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Modo: Corpus Pro

INFORMES DE ASUNTOS NO DILIGENCIADOS. NO INTERRUMPEN EL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 87/2002. · Registro digital (IUS): 17162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 1147.

REVISIÓN FISCAL 87/2002. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los agravios que expone la autoridad recurrente son infundados, como enseguida se precisa.

La inconforme señala que la Sala del conocimiento no tomó en cuenta lo argumentado en la contestación de la demanda de nulidad, en el sentido de que la prescripción se interrumpió con diversas gestiones de cobro, conforme a lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.

Este motivo de disenso es infundado ya que, contrario a lo que estima la recurrente, la a quo sí atendió los planteamientos a que alude.

En efecto, en la sentencia que se revisa se advierte, en lo que interesa, lo siguiente:

"Sin que obste a la determinación anterior la aportación de los informes de asuntos no diligenciados, que obran a fojas 63 y 64 del expediente en que se actúa, pues los mismos no tienen la fuerza legal para interrumpir el plazo de la prescripción, porque la condición indispensable establecida en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, para interrumpir la prescripción, es el que la diligencia sea notificada al deudor, circunstancia que no sólo no se demuestra sino que se contrapone, pues con tales informes se acredita que no se llevó a cabo diligencia de cobro alguna con el deudor."

De la anterior transcripción se pone de relieve, como se dijo, que la Sala de origen sí abordó lo relacionado con tales gestiones de cobro y tan fue motivo de análisis que concluyó que se tratan de asuntos no diligenciados y que, por ende, no interrumpen el término de la prescripción, conforme al artículo 146 del código tributario federal.

En otra parte de sus agravios, la autoridad inconforme aduce que de manera indebida la Sala del conocimiento no tomó en cuenta las tesis que citó en su contestación de demanda; que dichas tesis llevan por rubros: "PRESCRIPCIÓN DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO SE CONFIGURA EN IMPORTACIONES TEMPORALES GARANTIZADAS MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA.", "PRESCRIPCIÓN FISCAL. LA NOTIFICACIÓN DEL CRÉDITO INTERRUMPE EL TÉRMINO, AUN CUANDO NO SE HAYA HECHO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.", "FIANZAS, PRESCRIPCIÓN DE LAS." y "PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL PERIODO DE CINCO AÑOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO FISCAL NO TRANSCURRE MIENTRAS SE ENCUENTRE SUSPENDIDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." (no se pasa por alto que esta última tesis se cita en cuatro ocasiones y se advierte que aunque su rubro es idéntico su texto varía).

Carece de razón la impetrante de la revisión.

Por principio de cuentas, de la lectura del escrito que contiene la contestación de demanda se pone de relieve que la autoridad exactora citó las tesis que refiere para apoyar sus argumentos, en cuanto a que no había operado el término de la prescripción; sin embargo, este Tribunal Colegiado considera pertinente hacer unas precisiones al respecto.

Como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las jurisprudencias y tesis emitidas por ella en Pleno o en Salas, y las de los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias, y al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales y administrativos, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Mecanismo similar sucede con los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a los artículos 259 al 263 del Código Fiscal de la Federación.

Así, cuando los juzgadores apoyan sus sentencias con los criterios de los órganos citados con antelación, se entiende que hacen suyos los argumentos que conforman esos criterios, en ese sentido, puede válidamente concluirse que cuando el justiciable cita en sus promociones una jurisprudencia o tesis, también hace suyos los argumentos que de ahí se desprenden.

Conviene citar, aplicada a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 126/99 que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y cinco del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. Cuando en una sentencia se cita y transcribe un precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en ella."

Queda claro, entonces, que la cita de criterios entraña hacerlos propios para beneficiarse con ellos, en el entendido de que aquí no se desconoce cuándo la aplicación de la jurisprudencia es obligatoria, ya que su falta de observancia acarrea otro tipo de situaciones de distinta naturaleza, como es la responsabilidad en el juzgador, ni tampoco cuándo se trata de contradicciones de tesis, pues las leyes correspondientes establecen la forma de denuncia para que se determine por el órgano competente el criterio que debe prevalecer como obligatorio.

Lo que quiere decirse es que aun cuando el juzgador no resuelva acorde a las pretensiones del promovente, es innecesario que trate punto a punto los supuestos que contemplan las tesis con las que éste se quiso beneficiar, en tanto que no pueden considerarse de manera aislada sino como resultado del beneficio, si así se le pudiera llamar, de acogerse a sus argumentos para apoyar los propios.

En ese tenor, si bien hubo omisión en cuanto a aludir a cada una de las tesis que cita la autoridad en su contestación de demanda, lo cierto es que, por lo que se tiene dicho, tal omisión no trasciende, ya que debe entenderse que están implícitamente desestimadas, de suerte que no existe infracción al artículo 237 del código tributario federal, como así se alega en los motivos de inconformidad.

En la segunda parte de sus agravios, la autoridad recurrente sostiene, en síntesis, que la Sala del conocimiento realiza una indebida interpretación y errónea aplicación del artículo 146 del código tributario federal, ya que este numeral sólo prevé como supuesto para que se interrumpa el cómputo de la prescripción el hecho de que se realicen gestiones de cobro al deudor, lo que en el caso sucedió, ya que se realizaron tales gestiones los días diecisiete y veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, y que ante la imposibilidad de cobro al deudor y para que no se viera afectado el interés fiscal garantizado, se procedió a hacer efectiva la póliza de fianza; que de tener un criterio contrario se imposibilitaría a la autoridad tanto de requerir al fiado como a la afianzadora, pues de haberse notificado al fiado sería a éste al que se le requeriría de pago y no a la afianzadora.

Carece de razón la inconforme, pues como ella misma lo reconoce, y así lo apreció la Sala de origen, las actas de diecisiete y veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, refieren a gestiones de cobro no diligenciadas, de manera que, como bien se estimó en la resolución que se revisa, no hubo interrupción en el cómputo de la prescripción, ya que no existe notificación al deudor de tales gestiones, como así lo exige el numeral 146 del Código Fiscal de la Federación.

Esto es, el citado numeral establece que el término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro, siempre y cuando se haga del conocimiento del deudor, por lo que el simple contenido de las actas que contienen los informes de gestiones de cobro no diligenciadas, no sustituye a la notificación que debe hacerse al deudor. Ponderar lo contrario propiciaría desventaja en los contribuyentes frente al fisco, pues éste, como en el caso, estaría en aptitud de realizar un sinnúmero de gestiones de cobro respaldadas con informes de asuntos no diligenciados para eventualmente demostrar en juicio que el crédito fiscal no prescribió. Precisamente por ello, el numeral en comento es claro al establecer que la gestión de cobro debe notificarse al deudor, de modo tal que si aquí no se realizó tal notificación, sino que no se diligenció y, por ende, no quedó enterado del cobro ni la afianzadora de tales situaciones, no se interrumpió el término de la prescripción.

Cobra cabal aplicación el criterio que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página ciento setenta y cuatro del Tomo CXXXV, Tercera Parte, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL, INTERRUPCIÓN DE LA. LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 11 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, establece que el término para la prescripción se interrumpirá por cualquier acto realizado por las autoridades fiscales que tienda a la determinación o cobro del crédito fiscal. Ahora bien, aunque los documentos exhibidos por la autoridad exactora contengan uno o varios actos tendientes al cobro, si no aparece constancia de su comunicación a la deudora o de la intervención de ella en los actos de que se trata, el efecto interruptor del término de prescripción no se produce, conforme al citado precepto."

No pasa inadvertido que la autoridad manifiesta que tuvo imposibilidad para notificar las gestiones de cobro, lo que no le es ciento por ciento atribuible; sin embargo, precisamente de ahí se da la prescripción en este caso, al ser una forma de liberarse de las obligaciones por el transcurso del tiempo.

Tampoco es obstáculo que se sostenga en los motivos de inconformidad que si no se encontró al fiado, que es a quien procede requerir en primer instancia, a la afianzadora toca responder por la obligación incumplida, pues si bien tiene razón la recurrente, lo cierto es que desde la primera gestión de cobro no diligenciada quedó en aptitud de informar a la fiadora o, en su defecto, requerirla de pago, de modo tal que si en la especie transcurrió el término legal para que operara la figura de la prescripción, se trata de una consecuencia por la falta de oportuna movilidad para lograr el pago de las obligaciones a cargo de los sujetos de impuestos.

No está por demás abundar en cuanto a que esta última parte de los agravios de la autoridad recurrente son extensos y en ocasiones se vuelven repetitivos; empero, en esta ejecutoria se tratan en lo medular, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva de la inconforme, sino, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos, en términos de la jurisprudencia VI.3o.A. J/13 que sostiene este tribunal y que se cita por ilustrativa, publicada en la página mil ciento ochenta y siete del Tomo XV, marzo de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exahustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas."

Finalmente, la recurrente aduce que la Sala Fiscal se pronunció sin ponderar que, en tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, el término de la prescripción se inicia a partir del requerimiento de pago a la afianzadora, conforme a la jurisprudencia que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito de rubro: "PRESCRIPCIÓN. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL TÉRMINO A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES, INICIA A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DE PAGO A LA AFIANZADORA.".

Es infundado el agravio.

De entrada, este tribunal no comparte la jurisprudencia que invoca la recurrente por las razones que más adelante se expondrán, a la vez que tampoco le es obligatoria, en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."

El texto completo de la jurisprudencia de mérito VI.2o.A. J/2, localizable en la página novecientos noventa y cuatro del Tomo XIV, octubre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece:

"PRESCRIPCIÓN. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL TÉRMINO A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES, INICIA A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DE PAGO A LA AFIANZADORA. Si conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el término de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y, por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia 16/2000, visible en la página 203, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA.’, que tratándose del contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, el incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas tiene como consecuencia la revocación de la autorización relativa y la de tornar exigible el crédito adeudado mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación; debe considerarse que igualmente, tratándose de la afianzadora que garantizó el interés fiscal correspondiente, el incumplimiento de pago del fiado, en esas circunstancias, torna legalmente exigible dicha obligación, pero no ipso facto, sino también mediante el procedimiento económico-coactivo que, tratándose de fianzas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, es el establecido en el artículo 143 del ordenamiento invocado; procedimiento que tanto en el caso del contribuyente, según lo estableció la jurisprudencia transcrita, como en el de la afianzadora, inicia con el requerimiento de pago, que implica el ejercicio de la facultad de cobro de la autoridad fiscal, sin perjuicio de las facultades discrecionales que la ley le confiere. Por ende, el término de la prescripción y de la caducidad, respectivamente, del crédito fiscal y, por vía de consecuencia, de las facultades para hacer exigible la obligación de pago de las instituciones garantes, en los casos de incumplimiento del fiado del pago de las parcialidades del crédito garantizado, inicia a partir de que le es notificado el correspondiente requerimiento de pago, y no inmediatamente que el fiado dejó de cubrir las parcialidades correspondientes, en el primer caso; y en el segundo, al día siguiente en que se hizo requerible el adeudo afianzado."

Como se dijo, no se comparte este criterio, en tanto que de acuerdo con el artículo 146 del código tributario federal, el cómputo de la prescripción inicia a partir de que el crédito fiscal puede legalmente hacerse exigible, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 15/2000 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y nueve del Tomo XI, febrero de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE. Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. Ese término inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Por ello, para que pueda iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente, y no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la ‘prescripción’ empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las facultades que tiene el fisco para determinar el crédito y la multa correspondiente. De otra manera no se entendería que el mencionado ordenamiento legal distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado artículo 146 aludiera al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente exigido."

Por otra parte, la prescripción a favor de las instituciones garantes, en relación con las fianzas para garantizar obligaciones fiscales federales, se rige por lo dispuesto en el código tributario federal, como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 91/2000 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis del Tomo XII, octubre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que las fianzas que las referidas instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis del mismo ordenamiento legal o de acuerdo con las bases que se desarrollan en el mismo artículo 95 y su reglamento, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, acorde a lo que ha sustentado esta Segunda Sala (jurisprudencia 33/96), para la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros se actualiza un procedimiento especial en el que no se requiere la presentación de una reclamación ante la afianzadora, sino que se limita al requerimiento de pago y a la orden de remate, en bolsa, de valores propiedad de la institución de fianzas, en caso de que el pago no sea voluntario. Luego, si para que empiece a correr el término de la prescripción conforme al artículo 120 de la referida Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es necesario que se presente la reclamación y si en el procedimiento especial no se requiere la presentación de esa reclamación para cobrar la póliza, es claro que en estos casos no resulta aplicable el artículo 120, sino que opera la remisión del Código Fiscal de la Federación (artículo 146) para estimar actualizada la figura de la prescripción. Lo anterior es así, porque si bien la Ley de Instituciones de Fianzas fija el término para que se actualice la prescripción, no es técnico ni jurídico que tal término opere en el caso de excepción que en ella misma prevé. Además, la locución ‘hacer efectiva’ que se usa en el citado artículo 95, indica que la remisión del Código Fiscal de la Federación, se refiere a todo lo que es necesario atender a fin de lograr el cobro de la fianza, entre lo que se incluye, desde luego, la prescripción, pues obviamente, tal figura atañe al cobro de lo garantizado en la fianza."

Ahora bien, si el crédito fiscal se tornó exigible en determinada fecha, es a partir de ese momento cuando debe iniciar el cómputo para que opere la prescripción, tanto para el contribuyente como para la empresa que garantiza su obligación mediante fianza, pues no podría la autoridad reservar la notificación del requerimiento de pago a la afianzadora mientras lleva a cabo las diligencias respectivas con el fiado, de manera tal que ello incida para que subsista la posibilidad, en perjuicio de la garante, de cubrir un adeudo ya prescrito para el sujeto de impuestos, por lo que resulta inconcuso que si no existe el requerimiento de pago por parte de la autoridad exactora dentro del plazo para que no opere la prescripción, la consecuencia es que llegue a darse conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación por su falta de actividad. Admitirlo de otra manera sería tanto como dejar en manos de la autoridad que decida cuándo requerir de pago a la afianzadora y, por ende, que también maneje a placer el plazo para la prescripción.

Como apoyo de lo anterior, se cita, por ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 25/2001 que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres del Tomo XIII, junio de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-Al disponer el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, viola los principios constitucionales de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el legislador en el citado artículo 67, fracción IV, estableció un plazo de cinco años para que caduquen las facultades del fisco y que aquél inicia a partir del día siguiente al en que sea levantada el acta de incumplimiento del fiado, también lo es que ni en ese precepto ni en algún otro del propio código se señaló término para el levantamiento de dicha acta por parte de la autoridad fiscal, de manera que esa omisión trae como consecuencia que la autoridad en forma arbitraria decida el inicio del plazo de la caducidad, creando un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en el gobernado, puesto que la autoridad elige a su voluntad el momento en el que ha de levantar el acta de incumplimiento con que empieza el plazo de la caducidad, sin limitación alguna, con perjuicio evidente de los demás sujetos de la relación jurídica de garantía, pues se puede prolongar indefinidamente la obligación del fiador."

Por último, si bien es cierto que cuando se trata del pago del crédito fiscal en parcialidades, como en este caso, ante el incumplimiento del contribuyente, es precisa la existencia de la resolución liquidatoria para que válidamente pueda iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución, también lo es que en el particular ya está determinado el crédito fiscal por el reconocimiento del contribuyente para pagarlo en parcialidades, de manera que desde el momento en que puede exigirse, se reitera, debe iniciarse el cómputo correspondiente para su prescripción, con independencia de que haya o no una liquidación, pues ella es necesaria sólo para el inicio del procedimiento de ejecución.

En este orden de ideas, ante lo infundado de los agravios, debe confirmarse la resolución que se revisa.

Por lo expuesto, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma la resolución de dieciséis de enero de dos mil dos dictada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 1270/01-12-02-1.

Notifíquese; regístrese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Víctor Antonio Pescador Cano (presidente), Jaime Raúl Oropeza García y Manuel Rojas Fonseca, bajo la ponencia del primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17162-b4641791/informes-de-asuntos-no-diligenciados-no-interrumpen-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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