COMPETENCIA RESPECTO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. PARA FUNDARLA LA AUTORIDAD EXACTORA LOCAL NO ESTÁ OBLIGADA A CITAR LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el cual resolvió un asunto en el que se plasmó uno de los criterios que participan en esta contradicción.
TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el treinta de octubre de dos mil ocho, la revisión fiscal **********, en la parte que interesa, estableció:
"SEXTO. Los agravios son infundados para demostrar la ilegalidad del fallo recurrido.
"En efecto, el punto toral de la Sala responsable para declarar la nulidad lisa y llana de los actos administrativos consistentes: uno, emitido por la procuraduría fiscal de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno de Chiapas, por el cual, al resolver el recurso de revocación confirmó el crédito fiscal contra la actora **********, dictada por la directora de Auditoría Fiscal de dicha secretaría, que constituye el otro acto administrativo, descansó precisamente en que:
"a) El oficio **********, de de veintiocho de febrero de 2007, por el que la directora de Auditoría Fiscal de la Secretaría Fiscal del Gobierno del Estado de Chiapas solicitó información y documentación a la contribuyente actora incumplió con la garantía formal de fundamentación, dado que la autoridad exactora demandada no señaló la fecha de aprobación por la legislatura de Chiapas, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, mediante el cual se autorizó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Contra ello, el recurrente sostiene:
"1. Vulneración al principio de congruencia a que se contrae el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala responsable interpretó incorrectamente lo dispuesto por los artículos 10 y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal y Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas; bajo el argumento de que la dirección de Auditoría Fiscal aludida sí fundó correctamente su competencia material para emitir el acto administrativo referido, pues citó los preceptos legales que fundamentan el convenio celebrado, tales como la cláusula cuarta de dicho convenio, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Chiapas.
"2. La cita de dicho precepto legal en el acto impugnado, o la invocación del convenio de adhesión de la entidad federativa, su fecha de aprobación por la Legislatura Local y la de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial del Estado, no puede generar una indebida fundamentación en cuanto a su competencia material, grado o territorio del acto de autoridad, pues dicho dispositivo legal y convenio aludidos no establecen ni delimitan en forma alguna la competencia de la autoridad para emitir el acto de molestia al particular.
"3. La cláusula cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados (sic) entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de los Estados, únicamente establece las autoridades estatales competentes para ejercer las funciones a que se refiere el convenio relativo, sin incluir algún elemento que permita definir la competencia de esas autoridades por razón de materia, grado o territorio, ni incluye anotaciones tendentes a establecer las facultades precisas que corresponden a las autoridades administrativas ahí señaladas; es decir, no prevé aspectos independientes unos de otros que delimiten su propia aplicación, pues únicamente precisa los entes administrativos que válidamente pueden ejercer las atribuciones contenidas en el propio convenio, sin establecer una pluralidad de competencias que se diversifiquen entre sí; de ahí que para cumplir con la garantía de debida fundamentación de su competencia, las autoridades administrativas, al emitir el acto de molestia respectivo, no están obligadas a observar lo ordenado en la jurisprudencia citada y, por tanto, basta con que apoyen su competencia en la invocación genérica de la cláusula cuarta del convenio respectivo, sin necesidad de precisar alguno de sus párrafos.
"Tales argumentos de inconformidad devienen infundados toda vez que, contrario a lo afirmado, es menester, para tener por fundados y motivados los actos de molestia administrativos (materia de la nulidad y que fue confirmado en el recurso de revocación materia de la presente revisión), que la autoridad exactora no haya omitido en el oficio ********** de veintiocho de febrero de dos mil siete, de solicitud de datos y documentos, uno de los que constituyeron la materia de revocación, indicar la fecha de aprobación por la Legislatura Local y la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, pues era necesario para colmar el requisito de certeza, legalidad y seguridad jurídica a que se contrae el artículo 16 constitucional, y recogido por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; pues no basta con que se enunciara la cláusula cuarta del referido convenio de colaboración aludido, ya que ese aspecto nada tiene que ver con lo que dilucidó la Sala responsable, pues no atribuyó la carencia de fundamentación y motivación a los actos de molestia que determinó el crédito fiscal por el que citara o no la cláusula del convenio de colaboración entre ambas entidades (la federal y la estatal), sino precisamente en que para fundar su competencia la autoridad exactora es menester citar de manera específica los datos consistentes en la fecha de aprobación del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que a partir de esa información se estará en condiciones de que el gobernado conozca a ciencia cierta (por certeza y seguridad jurídica) que la aplicación del crédito fiscal dimana de una autoridad que tiene competencia para ello, es decir, que la facultad de la autoridad emisora del cobro dimana de un convenio de adhesión que está vigente al momento de aplicarse, pues tal como lo razonó la Sala Fiscal responsable, conforme a lo estatuido en el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas que para recibir las participaciones que establece dicha ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo Federal, el cual deberá ser aprobado por la Legislatura Local respectiva y publicado en los Diarios Oficial de la Federación y del Estado, respectivamente, así como lo determinado por el numeral 13 de la propia ley especial, que establece que a través de la referida Secretaría de Hacienda puede celebrar con los Estados convenio de coordinación en materia de administración de ingresos federales, siempre y cuando cumplan con el requisito formal para su validez, que se publique en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación a fin de que detente la validez el acto de molestia consistente en la determinación del crédito fiscal contra el contribuyente gobernado.
"Esto es así, pues la propia Sala responsable adujo textualmente:
"‘No pasa inadvertido para este cuerpo colegiado, que la demandada en la solicitud de datos y documentos, citó entre otras normas, la sección I, cláusulas segunda, fracciones I y II, tercera, cuarta, primer y último párrafos y la sección II, cláusulas séptima, primer párrafo y octava, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; sin embargo, la cita de dichos preceptos resulta insuficiente para dar debido sustento a la fundamentación de dicho acto administrativo, ya que los convenios de colaboración sólo podrán celebrarse de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuando las entidades federativas previamente a través de un convenio se hayan adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por tal razón, se insiste que el acto primigenio del procedimiento de fiscalización no satisfizo el requisito exigido por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal Federal.’
"Lo anterior es conforme a derecho, dado que se reitera, no basta la invocación genérica de la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre la Federación y el Estado de Chiapas, para que surta sus efectos legales; pues no debe olvidarse que una cosa es el convenio de adhesión otra el convenio de colaboración; cuyas hipótesis constituyen aristas diversas, es decir, no regulan los mismos aspectos en materia impositiva.
"Es así, habida cuenta que conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en la tesis de jurisprudencia 17/2001, en cuanto señala que el convenio de adhesión consiste en que una entidad federativa se adhiere a la participación federal, es decir, en razón de que al adherirse la respectiva entidad federativa al señalado Sistema de Coordinación Fiscal, el órgano legislativo local renunció a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, ello conlleva, incluso a la desincorporación temporal de su ámbito competencial de la potestad relativa, y en esa medida, es inconcuso que si la entidad federativa crea contribuciones de esa índole, estará expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que serán emitidas sin la competencia para ello.
"Entonces, a virtud del Sistema de Coordinación Fiscal, cuyo sustento se encuentra en la celebración entre la Federación y las entidades federativas de convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal cuyo objeto es, por un lado, armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los referidos órganos de gobierno con el fin de evitar la doble o múltiple tributación, ya que las entidades que celebran tales convenios deben renunciar a establecer contribuciones que graven hechos o actos jurídicos gravados por la Federación o a suspender la vigencia de los mismos.
"Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2001, con número de registro: 189,752, localizable en la página 293, del Tomo XIII, mayo de 2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
"‘COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.’ (se transcribe).
"Robustece lo anterior, el criterio sustentado también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXIX/2000, localizable en la página 432, del Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 190,636:
"‘COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE PARA TAL FIN SE HAN CELEBRADO A PARTIR DEL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE.’ (se transcribe).
"En cambio, el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de los Estados (los que hayan celebrado dicho convenio), consiste en que la entidad federativa administrará los impuestos federales (es decir, colabora); hipótesis diversa al inherente al convenio de adhesión.
"Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2002, con registro: 187,578, localizable en la página 171, del Tomo XV, marzo de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época:
"‘CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PUEDE EJERCER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL AL GOBIERNO ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE DICHO ESTADO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.’ (se transcribe).
"Lo que de suyo significa que si la Sala responsable, al analizar tanto la resolución emitida en el recurso de revocación como el acto administrativo emitido por la directora de Auditoría Fiscal que determinó el crédito fiscal, estimó que para fundarlo era menester citar la fecha de aprobación del convenio de adhesión, y la fecha de su publicación, es inconcuso que no se refería al convenio de colaboración administrativa, que es otro convenio diverso, de cuya validez competencial se colma, tan sólo con la invocación de la aludida cláusula cuarta; sino que aun cuando el referido convenio de adhesión si bien carece de reglas específicas sobre la competencia de las autoridades en lo particular, debe invocarse para establecer su vigencia a ese derecho de cobro impositivo, pues de ahí dimana su competencia legal de las autoridades locales para efectuar cobros y pesquisas respecto de impuestos federales, tal como lo indican y por ello se invocan en las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba transcritas.
"Con vista a lo anterior, el agravio es ineficaz, dado que el recurrente lo fundó en el último convenio, del que como bien lo dijo, no se incluye ningún elemento que permita definir la competencia de las autoridades exactoras por razón de materia, grado o territorio ni tampoco exige anotación tendente a establecer las facultades precisas de aquéllas, pues incluso este razonamiento es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la contradicción de tesis 103/2007-SS, ‘CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y OAXACA. SU CLÁUSULA CUARTA NO DEFINE LA COMPETENCIA NI CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA Y, POR TANTO, LAS AUTORIDADES FISCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A PRECISAR EN EL ACTO DE MOLESTIA EN CUÁL DE SUS PÁRRAFOS FINCAN SU COMPETENCIA, POR LO QUE BASTA SU INVOCACIÓN GENÉRICA.’
"Lo cual no está controvertido por este cuerpo colegiado; no obstante, como se aclaró, el convenio al que hizo alusión la Sala responsable lo fue el convenio de adhesión, que por disposición expresa de la Ley de Coordinación Fiscal, es menester que la autoridad administrativa exactora cite concretamente la fecha de aprobación por la Legislatura Local del Estado de Chiapas y su fecha de publicación en ambos medios informativos públicos federal y estatal, por las razones que fueron prolijamente enunciadas.
"Ello es así, pues incluso la Sala responsable invocó en apoyo a su determinación el criterio sustentado por ese propio tribunal, publicado en la revista correspondiente a la Quinta Época, año VI, número 71, noviembre de 2006, localizable en la página 126:
"‘FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA. SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE TAL REQUISITO LA MENCIÓN DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN POR PARTE DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL QUE CELEBRAN LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.’
"De ahí que sea inaplicable la tesis que invoca el recurrente, sustentado (sic) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: 2a./J. 134/2007, localizable en la página 503, Tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que resolvió la contradicción de tesis 103/2007-SS.
"‘CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y OAXACA. SU CLÁUSULA CUARTA NO DEFINE LA COMPETENCIA NI CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA Y, POR TANTO, LAS AUTORIDADES FISCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A PRECISAR EN EL ACTO DE MOLESTIA EN CUÁL DE SUS PÁRRAFOS FINCAN SU COMPETENCIA, POR LO QUE BASTA SU INVOCACIÓN GENÉRICA.’ (se transcribe).
"No debe soslayarse que la competencia de la autoridad exactora tiene su origen en un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que de suyo implica conocer y tener la certeza jurídica, primero, si dicho tributo se encontraba vigente antes de la celebración de éste, o bien si fue emitido con posterioridad, para estar en condiciones de saber que la autoridad exactora goza de facultades competenciales para seguir haciendo el cobro fiscal correspondiente; de ahí que, es ineludible que en el acto de molestia se inserten los datos referidos para cumplir con el objeto de salvaguardar la garantía de fundamentación contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, cuya finalidad es brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado contribuyente frente a la actuación de los órganos del Estado.
"Luego, con la finalidad de determinar la competencia de la autoridad exactora, resulta necesario conocer los datos aludidos, para lo cual, se insiste, la autoridad exactora debe insertarlos en los actos de molestia condignos; por lo que es necesario verificar si durante el ejercicio fiscal o periodo, respecto del hecho imponible que dio lugar a la determinación impugnada, existe la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, alguno de los diversos impuestos especiales que sólo puede establecer la Federación, o bien, uno diverso en términos del respectivo convenio de adhesión, pues de no presentarse tales circunstancias, no tendrá lugar la doble imposición que la entidad federativa aceptó eliminar al celebrar éste.
"Lo cual denota que el oficio que determinó el crédito fiscal combatido y confirmado por la recurrente, carezca de legalidad al dimanar precisamente del oficio ********** de veintiocho de febrero de dos mil siete, de solicitud de datos y documentos, en el que se omitieron dichos datos, y con ello carece de la fundamentación adecuada, ya que tal exigencia sólo se cumple al mencionarse en los actos de molestia, las disposiciones concretas y sustantivas, que soportan tales actos, tal como lo establecen los artículos 10 y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal; exigencia que desde luego no se cumple, cuando se aplican créditos fiscales con base en otro acto de molestia que omite la insertación de dichos datos, establecidas en el catálogo de participación fijadas en la coordinación fiscal celebrada entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda con las entidades federativas, en el caso, con el Estado de Chiapas, precisamente del contrato de adhesión referido.
"El acto de adhesión por convenio al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene importancia relevante para los Estados, ya que deja en suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos establecidos por su legislatura o impone abstención al propio Estado, por todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo ser aprobado, según lo dispongan las normas locales, por la legislatura de cada entidad.
"Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXXIII/2000, con registro 190,632, localizable en la página 437, del Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época:
"‘COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. REGLAS PARA DETERMINAR SI UN TRIBUTO LOCAL SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN AL RESPECTIVO CONVENIO DE ADHESIÓN Y, POR ENDE, SE SUSTENTA EN UN ACTO LEGISLATIVO CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN.’ (se transcribe).
"De ahí que el oficio **********, de once de junio de dos mil siete emitido por la directora de Auditoría Fiscal de la secretaría exactora, que determinó a cargo de la hoy tercero perjudicada **********, un crédito fiscal por la cantidad de **********, por concepto del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado omitidos, recargos y multas, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, al derivar precisamente del oficio emitido el veintiocho de febrero de dos mil siete (fojas 379 a 380), en el que la directora de Auditoría Fiscal requiere del actor datos y documentos inherentes al ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de la entonces Secretaría de Finanzas, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003; el que al estar viciado de ilegalidad pues necesariamente se debió indicar la fecha de aprobación por parte de la Legislatura Local y la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el convenio de adhesión entre los Gobiernos Federal y Estatal.
"En tal virtud, el acto de adhesión por convenio al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deja en suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos establecidos por su legislatura o impone abstención al propio Estado, por todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo ser aprobado, según lo dispongan las normas locales, por la legislatura de cada entidad; y esos datos, deben asentarse en el acto de molestia para fundar la competencia de la autoridad exactora, para cumplir con la garantía de debida fundamentación de su competencia, requerida por el artículo 16 constitucional, las autoridades administrativas, al emitir el acto de molestia respectivo, están obligadas a citar la fecha de aprobación por el Legislativo del Estado de Chiapas y la publicación respectivamente.
"Ello es así, pues como legalmente lo consideró la Sala responsable, por disposición expresa del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que surta sus efectos dicho convenio de adhesión debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico del Estado, así como del (sic) decreto de aprobación de la Legislatura Estatal de Chiapas por el que se autorice dicho convenio de adhesión, por lo que en concordancia con el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, para fundar su competencia es necesario su insertación (sic) en el acto de molestia consistente en el emitido con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete (fojas 379 a 380), en el que la directora de Auditoría Fiscal requiere del actor datos y documentos inherentes al ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de la entonces Secretaría de Finanzas, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003; el que al estar viciado de ilegalidad y ser además el fundamento de la autoridad fiscal para determinar el once de junio de dos mil siete (fojas 381 a 437), el crédito fiscal por la cantidad de **********; condujo a la Sala responsable a declarar la nulidad de ambas, pues al ser éste el primer acto de molestia viciado, el segundo acto derivado de él, resulta también nulo por ilegal, pues tratándose de los actos administrativos que implican una molestia al particular, en tanto que involucran la solicitud de datos y documentos, es menester que en el documento donde se autoriza, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, como ajustadamente a derecho lo determinó la Sala responsable.
"En consecuencia, ante lo ineficaz de los agravios, procede confirmar y se confirma la sentencia recurrida."
Asimismo, conviene precisar que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el trece de febrero de dos mil ocho, la revisión fiscal número **********, en la parte que interesa, precisó:
"SEXTO. Es fundado en esencia el anterior motivo de inconformidad, tal como se demostrará enseguida.
"Aduce la autoridad recurrente que la Sala juzgadora obró indebidamente al resolver que no se encontraba debidamente fundada la competencia de la autoridad demandada (en el juicio de nulidad), porque ésta, en los actos que se le reclamaron omitió señalar la fecha de publicación del decreto por el que el Congreso del Estado de Yucatán, aprobó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
"Es fundado el argumento que precede, ya que basta la lectura del oficio de requerimiento de informes y documentos; del oficio de observaciones y de la resolución liquidatoria, para constatar que en cada uno de dichos oficios la autoridad que los emitió, al fundamentar su competencia precisó en forma por demás clara que el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, fue publicado el 28 veintiocho de diciembre de 1979 mil novecientos setenta y nueve, en el Diario Oficial de la Federación, y el 22 veintidós de julio de 1980 mil novecientos ochenta, en el Diario Oficial del gobierno de esta propia entidad federativa, siendo que en esta última publicación, como se dijo incluso en la ejecutoria de la revisión fiscal **********, antecedente inmediato de la presente, aparece inserto el decreto 359 expedido por el Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual aprobó el aludido convenio; lo que a su vez implica que en el caso, sí se cumplió con la exigencia a que se contrae el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal.
"Por consiguiente, al ser inexacto que en los actos impugnados en el juicio de nulidad, no consta la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán; así como la fecha de publicación del decreto mediante el cual la legislatura de esta entidad federativa, aprobó el aludido convenio, es obvio que el proceder de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ocasiona a la autoridad inconforme el consiguiente agravio.
"A mayor abundamiento, aun cuando no se hubiera precisado en las resoluciones impugnadas el decreto por el que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de esta propia entidad federativa, así como la fecha de su publicación, tal omisión no implicaría ilegalidad alguna, ya que si bien es cierto que con el objeto de salvaguardar la garantía de fundamentación contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, cuya finalidad es brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, las autoridades fiscales deben citar con exactitud y precisión el apartado, párrafo, inciso o subinciso del precepto legal que las faculta para emitir el acto de molestia de que se trate, dicha obligación únicamente se actualiza respecto de normas que establezcan la competencia material y territorial de la autoridad, lo que no ocurre con el citado convenio de adhesión, ya que no incluye algún elemento que permita definir la competencia de esas autoridades por razón de materia, grado o territorio.
"En esa tesitura, es inconcuso que para cumplir con la garantía de la debida fundamentación de su competencia, la autoridad administrativa al emitir la solicitud de documentos e informes, el oficio de observaciones y la resolución liquidatoria, no estaba obligada a citar el decreto por el que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de esta propia entidad federativa, sino que era bastante, como en efecto lo hizo la autoridad demandada, que apoyara su competencia en la cláusula correspondiente del mencionado convenio y en los preceptos legales que la facultan para liquidar impuestos federales.
"Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia número 134/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 503, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21762-948cd609/competencia-respecto-de-contribuciones-federales-para-fundarla-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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