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Modo: Corpus Pro

TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).

Tipo de asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 3/2009. · Registro digital (IUS): 21776
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág.1930.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 3/2009. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de mayo de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de marzo de dos mil nueve, el Magistrado Neófito López Ramos, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remitió la resolución de veintiséis de febrero del citado año, dictada en el juicio de amparo 89/2009, en la que el referido cuerpo colegiado determinó solicitar la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 78/2003.

SEGUNDO. Por auto de once de marzo del año en curso, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente relativo y ordenó que se diera vista al procurador general de la República a efecto de que expresara lo que a sus intereses legales conviniera.

TERCERO. En proveído de tres de abril de dos mil nueve, se tuvo por recibida la opinión formulada por el agente del Ministerio Público correspondiente y se turnó el expediente al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, con fundamento en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la tesis jurisprudencial cuya modificación se solicita versa sobre una de las materias en las que este cuerpo colegiado se especializa, además de que fue sustentada por esta propia Sala.

SEGUNDO. La resolución en la que se determinó que debía solicitarse la modificación de jurisprudencia en lo que interesa dice:

"De las consideraciones transcritas destaca que se analizó la calidad de parte y claramente se estableció que el actor adquiere esta calidad por el hecho de que se admita la demanda, aunque quizá pudiera considerársele como tal desde que se presenta la demanda, aunque se le deseche, mientras que el demandado se integra a la relación procesal desde que se le emplaza a juicio; pero para efectos del amparo, le reconoce esa calidad al demandado que no ha sido emplazado. La jurisprudencia que se analiza, hizo un análisis genérico de las partes y no se pronunció sobre la calidad de tercero perjudicado del demandado en un juicio ejecutivo mercantil, que aunque queda comprendido en la categoría de juicios distintos al orden penal, en que el actor sea el quejoso y el demandado no haya sido emplazado al juicio de origen, sí reviste una circunstancia que puede producir un inconveniente si es que se le emplaza al juicio de amparo directo. En efecto, la aplicación del criterio jurisprudencial en análisis, desvirtúa la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil cuyo trámite se rige por las disposiciones del título tercero del Código de Comercio, vigente al diecinueve de mayo de dos mil ocho, día en que el aquí quejoso presentó la demanda, que enseguida se transcriben:

"‘Artículo 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

"‘Traen aparejada ejecución:

"...

"‘IV. Los títulos de crédito.’

"‘Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.’

"‘Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos.’

"‘Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado.

"‘En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.

"‘La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio.

"‘El Juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el registro público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores.’

"‘Artículo 1,395. En el embargo de bienes se seguirá este orden:

"‘...

"‘Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del Juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión.

"‘Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial.’

"‘Artículo 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.’

"‘Artículo 1,399. Dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.’

"Conforme al sentido literal y al análisis sistemático de las disposiciones transcritas, en los juicios ejecutivos mercantiles, una vez presentada la demanda se proveerá el auto de exequendo, esto es, el auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido de pago, si no lo hace se le embargarán bienes suficientes para cubrir lo reclamado; hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro de cinco días comparezca ante el juzgado, a hacer paga llana de la cantidad demandada, y las costas, o a oponerse a la ejecución.

"Cuando no se encuentra al demandado en la primera búsqueda, se le dejará citatorio, fijándole día y hora para que espere y si no lo atiende, se procederá a practicar el embargo con cualquiera persona que se encuentre en el domicilio.

"La diligencia iniciará con el requerimiento de pago al deudor, si no paga, se le requerirá para que señale bienes de su propiedad suficientes, si no lo hace, el actor podrá señalar los bienes para el embargo.

"Hecho el embargo, se notificará al deudor o a la persona con quien se haya entendido la diligencia, para que acuda al juzgado a efectuar el pago de la cantidad que se le reclama y de las costas o a oponer las excepciones que tuviere para ello.

"En este contexto, se tiene que la acción ejecutiva es un privilegio que la ley procesal mercantil les otorga a ciertos tipos de documentos a los que la ley les confirió la calidad de ejecutivos; así, la acción ejecutiva no persigue la declaración de derechos controvertidos o dudosos, sino que constituye un procedimiento para hacer efectivo un crédito que es un derecho incorporado en el documento y que constituye una prueba preconstituida, es decir, está perfeccionado antes del juicio que tiene por finalidad hacer efectivo ese derecho cuya existencia está demostrada con un documento que trae aparejada ejecución; en tal virtud, dicho procedimiento entraña un modo de proceder para que se ejecuten y no queden ilusorias las obligaciones o deudas ventiladas y decididas en un juicio o comprobadas por títulos o instrumentos tan eficaces como los juicios, por lo que su objeto es la aprehensión o embargo de los bienes del deudor moroso a favor de su acreedor.

"En términos generales el juicio ejecutivo constituye un proceso abreviado en cuanto al debate de las partes y a los límites del conocimiento y de la decisión judicial, ya que en este proceso no pueden tratarse cuestiones que excedan la aptitud ejecutiva del título, tales como la exigibilidad de las prestaciones o la posibilidad de modificación de las obligaciones asumidas en el contrato que originó la garantía pactada, ya que la finalidad del libramiento del título de crédito es la garantía de pago, mediante la figura procesal del embargo que conforma un derecho derivado de la existencia de un título que trae aparejada ejecución.

"Así, los principios de los juicios ejecutivos son el de la plena satisfacción de los derechos del actor; el sacrificio mínimo de los intereses del deudor; que no se lesionen los derechos de tercero; la economía procesal; el respeto a las necesidades primarias del deudor (alimentos, habitación) y, evitar trastornos innecesarios a la economía social.

"En síntesis, las notas distintivas de los juicios ejecutivos son:

"a) Presupone la existencia de un título ejecutivo;

"b) Tiene por objeto, no la declaración de un derecho sino su realización efectiva mediante procedimientos judiciales;

"c) El Juez debe examinar de oficio la procedencia de la vía ejecutiva;

"d) Se inicia con el auto de ejecución, aunque sin éste el juicio puede seguir adelante;

"e) Su tramitación es sumaria;

"f) Es al mismo tiempo declarativo y ejecutivo, ya que cuando el Juez declara procedente la vía ejecutiva, debe resolver definitivamente sobre los derechos controvertidos.

"Así en el referido proceso mercantil el requerimiento de pago al deudor y, en su caso, el embargo de sus bienes, y el consecuente emplazamiento a juicio, provoca respecto del demandado dos diversas situaciones jurídicas, por un lado, la de encontrarse sujeto a un proceso al que tendrá que acudir para ejercer los actos que estime necesarios para su defensa y, por otro, el embargo que es un menoscabo provisional respecto de la disposición de sus bienes, con el objeto de garantizar las prestaciones que le reclama el actor para que en un momento dado y, en su oportunidad, con el producto de ellos se haga el pago correspondiente y cuya finalidad es evitar que el deudor oculte o dilapide los bienes de su propiedad para hacer nugatorio el derecho del acreedor a recibir el pago de la obligación contraída.

"En este contexto, al acatar la jurisprudencia 78/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’, esto es, hacer del conocimiento del demandado en el juicio de origen la existencia del presente juicio de garantías, en virtud de que se desechó la demanda intentada en su contra en ejercicio de la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil, conlleva a alterar la secrecía que forma parte de la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil en cuanto a que una de sus características esenciales es que el auto de exequendo se dicta sin que previamente se advierta al deudor que el juzgador pronunciará un auto con efectos de mandamiento mediante el cual se le requerirá el pago del monto reclamado así como los gastos y costas relativos y de no hacerlo, en ese momento se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar la suma reclamada y, posteriormente, será emplazado para que comparezca a juicio a efectuar el pago de lo demandado o a oponer las excepciones que tenga.

"Luego, la finalidad del sigilo como característica de dicho juicio ejecutivo mercantil, estriba en evitar la posibilidad de que el deudor se sustraiga de cumplir con su obligación de pago consignada en un documento que constituye prueba preconstituida, esto es, oculte o dilapide sus bienes para evadir el embargo a que se refiere el artículo 1392 del Código de Comercio; consecuentemente, al enterar al demandado en el juicio de origen del presente juicio de garantías, implica que será advertido del ejercicio de la acción cambiaria directa en su contra y, con ello, surge la posibilidad de que dicho demandado intente sustraerse del posible embargo que se efectúe en términos del numeral citado, cuestión que precisamente el legislador trató de evitar mediante la emisión de las reglas de procedimiento a que se refiere el título tercero del Código Comercio, en virtud de la ejecutividad de los documentos que indica el artículo 1391 de la invocada legislación mercantil.

"También puede destacarse que en el amparo directo 730/2002 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que contendió en la contradicción de tesis que derivó en el criterio jurisprudencial que se analiza, tuvo su origen en un juicio ejecutivo mercantil 2098/98, promovido por el ahí quejoso **********, contra la sucesión intestamentaria a bienes del señor **********, quien ejerció la acción cambiaria directa por el pago de pesos.

"En dicho juicio ejecutivo sí se emplazó a la sucesión intestamentaria demandada por conducto del albacea provisional (deudora principal), siendo que, quienes quedaron pendientes de ser emplazados al juicio de origen fueron las avales ********** a quienes se ordenó llamar en el juicio de garantías, al estimar que aun cuando no fueron emplazadas al juicio natural, dado que fueron señaladas por el actor como parte demandada, eran contrapartes del actor quejoso en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que tenían un interés opuesto al promovente del amparo.

"De lo que se sigue que aun cuando uno de los juicios naturales de los que derivó un criterio contendiente en la contradicción de tesis que se analiza sea de naturaleza ejecutiva mercantil, en éste el deudor principal sí fue emplazado, por ende, en ese caso sí se llevó a cabo el procedimiento a que se refieren los artículos 1393 a 1396 del Código de Comercio, es decir, el requerimiento de pago, embargo y el emplazamiento al deudor, siendo que, quienes estaban pendientes de emplazar fueron los demandados con el carácter de avales; por lo cual, en ese asunto el deudor principal ya había sido emplazado y no se corría el riesgo de que sustrajera o dilapidara sus bienes para evitar el embargo que previene el artículo 1392 del citado Código de Comercio.

"En la especie, el caso es distinto, ya que quien todavía no ha sido emplazado al juicio natural es el deudor principal, de lo que se sigue que tampoco se ha llevado a cabo embargo alguno que garantice el monto de lo reclamado por el aquí quejoso, por lo cual, de ser llamado al presente juicio de garantías el demandado en el juicio natural quedará enterado antes de ser requerido de pago, embargado y emplazado, de que el quejoso ejerció la acción cambiaria directa en su contra, con lo cual se desvirtúa la naturaleza jurídica de las reglas especiales que regulan el juicio ejecutivo mercantil, a las que se ha hecho referencia en párrafos anteriores y, además, surge la posibilidad de que el deudor trate de sustraer o dilapidar sus bienes para evitar que en todo caso, sean embargados conforme a las disposiciones que rigen el procedimiento de los juicios ejecutivos mercantiles.

"En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia que se analiza de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’, por tanto, con fundamento en el artículo 169 de la Ley de Amparo, requiérase a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 y 167 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 30 de la citada legislación, efectúe las gestiones necesarias a efecto de que se emplace al tercero perjudicado **********, e informe y acredite la realización de las actuaciones tendentes a ese fin, dentro del término de tres días y continúe en su caso hasta lograr el emplazamiento o informe la conducta asumida por el quejoso al respecto.

"Apercíbase a la Sala responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 164 y 169, último párrafo, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

"No pasa inadvertido lo expuesto por la Sala responsable y el peticionario de garantías en el sentido de que al no estar emplazada la parte demandada en el juicio natural, no existe tercero perjudicado; sin embargo, la calidad de tercero perjudicado se verifica dado que el demandado en el juicio de origen es contraparte del aquí quejoso en un juicio distinto al orden penal, de lo que se sigue que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, por lo que en términos del inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede **********, sí tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente asunto.

"Además, aunque se atienda a lo manifestado por el impetrante del amparo en el sentido de que el juicio natural es un ejecutivo mercantil, y que deberá manejarse con sigilo el juicio de garantías en que se actúa, hasta que sea emplazado al juicio de origen el demandado; lo cierto es que, en la especie, se verifica la hipótesis a que se refiere la jurisprudencia de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’, la que este colegiado está obligado a aplicar en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, ordenamiento

legal, que rige la tramitación del presente juicio de garantías conforme a su numeral 2o. "Por otro lado, y conforme a las consideraciones que anteceden, y en aras de preservar la certeza y seguridad jurídica, tanto de los gobernados como de los órganos encargados de administrar justicia, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, hágase la solicitud de modificación de la jurisprudencia 78/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/2003-PL, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de dos mil tres, página 578, cuyo rubro es: (resulta innecesaria su transcripción)".

TERCERO. La solicitud de modificación de jurisprudencia es procedente.

El artículo 197 de la Ley de Amparo en lo que interesa dispone:

"Artículo 197. ...

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

De la disposición legal transcrita se desprende que los requisitos para que proceda la solicitud de modificación de jurisprudencia son los siguientes: a) que se formule por alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por algún Tribunal Colegiado de Circuito o por alguno de los integrantes de dichos órganos jurisdiccionales; b) que sea con motivo de un caso concreto en el que se haya aplicado la jurisprudencia cuya modificación se pretende; y, c) que se expresen las razones que justifiquen la modificación.

En el caso, la solicitud la formuló el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con motivo de la resolución que emitió el veintiséis de febrero de dos mil nueve en el juicio de amparo directo 89/2009 (que se transcribió en el considerando precedente), en la que se determinó que con base en la jurisprudencia de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." cuya modificación se solicita, lo procedente era devolver el expediente a la autoridad responsable a efecto de que llevara a cabo los trámites necesarios para que el demandado no emplazado en el juicio ejecutivo mercantil del que derivó el referido juicio de amparo, compareciera a éste en su carácter de tercero perjudicado. Además, en la resolución de que se trata se expusieron las razones por las que el Pleno de dicho órgano jurisdiccional consideró que la mencionada jurisprudencia debe modificarse.

De lo expuesto en el párrafo anterior se aprecia que la solicitud de modificación de la jurisprudencia 2a./J. 78/2003 es procedente toda vez que se formuló por parte legitimada (el Pleno de un Tribunal Colegiado), con base en un caso concreto en el que aquélla se aplicó y se expusieron las razones que, en concepto de dicho tribunal, justifican el cambio de criterio.

CUARTO. Procede modificar la jurisprudencia número 2a./J. 78/2003, visible en la página 578 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de un juicio distinto del orden penal, de lo cual se entiende que se refiere a juicios del orden civil, administrativo o del trabajo, así como a quienes hayan ocupado una posición contraria a la del promovente del amparo, sea actor o demandado, siempre que éste haya sido emplazado al juicio respectivo. Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente sea el actor en el juicio natural, únicamente tenga derecho a intervenir como tercero perjudicado el demandado que haya sido emplazado, pues la finalidad de la norma al prever en los diferentes incisos de su fracción III los sujetos que pueden ser terceros perjudicados en el juicio de garantías, fue poner de manifiesto quiénes tienen derecho a intervenir con ese carácter y no limitar esos supuestos a los sujetos procesales que pueden participar en el juicio de amparo como tales, lo que se corrobora con lo dispuesto en el inciso c) de esa fracción, que reconoce ese derecho a cualquier persona que tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado; y si bien esa disposición está dirigida esencialmente a la materia administrativa, revela claramente la intención del creador de la norma de no dejar fuera del concepto de terceros perjudicados a los demandados no emplazados, ya que tienen interés en la subsistencia del acto reclamado."

La jurisprudencia transcrita determina que el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo (conforme al cual es tercero perjudicado la "contraparte del agraviado" cuando el acto reclamado emana de un juicio civil, laboral o administrativo) debe interpretarse en forma amplia a efecto de que se tenga como tercero perjudicado al demandado no emplazado en el juicio natural del que emana el acto reclamado, toda vez que la finalidad de dicho precepto es que se reconozca tal carácter a cualquier persona que tenga interés directo en la subsistencia de aquél.

Ahora bien, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que la jurisprudencia de que se trata debe modificarse con motivo de que su aplicación presenta serios inconvenientes en los juicios ejecutivos mercantiles, toda vez que altera "la secrecía que forma parte de la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil". Para demostrar este aserto el referido órgano jurisdiccional expuso el asunto en el que aplicó la jurisprudencia cuya modificación solicita y que consistió en un juicio de amparo directo que se promovió en contra de la resolución dictada en un recurso de apelación que confirmó el proveído por el cual el Juez de primera instancia desechó una demanda de juicio ejecutivo mercantil. En este caso, dado el desechamiento de la demanda, el Juez natural no emplazó al demandado y, en consecuencia, éste no intervino en el recurso de apelación. Al promover juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estimó que no debía llamar al juicio de garantías al demandado en la controversia de origen, toda vez que éste no había tenido intervención alguna en el juicio ejecutivo mercantil, pues la demanda correspondiente fue desechada. No obstante, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito devolvió el expediente a dicha Sala Civil para el efecto de que emplazara al demandado con el objeto de que compareciera al juicio de amparo, pues la jurisprudencia cuya modificación se solicita así lo determina. Según el referido tribunal federal el hecho de que al demandado no emplazado en el juicio ejecutivo mercantil se le llame al juicio de amparo, tiene como consecuencia que previamente a que se le requiera de pago y, en su caso, se trabe embargo sobre bienes de su propiedad con la finalidad de garantizar el monto reclamado, quede enterado de la promoción de un juicio ejecutivo mercantil en su contra, lo que le da oportunidad de ocultar o dilapidar sus bienes para evitar el embargo y, eventualmente, el pago de lo reclamado.

Como se ve, las razones por las que el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que debe modificarse la citada jurisprudencia de esta Segunda Sala, derivan de que en el caso concreto del que conoció se podrían afectar gravemente los intereses del actor en el juicio ejecutivo mercantil, pues se desvirtuaría el procedimiento establecido para éste que está dirigido a lograr la satisfacción del monto que se reclama con base en un título que trae aparejada ejecución.

Sobre el particular, debe decirse que aun cuando la solicitud de modificación de jurisprudencia se planteó por las características propias de los juicios ejecutivos mercantiles, lo cierto es que ello no impide que este Alto Tribunal pueda válidamente revisar el criterio relativo, toda vez que los inconvenientes jurídicos que genera su aplicación en una materia determinada pueden ser denotativos de que aquél es incorrecto. Así, esta Segunda Sala, con fundamento en el citado artículo 197 de la Ley de Amparo, puede llegar a cambiar el criterio relativo con la única condición de que no aborde cuestiones ajenas a las que se analizaron en el caso de la jurisprudencia cuya modificación se pide y que supongan adiciones al criterio original, pues de lo contrario se integraría jurisprudencia en una forma no prevista en la Ley de Amparo. Al respecto, conviene citar la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del Tomo XIX, correspondiente al mes de junio de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanari

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21776-a35a7048/tercero-perjudicado-en-el-amparo-promovido-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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