AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA.
RECLAMACIÓN 7/2009. **********
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El agravio que antecede, amerita el siguiente análisis.
A manera de antecedente es importante señalar que el ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución interlocutoria de ********** dictada por la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ordinario civil ********** promovido por ********** y en la que se declaró la improcedencia del recurso de revocación interpuesto en contra del diverso auto ********** por el que, entre otras providencias, se tuvo por presentada a la actora del juicio natural y, en relación a su solicitud, se comisionó al actuario del juzgado para que procediera a notificar el proveído de ********** al arquitecto ********** a quien se tuvo por designado como perito por la parte demandada.
Ahora bien, mediante acuerdo de ********** dictado con motivo de la aludida demanda de amparo directo, la cual fue radicada con el número ********** y motivo del presente medio de impugnación, la Magistrada presidenta de este Tribunal Colegiado estimó que el conocimiento del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito, porque no se trata de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, o de una resolución que sin decidirlo en lo principal lo haya dado por concluido, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.
En contra de dicha determinación la recurrente expresa como agravio, que la resolución que señaló como acto reclamado afecta sus defensas, por cuanto resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos de la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo y, añade, que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria y, en el caso, en su opinión, se trata de un acuerdo por el que no se admite el recurso de revocación interpuesto, lo que lo hace susceptible de análisis en la vía directa en términos del citado numeral 159 de la ley de la materia.
Las sintetizadas argumentaciones analizadas en conjunto, como autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación, son infundadas.
En efecto, dicho calificativo se justifica, en la medida de que el acto reclamado (determinación que declaró improcedente un recurso de revocación), no es otra cosa que un típico acto dictado dentro del procedimiento judicial en el que aún no se ha dictado la respectiva sentencia, pues así se infiere del expediente de apelación remitido por la Sala responsable como justificación de sus actos, por lo que, evidentemente, no se está en alguno de los supuestos a que se contrae el numeral 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo directo.
Esto es así, en atención a que dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.-Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.-Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."
De dicho precepto se advierte -en lo conducente-, que el juicio de amparo directo solamente procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, como en el caso justiciable, el acto reclamado consistente en la determinación por la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de ********** es evidente que de ninguna forma resolvió en lo principal el procedimiento de origen, ni lo dio por concluido y, por tanto, es claro que su análisis no es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito.
No es obstáculo para concluir de este modo, que el disidente aduzca que el acto reclamado en su demanda de amparo constituya una violación a las leyes del procedimiento y que afecta sus defensas, pues pierde de vista que lo que determina la procedencia del juicio de garantías uniinstancial, no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, que en materia de amparo directo y de conformidad con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, como se ha visto, requiere que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; hipótesis en la que, evidentemente, no encuadra el acto reclamado pues, se insiste, se trata de una resolución que confirmó un auto en el que se declaró improcedente un recurso de revocación.
Y si bien es cierto que la hipótesis normativa que refiere la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo alude a una violación procesal que puede impugnarse a través del amparo directo, también lo es que de conformidad con el último párrafo del numeral 158, ya transcrito, y el diverso 161 de la invocada legislación, dicha violación procesal sólo la podrá hacer valer en el amparo directo que, en su oportunidad, promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.
Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 143, de la página 118 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917677, que establece:
"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.-Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del Máximo Tribunal en segunda instancia."
De acuerdo con los razonamientos anteriores, y al resultar infundados los agravios expresados por ********** lo que procede es confirmar en sus términos el auto de presidencia recurrido, de ********** dictado en los autos del juicio de amparo directo **********.
Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 103 de la Ley de Amparo y, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido.
Notifíquese como corresponda; anótese; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Elvira Concepción Pasos Magaña como presidenta, Luis Armando Cortés Escalante y Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Conforme a lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la citada ley, 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21676-49163cd8/amparo-directo-es-la-naturaleza-del-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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