QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO EN QUE, PREVIAMENTE A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA O NIEGA TENER POR FORMULADA LA OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY CITADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, porque aun cuando la contradicción denunciada versa sobre criterios pertenecientes a la materia común, hay precedentes que orientan la solución del problema jurídico involucrado, por lo cual es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde conocer, entre otros asuntos:
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que se hayan sustentado tales tesis.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su presidente, y dado que ese órgano sostuvo uno de los criterios presuntamente contradictorios, es patente que la denuncia proviene de quien cuenta con legitimación para iniciar este tipo de procedimientos.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, a continuación se transcriben, en lo conducente, las ejecutorias relativas.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja **********, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil ocho, sostuvo, en lo que interesa:
"CUARTO. Preliminarmente al estudio de los agravios hechos valer, se estima necesario puntualizar que el presente asunto es procedente en virtud de lo siguiente:
"En este punto cabe destacar, que el presente recurso de queja se interpuso con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de la parte conducente del escrito de expresión de agravios, en el que la recurrente al respecto, señaló lo siguiente: (se transcribe) (foja 1).
"Ahora bien, debe tenerse presente que el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe).
"El precepto transcrito contempla dos supuestos de procedencia para la tramitación del recurso de queja ahí previsto, a saber:
"a) Cuando se impugna una resolución dictada durante la tramitación del juicio o incidente de suspensión, siempre y cuando la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión y los daños y perjuicios que aquélla pudiera ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; y
"b) Cuando se impugna una resolución dictada después de fallado el juicio en primera instancia, que no sean reparables por el Juez de Distrito, el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La primera de las hipótesis se actualiza en el presente asunto, toda vez que se trata de un acuerdo de trámite realizado dentro del juicio de amparo, en contra del que no se admite expresamente el recurso de revisión previsto por la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo; y respecto del cual se estima que la violación de la cual se duele la quejosa (sic) recurrente, es de naturaleza trascendental y grave, pues los daños y perjuicios que se le podrían causar no serían susceptibles de ser reparados en la sentencia definitiva.
"Lo anterior es así, toda vez que la quejosa (sic) recurrente básicamente se duele de que en el auto recurrido la Juez del conocimiento no acordó de conformidad su objeción de falsedad de documentos, de tal suerte que si dicha violación no es analizada en el presente recurso, tampoco será susceptible de analizarse en el fondo del asunto.
"Al respecto, cabe señalar que por regla general el medio de impugnación procedente contra decisiones emitidas en el incidente de objeción de falsedad, es decir una vez que se ha tramitado dicho incidente, que regula el artículo 153 de la Ley de Amparo, debe ser el recurso de revisión previsto en el artículo 83, fracción IV, en su parte final, de la ley de la materia, en virtud de que el referido incidente se ventila en la audiencia constitucional, donde se resuelve la materia del amparo; criterio que aplicado en sentido contrario arroja la idea -de que de no analizarse en recurso de queja el auto por el cual la Juez del conocimiento señala que no ha lugar a acordar de conformidad la objeción de los documentos de que se trata, ello traerá como consecuencia que no sea ventilado el respectivo incidente de objeción de falsedad- y, por ende, tampoco podrá impugnar la violación de que se duele mediante el recurso de revisión.
"En apoyo de lo anterior, cobra aplicación al caso en sentido contrario la siguiente tesis aislada que se comparte emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado (sic) en la página 566, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual refiere lo siguiente:
"‘INCIDENTE DE FALSEDAD, ACUERDOS RELATIVOS AL, DICTADOS EN AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBEN IMPUGNARSE EN REVISIÓN, NO EN QUEJA.’ (se transcribe).
"Asimismo, se estima que la naturaleza de la resolución recurrida es trascendental y grave, toda vez que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que las partes están en posibilidad de objetar los documentos antes y durante la audiencia, en dicha diligencia, el Juez deberá hacer relación de las documentales ofrecidas y, de ser procedente, abrir el incidente de objeción promovido, dando lugar a la suspensión de la audiencia para la tramitación del incidente referido, por lo que si en la especie la parte tercera perjudicada aquí recurrente promovió la objeción por falsedad de documentos antes de la audiencia y en un acuerdo anterior a aquélla la Juez del conocimiento determinó tener a la parte promovente haciendo manifestaciones en cuanto a la objeción planteada y resolvió que no ha lugar a objetar de falsos los documentos en cuanto a su contenido, pues sólo puede plantearse la objeción de documentos por lo que a su autenticidad se refiere.
"Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia P./J. 22/2000, del Pleno del Máximo Tribunal de la nación, consultable en la página 24, Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Ahora bien, si en el caso que nos ocupa la Juez consideró improcedente dar trámite al incidente de falsedad interpuesto, no reservó su admisión o su inadmisión al momento de la audiencia, sino que se pronunció al respecto con anterioridad a ella, razón por la cual en la audiencia no analizará tal cuestión, por lo que no habrá posibilidad de seguir el trámite correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Amparo, pues una vez que se pronunció decidiendo no darle trámite, no puede en un momento posterior resolver lo contrario, pues estaría revocando una determinación propia, por lo que la decisión de la Juez en el auto recurrido podría constituir una violación grave y trascendente no reparable en sentencia.
"Al respecto es aplicable el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que se comparte, publicada en la página 226 del Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual señala:
"‘JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe).
"En este orden de ideas, es dable concluir que sí es procedente el presente recurso de queja."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja **********, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil ocho, precisó en lo conducente:
"TERCERO. Es improcedente el presente recurso de queja.
"Del análisis de los agravios expresados por el recurrente, se advierte que en concreto impugna la determinación contenida en el proveído de doce de marzo del año en curso, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto **********, que desechó la objeción de documentos que planteó con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece: ‘El recurso de queja es procedente: ...’ (se transcribe).
"Del texto del transcrito precepto legal, se colige que el recurso de queja es procedente cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1) Que se interponga en contra de una resolución dictada por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. 2) Que dicha resolución sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión. 3) Que la resolución emitida no admita expresamente el recurso de revisión. 4) Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. 5) Que si dicha resolución es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado) o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En el caso, el auto recurrido de doce de marzo de dos mil ocho, no cumple con el cuarto de los requisitos antes mencionados, consistente en que la resolución contenida, por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, pues aun cuando el Juez de Distrito a quo desechó la objeción de documentos que el hoy recurrente planteó con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo, lo cierto es que el perjuicio que pudo ocasionar es reparable en la sentencia definitiva, pues al celebrar la audiencia constitucional dicho Juez deberá acordar todo lo relacionado con las pruebas ofrecidas, específicamente con la documental, como lo es la exhibida con el informe justificado que rindió el Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil de México, Distrito Federal y, por lo mismo, lo relacionado con la objeción de tales documentos. Ello es así, porque de acuerdo con la ley de la materia es la audiencia constitucional el momento procesal oportuno para decidir sobre el ofrecimiento de la prueba documental y, en su caso, sobre las objeciones que en ese acto o con anterioridad se hubiesen formulado; y podría ser que el Juez a quo en tal audiencia omitiera acordar sobre la objeción cuyo desechamiento es materia de esta queja, o bien reiterar tal desechamiento ordenando estar a lo ya acordado en auto de doce de marzo del año en curso o, en último caso, obsequiar la petición del agraviado teniendo por hecha la objeción, procediendo en consecuencia. atento a lo dispuesto al referido artículo 153 de la Ley de Amparo.
"Y se dice que podrá darse alguna de esas tres posibilidades; tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 86/2006 al resolver la contradicción de tesis 81/2006-PS sustentadas (sic) por el Primero y Segundo de los Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil de este circuito, en la cual estableció los alcances del artículo 153 de la Ley de Amparo que regula la figura de objeción de documentos en el juicio de garantías y categóricamente hizo estos pronunciamientos ‘... El artículo 155 de la Ley de Amparo prevé que abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden las pruebas, alegatos por escrito y en su caso el pedimento del Ministerio Público; la parte quejosa tiene derecho (sic) alegar verbalmente cuando se trate de actos como los prohibidos por el artículo 22 constitucional y aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, asentándose un extracto de sus alegaciones; en los demás casos se puede alegar verbalmente sin que los alegatos se hagan constar en autos. Una vez terminada la audiencia se dicta resolución en el mismo acto ... el artículo 151 de la Ley de Amparo prevé que las pruebas se ofrecen y se rinden en la audiencia constitucional con excepción de la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la propia audiencia y la tenga por recibida en ese acto, es decir, la prueba documental con independencia del momento procesal en que sea ofrecida, el Juez de Distrito se encuentra obligado a hacer relación de ella en la audiencia que es de pruebas, alegatos y sentencia ... Específicamente respecto de la oportunidad para hacer valer la objeción de documentos, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 15/98, en sesión de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, estableció que dicha objeción puede formularse antes o durante la celebración de la audiencia constitucional.’
"En la misma ejecutoria, la Primera Sala sintetizó las consideraciones que sustentaron la jurisprudencia que decidió la contradicción de tesis 15/98 (jurisprudencia identificada como P./J. 22/2000) sostuvo lo que a continuación se transcribe y que es de particular relevancia en el asunto que ahora se resuelve; y hecho lo anterior la referida Primera Sala consideró: ‘... al fallar la contradicción antes citada, el Tribunal Pleno se pronunció en el sentido de que la objeción de documentos se puede presentar en cualquier momento ya que no existe disposición expresa en el sentido de que deba presentarse en el momento en que se celebra la audiencia constitucional, por tanto, dicha objeción puede ser formulada por las partes antes de que tenga verificativo la audiencia constitucional o bien en la misma ... del texto del artículo 153 de la Ley de Amparo (se advierte) que es obligación del juzgador suspender la audiencia constitucional con la interposición del incidente de objeción de documentos; es decir, la norma citada es expresa en el sentido de que la audiencia constitucional debe ser suspendida, sin que exista la posibilidad de interpretarla en un diverso sentido, ya que dicho precepto es claro en cuanto a su contenido y no admite más interpretación que la literal. Ahora, en cuanto a la obligación del Juez de Distrito en cuanto suspender la audiencia constitucional por diez días a efecto de que se presenten las pruebas y contrapruebas, existe disposición expresa en el artículo 153 antes mencionado, en ese sentido, por ende, se concluye que con independencia del momento en que se presente la objeción de documentos en el juicio indirecto, si previamente o durante la celebración de la audiencia constitucional, invariablemente debe relacionar la prueba documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida en el precepto citado con antelación y para el efecto de recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado.’
"Pero cualquiera que fuese la decisión que tomara el Juez de Distrito a quo durante la celebración de la audiencia constitucional, en lo relativo a la objeción de documentos de que se viene hablando, de ser omiso podría subsanarse en la ejecutoria que se pronunciaría con motivo de la revisión que llegara a interponer el afectado en contra de la sentencia del a quo o, en todo caso, si la opción fuera el dictado de un acuerdo sobre el particular, éste podría ser materia de los agravios que junto que con los que causara en sí la propia sentencia definitiva pudiera expresar quién de ese evento resultara agraviado.
"Con base en todas estas consideraciones, es de concluirse que la presente queja es improcedente si (sic) eso conduce a su desechamiento."
La ejecutoria parcialmente reproducida dio origen a la tesis VI.2o.C.279 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 1122, de rubro y texto siguientes:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVIO A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo establece como requisito de procedencia del recurso de queja que la resolución recurrida, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Sin embargo, tal imperativo no se satisface cuando lo impugnado es el acuerdo por el cual el Juez de amparo, previo a la audiencia constitucional, desecha el incidente de objeción de documento planteado por alguna de las partes, debido a que el perjuicio que pudo ocasionar es reparable en sentencia definitiva, pues es hasta la audiencia constitucional en que deberá acordarse todo lo relacionado con las pruebas ofrecidas, así como lo inherente a las objeciones que en ese acto o con anterioridad se hubiesen formulado, etapa en la que puede confirmar el desechamiento previamente decretado o, en caso de ser procedente, obsequiar la petición del incidentista, procediendo de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Amparo; esto es, suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes en cuyo caso el posible daño o perjuicio no trasciende, lo que hace improcedente el recurso de queja."
CUARTO. Ahora bien, el hecho de que el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación relativa en los términos previstos en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre el mismo punto jurídico.
Son aplicables a lo anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno y 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicadas, respectivamente, en el Tomo XIII, abril de 2001, página 77 y en el Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubros son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."
QUINTO. Procede examinar a continuación si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
A fin de determinar cuándo existe contradicción de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 26/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme al criterio reproducido, el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que para estimar configurada una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso que:
a) Al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Para estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es menester tomar en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada órgano colegiado arribó, como se expone enseguida:
A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del recurso de queja **********, interpuesto por **********, en contra del acuerdo de veinte de mayo de dos mil ocho, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, a través del cual la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco negó tener por formulada la objeción planteada por la parte tercero perjudicada, en términos del artículo 153 de la Ley de Amparo.
Al fallar el recurso de queja interpuesto contra tal decisión, el Tribunal Colegiado referido analizó previamente la procedencia del recurso de queja, la cual estimó justificada con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, por ser el acto impugnado un acuerdo de trámite emitido dentro del juicio de amparo, contra el cual no procede expresamente el recurso de revisión, pues si bien es cierto que éste procede, por regla general, contra decisiones emitidas en el incidente de objeción de falsedad, conforme al artículo 83, fracción IV, parte final, de la ley de la materia, al tramitarse tal incidencia en la audiencia constitucional, también lo es que al no tener por formulada la objeción, ésta no se tramitará y no podrá impugnarse en revisión; asimismo, a juicio del Tribunal Colegiado, la resolución recurrida es de naturaleza trascendental y grave, porque si bien esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que las partes pueden objetar los documentos antes y durante la audiencia en la que el Juez debe hacer relación de las documentales ofrecidas y, de ser procedente, abrir el incidente de objeción, suspendiendo la audiencia para tramitarlo, si en este caso la recurrente formuló la objeción antes de la audiencia y la a quo determinó que no había lugar a tramitar la incidencia relativa, sin reservar proveer sobre su admisión o no hasta la audiencia, entonces en ésta no se analizará tal cuestión, pues una vez que la a quo decidió no darle trámite al incidente de objeción de falsedad, no puede en un momento posterior resolver lo contrario, dado que estaría revocando una determinación propia.
B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito conoció del recurso de queja **********, interpuesto por **********, en contra del auto de doce de marzo de dos mil ocho, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, a través del cual el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla desechó la objeción de documentos formulada por el quejoso, respecto de la firma de diversos escritos que obraban en las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado.
El Tribunal Colegiado del conocimiento estimó improcedente dicho recurso de queja, al considerar que el auto recurrido no cumplía con el requisito de que, por su naturaleza trascendental y grave, pudiera causar algún daño o perjuicio no reparable en la sentencia, pues conforme a la ley de la materia, al celebrar la audiencia constitucional, el Juez de Distrito debe acordar sobre las pruebas ofrecidas y sobre las objeciones que en ese acto o previamente se hayan formulado, momento en el cual, a juicio del Tribunal Colegiado, podría ocurrir que el juzgador omitiera proveer sobre la objeción desechada o reiterara su desechamiento, ordenando estar a lo acordado en el auto recurrido o, en su caso, decidiera tener por formulada la objeción y proceder en consecuencia.
Ello, porque, afirmó el Tribunal Colegiado, en la tesis de jurisprudencia 86/2006, la Primera Sala de esta Suprema Corte estableció los alcances del artículo 153 de la Ley de Amparo, y afirmó que con independencia del momento procesal en que sea ofrecida, el Juez de Distrito está obligado a relacionar la prueba documental en la audiencia, en tanto que el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 15/98, estableció que la objeción de documentos puede formularse antes o durante la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que en la ejecutoria de la que surgió aquella tesis, la Primera Sala concluyó, al sintetizar las consideraciones de la jurisprudencia P./J. 22/2000 que decidió la contradicción de tesis 15/98, que con independencia del momento en que se presente la objeción de documentos, previamente o durante la celebración de la audiencia de ley, la prueba documental y su objeción deben relacionarse invariablemente en la audiencia y, de ser procedente, suspenderla conforme al artículo 153 citado, para recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado.
Finalmente, sostuvo el Tribunal Colegiado, cualquiera que fuese la decisión que el Juez tomara en la audiencia respecto a la objeción de documentos, su omisión podría subsanarse en la ejecutoria que se pronunciara con motivo de la revisión que llegara a interponerse contra la sentencia de amparo o, en todo caso, si se emitiera un acuerdo sobre el particular, éste podría ser materia de los agravios que se expresaran junto con los relativos a la sentencia.
Los hechos y razonamientos descritos evidencian que, en este caso, se actualizan los supuestos previstos en la tesis de jurisprudencia invocada, para la existencia de la contradicción denunciada.
En efecto, los dos Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron sobre casos concretos similares, a través de los respectivos recursos de queja hechos valer contra sendos proveídos emitidos por Jueces de Distrito en juicios de amparo indirecto, a través de los cuales desecharon la correspondiente objeción de falsedad de documentos prevista en el artículo 153 de la Ley de Amparo, formulada antes de la audiencia constitucional.
Además, en los asuntos sometidos a la potestad de los Tribunales Colegiados contendientes se aplicó el mismo ordenamiento y examinaron el mismo problema jurídico, consistente en determinar si, conforme a lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede en contra del auto que, previamente a la audiencia constitucional, decide no tener por formulada o desecha la objeción de documentos planteada en términos del artículo 153 de la ley citada.
Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo que el medio de impugnación es procedente porque contra la determinación apuntada no procede la revisión y es de naturaleza trascendental y grave, porque si en acuerdo previo se determinó no dar trámite al incidente de objeción de falsedad, sin reservar proveer sobre su admisión o no hasta la audiencia constitucional, el Juez no podrá de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21514-80321d44/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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