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Modo: Corpus Pro

CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS. CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 965/2008. · Registro digital (IUS): 21767
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 474.

AMPARO EN REVISIÓN 965/2008. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 10, fracción II, inciso a); 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el cual se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 34, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, y si bien subsiste en esta instancia la cuestión de constitucionalidad planteada, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, dado que no se fijará un criterio importante y trascendente para el orden jurídico nacional, en tanto que existen precedentes que se refieren al tema en cuestión.

SEGUNDO. Conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso interpuesto por la parte quejosa es oportuno, en virtud de que así lo estimó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, es necesario delimitar la materia de la presente revisión.

Queda firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito de acuerdo a las razones expuestas por el Tribunal Colegiado de Circuito que previno.

De conformidad con lo anterior la materia de la presente revisión se circunscribe al análisis de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez Federal que previno, en tanto que los agravios tendentes a combatir el sobreseimiento decretado por dicho juzgador ya fueron materia de estudio por parte del tribunal ad quem.

CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación formulados por la hoy recurrente, resulta conveniente atender a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, cuyo contenido textual es el siguiente:

"Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.

"La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:

"I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

"II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

"III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.

"La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.

"Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.

"Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

"El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código."

Del análisis del cuarto párrafo del citado precepto se aprecia lo siguiente:

• Las respuestas recaídas a las consultas fiscales no serán obligatorias para los particulares.

• Serán impugnables únicamente las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.

Es decir, al establecer el citado cuarto párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que no serán obligatorias para los particulares las respuestas recaídas a las consultas fiscales, es indiscutible que con su emisión no se causa perjuicio alguno, pues en realidad no se afecta la esfera jurídica del gobernado.

Precisado el alcance del numeral combatido, se advierte que la parte quejosa formula en síntesis los siguientes conceptos de violación:

• El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación es contrario a la garantía de seguridad jurídica, porque se le priva del derecho de cuestionar las resoluciones recaídas a las consultas ante la autoridad competente.

• Que el hecho de que las respuestas a las consultas fiscales no sean obligatorias, no implica que carezca de interés jurídico, pues éstas constituyen un principio de certeza para el gobernado en cuanto a la aplicación de una norma fiscal o aduanera.

• Que el párrafo cuarto del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación combatido deja en manos de la autoridad fiscal la elección de quién podrá tener acceso a la justicia, así como el momento en que podrá acudir a los tribunales a solicitarla, al negar a los particulares el derecho de impugnar las resoluciones administrativas que recaigan a las consultas formuladas, violentando con ello el derecho de acceso a una impartición de justicia pronta y completa e imparcial, así como las diversas preceptuadas en los artículos 8o., 14 y 16 de la propia Norma Fundamental.

• Que no es óbice para lo anterior el hecho de que pueda controvertir las resoluciones en que la autoridad aplique sus criterios, porque esa situación es futura e incierta y se encuentra supeditada al ejercicio discrecional de las facultades de fiscalización.

• Que si bien es cierto que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación obliga a las autoridades fiscales a dar respuesta, también lo es que el impedir impugnar dicha respuesta faculta a la autoridad a emitir cualquier tipo de resolución, aun cuando resulte incongruente o carente de fundamentación y motivación, con lo cual se violenta el artículo 8o. constitucional.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, sobre el contenido y alcance del numeral combatido, conviene destacar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado(1) lo siguiente:

El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia lo hagan de manera pronta, completa e imparcial.

Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales.

Esto es, el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia se encuentra constitucionalmente establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna. Del citado precepto constitucional se desprenden cinco garantías, a saber:

1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";

2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia;

3) La abolición de costas judiciales;

4) La independencia judicial, y

5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil.

Como garantías individuales, dichos derechos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Así se desprende de la tesis aislada L/2002, de esta Segunda Sala, en la que sostuvo que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente que no dé lugar a considerar la existencia de favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.(2)

En cuanto al segundo de los derechos referidos, es decir, el derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, bien puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -se insiste: poder público en cualquiera de sus manifestaciones, ejecutivo, legislativo o judicial- no puede, en principio, supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.

Sin embargo, cabe subrayar que ello no quiere decir que el legislador bajo ninguna circunstancia pueda establecer límites u obstaculizadores al derecho a la tutela judicial, pues ello nos llevaría al absurdo de limitar el propio derecho a la tutela jurisdiccional junto con otras garantías constitucionales.

En este sentido, es necesario subrayar que este Alto Tribunal ya ha determinado que el derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Así, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que resultan inconstitucionales las normas que establecen; por ejemplo, que para comparecer ante un tribunal necesariamente debe contarse con el asesoramiento o representación de un perito en derecho o la necesidad de agotar un sistema de arbitraje o conciliación obligatorio, previo al acceso a los tribunales o el impedir que el escrito inicial de impugnación sea presentado ante la oficina de correos cuando el domicilio del demandante sea distinto al lugar de residencia de la autoridad administrativa competente.(3)

En este orden, la reserva de ley establecida en el artículo 17 constitucional, por la cual se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a una exigencia razonable consistente en la necesidad de ejercitar la acción en un lapso y forma determinada, de manera que de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida o que no existe interés en ejercitar la facultad de excitar la actuación de los tribunales. Esto es un legítimo presupuesto procesal y de forma que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, la prevención del artículo 17 constitucional ha de interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.

En esa regulación que se encomienda al legislador, evidentemente, no pueden imponerse condiciones tales que impliquen, en verdad, la negación del derecho a la tutela jurisdiccional, por constituir estorbos entre los justiciables y la acción de los tribunales.

Así, el propio Constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", misma que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.

Lo anterior significa que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales, pueden fijarse las normas que regulan la actividad de las partes en el proceso y la de los Jueces cuya intervención se pide, para que decidan las cuestiones surgidas entre los particulares.

Esa facultad del legislador tampoco es absoluta, pues los límites que imponga deben encontrar justificación constitucional, de tal forma que sólo pueden imponerse cuando mediante ellos se tienda al logro de un objetivo que el legislador considere de mayor jerarquía constitucional.

Lo anterior encuentra sustento en los siguientes criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL."(4)

"ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES."(5)

"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES."(6)

Debe decirse que no sólo los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción.

En otras palabras, cuando los gobernados quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia deben someterse, necesariamente, a las formas y mecanismos que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional.

La existencia de determinadas formas y de plazos concretos para acceder a la justicia no tiene su origen en una intención caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para poder establecer mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos.

Esas garantías de seguridad jurídica se manifiestan como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada, sino mediante procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos determinados en las leyes, como lo establece el precitado artículo 17 constitucional. De esta forma, se dota al legislador ordinario con la facultad de emitir leyes procesales mediante las cuales se regulen los modos y condiciones para la actuación de los sujetos de la relación jurídica procesal que nace con éste.

Ahora bien, precisamente porque esas condiciones y plazos encuentran un fundamento constitucional (garantía de seguridad jurídica), deben ser acatados, como ya se dijo, tanto por el órgano encargado de la función jurisdiccional como por las partes que solicitan su funcionamiento.

Dentro de esas condiciones se encuentra la forma de presentación de los medios de acceso a la justicia, la cual, como se ha referido, compete al legislador establecer en cada una de las leyes que regulen la sustanciación de algún medio de defensa legal.

Dichas formas deberán atender al contenido del propio artículo 17 constitucional, al procurar que para la administración de justicia se respeten aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad pero, además, procurando que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el acceso a los medios de impartición de justicia, ya que el establecer obstáculos a la efectividad del derecho contenido en el artículo 17 de referencia, harían nugatorio el mismo.

Con lo hasta aquí expuesto se puede concluir que, en este caso, el derecho a la garantía jurisdiccional reside en la prohibición del legislativo para restringir el derecho a la justicia si los requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción resultan innecesarios, excesivos y carecen de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador como lo es la protección de la garantía jurisdiccional o la salvaguarda de los demás derechos constitucionalmente protegidos.

En la especie, el quejoso combate el cuarto párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, del cual en esencia se desprende lo siguiente:

La obligación de las autoridades fiscales de contestar las consultas planteadas por los contribuyentes se encuentra constreñida al cumplimiento de ciertos requisitos tales como: que se trate de consultas reales y concretas; que tengan todos los antecedentes para que la autoridad se pueda pronunciar; que éstas no se hubieren modificado con posterioridad a la presentación ante la autoridad; y que sea formulada antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de lo planteado en la consulta y la obligación de acatar sus respuestas.

Así, la consulta constituye un derecho de ámbito normativo reconocido por el ordenamiento jurídico, que permite a los ciudadanos conocer cuál es el criterio de la administración en relación con una determinada operación cuya trascendencia tributaria le afecte y tenga dudas.

De lo expuesto deriva lo infundado del agravio, pues contrario a lo que en éste se expresa, el numeral reclamado no vulnera la garantía contemplada en el artículo 17 constitucional, pues no impide el acceso a la impartición de justicia, ya que no coarta el derecho de los gobernados para interponer los medios de defensa conducentes, a fin de que se resuelva el caso concreto.

Esto es, el numeral reclamado no priva del derecho de acción al particular por establecer que la respuesta recaída a la consulta fiscal no es obligatoria, pues ello no implica necesariamente que por esa razón sea inimpugnable, luego, el precepto legal reclamado de ninguna manera hace ese señalamiento, pues ésta es una conclusión que efectúa el recurrente sin sustento jurídico; así como el momento oportuno para la defensa que quiera efectuar en contra de lo que resuelve la autoridad fiscal, al emitir contestación a una consulta, simplemente consigna que debe aguardarse a que tal decisión le sea aplicada en una resolución definitiva, esto, porque es elemento de toda acción o recurso el interés jurídico, con lo cual no puede resultar inconstitucional que el precepto legal analizado, permita ejercer la acción o el recurso, hasta actualizarse la afectación al interés jurídico.

Por ello, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la norma reclamada no transgrede las garantías de seguridad jurídica ni de acceso a la justicia, al establecer la consulta como un medio por virtud del cual se da a conocer el criterio de la autoridad respecto de cierta operación o acto en el que los gobernados tengan alguna duda, sin que su respuesta los vincule, pues ello sucede hasta en tanto no sea obligatoria.

Lo anterior es así, ya que el propio legislador modificó los efectos de las consultas siendo congruente con la regulación en materia fiscal, un ejemplo de ello es el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que al señalar los actos en contra de los cuales puede interponerse juicio de nulidad hace referencia a las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en el mismo, siendo que en ninguno de estos supuestos puede ubicarse la respuesta a una consulta fiscal, ya que, como se ha mencionado, ésta no constituye un acto que determine una situación fiscal al particular, ni obliga al mismo.

A su vez, se advierte que el legislador, de acuerdo con el principio de autodeterminación, modificó la figura de las consultas fiscales, en el sentido de que la respuesta a las mismas no será vinculativa para los particulares, sino hasta el momento en el cual mediante un procedimiento de fiscalización la autoridad fiscal determine una situación fiscal.

Por ello, el legislador al buscar la congruencia en sus principios y los efectos de éstos, modificó la naturaleza jurídica de las consultas fiscales, establecidas en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación reclamado.

Dicha modificación consistió en que ya no son vinculatorios los criterios emitidos por la autoridad fiscal al dar respuesta a las consultas que sobre situaciones reales y concretas formulen los particulares, pues no son obligatorias, sino hasta el momento en el que dichos criterios sean aplicados en actos definitivos, en ejercicio de sus facultades de fiscalización.

Lo referido con anterioridad no resulta violatorio de garantías, pues debe atenderse a que la razón de la reforma se debe a la lógica que se deriva de señalarse que no existe una verdadera afectación jurídica hacia el particular, sino hasta que la autoridad fiscal por medio de sus facultades de fiscalización lo determina, pues, como quedó precisado, la consulta no es un acto jurídico que produzca efectos en la esfera jurídica del particular, pues no genera obligaciones, tal como el propio artículo 34 del Código Fiscal de la Federación lo establece.

Robustece las anteriores consideraciones lo señalado en la exposición de motivos de fecha seis de diciembre de dos mil seis, que informa la reforma del precepto impugnado, y que sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"Consultas a las autoridades fiscales.

"Las autoridades están obligadas a responder las consultas efectuadas por los particulares en atención al derecho de petición.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dicho derecho de petición implica que debe darse una respuesta al particular; sin embargo, dicha respuesta no debe coincidir necesariamente con el sentido de la pregunta formulada por dicho particular.

"En materia de consultas tributarias la interpretación jurisprudencial y la normatividad aplicable han tenido como consecuencia que, en caso de una respuesta negativa al particular, el mismo tenga que interponer los medios de defensa correspondientes.

"En caso de no hacerlo, se ha considerado que la respuesta recaída a la consulta causa estado y, por lo tanto, el particular se ve obligado a acatar lo manifestado en la consulta por la autoridad fiscal.

"Lo anterior coloca al particular y a la autoridad fiscal en una situación de controversia, la cual se ve delimitada en muchas ocasiones al contenido de la consulta y no a una apreciación de los hechos, documentos, contabilidad y demás elementos que conforman la realidad económica y jurídica del contribuyente.

"El efecto de vinculación de la respuesta emitida a la consulta sólo produce efectos frente al que la hace y sobre todo, permite al particular que cuando sea objeto de un procedimiento de fiscalización se encuentre en absoluta libertad, en caso de no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad fiscal, de aportar todos los elementos que considere necesarios y suficientes para desvirtuar las observaciones que se le efectúen.

"La reforma que se propone, pretende evitar litigios entre el particular y la autoridad fiscal y respetar de manera primordial el principio de autodeterminación de las contribuciones contenido en el Código Fiscal de la Federación.

"Respetando dicho principio el particular puede optar por conocer el criterio de la autoridad en un determinado asunto, conservando el derecho a defender su postura hasta en tanto no sea objeto de una facultad de comprobación.

"Finalmente, se respeta el derecho de petición del particular, ya que a toda consulta deberá recaer una respuesta, dando como máximo un plazo de tres meses para su emisión."

Por su parte, en el dictamen de la Cámara de Origen se señaló:

"Consultas a las autoridades fiscales.

"Esta dictaminadora considera acertada la reforma propuesta por el Ejecutivo de modificar las reglas aplicables a las consultas, pues con ello se pretende evitar que cuando la respuesta recaída a dicha consulta sea negativa para el particular, éste se encuentre obligado a acatar lo manifestado en la consulta por la autoridad fiscal, lo que le permitirá que cuando sea objeto de un procedimiento de fiscalización esté en absoluta libertad, en caso de no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad fiscal, de aportar todos los elementos que considere necesarios y suficientes para desvirtuar las observaciones que se le efectúen, lo que se considera es acorde con el principio de autodeterminación de las contribuciones contenido en el Código Fiscal de la Federación, máxime cuando el particular conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá conocer el criterio de la autoridad contenido en la respuesta recaída a la consulta.

"No obstante lo anterior, la que dictamina estima conveniente efectuar las siguientes modificaciones al artículo 34 propuesto:

"En relación a la fracción I se precisa que no son todos los antecedentes y circunstancias necesarios para que la autoridad se pueda pronunciar, sino los antecedentes que resulten necesarios para ello.

"Por lo que hace a que las respuestas a las consultas no constituyen instancia y no podrán ser impugnadas, se considera conveniente precisar que dichas respuestas no serán obligatorias para los particulares, pero que éstos podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en las respuestas mencionadas."

En el dictamen de la Cámara Revisora se precisó que:

"... esta dictaminadora coincide con la colegisladora en la modificación de las reglas aplicables a las consultas, toda vez que permitirá que cuando sea objeto de un procedimiento de fiscalización esté en absoluta libertad, en caso de no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad fiscal, de aportar todos los elementos que considere necesarios y suficientes para desvirtuar las observaciones que se le efectúen, lo que se considera es acorde con el principio de autodeterminación de las contribuciones contenido en el Código Fiscal de la Federación."

De las transcripciones realizadas se desprende que el legislador señala que con anterioridad a la reforma, cuando las consultas fiscales eran consideradas como instancia, y éstas eran impugnables, la resolución a dicha controversia se delimitaba muchas veces al contenido de la consulta y no a una apreciación de los hechos, documentos, contabilidad y demás elementos que conforman la realidad económica y jurídica del contribuyente; por lo que con la reforma se busca otorgar una mayor seguridad jurídica a éste.

En consecuencia, del propio texto del precepto reclamado se advierte que la respuesta emitida por la autoridad no es obligatoria para los particulares, por lo que es evidente que no estamos ante un acto vinculativo cuando se habla de una consulta fiscal, por lo que, como consecuencia lógica, no es posible impugnar algo que no afecta la esfera jurídica de un particular, además de que es congruente con el principio de autodeterminación, en el que el contribuyente determina el impuesto a pagar y no es sino hasta que la autoridad ejerce sus facultades de fiscalización y establece su situación fiscal, cuando afecta la esfera jurídi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21767-d7c978c5/consultas-fiscales-el-articulo-34-del-codigo-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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