COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES FISCALES DEL ESTADO DE MÉXICO. PARA CONSIDERARLA DEBIDAMENTE FUNDADA ES INNECESARIO QUE AL EMITIR ACTOS CON BASE EN EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA, SE SEÑALEN LA FECHA EN LA QUE LA LEGISLATURA LOCAL LO APROBÓ Y AQUELLA EN QUE SE PUBLICÓ EN LA GACETA DEL GOBIERNO ESTATAL Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
REVISIÓN FISCAL 87/2008. ADMINISTRADOR CENTRAL DE LO CONTENCIOSO, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR CENTRAL DE AMPAROS E INSTANCIAS JUDICIALES, DE LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE ADUANAS, DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, DE RECAUDACIÓN, DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y JURÍDICO, ÉSTOS EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Es esencialmente fundado el argumento en donde se sostiene que, indebidamente, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 20313404/343/2005 de nueve de febrero de dos mil cinco, emitida por la Dirección General de Fiscalización del Gobierno del Estado de México, al estimar que el oficio de solicitud de documentación e información que motivó la emisión de la citada resolución, fue emitido por una autoridad que no fundó debidamente su competencia, dado que no citó la fecha en que el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, fue aprobado por la Legislatura Local.
Lo anterior, refiere la recurrente, ya que para estimar debidamente fundada la competencia material y territorial de la autoridad demandada, era suficiente con citar los preceptos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, así como las cláusulas relativas al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, por lo que resultaba innecesario que, además, se citara la fecha en que fue aprobado el aludido convenio de adhesión por parte de la Legislatura Local, siendo suficiente la cita de los ordenamientos legales en los que se encontraba prevista la competencia de la autoridad que emitió el oficio de solicitud de documentación e información.
Ciertamente, de la resolución impugnada se advierte que la Sala del conocimiento, con fundamento en el penúltimo párrafo, fracción I, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso numeral 50, primer párrafo, de la citada ley, examinó de manera oficiosa la competencia del director general de fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, para emitir la orden de revisión de gabinete contenida en el oficio 203131000/00728/2003 de treinta y uno de marzo de dos mil tres.
En el particular, consideró que el citado oficio 203131000/00728/2003 de treinta y uno de marzo de dos mil tres, a través del cual el director general de fiscalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, comunicó a la actora la revisión de gabinete, carecía de la debida fundamentación y motivación, puesto que aun cuando se citó como fundamento de la competencia el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no se señaló la fecha en que éste fue aprobado por la Legislatura Local, ni tampoco la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni en la Gaceta Oficial del Estado de México.
Que la cita de la cláusula primera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, así como las diversas cláusulas segunda, fracciones I y III, tercera, cuarta, séptima, primer párrafo, y octava, primer párrafo, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, no era suficiente para fundar la competencia del funcionario emisor, en virtud de que no se precisó la fecha en que el convenio de adhesión fue aprobado por parte de la Legislatura Local, siendo éste un elemento esencial que da validez y eficacia al propio convenio.
Razón por la cual, desde su perspectiva, al no señalarse la fecha en que fue aprobado por la Legislatura Local el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, originó la insuficiente fundamentación de la competencia del director general de fiscalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, al emitir el oficio 203131000/00728/2003 de treinta y uno de marzo de dos mil tres.
Precisado lo anterior, como se expuso en párrafos precedentes, asiste razón a la inconforme en cuanto que para estimar debidamente fundada la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, resulta innecesario señalar la fecha en que se aprobó, por parte de la Legislatura Local, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ni tampoco la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni en la Gaceta Oficial del Estado de México.
Lo anterior es así, pues, de aceptarse tal situación se tendría que obligar a las autoridades al emitir sus resoluciones, a que señalen la fecha en que se publicaron los códigos o leyes que les sirvieron de apoyo, circunstancia que no se advierte contemplada en el artículo 16 constitucional, como requisito necesario para la debida fundamentación de un acto de autoridad, ya que para ello sólo es imprescindible el señalamiento del precepto legal que va a servir de sustento y que el asunto concreto de que se trate encuadre en los presupuestos de dicho numeral.
En efecto, en relación con el tema relativo a la debida fundamentación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido de que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permite la garantía en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.
Tal criterio se desprende del contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 115/2005 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."
De dicha jurisprudencia se desprende que para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora del acto de molestia.
De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades administrativas, al emitir una orden que redunde en acto de molestia, están obligadas en cualquier caso a fundar correctamente su competencia, puesto que si bien una correcta técnica legislativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud, su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio.
En ese contexto, asiste razón a la recurrente en cuanto a que no tenía por qué señalar la fecha en que se aprobó, por parte de la Legislatura Local, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, así como tampoco la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni en la Gaceta Oficial del Estado de México, para estimar debidamente fundada la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, esto es, la competencia del director general de fiscalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, para emitir el oficio 203131000/00728/2003 de treinta y uno de marzo de dos mil tres.
Lo anterior es así, puesto que como se destacó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, para que se considere que un acto de autoridad está debidamente fundado en cuanto a la competencia de su emisora, es necesario que ésta señale con precisión, además del precepto legal que le otorgue la atribución ejercida, la respectiva fracción, inciso o subinciso en que se apoye o, en caso de que la norma legal no los contenga, transcriba la parte conducente del precepto legal, sin que se advierta de tal imperativo constitucional, la obligación de citar en el acto de molestia la fecha en que se aprobó, por parte de la Legislatura Local, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ni tampoco la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni en la Gaceta Oficial del Estado de México.
Consecuentemente, la hoy recurrente no tenía la obligación de enunciar dichos datos, en virtud de que únicamente basta que precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso.
En las relacionadas consideraciones y ante lo fundado del agravio hecho valer, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Sala que emita una nueva, siguiendo los lineamientos de esta resolución, en el entendido de que deberá analizar los conceptos de impugnación cuyo estudio omitió.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se ordena emitir una nueva resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos del juicio de nulidad a la Sala Fiscal de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Manuel de Jesús Rosales Suárez, Salvador González Baltierra y el licenciado Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, secretario adscrito a este tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21573-0ae4e228/competencia-de-las-autoridades-fiscales-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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