerar que la persona que autorizó para oír notificaciones en los amplios términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quien acudió a cumplir con el requerimiento de mérito, no tiene legitimación para ello, desde el momento en que no hay razón alguna que justifique la postergación de acordar sobre la petición de los autorizados designados, antes de que no se haya admitido el libelo, por no existir disposición legal en contrario. Cabe hacer hincapié, que con el criterio adoptado en este fallo, no se prejuzga si las personas que señala en la demanda de nulidad necesariamente se ubican en el numeral 5o. de la legislación en cita y, por ende, deba reconocérseles el carácter de autorizados en los amplios términos que prevé esa norma legal, en tanto que ese cercioramiento lo emprenderá la autoridad que conoce de la demanda de nulidad y expresará lo correspondiente en el auto respectivo, a fin de que determinar si la persona que acudió a cumplir con el requerimiento efectuado a la accionante, tiene o no legitimación para hacerlo. Tiene aplicación al caso, la tesis que se comparte, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1825, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es del tenor literal siguiente: ‘AUTORIZADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS NOMBRADOS POR EL ACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 200, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DESDE EL AUTO DE PREVENCIÓN.’(se transcribe)."
QUINTO. A fin de determinar si en el caso existe o no contradicción de criterios, se toma en cuenta la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más adelante se citará, en la cual se establecen los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, que son los siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos los Tribunales Colegiados hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
El rubro de la jurisprudencia de mérito es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76.
Para establecer si en la presente denuncia de contradicción de tesis se surten los requisitos precitados es necesario sintetizar las consideraciones sustentadas en las ejecutorias participantes en la misma.
1. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 353/2003, sustentó las consideraciones siguientes.
No basta que en la demanda inicial se autorice a una persona para oír y recibir notificaciones para que automáticamente se le tenga con tal carácter en los términos del artículo 200, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil tres, pues para que esa autorización surta efectos legales y la persona nombrada pueda intervenir en nombre de quien la designó es necesaria la admisión a trámite de la demanda relativa y con base en los datos o documentos proporcionados determinar si aquella persona está facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho.
Así, cuando previamente a la admisión de una demanda fiscal se requiere al interesado para que cumpla determinados requisitos, el requerimiento lo debe cumplir la persona que la suscribió y no el autorizado en la misma para oír y recibir notificaciones, porque al hacerse el requerimiento relativo aún no se le reconoce ese carácter en términos del último párrafo del artículo 200 citado, lo cual sucede cuando se admite a trámite la demanda respectiva, razón por la cual las facultades previstas en dicho párrafo son susceptibles de ejercerse durante la tramitación del juicio.
Por tanto, mientras al autorizado en la demanda fiscal para oír y recibir notificaciones no se le reconozca tal carácter carece de legitimación para ejecutar válidamente los actos procesales previstos en el último párrafo del precepto indicado y, por ello, no puede cumplir el requerimiento que se formule previamente a admitir a trámite la demanda respectiva.
2. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 241/2007, en lo interesante, sustentó las consideraciones siguientes:
La circunstancia de que el Magistrado instructor en el auto de prevención, dictado previamente a la admisión de la demanda, no se pronuncie sobre la petición de la parte actora de tener a una persona profesional en derecho autorizada para oír y recibir notificaciones ampliamente en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de ninguna manera significa que la persona autorizada en esos términos carezca de legitimación para cumplir con el requerimiento realizado a la parte accionante en el auto de prevención relativo, pues debe tenerse en cuenta que tal omisión es imputable al Magistrado instructor y, por ello, cuando el autorizado en los términos mencionados cumple con el requerimiento respectivo no puede llegar al extremo de tener por no interpuesta la demanda de nulidad relativa.
Lo anterior, porque conforme a la recta interpretación de lo dispuesto en el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para que la persona autorizada pueda actuar en defensa de su autorizante, es necesaria la designación en la demanda (voluntad del accionante) y que sea licenciado en derecho, lo cual se debe constatar por la autoridad respectiva previamente al auto de prevención o requerimiento; luego, al existir la voluntad del interesado para designar ampliamente a una persona profesional en derecho para oír y recibir notificaciones en su nombre no es dable sostener que por la omisión del Magistrado instructor de pronunciarse al respecto la persona autorizada carezca de legitimación para dar cumplimiento al requerimiento respectivo, pues no debe soslayarse que la Sala o el Magistrado instructor desde el primer proveído tienen la carga procesal de proveer sobre la solicitud de tener por autorizados a los profesionales de derecho que señale el actor, aun cuando dicte un auto de prevención, pues no hay razón alguna apta para justificar la postergación de acordar sobre la solicitud de mérito.
Una vez hecha la síntesis anterior se precisa que los órganos colegiados contendientes sustentaron los criterios siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sustentó el criterio relativo a que de acuerdo con lo establecido en el artículo 200, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil tres, los particulares o sus representantes están facultados para autorizar a un profesional del derecho para recibir en su nombre notificaciones, quien a su vez estará facultado para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, lo cual implica que tales atribuciones sólo son susceptibles de ejercerse por el autorizado una vez que se le haya reconocido expresamente tal carácter, pero mientras esto no se hubiere hecho, el profesional designado carece de legitimación para cumplimentar las prevenciones formuladas directamente al interesado.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, estableció el criterio consistente en que cuando la parte promovente de la demanda autoriza ampliamente, a un profesional del derecho para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor y la Sala o el Magistrado instructor al pronunciar el auto de prevención omiten acordar esa autorización, esto no es motivo para establecer que el autorizado carece de legitimación para cumplir con el requerimiento relativo, pues esa omisión no le es imputable a ella; luego, si el autorizado en los términos indicados cumple con la prevención de que se trate no procede declarar no interpuesta la demanda respectiva, sino que se debe tener por cumplida la prevención relativa.
En esta tesitura y atendiendo a los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados contendientes se concluye que el punto de contradicción consiste en:
Determinar si de conformidad con lo establecido en los artículos 200, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco y su correlativo 5o., párrafo último, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, el licenciado en derecho autorizado en los términos de los citados numerales, con el solo acto de la autorización se encuentra legitimado para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas a su autorizante, o bien, si para estarlo, requiere que se le haya reconocido expresamente ese carácter y pueda ejercer las atribuciones previstas en tales preceptos.
No es óbice para arribar a la conclusión anterior la circunstancia de que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, haya fundado su criterio en lo establecido en el artículo 200, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil tres y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo hubiere apoyado en el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor, en virtud de que ambas disposiciones son idénticas, tal y como se pone de manifiesto con la transcripción siguiente:
Ver transcripción
De los preceptos transcritos se advierte que son idénticos al regular las facultades o atribuciones del licenciado en derecho para recibir notificaciones en nombre de su autorizante.
En este orden de ideas, se reitera la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque los órganos colegiados contendientes analizaron el mismo problema jurídico a saber, si el licenciado en derecho autorizado en términos de los preceptos transcritos, por ese solo hecho puede ejercer las atribuciones o facultades establecidas en los mismos o para ello es necesario el reconocimiento previo de ese carácter y si la ausencia de éste provoca la falta de legitimación del autorizado para cumplir las prevenciones hechas a su autorizante.
Por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes abordaron el estudio del problema jurídico citado a la luz de los preceptos transcritos, los cuales como ya se puso de relieve pertenecen a ordenamientos distintos, pero de contenido idéntico y no obstante ello uno afirmó lo que otro negó, es inconcuso que existe la contradicción de criterios.
El anterior criterio tiene apoyo, en lo conducente, en las jurisprudencias, cuyo rubros, textos y datos de localización son los siguientes:
"No. Registro: 917,654
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20964-fe47a9ca/autorizado-para-oir-notificaciones-en-la-demanda-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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