ENERGÍA ELÉCTRICA. EL COMPROBANTE DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 695/2008. **********
CONSIDERANDO
QUINTO. En forma medular sostiene el disconforme:
Que la sentencia recurrida no se encuentra fundada ni motivada, tampoco respeta el principio de congruencia y exhaustividad, violando los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo.
Que el acto reclamado fue el ilegal cobro con apercibimiento de corte del suministro de energía eléctrica, contenido en el aviso-recibo con número de servicio **********, por el periodo comprendido **********, bajo el concepto de "cargo por demanda", en cantidad de cincuenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos con quince centavos; que la certeza del acto reclamado y de legitimación procesal, se corroboró con el recibo de luz y de pago que se agregó a la demanda, a los que el a quo, les dio eficacia únicamente para tener por cierto el acto consistente en el cobro y pago de la facturación, pero de los mismos se advierte que éstos contienen el cobro y correspondiente pago ilegal bajo el concepto de "cargo por demanda", el cual no se encuentra fundado ni motivado, y no obstante ello -dice- el Juez viola la regla genérica prevista en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, que lo obliga a interpretar en su integridad y no en sentido restrictivo el escrito de demanda.
No obstante -dice- el Juez sobreseyó el juicio por considerar que el aviso-recibo combatido no es acto de autoridad, en la medida que en dicha documental no se advierte la leyenda "corte a partir de".
Que el Juez realizó el estudio desvinculando los actos reclamados, porque primero analizó la existencia del acto consistente en el apercibimiento de corte, para después entrar al estudio del diverso acto conceptualizado como "cargo por demanda", lo cual -dice- es una transgresión a los principios aludidos, debido a que del análisis del concepto de violación hecho valer en el libelo de amparo, se apreciara que el acto reclamado se impugna como vicios que se encuentran estrechamente vinculados con el corte y que, por tanto, su estudio no puede emprenderse de manera aislada, como si fuesen actos destacados diversos, porque -afirma- ello trae como consecuencia dividir la continencia de la causa.
Que el segundo error del Juez de Distrito consiste en tener por inexistente el apercibimiento de corte, constreñido en el aviso-recibo que también contiene el concepto de "cargo por demanda", dejando de aplicar y en perjuicio de la parte quejosa los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que respecta al valor probatorio, ya que del recibo de luz se advierte que éste contiene un apercibimiento implícito de corte y un cobro ilegal bajo el concepto de "cargo por demanda"; aunado a ello del análisis que se realiza al denominado "ticket" de pago que se allegó al juicio, aparece la leyenda "corte a partir de", lo cual acredita el acto reclamado, máxime que -dice- se exhibió en copia certificada.
Que el tercer error en que incurrió el Juez de Distrito, consiste en que otorgó eficacia al aviso-recibo de luz, pero no advirtió que la Comisión Federal de Electricidad expide el documento denominado aviso-recibo, el cual recientemente ha cambiado de formato, sustituyendo la leyenda que se colocaba en el margen superior derecho de texto "corte a partir de" por la de "fecha límite de pago" y al reverso del documento se imprimen diversos artículos que sustentan la emisión del acto de cobro; lo cual denota que el documento mencionado contiene un apercibimiento implícito de corte del servicio público de energía eléctrica, toda vez que por imperativo del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el organismo de referencia está facultado para realizar el corte por falta de pago oportuno.
Los anteriores motivos de agravio, estudiados de manera conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí, tal como lo permite el artículo 79 de la Ley de Amparo, son infundados, en atención a las consideraciones jurídicas siguientes:
Del análisis integral que se hace de la demanda de amparo, como un todo o unidad jurídica, se advierte que la sociedad quejosa **********, a través de su apoderado legal, señaló como autoridad responsable ordenadora al superintendente general de Zona de Acapulco, dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, y como ejecutora al jefe de cobranza de la Superintendencia Zona de Acapulco, dependiente de la paraestatal, de quienes, reclamó el acto siguiente:
El ilegal e inconstitucional cobro de suministro de energía eléctrica, con apercibimiento de corte contenido en el aviso-recibo **********, por el periodo comprendido del **********; así como el cobro del concepto de "cargo por demanda", por la cantidad de cincuenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos con quince centavos, con apercibimiento de corte.
A efecto de sustentar el reclamo, la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda de garantías, el aviso-recibo con número de servicio **********, con número de medidor **********, por el periodo comprendido del **********, por la cantidad de **********, de cuyo contenido no se advierte apercibimiento de corte alguno, como falsamente lo pretende hacer ver el inconforme.
Por otro lado, es cierto que también adjuntó a su libelo de amparo el comprobante de pago (ticket) (foja cuarenta y uno), que ampara la cantidad **********, realizado el ********, sin que sea el caso de que por el sólo hecho de que aparezca la leyenda "corte a partir de", pueda tenerse válidamente como un verdadero apercibimiento de corte contenido en el aviso-recibo reclamado y que por esa sola circunstancia pueda pensarse que se actualiza la procedencia del juicio de garantías, puesto que se trata de un simple documento que por sí mismo carece de certeza jurídica para demostrar el apercibimiento de corte reclamado por el inconforme, virtud que de su propio contenido se advierte la leyenda: "sólo será válida esta factura con la firma y sello del cajero o con la certificación de la máquina", circunstancia que corrobora su falta de idoneidad para pretender se le atribuya la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de garantías.
Máxime que, además de que el referido comprobante de pago carece de certeza jurídica, la quejosa en su demanda de amparo ni siquiera lo señaló de manera destacada como acto reclamado, y aun cuando lo hubiese hecho, ningún efecto imprimiría en su beneficio por la circunstancia de tratarse de un simple ticket, cuya validez sólo sirve para comprobar haber realizado un pago, pero sin que pueda llegar a constituir un verdadero apercibimiento de corte del servicio de energía eléctrica, a efecto de justificar la procedencia del juicio de amparo.
Por tanto, si el acto reclamado carece en forma absoluta de la frase "corte a partir de", aun cuando el comprobante de pago allegado a los autos la contenga, en forma alguna puede adminicularse como si se tratara de un sólo acto, pues resulta obvio que son dos actos diferentes, en donde la expedición de este último (ticket), obedeció a una mera consecuencia de que el usuario de forma voluntaria se constituyó a un establecimiento a efectuar el pago que lo contiene, monto que le fue dado a conocer sin coacción alguna, puesto que del aviso-recibo glosado a los autos del juicio de garantías, no aparece frase alguna que resulte análoga a la de un apercibimiento de corte, para que a partir de ello, como ya se dijo, pudiera configurarse la hipótesis que ha llegado a apreciar el Máximo Tribunal Constitucional del país, tratándose de las facturaciones que se emiten a los usuarios bajo amenaza, en el caso, la contenida en el "aviso-recibo".
Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 66/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página quinientos veinticuatro, Tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece:
"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ‘AVISO-RECIBO’ DE LUZ CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VÁLIDAMENTE PUEDE CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, MAS NO SUSTITUYE AL ‘AVISO PREVIO’ QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con dicho precepto, la entrega del ‘aviso-recibo’ de luz que expide la Comisión Federal de Electricidad no sustituye la notificación del ‘aviso-previo’ o apercibimiento formal que se requiere para efectos de suspender el servicio de energía eléctrica, por falta de pago oportuno en un periodo normal de facturación, porque aun cuando aquél contiene un apercibimiento implícito, en la medida en que con la expresión ‘corte a partir de’ advierte anticipadamente al usuario de la consecuencia que puede derivar del incumplimiento de pago oportuno, lo cierto es que dicho aviso no sustituye al previo que exige la ley, toda vez que éste tiene como finalidad constatar formalmente el conocimiento del gobernado, respecto de los términos en que se genera su obligación de pago, a fin de que tenga oportunidad de defensa y asuma la consecuencia legal del incumplimiento a dicha obligación. De ahí que, aunque la ley exige un ‘aviso previo’ sin el cual no se debe suspender el servicio por falta de pago, no puede desconocerse que el recibo de luz contiene ya un apercibimiento de corte, de modo que también puede considerarse, válidamente, como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."
En esas circunstancias, si contra el acto reclamado que la quejosa hizo consistir en el apercibimiento de corte contenido en el aviso-recibo con número de servicio **********, con número de medidor **********, por el periodo comprendido del **********, las autoridades responsables negaron el acto reclamado y la aquí recurrente fue omisa en demostrar con medio de convicción alguno la existencia de ese acto que pretendió combatir en vía de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio por su notoria inexistencia.
Apoya lo considerado, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de dos mil, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y seis, de rubro y texto siguientes:
"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."
Por otro lado, para demostrar cómo es que en el caso en particular este Tribunal Colegiado estima que el acto reclamado inherente al cobro de **********, por concepto de "cargo por demanda" con apercibimiento de corte, no puede ser materia de análisis en la instancia de amparo, por no constituir actos de autoridad, como acertadamente lo estimó la Juez de amparo, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación, a partir de las cuales, se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad y sus diferencias con los actos de particulares.
En principio, la definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Máximo Intérprete de la Constitución General de la República, ha delimitado con precisión dicho concepto, tal y como se puede observar de la tesis P. XXVII/97, consultable en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."
De ahí que, atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, debe concluirse que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; todo lo cual, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes:
1. Que su emitente tenga características de órgano público;
2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y,
3. Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados.
En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente.
Ahora bien, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos precedentes, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad.
Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran ejemplificativamente las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral.
Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad.
Expuestas las anteriores consideraciones en torno a los conceptos de autoridad responsable y actos de autoridad, así como respecto de la clasificación de las relaciones jurídicas que permiten entender la esencia y conformación de estos últimos y sus diferencias con los actos de particulares, cabe afirmar que, en la especie, la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación, que como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que priva en las relaciones de supra a subordinación.
Como una premisa trascendental para apoyar la idea de la actualización del tipo de relación a que se hace mención, debe sentarse que, por regla general, la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de garantías, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio público que tiene encomendado, siendo considerados dentro de un plano de coordinación, teniéndose entonces, que solamente como una regla de excepción, dicho organismo público descentralizado, puede ser considerado como autoridad cuando ejerce facultades de decisión, como las que le derivan de los artículos 26 y 34 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relativas a que dicha entidad aperciba de realizar o realice el corte del suministro de energía eléctrica.
Dicha premisa resulta incuestionable, por virtud de que se sustenta en los lineamientos que al efecto ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 91/2002, publicada en la página doscientos cuarenta y cinco, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación por la cual la Comisión Federal de Electricidad apercibe de realizar o realiza el corte del suministro de energía eléctrica a los consumidores, constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías, en virtud de que, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a través de dicho acto extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal del gobernado, pues aunque la relación existente entre el particular y la referida comisión deriva de un contrato de adhesión, ello no significa que ambas partes se encuentren en un mismo plano, como particulares, sino en un nivel de supra a subordinación, al imponer el referido organismo su voluntad sin el consenso del afectado. Es decir, la citada comisión ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que dicho ente al emitir tal acto, es una autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior no implica que en todos los casos la indicada comisión deba ser considerada como autoridad para tales efectos, sino sólo cuando ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas por ley y que afecten la esfera de derechos del gobernado."
De ahí que, tomando en cuenta el contenido de la invocada jurisprudencia, así como el de la propia ejecutoria de la que deriva, se confirma que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que los casos en los que la Comisión Federal de Electricidad apercibe de realizar o realiza el corte del suministro de energía eléctrica, son susceptibles de ser reclamados mediante el juicio de amparo indirecto, en virtud de que con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 26 y 34 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dicho organismo descentralizado extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal de los gobernados, aunque la relación existente entre éstos y la aludida comisión provenga de una relación contractual, pues ello no significa que ambos se encuentren en un mismo plano de igualdad, sino que en estos casos, los usuarios del servicio se encuentran colocados en un plano de inferioridad ante el organismo descentralizado de que se trata, pues éste impone a aquéllos actos vinculados con el corte del servicio de energía eléctrica aun en contra de la voluntad de los referidos usuarios.
Sobre la referida relación contractual que se entabla entre la Comisión Federal de Electricidad y los gobernados, con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica, conviene apuntar que su naturaleza jurídica es la de un contrato de adhesión, ya que no existe autonomía de la voluntad de ambas partes, sino que es el órgano descentralizado el que establece las condiciones y los usuarios simplemente se limitan a aceptarlas, justificándose tal imposición en que las aludidas condiciones contractuales derivan de disposiciones legales de carácter imperativo que protegen el interés público.
Lo anterior se corrobora con la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración correspondiente a la Séptima Época, localizable en la página veintiocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 67, Cuarta Parte, de rubro y texto siguientes:
"ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE. SON DE ADHESIÓN. Es inadmisible el supuesto de considerar a la celebración de los contratos de suministro de energía eléctrica, conforme a las normas jurídicas de carácter dispositivo que consagran el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación, que incluye por un lado la libertad de contratar o no, y, por otro, la libertad de definir el contenido del contrato celebrado; siendo que, en realidad, en tales contratos, que la doctrina denomina como contratos de adhesión, o sea, ‘aquellos en los que una sola de las partes fija las condiciones del contrato a las que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo’ (Planiol Marcel, Traité de Droit Civil, T. II, párrafo 972, 9a. edición, 1923), como son, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, el de seguros, el de distribución de agua, el de suministro de gas y de electricidad, las ofertas al público, etcétera, que no tienen los trazos del contrato clásico, no existe la igualdad de los contratantes, como se hace suponer según la teoría de la autonomía de la voluntad, pues por un lado se encuentra un particular y por el otro una potencia económica, la mayor de las veces, que impone las condiciones generales que se proponen a todo el público, en los mismos términos, y que son sometidas a su aceptación o rechazo; excluyendo toda posibilidad de admitir que las partes puedan, por su voluntad y aún por mutuo acuerdo, variarlas o modificarlas; máxime cuando esas condiciones generales son impuestas por disposiciones legales de carácter imperativo o coactivo y de eminente interés público y de servicio social, que impiden, restringen o modifican la autonomía de la voluntad de los contratantes. Así, la Ley de la Industria Eléctrica (en relación con los artículos 27, párrafo sexto, y 73, fracción X, de la Constitución), en su artículo 3o., eleva a la categoría de orden público la generación, transformación, distribución, exportación, importación, compraventa, utilización y consumo de energía eléctrica, y las demás actividades relativas a estos objetos, al decir ‘Se consideran de utilidad pública todos los actos relacionados con la industria eléctrica’; y en su artículo 36, expresamente ordena: ‘La venta de energía eléctrica sólo podrá efectuarse de conformidad con tarifas fijadas y contratos aprobados por la secretaría, la que estará facultada en los términos del reglamento, para revisar unas y otros a fin de modificarlos, o de fijar nuevas tarifas y aprobar nuevos contratos para la mejor satisfacción del servicio de que se trate’. Luego entonces, en materia de contratos de suministro de energía eléctrica no hay libertad de contratación, sino que, como lo previene el artículo 36 citado, los contratos no sólo deben celebrarse conforme a las tarifas fijadas por la Secretaría de Industria y Comercio, sino que deben ser sometidos previamente a la aprobación de ésta, la cual tiene, además, la facultad de revisar unas y otros a fin de modificarlos. Por lo tanto, en esta clase de contratos no prevalece la autonomía de la voluntad de las partes sobre las normas jurídicas de carácter estatutario que deben regir las relaciones de los contratantes, como lo son un particular y la Comisión Federal de Electricidad, organismo descentralizado. Y tan es así, que la misma Ley de la Industria Eléctrica, en sus artículos 46, fracción I, y 49, establece una sanción administrativa a las ‘empresas’ que venden energía eléctrica, cuando cobran cuotas diferentes a las señaladas en las tarifas o contratos de suministro de energía eléctrica aprobados por la secretaría, y dispone que la imposición de dicha sanción no libera al usuario de la obligación de pagar la energía consumida indebidamente. Así pues, existiendo disposiciones legales de carácter imperativo y de eminente interés público que excluyen toda posibilidad legal de que las partes modifiquen libremente el precio de la energía sin violar dichas normas, si ambos contratantes, contraviniendo las disposiciones legales, de común acuerdo modifican el precio señalado en sus contratos, efectuando un descuento sobre el importe de la energía, fijado en la tarifa oficial número seis en vigor desde el día dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, ni ese convenio ni su cumplimiento voluntario por ambas partes, generan a favor de los particulares su pretendido derecho de seguir pagando el fluido con el aludido descuento, y no conforme a la susodicha tarifa; porque según los artículos 6o., 8o., y 10 del Código Civil Federal, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público; los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, salvo que la ley ordene lo contrario; y contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario."
En tal virtud, entendiendo como elementos que vienen a conformar un acto de autoridad, en relación con la Comisión Federal de Electricidad, los relativos al apercibimiento de suspensión o el corte del servicio de energía eléctrica, resulta inconcuso que tratándose del acto reclamado inherentes al cobro de cincuenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos con quince centavos, por concepto de "cargo por demanda" contenido en el aviso-recibo expedido por el servicio número **********, identificado con el medidor **********, por el periodo comprendido del **********, ninguno de esos elementos se actualizan, al resultar inexistente el apercibimiento de corte del servicio de energía eléctrica, con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia considerada por la resolutora de amparo.
Lo anterior, sin desconocer que si bien el peticionario adjuntó a su escrito de demanda de garantías un comprobante de pago (ticket), de donde se advierte la cantidad **********, misma que resulta coincidente con la que ampara el aviso-recibo señalado como acto reclamado por el quejoso, y que además, el que el comprobante en cuestión, traiga impresa la leyenda "corte a partir de" ello de modo alguno significa que por esa mera circunstancia tenga que considerarse el acto reclamado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, en principio, porque además de carecer de certeza jurídica, éste no fue señalado como acto reclamado, pero fundamentalmente porque aun cuando se hubiese expresado como tal, ningún efecto imprimiría en beneficio del impetrante de garantías por tratarse de un simple comprobante de pago, cuya validez sólo comprueba el h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21688-87031ff6/energia-electrica-el-comprobante-de-pago-por-concepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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