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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA QUE NIEGA LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN RESPECTO DE JUICIOS SEGUIDOS EN JUZGADOS DIFERENTES. EN SU CONTRA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

Tipo de asunto: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2009. · Registro digital (IUS): 21773
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 1882.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2009. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio número 14/2009-T, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cinco de febrero de dos mil nueve, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito formularon solicitud a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se modifique la jurisprudencia número 24, emitida por la integración de la Segunda Sala correspondiente a la Quinta Época. Dicha petición es del tenor literal siguiente:

"Con fundamento en los artículos 197, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se expone:

"Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la consulta al Pleno de trece de noviembre de dos mil ocho en el amparo en revisión número RC. 324/2008, interpuesto por **********, estimó que:

"‘Ahora bien, dado que las publicaciones en la red Intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, enseguida se citan las tesis jurisprudenciales cuyo criterio es contrario al que sostiene este tribunal:

"‘En principio, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, que es del siguiente tenor:

"‘«ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Aun cuando el artículo 60 de la Ley de Amparo no establece, como el artículo 59 de la misma, que la resolución que se dicte por el Juez de Distrito ante quien se solicite la acumulación de juicios de garantías no admite recurso alguno, tomando en cuenta que la situación jurídica es la misma cuando los juicios cuya acumulación se pide se encuentran en un mismo Juzgado de Distrito o en diferentes, y atento el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe existir igual disposición, es lógico deducir que en ambos casos no cabe ningún recurso contra la resolución que resuelve la acumulación.»

"‘...

"‘Como se advierte, la jurisprudencia que se cita de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formó con precedentes que datan del año de mil novecientos cuarenta y ocho; luego, atendiendo a que en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que entró en vigor el quince de los citados mes y año, los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con anterioridad a esa fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados, lo que en la especie acontece, siendo que han quedado plasmadas con anterioridad las consideraciones por las cuales este órgano colegiado estima que sí es procedente el recurso de queja en contra del auto que niega la acumulación de juicios tramitados ante diversos Juzgados de Distrito, por lo que se aparta del criterio sustentado en la jurisprudencia de mérito.

"‘... Se estima que en el caso la resolución que niega la acumulación a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Amparo, sí tiene una naturaleza trascendental y grave que pudiera ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, para lo cual, es menester atender a los fines que persigue la figura procesal de la acumulación que consiste en reunir dos o más juicios de amparo para que se resuelvan en una sola sentencia cuando exista conexidad de causa entre dichos juicios, cuyo objeto es evitar que se dicten resoluciones contradictorias, siendo dos los principios que justifican dicha figura procesal, a saber: el de economía procesal y el de evitar que sobre causas conexas o idénticas se pronuncien sentencias contrarias o contradictorias; consecuentemente, el efecto que tiene una resolución que ordena la acumulación de juicios es el de que no se dicten sentencias contradictorias sobre cuestiones conexas o sobre el mismo litigio, además, con ello también se obtendrá la economía en la tramitación de los juicios, puesto que varias demandas unidas en un solo procedimiento exigen una suma de actividades menor que en juicios separados, para ser resueltas en una misma sentencia y en su caso en una sola revisión.

"‘De lo que se sigue que el incidente de acumulación se instaura con la finalidad de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, sin que tal procedimiento abarque intrínsecamente las cuestiones debatidas en las controversias y por ello las decisiones que niegan la procedencia de los incidentes de acumulación de autos sólo tienen efectos intraprocesales, con lo que se verifica uno de los elementos a que se refiere la hipótesis de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo.

"‘...

"‘En concreto, el criterio a seguir por parte de quienes efectúan el turno de asuntos, será verificar si el asunto tiene algún precedente del que ya haya conocido un Juez o tribunal, en el caso de que no lo tenga, el asunto se turnará aleatoriamente; no obstante, en caso de que se encuentre que existe un antecedente, el asunto deberá turnarse al órgano jurisdiccional que tenga ese conocimiento previo del caso; en esas condiciones la modificación al artículo noveno del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial, evidencia el ánimo del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, de prever reglas a nivel administrativo encaminadas a observar los principios constitucionales de legalidad y economía procesal, esto es, que se modificaron las reglas del turno de asuntos en atención a la seguridad jurídica que debe brindársele a los gobernados atinente a que sobre una misma causa o sobre causas conexas, no se emitan sentencias contradictorias puesto que al ser un solo Juez o tribunal el que se pronuncie respecto de un asunto a lo largo de las etapas procesales que pueda tener, se elimina la posibilidad de la emisión de criterios opuestos y, por otra parte, ese procedimiento de turno también es tendente a materializar el principio de economía procesal, dado que partiendo de la premisa de que el órgano jurisdiccional que resuelve el asunto ya cuenta con un conocimiento previo del mismo, es evidente que se agilizará la resolución del asunto.

"‘En este contexto, se confirma la importancia y trascendencia que tiene la encomienda de evitar el dictado de sentencias contradictorias y se estima que de llegarse a verificar, sí produce a las partes un daño o perjuicio no reparable en sentencia definitiva dado que dicha situación propicia que se suscite una problemática cuya solución no está prevista en los medios de impugnación que los gobernados tienen a su alcance en el trámite del juicio de amparo, a saber: revisión, queja y reclamación, ya que tales recursos no previenen hipótesis de procedencia alguna para el caso de que distintos juzgadores de amparo emitan sentencias contradictorias entre sí aun cuando sean atinentes a una misma causa o a causas conexas, lo que pudo evitarse si tales juicios se hubieran acumulado y, en su caso, si se otorga la oportunidad a las partes de impugnar a través del recurso de queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, la resolución que niegue la acumulación a que se refiere el artículo 60 de la indicada ley de la materia.

"‘En adición a los anteriores motivos por los cuales se afirma que debe proceder en la especie el recurso de queja, está la cuestión atinente a que la figura jurídica de la acumulación propicia mayor economía procesal, principio que también tutela la Carta Magna y encomienda a las autoridades en la resolución de los asuntos, con lo cual se robustece la afirmación de que la resolución que niega acumular juicios de garantías es de naturaleza trascendental y grave que puede causar un daño o perjuicio a las partes no reparable en sentencia definitiva y debe otorgarse a las partes la posibilidad de impugnarla mediante el recurso de queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo.’

"Por lo expuesto, se solicita atentamente si así se considera, darle el trámite correspondiente a la presente solicitud de la interrupción y modificación de la jurisprudencia 24 de la Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, de rubro: ‘ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.’

"Se anexan al presente, copia certificada de la resolución pronunciada por este cuerpo colegiado, relativa a la consulta al Pleno de trece de noviembre de dos mil ocho en el amparo en revisión número RC. 324/2008, interpuesto por **********; así como un disquete que contiene la información relativa.

"Finalmente, se hace de su conocimiento que este Colegiado no ha emitido criterios similares al tema de contradicción de tesis ni se ha apartado del propio."

SEGUNDO. El Tribunal Colegiado solicitante dictó sentencia en el recurso de revisión 324/2008, interpuesto por **********, cuyo primer punto resolutivo es del tenor siguiente:

"Se desecha por improcedente el recurso de revisión que fue interpuesto por el **********, contra la resolución de dos de octubre de dos mil ocho, emitida por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, durante el trámite del amparo indirecto 625/2008-I, que decidió sobre la solicitud de acumulación."

TERCERO. En auto de nueve de febrero de dos mil nueve, el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de la jurisprudencia número 24, sustentada por la anterior integración de esta misma Sala. Además, ordenó formar el expediente de modificación de jurisprudencia 1/2009, así como dar vista al procurador general de la República por un plazo de treinta días, para que expusiera su parecer de así considerarlo pertinente.

Al encontrarse el asunto en estado de resolución, se turnaron los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas para su estudio y elaboración del proyecto respectivo.

CUARTO. El procurador general de la República formuló pedimento en el sentido de considerar que la presente solicitud de modificación de jurisprudencia es improcedente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y el 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se solicita la modificación de un criterio jurisprudencial sustentado por esta Sala.

SEGUNDO. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Es aplicable al caso la tesis aislada XXIX/92, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal en la integración correspondiente a la Octava Época, que a continuación se transcribe:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACIÓN TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El artículo 197, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que también están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida."(1)

TERCERO. Es procedente la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, por encontrarse satisfechos los requisitos que para tal efecto se señalan en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Dicho precepto legal señala:

"Artículo 197. ...

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

De la disposición legal antes transcrita se desprende que para que proceda la solicitud de modificación de jurisprudencia, deben actualizarse los siguientes presupuestos:

1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina; y,

2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.

Para determinar si en la especie se surte el requisito relativo a que se hubiera resuelto el caso que originó la solicitud de modificación de jurisprudencia, primero se debe tener presente que esta Segunda Sala ha establecido que debe entenderse en sentido amplio el requisito consistente en que, previamente a la solicitud, se resuelva el caso concreto que la origina. Ese criterio, que ahora se reitera, se fijó en la tesis aislada 2a. XXVII/2007, que a continuación se transcribe:

"JURISPRUDENCIA. PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN SE SATISFACE EL REQUISITO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE UN CASO CONCRETO CUANDO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE ANALIZA UN PUNTO DE DERECHO SEMEJANTE AL EXAMINADO EN OTROS ASUNTOS QUE DIERON LUGAR A UNA JURISPRUDENCIA Y LO DECIDE EN FORMA OPUESTA. Del artículo 197 de la Ley de Amparo se desprende que la solicitud de modificación de una jurisprudencia procede cuando están satisfechos los siguientes requisitos: a) que previamente a la solicitud se haya resuelto un caso concreto en el que se haya aplicado la jurisprudencia cuya modificación se solicita; y, b) que en la solicitud correspondiente se expresen las razones que justifiquen la modificación. Ahora bien, el primer requisito no únicamente debe entenderse en sentido estricto, esto es, que se trate de un asunto en el que la jurisprudencia cuya modificación se solicita se haya aplicado, sino que debe interpretarse en sentido amplio a efecto de concluir que el requisito de que se trata también se satisface cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un recurso de revisión en el que analiza un punto de derecho sustancialmente semejante al que se examinó en la jurisprudencia cuya modificación se solicita, sustentó un criterio distinto del contenido en dicha jurisprudencia."(2)

En el mismo sentido, el Pleno de este Alto Tribunal ha precisado cuándo se actualiza ese requisito. En la tesis aislada P. XLIV/2008 se abordó ese tema, resolviéndolo de la siguiente manera:

"JURISPRUDENCIA. EL REQUISITO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RELATIVO A SU APLICACIÓN EN UN CASO CONCRETO PARA SU PROCEDENCIA, SE ACTUALIZA CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE CUESTIONA LA EFICACIA DE UN CRITERIO OBLIGATORIO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo y lo sustentado por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis, respectivamente, P. XXXI/97 y 2a. XXVII/2007, en el sentido, la primera, de que para solicitar la modificación de jurisprudencia uno de los requisitos es que, previamente a la solicitud, se haya resuelto un caso concreto con aplicación de la jurisprudencia cuya modificación se pide; y la segunda de que ese requisito debe entenderse en sentido amplio, debe inferirse que ese requisito se satisface cuando en la resolución que dirime el caso particular se cuestiona la eficacia jurídica de un criterio obligatorio y los entes legitimados para elevar la solicitud estiman necesaria su modificación, en aras de preservar la certeza y seguridad jurídica, tanto de los gobernados como de los órganos encargados de administrar justicia, pues la finalidad de la modificación es revisar el criterio sometido a examen y, en su caso, interrumpir su obligatoriedad para emitir uno nuevo que lo sustituya, preservando la unidad de la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional."(3)

De esta manera, se advierte que para que se surta el primer requisito de procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia, es necesario verificar que en la resolución que dirime el caso particular se cuestione la eficacia jurídica de un criterio obligatorio, por lo cual se estime necesaria su modificación.

En la especie, así sucedió, pues el tribunal solicitante cuestionó la jurisprudencia cuya modificación solicita en su resolución. Para sostener esta afirmación, es pertinente relatar algunos antecedentes del caso concreto.

********** promovió un juicio de amparo indirecto en contra de una orden de lanzamiento, respecto de un local comercial ubicado en la Delegación Xochimilco, en el Distrito Federal. Esa demanda fue radicada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Posteriormente, promovió un distinto juicio de garantías, también en contra de una orden de lanzamiento, pero en esta ocasión la demanda era en relación con el local adyacente a aquel relativo a la primera demanda. Tocó conocer de este juicio al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

En atención a estas circunstancias, el quejoso promovió la acumulación del expediente radicado ante el Juzgado Noveno al juicio de amparo indirecto que ya se tramitaba ante el Juzgado Cuarto, ambos en Materia Civil en el Distrito Federal. No obstante, el mencionado Juez Noveno de Distrito determinó que no era procedente la acumulación de los juicios, ya que no se actualizaban los extremos de los artículos 51 y 57 de la Ley de Amparo, porque se reclamaron actos distintos. Se arribó a esta conclusión, en atención a que los juicios naturales de donde derivaron las respectivas órdenes de lanzamiento eran distintos y versaban sobre locales diferentes.

Inconforme con esta resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del Juez de Distrito que negó la acumulación. Correspondió conocer del recurso al tribunal que ahora solicita la modificación de jurisprudencia, registrándolo con el número RC. 324/2008. El presidente de ese órgano colegiado ordenó poner los autos a la vista del Pleno para que se le consultara respecto de la procedencia del recurso de revisión interpuesto, al considerarlo un tema trascendente.

En esta tesitura, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil ocho, desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso. Entre otras cuestiones, manifestó que:

• No obstante que ya se había emitido sentencia en el juicio de amparo sujeto a revisión, se estimaba trascendente fijar un criterio respecto de la procedencia del recurso de revisión contra la resolución que niega acumular juicios de amparo que se siguen ante distintos Jueces de Distrito, pues es un hecho notorio que hay varias tesis aisladas donde se señala que ese tipo de resoluciones no son recurribles.

• No es procedente el recurso de revisión en contra de las resoluciones donde se decida sobre la acumulación de juicios de amparo seguidos en juzgados diferentes. Esto es así, debido a que el artículo 83 de la Ley de Amparo establece, de manera taxativa, cuáles son las hipótesis en las que procede este recurso. Entre ellas, no se prevé la resolución mencionada. Por tanto, ante la improcedencia del recurso de revisión en contra de la resolución que niega la acumulación prevista en el artículo 60 de la ley de la materia, procede desechar el recurso de revisión intentado, por ser notoriamente improcedente.

• Sin perjuicio de estas manifestaciones, el tribunal considera que, en contra de las resoluciones dictadas con motivo de una solicitud de acumulación en términos del artículo 60 de la Ley de Amparo, sí debería proceder el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, del mismo ordenamiento legal.

• Como no procede en su contra el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado consideró que se trataba de resoluciones con una naturaleza trascendental y grave, que pueden causar un daño o perjuicio a alguna de las partes, que no puede repararse en la sentencia definitiva.

• Por tanto, cuestionó la pertinencia de la jurisprudencia 24, sustentada por la anterior conformación de esta Segunda Sala, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", y solicitó a este Alto Tribunal su modificación.

A partir de lo expuesto, se advierte que, en efecto, el órgano colegiado resolvió un caso concreto donde cuestionó la eficacia jurídica de una jurisprudencia de esta Segunda Sala. Consecuentemente, se surte el primer requisito para la procedencia de la presente solicitud.

Ahora bien, el siguiente requisito consiste en que se expresen los motivos en que se apoya la solicitud. En la especie, el tribunal solicitante manifestó dichos motivos, como se advierte de la síntesis de los razonamientos que informan el recurso RC. 324/2008, así como del escrito de solicitud de modificación de jurisprudencia, reproducido en el resultando primero de esta ejecutoria.

CUARTO. Previamente a determinar la conveniencia de hacer la modificación solicitada, es necesario determinar cuáles son los alcances de la facultad que la Ley de Amparo otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar la jurisprudencia.

Para ello, se hace necesario tener presente lo establecido en los artículos 194 y 197 de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.

"...

"Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formación."

"Artículo 197. ...

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

De los preceptos transcritos se desprende la facultad del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para modificar la jurisprudencia que tengan establecida atendiendo a las razones que se expresen para justificar la solicitud de modificación; para lo cual, como requisitos formales, se requiere únicamente que la solicitud provenga de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto que la motiva y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación.

Cabe destacar que, como es fácil de advertir del último párrafo del artículo 194 antes transcrito, en este precepto la palabra "modificación" no está constreñida a su significado literal que solamente permitiría tocar los elementos accidentales de la jurisprudencia, sin alterar su esencia, pues es claro que el proceso ahí previsto permite el cambio total de lo anteriormente sostenido; se trata de interrumpir un criterio jurídico para sustituirlo por otro nuevo que puede ser, inclusive, en sentido contrario al que se abandonó.

Luego, conforme a la intención del legislador "modificar la jurisprudencia" significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nueva que la sustituye.

Ahora bien, es importante señalar que la jurisprudencia como institución constitucional y jurídica tiene, como un primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares y entre éstos con los órganos del Estado y; como una segunda consecuencia, de igual trascendencia, el dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia.

De ello se sigue que, frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de adecuar a las circunstancias actuales la interpretación de las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación, sin mayor limitación que la de interpretar la ley y establecer la regla jurídica a aplicar; pues de restringir dichas facultades al análisis de las cuestiones particulares que se analizaron en los casos concretos que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, equivaldría a convertir en letra muerta las normas legales que crean la figura de la modificación de jurisprudencia.

Lo anterior no implica, en modo alguno, desconocer las reglas que para la formación de la jurisprudencia señala la ley, en tanto que, como ya quedó señalado, en el caso se encuentran satisfechos los requisitos formales relativos.

QUINTO. Antes de abordar el estudio de la presente solicitud, cabe hacer una precisión relativa a la jurisprudencia 24 de la Segunda Sala, correspondiente a su integración en la Quinta Época.

Esa tesis se publicó en el Semanario Judicial de la Federación de la siguiente forma:

"No. Registro: 917,558

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Quinta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Apéndice 2000

"Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 24

"Página: 21

"Genealogía: Apéndice al Tomo XXXVI no apa pg.

"Apéndice al Tomo L no apa pg.

"Apéndice al Tomo LXIV no apa pg.

"Apéndice al Tomo LXXVI no apa pg.

"Apéndice al Tomo XCVII no apa pg.

"Apéndice '54: Tesis 50 pg. 119

"Apéndice '65: Tesis 25 pg. 60

"Apéndice '75: Tesis 25 pg. 46

"Apéndice '85: Tesis 28 pg. 52

"Apéndice '88: Tesis 83 pg. 135

"Apéndice '95: Tesis 24 pg.16

"ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Aun cuando el artículo 60 de la Ley de Amparo no establece, como el artículo 59 de la misma, que la resolución que se dicte por el Juez de Distrito ante quien se solicite la acumulación de juicios de garantías no admite recurso alguno, tomando en cuenta que la situación jurídica es la misma cuando los juicios cuya acumulación se pide se encuentran en un mismo Juzgado de Distrito o en diferentes, y atento el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe existir igual disposición, es lógico deducir que en ambos casos no cabe ningún recurso contra la resolución que resuelve la acumulación.

"Quinta Época:

"Recurso de queja 163/48. Secretaría de la Economía Nacional. 19 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Recurso de queja 167/48. Secretaría de la Economía Nacional. 19 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Recurso de queja 173/48. Secretaría de la Economía Nacional. 19 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Recurso de queja 182/48. Secretaría de la Economía Nacional. 19 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Recurso de queja 217/48. Secretaría de la Eco

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21773-3ba81aad/resolucion-dictada-por-el-juez-de-distrito-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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