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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACIÓN, EL REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DOCUMENTOS FORMULADOS AL CONTADOR PÚBLICO NO IMPLICA EL INICIO DE LAS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1937/2001. · Registro digital (IUS): 7450
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y OTRAS AUTORIDADES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, , Pág. 408.

REVISIÓN FISCAL 1937/2001. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y OTRAS AUTORIDADES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios son infundados.

Por estar estrechamente vinculados parte de los agravios tercero y cuarto, se examinan en forma conjunta, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En ellos, el recurrente estima que la a quo consideró en forma incorrecta que para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 55, fracción I, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, consistente en entregar al contribuyente copia del requerimiento que formuló al contador público que dictaminó sus estados financieros, tenía que observar las formalidades que regulan la práctica de notificaciones personales, previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; en atención a que el primer numeral de mérito exclusivamente constriñe a la autoridad hacendaria a dar copia del requerimiento en cita, sin señalar cómo debe realizarse; es decir, que si la intención del legislador hubiese sido que dicha entrega se hiciera de esa manera, así lo hubiera señalado expresamente en el primer precepto legal aludido.

Los argumentos anteriores resultan infundados, por los motivos siguientes:

Con independencia de que el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación no establezca expresamente que la entrega de la copia al contribuyente del requerimiento que la autoridad hacendaria realiza a los contadores públicos que dictaminen sus estados financieros, deben hacerse en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que al tratarse de la entrega de una obligación reglada, deben guardarse ciertas formalidades que permitan establecer con toda claridad que en efecto se entregó la copia del requerimiento que nos ocupa.

Efectivamente, el artículo 16 constitucional prevé la garantía de seguridad jurídica que todo gobernado debe tener respecto a los actos de autoridad que de alguna forma repercuten en su esfera jurídica, de tal suerte que tratándose del cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 55, fracción I, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal debe observar ciertas formalidades que permitan tener la certeza de que se entregó al contribuyente copia del requerimiento que formuló al contador público que dictaminó sus estados financieros.

De ese modo, la actuación correspondiente tiene que constar en un documento del que pueda advertirse que la copia fue entregada a la persona autorizada para ello, en su domicilio y en hora hábil, pues no basta que en la diligencia se elabore una constancia que contenga datos ambiguos que no permitan conocer que en realidad se entregó la copia multirreferida al contribuyente; por tanto, y como ya se expresó, al darse cumplimiento a la obligación de que se trata, hay que seguir determinadas formalidades esenciales que otorguen seguridad jurídica al gobernado.

Por analogía, se invoca la contradicción de tesis 87/97, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y ocho, cuyo texto es el siguiente:

"NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE.-Si bien los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no exigen terminantemente que en los citatorios se asiente la hora en que se entreguen, lo cierto es que ante la omisión de ese dato, la persona notificada no puede saber si la diligencia se practicó en horas hábiles, por lo que tales disposiciones no pueden analizarse en forma aislada, sino en concordancia con los preceptos aplicables a las diligencias de notificación que contiene tal ordenamiento, debiendo observarse obligatoriamente para que los actos de autoridad puedan reputarse legales, y se salvaguarde la seguridad jurídica de la persona notificada. Por tanto, al señalar el artículo 13 del ordenamiento citado que las diligencias que practiquen las autoridades fiscales deben efectuarse entre las 07:30 y las 18:00 horas por conceptuarse éstas como hábiles, es necesario que en el citatorio se asiente la hora en que se practicó la diligencia para determinarse si se cumplió con esta disposición, pues de no efectuarse en los términos señalados, esa diligencia debe reputarse ilegal."

No asiste razón al inconforme en los argumentos relativos a los agravios tercero y cuarto, consistentes en que en el juicio fiscal se demostró que se entregó copia a la contribuyente del requerimiento que formuló al contador público que dictaminó sus estados financieros, en términos del último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en los hechos de la resolución de veintidós de mayo de dos mil, contenida en el oficio 330-SAT-V-8022, se afirmó que se procedió en esa forma; además, señala el ocursante, que de las copias certificadas de los oficios 324-SAT-X-A-3903 y 324-SAT-X-6173, que fueron ofrecidas como pruebas en el juicio de origen, se desprende que la actora tuvo conocimiento de los mismos, dado que en tales constancias se apuntó que fueron recibidas previo citatorio, en el cual se especificó el día y la hora en que se practicaría la diligencia, siendo que dicho citatorio se dejó porque en la primera actuación del notificador no encontró al representante legal de la contribuyente, con lo que se observaron las reglas generales de las notificaciones, de conformidad con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.

Son infundadas las cuestiones planteadas, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación:

En el oficio 324-SAT-X-A-3903 de veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, el administrador de Auditoría a Intermediarios del Mercado de Valores del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requirió cierta información, datos y documentos al contador público que dictaminó los estados financieros de la actora, con fundamento en la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (fojas 195 y 196, no se encuentran agregadas en el expediente fiscal en forma progresiva).

De la constancia examinada se debió entregar copia al contribuyente para dar cumplimiento al último párrafo de la fracción I del artículo invocado en el párrafo precedente. Para acreditar el cumplimiento de dicha obligación, la autoridad fiscal exhibió copia certificada del documento de que se trata, en el cual se estampó un sello en el que se afirmó que se entregó copia autorizada del oficio 324-SAT-X-A-3903 a una persona que se ostentó como secretaria, quien se identificó con credencial exhibida por el Banco Santander Mexicano, con número 18958 y que recibió la constancia previo citatorio y en su carácter de tercero (foja 196 vuelta).

En ese estado de cosas y como bien lo manifestó la Sala (fojas 298 y 298 vuelta), en la diligencia analizada no se precisaron el domicilio ni la hora en que se practicó. Tampoco se desprende que se hubiese buscado a la persona idónea para recibir copia del oficio, que en el caso particular sería el representante legal de la persona moral actora, ni se apuntaron las consideraciones con base en las cuales se dejó el documento a una persona diversa a ese representante; de lo que resulta que no se observaron las mínimas formalidades que demuestren que efectivamente la copia de requerimiento que se realizó al contador público se entregó al causante. Además, de las constancias del juicio fiscal no se advierte que corra agregado el citatorio relacionado con la entrega de la copia del oficio 324-SAT-X-A-3903.

En efecto, en los autos aludidos únicamente constan los citatorios siguientes: a) De veintitrés de mayo de dos mil, relacionado con el oficio 330-SAT-V-8022 de veintidós del mismo mes y año, en el que se determinó el crédito fiscal que originó la controversia (fojas 82 a 97 y 99); b) De trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que se dejó al contador público, relativo al oficio 324-SAT-X-6173, por el cual se requirió a la actora información, datos y documentos (fojas 150, 192 y 194); y c) El citatorio de nueve de septiembre del último año referido, que se entregó a un abogado del accionante, que también tiene relación con el oficio 324-SAT-X-6173 (foja 193, localizada entre las marcadas como 195 y 197); en consecuencia, y contrariamente a lo señalado por el recurrente, no demostró haber dado cabal cumplimiento a la obligación contenida en el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

No es obstáculo para concluir en la forma en que se ha hecho, la circunstancia de que en el oficio 330-SAT-V-8022 de veintidós de mayo de dos mil, el cual contiene la determinación del crédito fiscal, se haya mencionado que se entregó copia autógrafa del oficio 324-SAT-X-A-3903 a la secretaria de la demandante, en el que se requirió al contador público información, datos y documentos (fojas 83, 195 y 196); puesto que la prueba idónea para acreditar que se dio cumplimiento a la obligación prevista por el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, no es una simple manifestación contenida en un documento ajeno a la diligencia en la que se debió entregar copia al causante del requerimiento efectuado al contador público que dictaminó sus estados financieros, debiéndose insistir, en que esa situación exclusivamente se acredita con las constancias en las que se hayan relacionado en forma pormenorizada los datos que permitan advertir con toda claridad que se cumplió con la obligación multirreferida, al seguirse las formalidades esenciales para ese efecto.

Lo mismo acontece en cuanto al oficio 324-SAT-X-6173 de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a través del cual se solicitaron al particular información, datos y documentos (foja 150 y 192), ya que solamente contiene un señalamiento en el sentido de que fue requerido el contador público para los mismos efectos mediante el oficio 324-SAT-X-A-3903 de veintisiete de julio del mismo año, circunstancia que también resulta insuficiente para demostrar el cumplimiento de la obligación examinada.

Es pertinente apuntar que la parte posterior de la hoja dos del oficio 324-SAT-X-A-3903 también contiene un sello que ostenta la leyenda "oficio citatorio" (foja 129 vuelta); sin embargo, el propio ocursante reconoce expresamente que tiene relación con la notificación que se realizó al contador público del requerimiento que se le formuló para que proporcionara información, datos y documentos (foja 83), razón suficiente para concluir que tampoco prueba el cumplimiento de la obligación multirreferida.

En otro aspecto hecho valer por el inconforme en los agravios primero y tercero, alega que la Sala decretó equivocadamente la nulidad del acto que se combatió ante ella, dado que, en el supuesto de que no se haya entregado copia al contribuyente del requerimiento que se hizo al contador público que dictaminó sus estados financieros, en nada cambia el sentido de la determinación del crédito fiscal ni afectó las defensas de la actora, al haber tenido la oportunidad de desvirtuar las irregularidades que se le imputaron, para lo cual se le concedieron veinte días en el oficio de observaciones correspondiente, lo que además se pone de manifiesto por el hecho de que al requerir información a ese profesionista la autoridad hacendaria no inició sus facultades de comprobación, pues las mismas comienzan al requerir al propio contribuyente información, datos y documentación, de conformidad con los artículos 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 56 de su reglamento, tal y como aconteció en la especie, según se desprende del oficio 324-SAT-X-6137; de tal forma, concluye el ocursante, que no se transgredió el artículo 159 de la Ley de Amparo.

Son infundados los planteamientos sintetizados, por las consideraciones que se invocan a continuación:

Como se ha mencionado en el presente estudio, el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación de la autoridad administrativa de entregar copia al causante del requerimiento que haga al contador público que determinó sus estados financieros, con independencia de que en ese momento no se hayan iniciado las facultades de comprobación, conforme a los artículos 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación; 55, fracción II y 56 de su reglamento; de tal suerte que debe acreditarse fehacientemente que se dio cumplimiento exacto a dicha obligación.

Ahora bien, la circunstancia de que la actora haya expresado lo que a su derecho convino respecto a las observaciones que se le hicieron en el oficio 324-SAT-X-8802 de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (fojas 102 a 109), por medio del escrito recibido en la Oficialía de Partes del Servicio de Administración Tributaria el siete de enero de dos mil (fojas 110 a 115), en nada influye al cumplimiento que se tuvo que dar a la obligación relacionada, pues con el otorgamiento del plazo para que la contribuyente realizara las aclaraciones que considerara pertinentes, únicamente se hizo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que nada tiene que ver con el contenido del último párrafo de la fracción I del artículo 55 del reglamento del código tributario.

En otras palabras, las obligaciones de mérito son independientes entre sí, por ello el otorgar al gobernado término para que se desvirtúen las imputaciones que se le hacen, tiene como fin respetar la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, esto es, su objeto es el de no dejar en estado de indefensión al contribuyente, aspecto que repercutiría en el sentido del crédito fiscal que en su caso se le determinara, lo que evidentemente no guarda relación con la entrega de la copia a la causante del requerimiento que se formuló al contador público que determinó sus estados financieros.

Es importante destacar que lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Amparo no tiene aplicación al caso concreto, en atención a que ese precepto normativo solamente refiere a los juicios seguidos en tribunales civiles, administrativos o del trabajo y no en cuanto a las obligaciones del fisco federal, contenidas en las diversas disposiciones que regulan su actuación; por ende, la Sala procedió debidamente al decretar la nulidad de la resolución que se atacó en el juicio fiscal, sin examinar si la violación en la que apoyó su conclusión dejó en estado de indefensión al particular, o bien, si influyó el sentido de la determinación del crédito fiscal.

Finalmente, en el segundo agravio y en parte del cuarto, se manifiesta que la Sala declaró erróneamente la nulidad sin efectos de la resolución que fue materia del juicio fiscal, dado que la inobservancia del último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se traduce en una violación formal y no sustantiva, con lo que se actualizaron las hipótesis previstas en las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, con relación al numeral 239, fracción III, del propio ordenamiento legal, por lo que la nulidad debió decretarse para el efecto de que se entregue copia al contribuyente del requerimiento que se hizo al contador público que dictaminó sus estados financieros, con lo que iniciaría nuevamente el procedimiento fiscalizador.

Son infundados los argumentos que se plantean, por los razonamientos que se exponen a continuación:

Como lo reconoce el recurrente, conforme a los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, entre otros supuestos, el ejercicio de las facultades de comprobación inicia cuando la autoridad fiscal requiere al contribuyente información, datos y documentos, previo requerimiento hecho al contador público que dictaminó sus estados financieros y cuando dicho profesionista no haya dado cumplimiento.

Dadas las condiciones narradas, también da inicio el procedimiento de comprobación que refiere la fracción IV del artículo 42 del código tributario, cuyo objeto es comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales.

En ese sentido, cuando las autoridades fiscales requieren al contador público, aún no inician sus facultades de comprobación y, consecuentemente, tampoco se puede estimar que ha comenzado el procedimiento respectivo. Por consiguiente, si la autoridad hacendaria no cumple con la obligación de que se trata, como acto previo al inicio del ejercicio de dichas atribuciones, debe considerarse que aún no inicia el procedimiento correspondiente, de lo que resulta que la conducta omisa de la autoridad constituye una violación a lo dispuesto por la ley fuera del procedimiento.

Es aplicable la tesis I.7o.A.57 A dictada por este órgano jurisdiccional, publicada en la página quinientos cuarenta y tres del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto es el siguiente:

"-Es verdad que inicialmente la autoridad fiscal, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, requiere al contador público que dictamina los estados financieros del contribuyente, diversa información para su revisión. Asimismo, el diverso artículo 55 del reglamento del ordenamiento antes invocado también establece que la autoridad hacendaria podrá requerir diversa información y documentación tanto al contador público autorizado como al contribuyente y a terceros relacionados con éste o a responsables solidarios; sin embargo, en el primer caso, es decir, cuando el requerimiento es formulado al contador público, no puede decirse que se han iniciado las facultades de comprobación, porque esto sólo constituye un acto previo; además, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, éstas se inician únicamente, cuando se requiere al contribuyente, a los terceros relacionados con éste o responsables solidarios, la información y documentación indispensable para verificar la certeza de los datos que aparecen en el dictamen y demás documentos."

En esa tesitura y contrariamente a lo señalado por el recurrente, la violación en que incurrió la autoridad administrativa no puede considerarse como un vicio formal dado en el procedimiento fiscalizador del cual derivó la resolución combatida, en virtud de que el requerimiento hecho al contador público es un presupuesto previo y necesario para ejercer sus facultades de comprobación y así dar inicio a dicho procedimiento.

Es oportuno precisar que la nulidad para efectos puede tener como consecuencia que se reponga el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación respectiva y subsanada se emita nuevamente resolución, o bien, cuando no existe violación de procedimiento, el efecto exclusivamente puede limitarse a que se dicte nueva resolución sin las violaciones cometidas en ella.

Ahora bien, las consecuencias aludidas no pueden darse en el caso particular, debido a que la violación cometida por la autoridad fue antes de que iniciara el procedimiento de comprobación, por lo que no puede ordenarse su reposición a través de un acto preparatorio; siendo que el contador público puede dar cumplimiento al requerimiento que en su momento se le formule, con lo que sería innecesario iniciar las facultades de comprobación.

En las relatadas consideraciones, al no haber demostrado el inconforme la incorrecta actuación en la que estima incurrió la Sala, lo que procede es declarar infundado el presente medio de defensa.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha nueve de abril de dos mil uno, dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número 11380/00-11-01-9.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los CC. Magistrados David Delgadillo Guerrero, Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7450-2e1edc67/facultades-de-comprobacion-el-requerimiento-de-informes-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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