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Modo: Corpus Pro

TERCERO PERJUDICADO. DEBE RECONOCERSE TAL CARÁCTER A QUIEN REVISTA LAS PARTICULARIDADES EXPRESAMENTE SEÑALADAS POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 22/2009. · Registro digital (IUS): 22544
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 1836.

RECLAMACIÓN 22/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son jurídicamente ineficaces los argumentos que, a manera de agravios, se hacen valer.

Inicialmente, es menester establecer que el auto materia de reclamo se hace consistir en el acuerdo de presidencia de veinticinco de noviembre de dos mil nueve, dictado en el toca número **********, del índice de este Tribunal Colegiado, a través del cual se desechó de plano, por notoriamente improcedente, el recurso de revisión interpuesto por **********, quien se ostenta **********, por estimarse que éste carece de legitimación para interponer dicho recurso.

Por cuestión de método, el estudio de los motivos de disenso se atenderá en orden distinto al propuesto.

En su segundo agravio, señala el recurrente que la determinación impugnada transgrede los principios del juicio de garantías, toda vez que existe la posibilidad de que cualquier persona, sea parte o tercero extraño, vea trastocado sin razón un derecho por el acto materia del juicio de amparo. Que esto -asegura- se da en el caso concreto, pues desde que la responsable emitió el acto reclamado, automáticamente admitió a favor del sindicato representado un ente legitimado en el proceso de origen.

Esto lo señala bajo el argumento de que el acto reclamado constituyó -sin que el sindicato tuviera alguna injerencia en su emisión- un freno total a la actividad de ejecución en el juicio de origen, lo que a la postre determinó la existencia de un derecho para ser protegido respecto de los bienes que representan su garantía preferencial como trabajadores frente a cualquier otro acreedor.

Afirma que esto se traduce en un efectivo interés jurídico del sindicato para combatir actividades que lesionen sus derechos y que lo colocan en situación de imposibilidad para hacerlo, como resulta ser la omisión en que incurrió el Juez Federal al no llamarlo como tercero perjudicado, no obstante que es una persona afectada por el juicio de garantías y con un interés contrario al planteado por la quejosa.

Lo anterior, pone de manifiesto que es titular de derechos transgredidos por la autoridad de primera instancia, por no llamarlo a juicio y por la autoridad que pronunció la resolución recurrida al ignorar la razón que justifica la posición adoptada por el **********, al interponer la revisión contra una sentencia en cuyo juicio se le impidió aportar argumentos de índole público o de carácter social, que respaldan su calidad de interesado.

En relación con esto, señala en el agravio tercero, segundo párrafo, que existe una incorrecta apreciación del inciso a), fracción III, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, porque aun considerando que no se le señalara como parte en el juicio de garantías es incuestionable que, de todas maneras y por lo ya expresado, está legitimado y ostenta un interés jurídico presente, directo y personal para combatir en revisión la sentencia constitucional. Apoya su argumento en la tesis de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. REVISIÓN PROCEDENTE INTERPUESTA POR EL NO LLAMADO O NO ADMITIDO A JUICIO DE AMPARO." (Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito).

El anterior motivo de inconformidad resulta infundado.

Para sustentar tal afirmación precisa narrar algunos antecedentes tomados de las constancias integrantes del juicio de garantías número **********, que dio origen al recurso de revisión del que deriva la presente reclamación, valoradas al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales, cabe señalar, se relacionan a continuación, como hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley procesal federal en cita, en virtud de encontrarse materialmente en este tribunal en razón del diverso juicio de amparo en revisión **********, interpuesto por ********** y **********, por propio derecho y en representación de **********. Así, se tiene lo siguiente:

El acto reclamado se hizo consistir en el auto de diecinueve de junio de dos mil nueve, dictado dentro del juicio especial de arrendamiento número **********, del índice del Juzgado Tercero Menor de Monterrey, Nuevo León, promovido por **********, en contra de ********** (arrendatario) y ********** (subarrendataria).

En el referido juicio civil, el dieciséis de abril de dos mil ocho, se dictó la sentencia definitiva mediante la cual se declaró procedente la acción intentada y como una de sus consecuencias, según se lee del cuarto punto resolutivo, se condenó "... a la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble arrendado ..." (foja 1032 vuelta del juicio de amparo **********); sentencia que impugnada en amparo directo por la parte demandada, resultó desfavorable a sus intereses (la cual se declaró firme por ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión **********, según se advierte a foja 1054 ídem).

Así, en ejecución de sentencia, la persona física demandada compareció ante la responsable para manifestar:

"... Como puede advertirse de las certificaciones que se acompañan, el pasado día 10 (diez) de febrero del presente año, el referido pliego petitorio con emplazamiento a huelga presentado por el ********** en comento fue admitido a trámite por la autoridad laboral, y se decretó, además, el embargo de todos los bienes de la empresa demandada en el presente juicio ********** y **********, quien quedó como depositaria de los mismos, todo ello durante el tiempo que dure el procedimiento de huelga; habiéndose también ordenado dar vista a dicha empresa para que, en el término de 48 (cuarenta y ocho) horas, diera contestación por escrito en los términos que a sus intereses conviniera, lo cual se realizó oportunamente por la codemandada, tal y como se desprende del escrito de contestación que contiene el sello de recibido por parte de la autoridad del trabajo ..." (foja 1068 frente ídem del juicio de amparo).

En virtud de lo anterior, frente a un oficio informativo remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 1113 ídem), el Juez de instancia emitió el acto reclamado en estos términos:

"... Téngase al funcionario de referencia haciendo las manifestaciones que señala en su oficio de cuenta, de las cuales se toma nota de su contenido y se agregan a los autos a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, esta autoridad tiene a bien traer a la vista el escrito presentado en fecha 4 (cuatro) de junio del año 2009 (dos mil nueve), suscrito por **********; al efecto, está claro que el local en que se encuentra ubicado **********, no es propiedad de ésta, y si bien es cierto que no deja de ser un derecho de la demandada que radica, precisamente, en el inmueble ubicado en el número **********, y el fundamento de este derecho es el contrato de arrendamiento que fue materia de la litis del juicio bajo el expediente **********, también lo es que el patrimonio encierra derechos y obligaciones; pero derechos que no necesariamente deben tener relación con la propiedad sino con el inmueble en el que radica o se materializa el derecho de uso que ejerce la parte reo en el inmueble ubicado en el número ********** propiedad del actor. Aparte, es muy clara la disposición del artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo que informa el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en su oficio número **********, recibido el día 18 (dieciocho) de junio del año 2009 (dos mil nueve), pues en dicho artículo se dice que tampoco deberá practicarse desahucio en el establecimiento de la empresa. Es decir, se interpreta esto que es en el inmueble ubicado en en (sic) el número **********, pero no señala dicho artículo que el establecimiento sea o no propiedad de la empresa patrón; entonces, bajo el principio que cuando la ley no distinga el Juez tampoco debe distinguir; lo correcto legalmente es negar la ejecución de la sentencia definitiva de fecha 16 (dieciséis) de abril del año 2008 (dos mil ocho) pues, conforme al oficio número ********** del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, los derechos de los trabajadores están en primerísimo lugar sobre la ejecución de la sentencia definitiva de fecha 16 (dieciséis) de abril del año 2008 (dos mil ocho), dictada por este H. Juzgado. Pues además, uno de los efectos del emplazamiento a huelga es que a partir de la notificación correspondiente debe suspenderse en la empresa toda ejecución de sentencia, embargos, aseguramientos, diligencias o desahucio en su contra ni secuestrar bienes del local de la emplazada; lo anterior conforme al artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, dígasele también a la actora que debe esperar, como también este H. Juzgado, hasta en tanto se nos informe por la autoridad laboral citada acerca del seguimiento del expediente laboral número ********** con motivo del emplazamiento a huelga promovido por el ********** en contra de la (sic) **********; Notifíquese ..." (foja 1114 frente y vuelta ídem, lo resaltado y subrayado es propio de este tribunal).

De estos antecedentes se colige con meridiana claridad que la litis de origen quedó integrada entre **********, ********** y **********, cuya sentencia ejecutoriada resolvió la entrega material y jurídica del bien inmueble arrendado a la actora.

En esa virtud, resulta inconcuso que al ********** y **********, en cuya representación dice comparecer **********, no le resulte el carácter de tercero perjudicado. Es así, porque no formó parte en la contienda civil, pues no tiene nexo jurídico con alguno de los contratantes, ni tampoco así el bien inmueble motivo del litigio es propiedad del arrendatario (patrón sujeto al emplazamiento a huelga). Aspecto que, incluso, ponderó la autoridad responsable.

Se afirma de este modo, pues no debe soslayarse que atendiendo al artículo 2292 del Código Civil del Estado, el arrendamiento es un contrato civil que implica conceder el uso o goce temporal de una cosa a cambio del pago de un precio cierto, es un contrato sucesivo que se ejecuta por actos repetidos y recíprocos de disfrute y de pago de los alquileres; actos que sirven de causa unos a otros, hasta el extremo de que si el uso y el disfrute no pueden llevarse a cabo, no se deberá el alquiler, presuponiendo así que arrendar es simplemente realizar un acto de administración, pues el derecho resultante del arrendatario -la persona moral demandada- es un derecho personal no así real, pues la propiedad de la cosa no se dirime en tratándose de un juicio de arrendamiento.

En esa medida, no es jurídicamente viable otorgar al ********** que representa el promovente del recurso, la calidad de parte, específicamente de tercero perjudicado en el juicio constitucional, cuya sentencia pretende controvertir bajo el argumento de que es titular de derechos transgredidos con la emisión del acto reclamado, toda vez que, si bien es cierto que se podría llegar a establecer que se encuentran inmiscuidos derechos laborales de los trabajadores de la persona moral demandada, por virtud del emplazamiento a huelga informado a la responsable, también lo es que en términos del artículo 924 la Ley Federal del Trabajo -en el cual la autoridad de instancia sustenta su determinación-, las medidas decretadas son dirigidas a proteger los derechos de los empleados, para que el patrón no disponga de los bienes afectos a la empresa emplazada a huelga.

Entonces, si en el caso, como con antelación se apuntó, el bien inmueble objeto del juicio de arrendamiento no forma parte de esos bienes (pues queda claro que la empresa sólo ostentaba una posesión derivada en su calidad de subarrendataria); por tanto, no puede hablarse de la afectación de la que se duele quien acude a la revisión, es decir, no es posible tenérsele con el carácter que pretende en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo pues, en el caso, sus agremiados no resultan afectados en sus derechos con la emisión del acto reclamado. De ahí que se concluya, tal como lo hizo el Magistrado presidente de este tribunal, en la carencia de legitimación para la interposición del recurso de revisión.

No se soslaya lo manifestado en el sentido de que la propia responsable al emitir el acto reclamado en el juicio de garantías, automáticamente reconoció a favor del ********** representado, la legitimación en el proceso, resultándole un interés contrario al alegado por la quejosa, pues se trata de un "freno total" en la ejecución del juicio de origen por virtud de la existencia de un derecho que debe ser protegido.

Al respecto, debe puntualizarse que, en términos generales, se había venido considerando por algunos tribunales federales que con el carácter de "tercero perjudicado", debía intervenir en el juicio de garantías toda persona que tuviera derechos opuestos a los del quejoso y, por tanto, interés en la subsistencia del acto reclamado, pues de no admitirse su intervención bajo esa calidad, se le privaría de la oportunidad de defensa y esta circunstancia podría dejarlo en estado de indefensión en la instancia constitucional.

De este modo, el tercero perjudicado era la persona con interés jurídico en la subsistencia del acto reclamado, que significaba la pretensión de no conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal o de decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respectivo.

Sin embargo, precisa poner de manifiesto que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009, determinó abandonar el criterio contenido en la tesis de la Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Materia Común, tesis 2a./J. 78/2003, página 578, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de un juicio distinto del orden penal, de lo cual se entiende que se refiere a juicios del orden civil, administrativo o del trabajo, así como a quienes hayan ocupado una posición contraria a la del promovente del amparo, sea actor o demandado, siempre que éste haya sido emplazado al juicio respectivo. Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente sea el actor en el juicio natural, únicamente tenga derecho a intervenir como tercero perjudicado el demandado que haya sido emplazado, pues la finalidad de la norma al prever en los diferentes incisos de su fracción III los sujetos que pueden ser terceros perjudicados en el juicio de garantías, fue poner de manifiesto quiénes tienen derecho a intervenir con ese carácter y no limitar esos supuestos a los sujetos procesales que pueden participar en el juicio de amparo como tales, lo que se corrobora con lo dispuesto en el inciso c) de esa fracción, que reconoce ese derecho a cualquier persona que tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado; y si bien esa disposición está dirigida esencialmente a la materia administrativa, revela claramente la intención del creador de la norma de no dejar fuera del concepto de terceros perjudicados a los demandados no emplazados, ya que tienen interés en la subsistencia del acto reclamado."

Esta jurisprudencia determinaba que el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo (conforme al cual es tercero perjudicado la "contraparte del agraviado" cuando el acto reclamado emana de un juicio civil, laboral o administrativo, o cualquiera de las partes si se promueve por un tercero extraño), debía interpretarse en forma amplia a efecto de que se tuviera como tercero perjudicado al demandado no emplazado en el juicio natural del que emanaba el acto reclamado, toda vez que la finalidad de dicho precepto era reconocer tal carácter a cualquier persona con interés directo en la subsistencia de aquél.

El nuevo criterio textualmente dice:

"TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." (Jurisprudencia, Materia Común, Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 2009. Tesis: 2a./J. 67/2009. Página: 265).

Dentro de los razonamientos que informan la ejecutoria que le dio origen, importa transcribir el siguiente apartado considerativo:

"No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que en la jurisprudencia cuya modificación se solicita se asentó lo siguiente:

"‘Sin embargo, tal disposición (artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo) no debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente sea el actor en el juicio natural, únicamente tenga derecho a intervenir como tercero perjudicado el demandado que haya sido emplazado, pues la finalidad de la norma al prever en los diferentes incisos de su fracción III los sujetos que pueden ser terceros perjudicados en el juicio de garantías, fue poner de manifiesto quiénes tienen derecho a intervenir con ese carácter y no limitar esos supuestos a los sujetos procesales que pueden participar en el juicio de amparo como tales, lo que se corrobora con lo dispuesto en el inciso c) de esa fracción, que reconoce ese derecho a cualquier persona que tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado; y si bien esa disposición está dirigida esencialmente a la materia administrativa, revela claramente la intención del creador de la norma de no dejar fuera del concepto de terceros perjudicados a los demandados no emplazados, ya que tienen interés en la subsistencia del acto reclamado.’

"El citado razonamiento derivó de lo que se sostuvo en la resolución que se emitió en la contradicción de tesis 20/2003 de la que emanó la jurisprudencia cuya modificación se solicita. Sobre el particular, debe decirse que contrariamente a lo que se afirma en dicha resolución, las diversas hipótesis que prevé la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo no pueden interpretarse de manera tan amplia que conduzca a considerar que las reglas establecidas para una de ellas son aplicables a las otras. Para demostrar este aserto es conveniente citar nuevamente dicho precepto legal en la parte que interesa:

"...

"En la exposición de motivos relacionada con el citado precepto legal no se aprecia que el legislador haya tenido la intención o propósito de ‘no dejar fuera del concepto de terceros perjudicados a los demandados no emplazados’, pues no se advierte pronunciamiento alguno del que pueda válidamente desprenderse tal conclusión. Por el contrario, una recta interpretación del precepto legal transcrito revela que la intención del legislador fue establecer el concepto de ‘tercero perjudicado’ en diversos incisos que se separaron según el origen del acto reclamado y la materia sobre la que éste versa. Así, en el inciso a) el legislador se constriñó a determinar quién tiene el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado emana de un juicio civil, laboral o administrativo; en el apartado b) se limitó a establecer de manera destacada quién tiene tal carácter exclusivamente en la materia penal; y, en el inciso c) se circunscribió a la materia administrativa. Cabe precisar que contrariamente a lo que se consideró en la jurisprudencia cuya modificación se solicita, lo expuesto en el inciso c), es decir, lo relativo a quién debe ser considerado tercero perjudicado en los juicios de amparo que derivan de actos administrativos, no puede válidamente aplicarse a lo previsto en los otros dos apartados. Se afirma lo anterior, toda vez que el propio texto del inciso c) así lo determina, al disponer de manera destacada que es tercero perjudicado la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el cual se pide amparo, cuando se trate de ‘providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo’, es decir, es el legislador el que en la hipótesis establecida en el inciso c) del precepto de que se trata, excluyó el supuesto previsto en el inciso a), pues éste se refiere a juicios civiles, administrativos o del trabajo que lógicamente se tramitan ante autoridades judiciales o del trabajo, las cuales, según se vio, están expresamente excluidas del apartado c). Siendo así, es dable sostener que si los supuestos establecidos en los distintos incisos de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo se excluyen expresamente entre sí (lo que, por otra parte, explica que se hayan precisado en apartados separados) es claro que no puede válidamente sostenerse que lo previsto en uno es aplicable para los otros, pues ello implicaría desconocer el texto literal del referido precepto legal. ..." (lo subrayado y resaltado es propio de este tribunal).

De lo transcrito, deriva que las diversas hipótesis que prevé la fracción III del artículo 5o., de la Ley de Amparo, no pueden interpretarse de manera tan amplia que conduzca a considerar que las reglas establecidas para una de ellas son aplicables a las otras, esto es, la recta interpretación de dicho precepto legal, que no puede ser otra que la literal, revela que la intención del legislador fue establecer el concepto de "tercero perjudicado" en diversos incisos que se separaron según el origen del acto reclamado y la materia sobre la que éste versa.

De este modo, en el caso, el inciso a), de la fracción y numeral en cita, establece quién tiene el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado emana de un juicio civil, laboral o administrativo (la contraparte del agraviado en ese juicio y cualquiera de las partes cuando el amparo sea promovido por persona extraña al mismo) y, por ende, no se puede aplicar la regla prevista en el inciso c) aludido, consistente en reconocer tal calidad a quien tenga interés en la subsistencia del acto reclamado.

En esa virtud, si el juicio de garantías del que deriva el recurso de revisión que dio origen a esta reclamación, fue interpuesto por la actora **********, por consecuencia, atentos al texto literal del referido precepto legal, asiste el carácter de tercero perjudicado únicamente a ********** y ********** -contraparte de quien se dice agraviada-, mas no así, al tantas veces mencionado **********, pues aun cuando alegue que la autoridad responsable le reconoció legitimación en el juicio de origen precisamente con la negativa en la ejecución de la sentencia definitiva por virtud del reconocimiento del derecho que le asiste, lo que podría traducirse en un interés contrario al de la quejosa; lo cierto es que no se ubica en el supuesto previsto por la norma.

Con sustento en los razonamientos antes expuestos, se reitera lo infundado del segundo agravio.

Por lo anterior, si bien es cierto que la tesis que cita el disconforme, al margen de que no vincula a este órgano colegiado en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, al tratarse de un razonamiento sustentado por un tribunal de la misma jerarquía del que ahora resuelve, también lo es que con antelación se asentó el criterio legalmente motivado y fundamentado para considerar que el ********** que dice representar el promovente no está legitimado para interponer la revisión, por no asistirle el carácter de tercero perjudicado en el juicio constitucional que dio origen a la revisión de la que deriva esta reclamación.

Establecido lo anterior, se procede a dar contestación al primer agravio, por el cual el disconforme pretende evidenciar que el Magistrado presidente de este tribunal se excedió en sus funciones al pronunciarse en el sentido en que lo hizo, sin considerar variados aspectos, específicamente, los argumentos por los cuales afirma le asiste un interés jurídico para acudir a defender sus derechos -esto último analizado en líneas precedentes-.

Así, alega que la resolución recurrida es violatoria de los principios en que se sustenta el juicio de amparo, ya que el presidente de este tribunal, al pronunciar dicho proveído, excedió sus atribuciones y facultades al decidir sobre el concepto de interés jurídico o legitimación, ya que esa cuestión debe resolverse por el Pleno de este órgano jurisdiccional, pues con este proceder anula cualquier posibilidad de defensa, toda vez que es evidente que no hay factores que determinen la notoria improcedencia del recurso interpuesto por el recurrente; asimismo, aduce que lo anterior lesiona sus legítimos derechos reconocidos por la autoridad laboral y por la responsable, esta última quien al pronunciar la resolución que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo, reconoció el interés jurídico y la plena legitimación del ********** recurrente para obtener y, en su caso, mantener en su beneficio el contenido de la resolución impugnada a través del juicio de garantías.

Bien, el artículo 90 de la Ley de Amparo, dispone:

"Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.-Admitida la revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191.-Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.-Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario."

Deriva de este precepto legal, en lo que interesa al presente estudio, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda, calificarán la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.

Ahora, si se considera que la legitimación procesal activa es la potestad legal que se posee para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia, así como que tratándose del recurso de revisión que nos ocupa, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito debe, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 antes citado, calificar la procedencia del mencionado recurso, se sigue que al hacerlo tiene, lógicamente, que verificar si quien lo interpone cuenta o no con legitimación procesal para hacerlo.

Es así, considerando que el verbo "calificar" significa apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de algo o de alguien, o analizar si una cosa reúne los requisitos necesarios (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, Editorial Espasa-Calpe 2001, página 402); en consecuencia, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, con base en ese numeral y en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que lo faculta a dictar los autos de trámite que le correspondan, es por lo que tiene la ineludible obligación de analizar si existen motivos que hagan procedente o improcedente el recurso de revisión, con base en las constancias que tiene a su alcance para después emitir una determinación fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, tratándose por supuesto de aspectos formales -no así de fondo- como lo es la legitimación del promovente del recurso.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 139/2006, consultable en la página 381, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN. LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA SE LIMITA AL EXAMEN DE ASPECTOS FORMALES QUE TRASCIENDAN A ELLA.-De acuerdo con el artículo 90, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la procedencia de la revisión con base en las constancias enviadas por el Tribunal Colegiado de Circuito o por el Juez de Distrito, según corresponda, para emitir una determinación fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, pero el estudio está limitado a los aspectos formales que trasciendan a la procedencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22544-095154ce/tercero-perjudicado-debe-reconocerse-tal-caracter-a-quien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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