IMPORTACIONES TEMPORALES. FORMA DE COMPUTAR EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES ORIGINADOS POR LA OMISIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE RETORNAR LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS.
REVISIÓN FISCAL 109/2002. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Son medularmente fundados los agravios que esgrime la autoridad inconforme, en mérito de los motivos que se exponen a continuación.
En principio, asiste razón jurídica a la disconforme cuando asegura que el plazo de la prescripción inicia una vez que se ha determinado el crédito fiscal, como se demuestra enseguida:
Cabe destacar, conforme a una nueva reflexión del tema, que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación contiene una norma de carácter sustantivo, en tanto contempla la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo (cinco años). A esa extinción la denomina expresamente como prescripción. Así, el mencionado numeral está ubicado en el capítulo III, llamado "Del procedimiento administrativo de ejecución" e instituye que el término para que se actualice la figura de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Al hablarse de pago, se entiende que previamente fue determinado un crédito, por lo que no puede sostenerse válidamente, que el citado numeral se refiera a la extinción de las facultades del fisco.
Luego, para que inicie el término de cinco años a que se refiere el artículo 146 en cita, a fin de que pueda estimarse actualizada la prescripción, es necesario que exista previamente la determinación de un crédito y que el contribuyente no realice el pago correspondiente o garantice su monto dentro del plazo de cuarenta y cinco días que le confiere el artículo 65 del mismo ordenamiento legal, pues de otra manera no se entendería que el Código Fiscal de la Federación distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado artículo 146 hablara de "crédito fiscal" y de que el término para su "prescripción" inicia a partir de la fecha en que el "pago" pudo ser legalmente exigido.
En este contexto, en el caso de que se interponga algún medio de defensa en contra de la determinación del crédito por parte del fisco, será hasta el momento en que se notifique al contribuyente la resolución que confirmó esa determinación, cuando inicie el término de la prescripción, pues es hasta este momento cuando el pago puede ser legalmente exigido.
De esta guisa, en la hipótesis de sanciones derivadas de importaciones temporales, es posible discurrir que cuando el contribuyente no retorna las mercancías importadas al extranjero estando obligado a ello, al fenecer el término que la ley le señala, el fisco está en aptitud de ejercer sus facultades y con base en ellas determinar el crédito fiscal; si no lo hace en el plazo correspondiente caducarán esas facultades y ya no podrá hacer la determinación. Es inexacto, pues, que el crédito fiscal resulte exigible a partir de que concluya el plazo que tiene el contribuyente para retornar las mercancías, dado que en ese momento aún no existe la determinación del crédito fiscal. Por lo mismo, resulta incorrecta la conclusión de que en ese supuesto opera la prescripción, pues mientras no exista la determinación de un crédito no puede hablarse de prescripción, sino de caducidad de las facultades del fisco, precisamente para hacer esa determinación.
En tal virtud, el crédito fiscal resulta exigible una vez que alcanzó firmeza la resolución que lo determina y mientras no exista esa determinación, lo que se extingue son las facultades del fisco; por ende, si la determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida, resulta claro que la determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer, en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación y, por tanto, la determinación del crédito no origina el nacimiento de la obligación tributaria.
En efecto, la obligación nace en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley. La determinación del crédito es un acto posterior al nacimiento de la obligación y consiste en la aplicación del método adoptado por la ley. Puede agregarse que la obligación del contribuyente nace de la ley, pero su cuantificación normalmente requiere de un acto nuevo que es la determinación.
Bajo las relatadas condiciones, si bien la obligación del contribuyente nació en el momento en que omitió retornar las mercancías importadas temporalmente, no puede soslayarse que la cuantificación de esa obligación está condicionada a la determinación; por consiguiente, si el artículo 146 en paráfrasis es categórico al definir que el término de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago "pudo ser legalmente exigido", lo anterior debe entenderse en la inteligencia de que previamente fue determinado un crédito, porque sólo así el pago puede ser legalmente exigible, al requerirse, justamente, la cuantificación de la obligación del contribuyente para consolidar la liquidez del crédito.
En consecuencia, es cierto que en la especie el término de la prescripción inició a partir del treinta de junio de mil novecientos noventa y dos, fecha en la que se determinó el crédito, como consta en la resolución contenida en el oficio 102-A-10-2-E-1-45382 (fojas 15 a 17 del expediente fiscal), y no a partir del uno de mayo de mil novecientos noventa, como erróneamente lo sostiene la Sala Fiscal.
En congruencia con lo anterior, también es fundado el motivo de disentimiento de la disconforme en el que asegura que se interrumpió la prescripción por las diligencias de cobro que practicó al deudor principal.
En este sentido, cabe destacar que es incorrecta la determinación de la Sala del conocimiento concerniente a que:
"... este tribunal no deja de analizar el argumento de las autoridades demandadas en su contestación cuando manifiestan que en el caso específico la prescripción se interrumpió con el acta de requerimiento de pago y embargo notificado con fecha 13 de febrero de 1996, acta de requerimiento de pago y embargo con fecha 15 de mayo de 1996, acta de requerimiento de pago y acta de ampliación de embargo, ambas de fechas 27 de marzo de 2000, mismas que obran a folios 018 a 030 de autos y de cuyo análisis se desprende que no constituye una gestión de cobro notificada a la actora, requisito que así establece el numeral 146, segundo párrafo, del código tributario federal, para considerar que se trata de una gestión de cobro debidamente notificada al deudor, que en el caso que nos ocupa es la actora, incluso dichos requerimientos fueron emitidos al importador no a la afianzadora, para que interrumpa la prescripción." (foja 80 vuelta).
En efecto, la naturaleza del contrato de fianza es su accesoriedad, porque su existencia depende forzosamente de la obligación que se denomina principal; por tanto, la fianza se extingue al mismo tiempo que aquélla. Además, por esa característica la fianza no puede rebasar el alcance de la obligación cuyo cumplimiento garantiza.
En esta perspectiva, si la fianza es un contrato accesorio que no puede exceder la obligación principal y que al extinguirse ésta acontece lo mismo con aquélla, resulta innegable que la prescripción de la obligación accesoria se ve sujeta a la interrupción de la prescripción contra la principal, como se deriva del artículo 1172 del Código Civil Federal, que establece:
"Artículo 1172. La interrupción de la prescripción contra el deudor principal produce los mismos efectos contra su fiador."
En este estado de cosas, en el presente asunto, la recurrente hace descansar su defensa en la circunstancia de que en diversas fechas realizó gestiones de cobro en relación con el crédito cuyo pago exige y en función con el obligado principal.
El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en sus párrafos primero y segundo, dispone al respecto:
"Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.-El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor."
Las gestiones invocadas por la inconforme, como lo dice la recurrente, resultan aptas para interrumpir la prescripción de la obligación accesoria, en tanto que, se insiste, la autoridad exactora efectuó diversas actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución en relación con la fiada, concretamente, los días trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, quince de mayo de mil novecientos noventa y seis, y veintisiete de marzo de dos mil (fojas 21 a 30), mismas que al haberse hecho del conocimiento del deudor principal, colman la hipótesis normativa prevista en el segundo párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.
En efecto, en este aspecto se tiene como dato relevante que la primera y más antigua de las gestiones aludidas (trece de febrero de mil novecientos noventa y seis) es suficiente para cortar la continuidad de la prescripción que empezó a correr el treinta de junio de mil novecientos noventa y dos, dado que en aquella fecha se trabó formal embargo en perjuicio de Productos Pelikan, Sociedad Anónima de Capital Variable (obligada principal); luego, los disímiles embargos de quince de mayo de mil novecientos noventa y seis y veintisiete de marzo de dos mil, también son aptos para interrumpir la prescripción e impedir que se consume la extinción, por el transcurso del tiempo, de la obligación fiscal exigida, lo que obliga a estimar que la sentencia impugnada es ilegal.
Las citadas diligencias no constituyen meras gestiones de cobro no diligenciadas ya que, como se desprende de las actas respectivas, en la primera (13 de febrero de 1996) se embargó la negociación y la misma se entendió con Gabriela Mejía Rodríguez, auxiliar contable de la deudora principal; en la segunda (27 de marzo de 2000) se amplió el embargo en una porción de terreno, notificándole a José Luis Gil Gil, vigilante; y en la tercera, se embargó la negociación en su conjunto con lo que de hecho y por derecho corresponda, lo que se le informó a Socorro Juárez Ávila, como auxiliar contable de la empresa deudora, quien incluso así lo aceptó.
En razón de lo anterior, se debe revocar el fallo recurrido para que se emita otro en los términos indicados, declarando infundado el concepto de impugnación atinente a la prescripción alegada y, por tal motivo, únicamente de ser el caso, se entre al análisis de los restantes cuyo estudio se haya omitido sin razonamiento alguno.
De esta guisa, en atención al sentido de esta ejecutoria, esto es, al haberse fallado favorablemente a los intereses que representa la autoridad inconforme, es innecesario analizar los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría, al no variar en absoluto la determinación de este cuerpo colegiado.
Por lo expuesto se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia dictada el once de marzo de dos mil dos por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 2749/01-12-02-4, promovido por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de este fallo devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Antonio Pescador Cano (presidente) Manuel Rojas Fonseca (ponente) y Jaime Raúl Oropeza García.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17886-638c49f8/importaciones-temporales-forma-de-computar-el-termino-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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