DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN.
RECLAMACIÓN 3/2009. **********
CONSIDERANDO:
CUARTO. De los antecedentes se advierte que ********** promovieron juicio de amparo directo que se registró con el DT. 157/2009, contra el laudo de diecinueve de mayo de dos mil ocho, dictado por la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
La presidenta de este órgano jurisdiccional, en acuerdo de seis de febrero de dos mil nueve, desechó la demanda de garantías por haberse presentado extemporáneamente.
Inconforme con el acuerdo de trámite señalado, las quejosas interpusieron recurso de reclamación.
Las recurrentes aducen que en la demanda de garantías plasmaron que el laudo les fue notificado el veinticuatro de junio de dos mil ocho, pero que lo cierto era que ello sucedió el veinticinco del mismo mes y año, ya que por error se plasmó esa data.
Es inatendible el argumento, ya que el hecho de que la puesta de la fecha de notificación de veinticuatro de junio de dos mil ocho haya sido un error, constituye una afirmación subjetiva, además de que no tiene valor jurídico, ya que no es posible invocar un error en beneficio propio; de ahí que ello no puede ser materia de estudio en el presente recurso.
Aducen las recurrentes que la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, les notificó el aludido laudo el veinticinco de junio de dos mil ocho, según consta en el citatorio respectivo que se anexó al recurso en estudio, por lo que la notificación fue realizada en esa fecha.
Exponen que era inaplicable el artículo 21 de la Ley de Amparo, en especial en la parte en que se fundamentó la resolución, ya que las quejosas afirmaron en qué fecha fueron notificadas, pero nunca hicieron mención a cuándo se hicieron sabedoras del acto que reclamaron. Señalan que existe diferencia entre "notificación" y "ostentarse sabedor". Que la presidenta omitió allegarse de elementos suficientes para afirmar que el veinticuatro de junio de dos mil ocho se hubieran ostentado sabedoras del acto reclamado, máxime que fue un error de su parte que se asentara ese día.
Las recurrentes invocan la jurisprudencia 2a./J. 31/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página cuatrocientos treinta y seis, que tiene el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL.", y la tesis aislada XVI.1o.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que se observa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página mil ciento cincuenta y cuatro, con la voz: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ANTE CONSTANCIAS CONTRADICTORIAS DEBE ATENDERSE A LA FECHA PRECISADA EN LA DEMANDA SI SE JUSTIFICA CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL."
Son infundados los argumentos.
Por regla general en el recurso de reclamación no se admiten pruebas, pero de forma excepcional deben tomarse en consideración cuando son encaminadas a precisar la verdadera fecha de la notificación del laudo que se combate. Lo que se sustenta en la tesis aislada P. XXI/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página trece, que dice:
"RECLAMACIÓN, PRUEBAS EN EL RECURSO DE. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN SI SE ENCAMINAN A PRECISAR LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN QUE SE TOMÓ COMO BASE PARA DESECHAR ESTE RECURSO. Aunque por regla general no es admisible ningún medio de prueba en el recurso de reclamación, toda vez que el acuerdo impugnado debe analizarse a la luz de las constancias que se tuvieron a la vista para dictarlo, si la reclamante aporta una probanza directamente encaminada a precisar la verdadera fecha de la notificación de la sentencia que se combate, con base en la cual se determina el desechamiento, por extemporaneidad del recurso de revisión interpuesto, en tal hipótesis sí debe tomarse en consideración dicho medio de convicción, ya que, de lo contrario, podría dejarse en estado de indefensión a la parte recurrente, dado que la única oportunidad para demostrar la inexactitud del dato en cuestión la constituye, precisamente, el recurso de reclamación."
En ese sentido, si bien las recurrentes ofrecieron como pruebas las documentales consistentes en el original de citatorio de veinticinco de junio (foja 44), copia certificada del laudo de diecinueve de mayo (fojas 45 a 64) y el acuerdo de veinticuatro de junio, todos de dos mil ocho (foja 65); además de dos inspecciones oculares, no obstante ello, únicamente se apreciaran las documentales relatadas, por ser probanzas directamente relacionadas y encaminadas a precisar la verdadera fecha de notificación del laudo que se combate.
El artículo 21 de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
El artículo aludido contiene tres supuestos para determinar el cómputo de quince días para la interposición del juicio de garantías, mismos que serán contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos.
De la interpretación del precepto se desprende que los supuestos precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; de ahí que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos.
Cuando se impugna en amparo un laudo emitido en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, pero únicamente cuando conste fehacientemente que a aquél se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación realizada por la responsable.
Como excepción a lo anterior, cuando existe manifestación expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo impugnado, el plazo correrá a partir de esta última fecha, que será la primera en que tenga conocimiento del acto que se vaya a reclamar.
Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página cuatrocientos treinta y seis, que tiene el siguiente contenido:
"DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para la interposición del juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En congruencia con lo anterior, cuando se impugna en amparo un laudo emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, únicamente cuando conste fehacientemente que a aquél se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación realizada por la responsable, salvo que exista manifestación expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo impugnado, en cuyo caso el plazo correrá a partir de esta última fecha."
Las quejosas en la demanda de amparo precisaron: "... V. Fecha de la notificación del laudo: el día 24 de junio de 2008 ..."
Por último, cabe apuntalar los conceptos de notificación, ostentar y conocimiento.
Para Joaquín Escriche la "notificación" consiste en: "El acto de hacer saber alguna cosa jurídicamente, para que la noticia dada a la parte le pare perjuicio en la omisión de lo que se le manda o intima, o para que le corra término." (Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ed. Porrúa, México, 1998, p. 469); el maestro Eduardo Pallares la conceptúa como "el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial. La notificación no siempre se lleva a cabo mediante un acto judicial como veremos más adelante. La notificación es un género que comprende diversas especies, tales como el emplazamiento, la citación, el traslado, según se explica en estas palabras ... Distingue varias clases de notificaciones: la autonotificación que se lleva a cabo por la misma persona que hace la declaración; la heteronotificación, cuando la notificación la practica persona diversa de la que declara; la preventiva o sea la que precede a la realización del hecho o del acto cuya noticia quiere suministrase; la sucesiva que es la contraria a la anterior ..." (Diccionario de Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa, 10a. ed., México, 1977, pp. 570 a 572). Por su parte "ostentar" es definido por Guillermo Cabanellas como "Patentizar, manifestar. Hacer alarde de riquezas, cualidades o grandezas. (v. Megalomanía, ostensión, ostentación." (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV, J-O, Heliasata. 12a. Ed., Buenos Aires, 1979, p. 720). El "conocimiento" lo define Joaquín Escriche como "El acto de entender en las causas y determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal o tales causas, toda a tal tribunal o Juez; y el papel firmado en que uno confiesa haber recibido de otro alguna cosa, y se obliga a pagarla o volverla." (Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense. Loc. Cit., p. 145). En general, el Diccionario Jurídico Mexicano determina que "los medios de comunicación procesal" son medios que por "vía oral o escrita dichos instrumentos sirven para informar, ordenar o transmitir ideas entre los sujetos que intervienen en los conflictos de intereses y su composición judicial. II. En cuanto a los diferentes medios que se emplean para que se establezca el contacto procedimental, cabe agruparlos de acuerdo con los sujetos de la comunicación: Primero: entre el funcionario judicial y las partes o los terceros. Segundo: entre los diversos funcionarios. Pueden descartarse los medios de comunicación interpartes, en virtud de que la administración de justicia moderna debe realizarse a través de los órganos oficiales, y por mandato constitucional (a. 17 de la C) se ha prohibido radicalmente el empleo de la violencia y de las fórmulas autodefensivas para reclamar los derechos. Dentro del primer grupo de medios de comunicación procesal, es decir, entre la autoridad judicial y los justiciables, se incluyen la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento." (Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, Ed. Porrúa. 14a. Ed., México, 2000, pp. 2102-2103).
En ese contexto, se advierte lo infundado de los agravios; por lo que hace a que es inaplicable el artículo 21 de la Ley de Amparo no asiste razón a las recurrentes, toda vez que el precepto citado es el único aplicable para el caso del cómputo de la demanda de garantías.
En lo relativo a la manifestación de que como quejosas se dijeron notificadas, pero no hicieron mención de que se hicieron sabedoras del acto que reclaman, tampoco constituye un argumento por el que deba declarase fundado el presente recurso, ya que el hacerse sabedor de un asunto puede advertirse a través de la notificación de éste, el conocimiento o la confesión, por lo que entre la fecha de notificación que requiere el artículo 166 de la Ley de Amparo y la data asentada en el escrito de garantías, no existe diferencia jurídica; por el contrario, este tribunal determina que si en la demanda de amparo se anota determinado día de notificación, ello implica que el quejoso se hizo sabedor del acto en ese momento, cuando en el caso no haya constancia anterior de notificación, o existiendo sea posterior a esa data. Lo anterior se apoya en que el impetrante al hacer su declaración expresó el momento en que supo del acto que ataca. Sobre este particular, se aplica, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, página doscientos ochenta y seis, que tiene por rubro y contenido los siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto."
El artículo 21 reseñado regula los momentos a partir de los cuales se debe computar el término para la interposición de la demanda de amparo, lo que conlleva a que en todos los casos previstos en él se busca identificar el instante en el que el promovente supo del acto que impugna; al ser así, el hecho de que las quejosas hayan manifestado como fecha de notificación del laudo el veinticuatro de junio de dos mil ocho, esto conducía a que fueron enteradas en esa fecha, es decir, se hicieron sabedoras en esa data, recayendo tal situación en el tercer supuesto del precepto citado, pues en el momento en que se dijeron notificadas, ello constituyó una confesión expresa que debe preponderar sobre la notificación a que se refieren las quejosas y respecto de las cuales aportan pruebas documentales, puesto que al confesar expresamente cuándo se enteraron de la existencia del acto (veinticuatro de junio de dos mil ocho), ello impidió que se tomara en cuenta la fecha posterior de la notificación que se alega (veinticinco de junio de dos mil ocho), ya que su declaración se tradujo en una prueba plena de que las impetrantes supieron del laudo desde el veinticuatro de junio de dos mil ocho, por lo que fue apegado a derecho que la Magistrada presidenta, al proveer sobre la demanda, observara esa fecha para computar la oportunidad de su presentación, sin tomar en cuenta la notificación que, en su caso, medió, toda vez que la confesión expresa prevaleció sobre ésta, al verificarse primeramente.
El hecho de que las quejosas no hayan puntualizado la frase de que "se ostentaron sabedoras", es irrelevante, toda vez que lo que se debe determinar es el momento a partir del cual supieron del acto reclamado para que se realice el cómputo respectivo; además de que la ley no exige como requisito de la demanda aquella expresión.
Por tanto, este tribunal sostiene que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para presentar la demanda parte de cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto de autoridad que le afecta. El artículo 166, fracción V, del citado ordenamiento, establece como requisito de la demanda que el quejoso debe indicar la fecha de notificación o de la en que tuvo conocimiento del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio ordinario. Entonces, si el impetrante cumple con ese requisito, implica que supo del acto reclamado, es decir, no hay diferencia entre las expresiones "fecha de notificación" y "ostentarse sabedor" a las que se refieren los preceptos invocados, ya que el conocimiento, en ambas, es la raíz, y dentro de los medios para obtenerlo se encuentra la notificación o la confesión, así que si el quejoso asienta en la demanda determinada fecha de notificación, ello equivale a ostentarse sabedor.
En ese sentido, la Magistrada presidenta tampoco tenía obligación de allegarse de elementos suficientes para afirmar que el veinticuatro de junio de dos mil ocho las quejosas fueron sabedoras del acto reclamado, pues para considerarlo así fue suficiente la confesión de ese hecho, lo que evidencia que el juicio de garantías no se promovió oportunamente.
Por lo que hace a la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 31/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL.", resulta aplicable al caso concreto, pero su contenido no beneficia a las recurrentes en términos de lo antes razonado; en lo que toca a la tesis aislada XVI.1o.4 K, con la voz: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ANTE CONSTANCIAS CONTRADICTORIAS DEBE ATENDERSE A LA FECHA PRECISADA EN LA DEMANDA SI SE JUSTIFICA CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL.", resulta inaplicable de acuerdo a los sustentos expuestos, pues en el caso no existieron constancias contradictoras, sino la confesión de la fecha de notificación de las quejosas.
También alegan que, en todo caso, se les debió señalar un término que no excediera de cinco días para que aclararan el escrito de garantías, pues de autos no se desprendía la notificación de veinticuatro de junio de dos mil ocho, en atención a los artículos 178 y 179 de la Ley de Amparo.
Es infundado el agravio.
Los citados preceptos establecen que si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haberse satisfecho los requisitos que prevé el artículo 166 de la ley de la materia, el Tribunal Colegiado señalará al promovente un término que no excederá de cinco días para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa; y que cuando no encuentre motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si fueran subsanadas las deficiencias a que se refiere el artículo anterior, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo.
En la especie, no se advierte duda de que las amparistas precisaron como fecha de notificación del laudo el veinticuatro de junio de dos mil ocho, por lo que era innecesario ordenar su aclaración, ya que los citados preceptos obligan al juzgador a pedir su esclarecimiento cuando dentro del contenido del mismo escrito exista duda en datos oscuros, imprecisos o distintos.
Consecuentemente, debe declararse infundado el recurso de reclamación.
Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 82 y 103 de la Ley de Amparo y 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el recurso de reclamación interpuesto por ********** por conducto de apoderado, contra el acuerdo de presidencia de este Tribunal Colegiado, dictado el seis de febrero de dos mil nueve en el expediente de amparo directo DT. 157/2009.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, con las adiciones y reformas propuestas en sesión, por mayoría de votos de los Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y José Manuel Hernández Saldaña, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Se encargó del engrose el Magistrado José Manuel Hernández Saldaña. El ponente, Magistrado Héctor Landa Razo, sostuvo su proyecto como voto particular, que se plasma al final de esta ejecutoria.
En términos de lo previsto en los artículos 37, fracción VIII y 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21684-7307be43/demanda-de-amparo-directo-equivalencia-de-las-expresiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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