REPRESENTANTES DEL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE ABSOLVÉRSELES DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE EJERCEN LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYAN O NO COMPARECIDO A JUICIO.
AMPARO DIRECTO 527/2009. CLAUDIA PÉREZ REYES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:
En el primer concepto de violación la quejosa aduce, en esencia, que el laudo conculca sus garantías individuales, porque la Junta absolvió al codemandado Raúl Pioquinto Estrada Vega de todas y cada una de las prestaciones demandadas, por considerar que la relación laboral se dio únicamente con las personas morales; sin embargo, estima la amparista que la autoridad inobservó que en el escrito inicial reclamó, tanto de Viajes Crucero, Sociedad Anónima de Capital Variable; Republicair, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de la mencionada persona física, en forma solidaria, las prestaciones que especificó en su demanda, por lo que si ésta se les tuvo por contestada en sentido afirmativo, no fue un hecho controvertido el que los tres contrataron y recibieron sus servicios personales y subordinados, y que en forma conjunta le asignaron la categoría, jornada y salario.
Sigue argumentando la quejosa que la Junta no tomó en cuenta que el mencionado Estrada Vega fue su jefe inmediato, lo que conlleva que ejercía un poder de mando sobre ella y estaba subordinada a sus órdenes, por lo que se reúnen los elementos fundamentales de la relación laboral, como lo exige el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, y porque fue la misma persona quien la despidió; aspectos todos ellos que soslayó la autoridad.
Los anteriores planteamientos resultan infundados.
En la parte del laudo que impugna la quejosa la Junta consideró: "... se absuelve al codemandado Raúl Pioquinto Estrada Vega del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor, pues de autos, principalmente de su escrito de demanda, se advierte que prestó únicamente servicios para las demandadas Viajes Crucero, S.A. de C.V. y Republicair, S.A. de C.V., quienes fueron las únicas que la contrataron ..." (foja 65 del expediente laboral); consideración y conclusión que se estiman correctas, pues del examen de los autos que integran el expediente de que se trata se desprende que la demandante, en el capítulo de hechos del escrito inicial, en lo conducente, dijo: "... 1. Nuestra poderdante fue contratada por Viajes Crucero, S.A. de C.V. y Republicair, S.A. de C.V., con fecha cinco de mayo del año dos mil cuatro ... 2. Las demandadas Viajes Crucero, S.A. de C.V. y Republicair, S.A. de C.V., contrataron a nuestra poderdante para prestar sus servicios personales y subordinados con la categoría de auxiliar administrativo ... 10. Nuestra poderdante tenía como jefe inmediato al codemandado Raúl Pioquinto Estrada Vega. ..." (fojas 7 y 10 del expediente), persona esta última a quien le imputó el despido alegado.
De ese modo, no obstante lo manifestado en el escrito inicial de demanda en el sentido de que "... Los demandados ..." le asignaron el lugar para desempeñar su trabajo, así como las condiciones esenciales de la relación laboral, como son la categoría, jornada y salario, en el caso particular no se comprobó la existencia de la relación de trabajo entre la demandante y Raúl Pioquinto Estrada Vega, ni que éste estuviera vinculado a los resultados económicos de las empresas demandadas para poder considerarlo como patrón; por el contrario, de la copia certificada del testimonio notarial del instrumento número dieciséis mil ochocientos diecinueve (16,819), glosado a fojas veintidós a veintisiete del expediente laboral, se desprende que el aquí tercero perjudicado actuó como representante de la empresa codemandada Viajes Crucero, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de administrador único, siendo la persona moral la que quedó obligada de la relación laboral, pues el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo claramente dispone que los representantes del patrón obligan a sus representados en sus relaciones con los trabajadores; sin embargo, tal precepto no puede interpretarse en el sentido de que también los representantes del patrón quedarán obligados subsidiaria y solidariamente de la relación laboral, pues es posible que a su vez sean trabajadores del patrón, siempre y cuando no estén vinculados a los resultados económicos de la empresa.
Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial I.6o.T. J/90, sustentada por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 972 del Tomo XXVII, mayo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRESENTANTES DEL PATRÓN. LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ESTÁN OBLIGADOS SUBSIDIARIA Y SOLIDARIAMENTE EN LA RELACIÓN LABORAL, SI NO SE ENCUENTRAN VINCULADOS A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA. El artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores; sin embargo, tal precepto no debe interpretarse en el sentido de que también los representantes del patrón quedan obligados subsidiaria y solidariamente en la relación laboral, cuando no estén vinculados a los resultados económicos de la empresa, pues es posible que, aun ostentando dicho carácter, sean trabajadores del patrón."
En consecuencia, contrario a lo que afirma la quejosa, este Tribunal Colegiado estima correcta la conclusión a la que llegó la autoridad de absolver al referido codemandado persona física de las prestaciones reclamadas, ya que como lo observó la Junta, la propia actora manifestó que fue contratada por Viajes Crucero, Sociedad Anónima de Capital Variable y Republicair, Sociedad Anónima de Capital Variable; en tal virtud, si como ya se demostró, Raúl Pioquinto Estrada Vega únicamente ejercía actos de administración y dirección en la fuente de trabajo, es evidente que en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, sólo fungió como representante del patrón, pues no quedó demostrado que el codemandado persona física utilizara los servicios de la quejosa, al no haberse acreditado que estuviera vinculado a los resultados económicos de la empresa demandada, ni que hubiera asumido la obligación de la relación laboral; tampoco se acreditó que el trabajo lo recibiera el codemandado persona física y, por ende, no operó la presunción de la existencia de trabajo, esto es, que no se comprobaron los extremos legales establecidos en los artículos 10, 11, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que tal codemandado persona física no se encuentra sujeto al vínculo laboral, con independencia de que no haya comparecido a juicio, tomando en cuenta que la relación contractual es única y se da, en su caso, con las sociedades demandadas; de ahí lo infundado de los argumentos expuestos en el concepto de violación.
Es aplicable la tesis número I.6o.T.318 L, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1821, que dice: " Si el trabajador demanda a diversas personas, una moral y otras físicas, y estas últimas son administradores de la primera, no deben ser condenadas respecto de una idéntica relación laboral, en virtud de que en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo las personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, sólo fungen como representantes del patrón; y, en tal virtud, la persona moral será la única que esté sujeta al vínculo contractual, ya que sería ilógico estimar que una misma persona preste sus servicios para dos patrones distintos de manera simultánea y horario en un centro de trabajo. Consecuentemente, si en el juicio los codemandados personas físicas ejercían actos y funciones de dirección, no se encuentran sujetos al vínculo laboral, y debe absolvérseles de las prestaciones reclamadas, independientemente de que hayan o no comparecido a juicio, ya que la relación contractual es única y se da con la sociedad demandada."
En el segundo concepto de violación la quejosa manifiesta que la Junta violó sus garantías individuales consagradas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al absolver a los demandados de manera infundada e inmotivada del pago de la prestación consistente en "veinte días por cada año laborado", bajo el argumento de que no existe justificación legal para ello, lo que es inexacto, pues su reclamo lo apoyó en lo establecido en la fracción II del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo; aunado a que la acción principal la hizo consistir en el pago de la indemnización constitucional por haber sido despedida en forma injustificada, lo que se adecua a lo estipulado por el diverso numeral 48 del mismo ordenamiento legal.
El motivo de inconformidad resulta infundado.
Del expediente laboral de que se trata, se desprende que Claudia Reyes Pérez ejercitó como acción principal el pago de indemnización constitucional por haber sido despedida en forma injustificada el diecinueve de julio de dos mil siete, y en el inciso F) del capítulo de prestaciones señaló: "... F) El pago de veinte días por año trabajado por la actora. En forma proporcional al tiempo que la actora trabajó para los demandados conforme a lo que dispone el artículo 50, fracciones II y III de la Ley Federal del Trabajo ..." (foja 5 del expediente laboral).
Sobre el particular, al emitir el laudo impugnado la Junta determinó: "... IV. Se absuelve a los demandados Viajes Crucero, S.A. de C.V. y Republicair, S.A. de C.V. del reclamo de veinte días por año, en virtud de que este concepto no encuentra justificación legal alguna en la acción ejercitada por el mismo ..." (foja 65 del expediente laboral).
Lo anterior permite conocer que fue correcta la absolución decretada por la Junta del conocimiento, pues si bien es cierto que de conformidad con lo estipulado en los artículos 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 48 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de la separación de un trabajador por causa injustificada, éste puede optar por ejercitar la acción de indemnización por despido injustificado, o la de reinstalación, las cuales tienen el mismo hecho generador: La disolución del vínculo laboral por parte del patrón; empero, el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados no puede tener como base el despido injustificado (salvo los casos del artículo 49), pues la citada prestación no se encuentra consignada en la ley laboral para este caso, ya que conforme a lo establecido en el artículo 48 de la mencionada Ley Federal del Trabajo, que consigna que en caso de despido, el trabajador a su elección podrá exigir la reinstalación, o bien, el pago de la indemnización constitucional, y en cualquiera de los dos casos el pago de los salarios caídos, mas no señala que además deban cubrírsele veinte días de salario por cada año de servicios prestados; toda vez que la prestación en cuestión, conforme al criterio sostenido por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede únicamente en los casos señalados en los artículos 49, 51, 52 y 947 de la referida legislación, es decir, cuando el patrón se niegue a someter sus diferencias al arbitraje o acatar el laudo de la Junta, en términos del artículo 845 de la Ley Federal del Trabajo; cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 439 del código laboral existe la implantación de maquinaria o nuevos procedimientos de trabajo, y el patrón efectúa una reducción de personal; cuando la Junta resuelve que no subsisten las causas de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, en términos del artículo 431 de la ley laboral; cuando el patrón queda eximido de la obligación de reinstalar al trabajador en los casos de los trabajadores que menciona el artículo 49 de la misma ley; y cuando el trabajador rescinde su contrato de trabajo por causas imputables al patrón.
Lo así considerado encuentra sustento en la tesis aislada, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los siguientes rubro, texto y datos de localización: "VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, TRATÁNDOSE DE, NO PROCEDE LA CONDENA AL PAGO DE, TRATÁNDOSE DE DESPIDO INJUSTIFICADO. El pago de 20 días de salario por cada año de servicios prestados no puede tener como base el despido injustificado (salvo los casos del artículo 49), pues la citada prestación no se encuentra consignada en la ley para este caso, ya que conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se consigna que en caso de despido el trabajador a su elección podrá exigir la reinstalación, o bien el pago de la indemnización constitucional, y en cualquiera de los dos casos el pago de los salarios caídos, mas no señala que además deban cubrírsele veinte días de salario por cada año de servicios prestados; la prestación en cuestión, conforme al criterio sostenido por esta Cuarta Sala, procede únicamente en los siguientes casos: cuando el patrón se niegue a someter sus diferencias al arbitraje, o acatar el laudo de la Junta en términos del artículo 845 de la Ley Federal del Trabajo; cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 439 de la ley laboral existe la implantación de maquinaria o nuevos procedimientos de trabajo, y el patrón efectúa una reducción de personal; cuando la Junta resuelve que no subsisten las causas de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, en términos del artículo 431 de la ley laboral; cuando el patrón queda eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, en los casos de los trabajadores que menciona el artículo 49 de la ley laboral, y cuando el trabajador rescinde su contrato de trabajo por causas imputables al patrón." (No. Registro: 243,625. Tesis Aislada. Materia (s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 79, Quinta Parte. Tesis: (sic). Página: 37).
Y en la jurisprudencia que actualmente aparece publicada con el número 269, en la página 217 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentada por la precitada Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis varios 3/85, que enseguida se reproduce: "INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDENCIA DE LA. En atención a que los artículos 123, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo, no disponen que cuando se ejercitan las acciones derivadas de un despido injustificado procede el pago de la indemnización consistente en 20 días de salario por cada año de servicios prestados, a que se refiere el artículo 50, fracción II, de la ley citada, se concluye que dicha prestación únicamente procede en los casos que señalan los artículos 49, 52 y 947 de la ley mencionada, pues su finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad, bien porque el patrón no quiere reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se vea obligado a romper la relación laboral por una causa imputable al patrón, o sea, que tal indemnización constituye una compensación para el trabajador, que no puede continuar desempeñando su trabajo."
En esa tesitura, tomando en cuenta que la acción principal ejercitada por Claudia Pérez Reyes fue la de pago de indemnización constitucional por despido injustificado, y que no se encuentra en alguna de las hipótesis a que aluden los numerales 49, 52 y 947, todos de la Ley Federal del Trabajo, es claro que no le corresponde el derecho contenido en la fracción II del artículo 50 de la ley laboral, sin que en el caso sea aplicable la tesis jurisprudencial que invoca la quejosa, ya que ésta formó parte de los criterios discrepantes que dieron origen a la contradicción de tesis acabada de transcribir y fue superada por la misma.
En el quinto concepto de violación la peticionaria del amparo se inconforma con la integración salarial que hizo la autoridad a efecto de cuantificar las prestaciones que consideró procedentes, porque, afirma la quejosa, al salario diario fijado por la Junta se le debió incluir las cuotas diarias correspondientes a vacaciones y tiempo extraordinario, porque respecto de las primeras no disfrutó las de los periodos dos mil seis y dos mil siete; y en cuanto al segundo, nunca le fue remunerado.
Lo que plantea la quejosa resulta infundado.
Ello es así, porque de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al empleado por su trabajo. En relación con tal dispositivo, el diverso 89 del mismo ordenamiento legal establece que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones a que alude el primero de los normativos citados; sin que pueda considerarse como salario el pago relativo a los conceptos de vacaciones y tiempo extraordinario, pues así lo dispuso la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que, por lo que se refiere a las vacaciones, las cantidades que por tal concepto recibe el trabajador no incrementan en modo alguno el salario diario, ya que no es más que lo que recibe el trabajador por el pago de los días dejados de laborar, precisamente por estar de vacaciones; y por lo que hace a las horas extraordinarias de trabajo, por tratarse de circunstancias excepcionales e imprevisibles, no pueden convertirse en horas ordinarias ni, por ende, su pago adquirir la categoría de salario en sentido estricto, en virtud de que éstas tienen su origen en circunstancias y razones distintas de las que son la fuente del salario propiamente dicho, y de que el concepto y tratamiento constitucional de sus retribuciones son también distintos.
Ilustra lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 546, de la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 446 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor: "SALARIO, INTEGRACIÓN DEL. APORTACIÓN AL INFONAVIT Y PAGO DE VACACIONES. NO QUEDAN COMPRENDIDOS. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo de 1970, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; en consecuencia, para los efectos del pago de indemnizaciones a que se refiere el artículo 89 del citado ordenamiento, el salario debe cuantificarse de conformidad con las diferentes prestaciones que lo integran y obteniendo el promedio diario, sin que puedan considerarse como salario el pago de vacaciones y la aportación que se hace al Infonavit; pues por lo que se refiere a las vacaciones, las cantidades que por tal concepto recibe el trabajador, no incrementan en modo alguno el salario diario, ya que no es más que lo que recibe el trabajador por el pago de los días dejados de laborar, precisamente por estar de vacaciones; por lo que respecta a la aportación al Infonavit, son cantidades destinadas a resolver el problema habitacional de los trabajadores, de manera solidaria, sin que incrementen el salario para los efectos de su integración, ya que su destino es crear sistemas de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente, para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación y mejora de sus casas y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos."
Y la tesis aislada del mismo órgano jurisdiccional, consultable en la página 29 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, Volumen 52, Quinta Parte, de los siguientes rubro y texto: "HORAS EXTRAS, PAGO DE, QUE NO FORMA PARTE DEL SALARIO.-La circunstancia de que a un trabajador se le paguen en algunas ocasiones y no en forma fija y permanente, diversas cantidades, según las horas laboradas, por concepto de tiempo extraordinario, no justifica la pretensión de que tales sumas pasen a formar parte de su salario diario, dado que el salario, conforme a los artículos 82, 84 y 85 de la Ley Federal del Trabajo vigente, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador; a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual; y éste se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, es decir, a cambio de su labor ordinaria. Las horas extras que autoriza el apartado A, fracción XI, del artículo 123 constitucional, obedecen a circunstancias extraordinarias, fuera de lo normal, y a la labor que durante ellas se realiza se le asigna una retribución también extraordinaria de un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En consecuencia, la remuneración por horas extras no corresponde al concepto de salario en sentido estricto, en virtud de que éstas tienen su origen en circunstancias y razones distintas de las que son la fuente del salario propiamente dicho y de que el concepto y tratamiento constitucional de sus retribuciones son también distintos."
En ese contexto, dado lo infundado del motivo de inconformidad, debe subsistir la integración salarial que hizo la Junta para cuantificar las prestaciones que estimó procedentes.
En cambio, es fundado lo que aduce la quejosa en el tercer concepto de violación en el sentido de que la Junta indebidamente absolvió a las demandadas de las pretensiones de pago de horas extras y media hora de descanso que reclamó en los apartados J y K del capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda, bajo la consideración de que fue imprecisa en señalar la jornada extraordinaria.
Del escrito en el que la ahora quejosa expuso su demanda, se desprende que las prestaciones de mérito las reclamó de la siguiente manera:
"... J. El pago de tiempo extraordinario. A razón de doce horas a la semana, tomando en consideración que los demandados fijaron a nuestra poderdante un horario de labores comprendido de las nueve a las veinte horas de lunes a viernes, y de las nueve a las catorce horas los días sábados de cada semana, disfrutando de treinta minutos para comer dentro de la fuente de trabajo, comprendida de las catorce horas a las catorce treinta horas, únicamente de lunes a viernes, ya que los días sábados se le otorgaba de las once treinta a las doce horas.-Por tanto, la trabajadora laboraba un total de sesenta horas a la semana, cuando el máximo en jornada diurna, que es la que desempeñaba la actora, es de cuarenta y ocho horas a la semana, como se advierte del contenido de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que el tiempo comprendido de las 13:01 del día viernes a las 20:00 horas del propio día, así como de las nueve a las catorce horas del día sábado, debe considerarse como tiempo extraordinario, mismo que sumado nos da un total de doce horas extras a la semana, de las cuales las primeras nueve deben ser pagadas con un ciento por ciento más del salario que correspondan a las horas de la jornada; en tanto que las tres horas restantes deben ser pagadas con un doscientos por ciento más del salario que correspondan a las horas de la jornada, todo lo cual tiene su fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo; aclarando que dicha prestación se reclama por todo el tiempo laborado.
"K. El pago de media hora. A que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración que los demandados fijaron a nuestra poderdante un horario de labores comprendido de las nueve a las veinte horas de lunes a viernes, y de las nueve a las catorce horas los días sábados de cada semana, disfrutando de treinta minutos para comer dentro de la fuente de trabajo, comprendida de las catorce horas a las catorce treinta horas, únicamente de lunes a viernes, ya que los días sábados se le otorgaba de las once treinta a las doce horas; tiempo que deberá pagársele en términos de los artículos 63, 64, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo."
En el hecho marcado con el número cuatro señaló: "4. Los demandados fijaron a nuestra poderdante un horario de labores comprendido de las nueve a las veinte horas de lunes a viernes, y de las nueve a las catorce horas los días sábados de cada semana, disfrutando de treinta minutos para comer dentro de la fuente de trabajo, comprendida de las catorce horas a las catorce treinta horas, únicamente de lunes a viernes, ya que los días sábados se le otorgaba de las once treinta a las doce horas; tiempo que deberá pagársele en términos de los artículos 63, 64, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo.-Por tanto, la trabajadora laboraba un total de sesenta horas a la semana, cuando el máximo en jornada diurna, que es la que desempeñaba la actora, es de cuarenta y ocho horas a la semana, como se advierte del contenido de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que el tiempo comprendido de las 13:01 del día viernes a las 20:00 horas del propio día, así como de las nueve a las catorce horas del día sábado, debe considerarse como tiempo extraordinario, mismo que sumado nos da un total de doce horas extras a la semana, de las cuales las primeras nueve deben ser pagadas con un ciento por ciento más del salario que correspondan a las horas de la jornada; en tanto que las tres horas restantes deben ser pagadas con un doscientos por ciento más del salario que correspondan a las horas de la jornada, todo lo cual tiene su fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, aclarando que dicha prestación se reclama por todo el tiempo laborado. ..." (fojas 5, 6, 7 y 8 del expediente laboral).
En el laudo que ahora se impugna la Junta consideró: "... IV. ... se absuelve del reclamo de pago de tiempo extraordinario y de media hora, ante la imprecisión de la actora de señalar la jornada en la que dice laboró en forma extraordinaria. ..." (foja 65 del expediente laboral); determinación que no se encuentra ajustada a derecho, porque en el inciso J la demandante reclamó: "El pago de tiempo extraordinario. A razón de doce horas a la semana ...", e hizo la precisión de que su horario de labores comprendía de las nueve a las veinte horas de lunes a viernes, y de las nueve a las catorce horas los días sábados de cada semana; así como que, dentro de esa jornada, se le otorgaba media hora para ingerir sus alimentos dentro de la fuente de trabajo; por tanto, independientemente de las "imprecisiones" en que al parecer de la Junta, incurrió la demandante, sí contaba con los elementos para analizar, acorde con lo previsto en el artículo 61, en relación con el diverso 841, ambos de la Ley Federal del Trabajo, la procedencia o improcedencia de los reclamos consistentes en el pago de horas extras y de la media hora que la accionante demandó en los incisos J y K del capítulo de prestaciones del escrito inicial.
Se afirma lo anterior, porque de conformidad con lo manifestado por la parte actora y lo expresamente establecido en los numerales 59, 60, 61 y 69 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada en que Claudia Pérez Reyes desempeñaba su empleo era la diurna, lo que implica que, en la hipótesis, los máximos legales corresponden a ocho horas diarias y 48 horas a la semana; por tanto, si la ahora quejosa dijo que su horario de labores era de las nueve a las veinte horas de lunes a viernes, ello indica que laboró tres horas extras diarias (de las diecisiete a las veinte horas); en tanto que la jornada del día sábado era de las nueve a las catorce horas, lo que arroja que en esos días laboraba cinco horas; entonces, resulta que semanalmente laboró un total de sesenta horas. Así las cosas, se obtiene que la amparista trabajó doce horas extras a la semana, como lo expresó en su escrito inicial.
Lo anterior demuestra la ilegal consideración de la responsable, puesto que es inexacto que el reclamo del tiempo extraordinario haya sido "impreciso"; de manera que la autoridad debió haber hecho el pronunciamiento relativo, independientemente de la incomparecencia al juicio de las empresas demandadas, pues se debe tomar en cuenta que las Juntas están facultadas para resolver sobre la racionalidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia, desde luego, fundando y motivando su determinación; al no actuar de esa manera la Junta del conocimiento incurrió en la violación acusada.
En ese sentido, es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 7/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 201/2005-SS, publicada en la página 708 del Tomo XXIII, febrero del dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21749-c236b146/representantes-del-patron-en-terminos-del-articulo-11 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REMATE O ADJUDICACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DECLARA CONSIGNADO EL PRECIO SEÑALADO POR EL JUEZ AL EFECTO (APROBACIÓN DEFINITIVA) PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE (AMPARO EN REVISIÓN)
- CONCEPTO DE VIOLACIÓN. NO LO CONSTITUYE LA SOLA CITA DE TESIS O JURISPRUDENCIA. (AMPARO DIRECTO)
- EMPLAZAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. ES OBLIGACIÓN DE LA JUNTA REALIZARLO SIN QUE SEA NECESARIA LA ASISTENCIA DEL ACTOR. (AMPARO DIRECTO)
- PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO EN LA APELACIÓN CIVIL SÓLO PROCEDE A LA LUZ DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. C (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis