EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 16/2010. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de junio de dos mil diez.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Figueroa Cacho, Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, solicitó a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, la modificación o aclaración de la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."
El escrito de referencia es del tenor siguiente:
"Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Oficio 95/2010
"Con base en lo prescrito en el artículo 197, último párrafo de la Ley de Amparo, luego de las reflexiones surgidas al resolver el amparo directo ********** del índice de este Colegiado, el suscrito Magistrado consideró pertinente pedir se modifique o aclare la jurisprudencia de epígrafe: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 211), por las razones que a continuación expreso.
"El juicio del que derivó el proceso constitucional mencionado es una tercería excluyente de dominio promovida con la finalidad de que se levantara el embargo recaído sobre un automóvil propiedad de la tercerista (dentro del diverso juicio ejecutivo mercantil), quien obviamente señaló domicilio para recibir notificaciones y compareció durante toda la sustanciación de la tercería.
"Mediante sentencia del órgano de alzada, que confirmó la de primer grado que la declaró procedente, se ordenó dejar insubsistente dicho secuestro.
"En desacuerdo el reo con esa decisión (el actor en el segundo de los procesos indicados), promovió el juicio de amparo referido, en el que luego de agotar la búsqueda de la promovente de la tercería, a quien le reviste el carácter de tercera perjudicada, fue apercibido en los términos del criterio invocado a efecto de que se emplazara por edictos a esta última.
"Ante el incumplimiento del quejoso, finalmente se decretó el sobreseimiento respectivo.
"Ahora bien, el motivo de esta solicitud tiene sustento en que en la práctica he visto un sinnúmero de asuntos similares al descrito, donde se hace nugatorio el acceso a la Justicia Federal cuando no es posible llamar en el amparo a los terceros perjudicados, no obstante ser partes en el proceso primigenio y haber señalado domicilio para recibir notificaciones, compareciendo hasta su culminación, mas al intentarse el amparo no se les localiza, tornando necesario el emplazamiento a través de edictos. Luego, como el costo de éstos en muchos de los casos es superior al valor del negocio, los justiciables se enfrentan a la paradoja de que tienen una vía para remediar las transgresiones que la autoridad hubiera cometido en su perjuicio, pero que en la realidad no la pueden emplear por ser, a la postre, más gravosa que aquello que suscitó la demanda.
"A lo que debe añadirse lo que acontecerá a futuro, puesto que retomando el expediente a que vengo haciendo referencia, la tercerista en cualquier momento podrá acudir a pedir ejecución de la resolución que le fue favorable y el impetrante no tendrá otra opción que acatarla porque en el juicio de garantías, que era la última oportunidad que tenía para que, en su caso, se rectificara la actuación de la responsable, se sobreseyó.
"Lo sucedido me hace pensar que todo aquel que triunfe en segunda instancia, se ocultará deliberadamente a fin de que no se le pueda emplazar como tercero perjudicado en el amparo promovido por su contraria, con el propósito de que se sobresea por la no publicación de los edictos y después ‘aparecerá’ para tramitar la ejecución del fallo reclamado en el juicio de garantías por lo que fue favorable.
"En ese contexto, estimo, salvo mejor opinión de la superioridad, que la jurisprudencia invocada podría ser modificada o aclarada ya que si bien es verdad que su integración obedeció a la necesidad de que no se quedara al arbitrio del peticionario la válida constitución de la relación jurídica-procesal y se evitara retardar la solución del conflicto, en contravención a la garantía consignada en el numeral 17 constitucional, no deja de ser menos cierto que de acuerdo a lo relatado, no siempre depende del quejoso la observancia de esos extremos.
"Anexo copia certificada de la ejecutoria dictada por este Colegiado, así como el disquete que contiene la información correspondiente, para los efectos a que haya lugar."
Los argumentos expuestos por el Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito para solicitar la modificación de la jurisprudencia citada, se encuentran en el considerando único de la sentencia de amparo directo **********, dictada el veinte de mayo de dos mil diez, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo acorde con lo previsto en la fracción III del artículo 74, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, lo anterior con base en las consideraciones, que en lo que interesa, señalan:
"Como se adelantó **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como del Juez Noveno de lo Mercantil de esta ciudad, en el que señaló como tercera perjudicada a la tercerista **********, quien fue notificada a partir de la sentencia emitida en el procedimiento de origen, mediante cédula fijada en los estrados del propio órgano jurisdiccional, debido a que el notificador encontró deshabitada la casa que aquélla señaló para recibir notificaciones (fojas 74 a 76 del expediente **********).
"De las constancias enviadas por la Sala responsable se advierte que el peticionario de garantías indicó como domicilio para emplazar a la tercera perjudicada, la finca **********, por lo que en proveído de quince de junio de dos mil nueve, el susodicho tribunal ordenó al actuario judicial adscrito el emplazamiento correspondiente; en acta de uno de julio siguiente, el funcionario aludido asentó las razones que le impidieron efectuar ese llamamiento a juicio (foja 4 del legajo de constancias certificadas del toca de apelación **********).
"En auto de quince de julio posterior, el tribunal ad quem requirió al quejoso a efecto de que precisara el domicilio actual y correcto de la referida **********, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procedería conforme lo dispone el numeral 167 de la Ley de Amparo; luego de señalar diversos lugares y dado que no se logró el emplazamiento mencionado, por acuerdo de veinte de octubre del mismo año, se hizo efectivo el antedicho apercibimiento girándose oficios a distintas autoridades de esta entidad a fin de que informaran si en sus archivos contaban con un domicilio registrado a nombre de ********** (fojas 10 a 21 ibídem).
"En proveído de nueve de noviembre del año pasado, se tuvo al jefe del departamento divisional jurídico de la Comisión Federal de Electricidad proporcionando como domicilio de **********, la casa **********, por lo que dispuso el llamamiento a juicio en tal inmueble; en actas de dieciséis, veinticuatro y veintiocho del propio noviembre, el notificador adscrito al tribunal responsable expuso los motivos que le impidieron emplazar a la citada tercera perjudicada (fojas 25, 27, 28 y 29, respectivamente, ibídem).
"En acuerdo de ocho de diciembre del año referido, con base en la información aportada por la administradora local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara, como por el coordinador de Información, Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Finanzas, en el sentido de que ********** podría localizarse en la **********, se ordenó al diligenciario indicado constituirse en ese inmueble para el fin multirreferido (fojas 42 y 43 ibídem).
"En auto de veintidós de enero de dos mil diez, una vez que el funcionario judicial manifestó por qué no logró emplazar a la aludida tercera perjudicada y, agotada la investigación, sin que ninguna de las restantes autoridades requeridas proporcionara dirección diversa a las visitadas, se requirió al quejoso en los términos siguientes:
"‘... se ordena requerir al quejoso **********, codemandado y apelante; a efecto de emplazar a la tercera perjudicada en mención, por medio de edictos a costa del quejoso, mismos que se publicarán por 3 tres veces de 7 siete en 7 siete días en el Diario Oficial de la Federación, así como en el diario de mayor circulación en la República y en los estrados de esta Séptima Sala, para que en el término de 30 treinta días comparezca a defender sus derechos ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que conozca de la demanda de amparo, por lo que se previene al quejoso, para que en un término de 3 tres días contados a partir de la notificación del presente proveído comparezca a esta Sala a realizar las gestiones correspondientes, es decir, recibir el oficio para la publicación de los edictos, para el Diario Oficial de la Federación con domicilio conocido, así como, el oficio para el diario de mayor circulación en la República, hecho lo anterior, presentarlos ante los diarios y devolver los acuses correspondientes para el emplazamiento ordenado; apercibido que de no hacerlo en dicho término, se remitirá la demanda de amparo con el informe correspondiente sobre el incumplimiento del quejoso, previa certificación respectiva por esta H. Sala al Tribunal Colegiado en turno que le corresponda conocer de la demanda de amparo, mismo que desechará su demanda de garantías, con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por el artículo 30, fracción I, y 5o., párrafo III, del ordenamiento legal en cita, así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...’
"Luego, en escrito presentado el ocho de febrero de este año, el peticionario de garantías realizó diversas manifestaciones en relación con el requerimiento en comento, solicitando que el diligenciario respectivo insistiera con la búsqueda de la tercera perjudicada en los inmuebles **********, aduciendo que correspondían a la fuente de trabajo de la citada **********, ocurso que se proveyó en la forma siguiente: (lo transcribió).
"En acta de cinco de marzo posterior, el notificador hizo constar los motivos por los que no fue posible llamar a juicio a la tercera perjudicada (foja 55 ibídem).
"En auto de doce del mes indicado, el tribunal de alzada emitió la determinación que se transcribe a continuación:
"‘... En consecuencia de lo anterior, se reitera al quejoso **********, la prevención emitida en el acuerdo de fecha 22 veintidós de enero del presente año; esto es, que en el término de 3 tres días contados a partir de la notificación del presente proveído comparezca a esta Sala a realizar las gestiones correspondientes, es decir, recibir el oficio para la publicación de edictos para el Diario Oficial de la Federación, con domicilio conocido; así como el oficio para el diario de mayor circulación en la República, hecho lo anterior, presentarlos ante los diarios y devolver los acuses correspondientes para el emplazamiento ordenado ...’
"La antedicha resolución fue notificada al amparista por lista de acuerdos el diecinueve de marzo indicado (foja 58 ibídem).
"El treinta y uno de ese mes, se dictó el auto siguiente:
"‘No cumplió requerimiento, remítase demanda de garantías.
"‘Guadalajara, Jalisco a 31 treinta y uno de marzo de 2010 dos mil diez.
"‘Analizadas que fueron las presentes actuaciones y toda vez que de las mismas se desprende que el quejoso **********, fue omiso en dar cumplimiento al requerimiento formulado por auto de fecha 12 doce de marzo del año en curso, en el sentido de emplazar a la tercera perjudicada **********, por medio de edictos, en consecuencia, se ordena hacer efectivo el apercibimiento formulado mediante auto de fecha 12 doce de marzo del presente año ...’
"Como se precisó en el resultando segundo de esta ejecutoria, el doce de abril del año en curso, la presidencia de este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda señalada y previno al impetrante para que dentro del término de cinco días demostrara las gestiones tendientes a la publicación de los edictos -con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado se sobreseería en el juicio-, resolución que le fue notificada personalmente el trece de abril último (foja 1 del amparo); sin que de autos se desprenda que haya realizado los trámites apuntados, ni presentado promoción alguna en la que hubiere expresado su imposibilidad de hacerlo, según consta en la certificación asentada el veintiséis del propio abril por el secretario de acuerdos de este tribunal, misma que obra a foja 24 del presente sumario constitucional, que dice:
"‘El suscrito secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Rafael Covarrubias Dueñas, certifico y hago constar: que de la revisión que se hizo del libro de promociones que se lleva en este tribunal, se advirtió que a partir del doce de abril de dos mil diez, hasta el día de hoy, veintiséis de abril del mismo año, no se ha recibido escrito alguno de ********** dirigido a este expediente, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.’
"En virtud de lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en base a la jurisprudencia 17, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25 del Tomo VI de la actualización dos mil dos del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que prescribe:
"‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (la transcribió)."
SEGUNDO. El veintisiete de mayo siguiente, el subsecretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal, mediante oficio número SSGA-XI-20927/2010, remitió el asunto a la Segunda Sala, por considerarla de su competencia.
TERCERO. Por acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil diez, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2010; declaró su legal competencia, dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación social conviniese y a la directora general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de este Alto Tribunal, para su conocimiento, y turnó el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por derivar de una contradicción de tesis resuelta por esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen dicha facultad.
El precepto legal de mérito, en la parte conducente, establece:
"Artículo 197.
"...
"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, y el procurador general de la República, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De este precepto se advierte, en principio, que el único procedimiento por el que se puede obtener la modificación de una jurisprudencia, se actualiza cuando esa petición se realiza con motivo de un caso concreto y se expresan las razones que justifican la modificación. De igual forma, puede apreciarse que se encuentran legitimados para formularla: a) las Salas de la Suprema Corte; b) los Ministros que las integren; c) los Tribunales Colegiados de Circuito; y, d) los Magistrados que los conformen; de esta manera, al solicitarse por un Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, es de concluirse que éste cuenta con la legitimación para ello.
TERCERO. La jurisprudencia cuya modificación se solicita es la 2a./J. 64/2002, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." (No. Registro: 186587. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, tesis 2a. /J. 64/2002, página 211).
Ahora bien, resulta conveniente recordar los elementos esenciales analizados en la contradicción de tesis 16/2000-PL que motivaron ese criterio, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, la cual fue resuelta el veinticuatro de mayo de dos mil dos, y en cuyas consideraciones se determinó:
"Pues bien, resulta que en la denuncia que se examina se surten en su integridad los requisitos a), b) y c) de la transcrita tesis jurisprudencial, mismos que son fundamentales para la existencia de la contradicción entre los Tribunales Colegiados que se mencionan.
"Se afirma lo anterior, en atención a que mientras el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consideran básicamente que la circunstancia de que la parte quejosa en el juicio de garantías omita exhibir la publicación de los edictos ordenados para emplazar al tercero perjudicado no da motivo a sobreseer en el juicio, pues los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo no establecen dicha causa como motivo de improcedencia; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que tal conducta omisiva del quejoso demuestra falta de interés jurídico, no en el juicio, sino en el procedimiento, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia establecida por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la V del mismo y el 157, ambos de la Ley de Amparo.
"Es decir, los tres primeros Tribunales Colegiados, estiman que no puede decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional ante la falta de exhibición de la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero perjudicado, y en cambio, el restante órgano colegiado considera que sí debe decretarse el sobreseimiento.
"Lo que antecede pone de manifiesto que los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, como lo es la antes señalada, adoptando criterios discrepantes, lo cual se presentó en las consideraciones de sus sentencias, mismas que quedaron resumidas en este considerando, además de que analizaron los mismos elementos, como lo es la omisión atribuida a la parte quejosa de exhibir la publicación de edictos hecha para emplazar a juicio al tercero perjudicado, cumpliéndose con ello cabalmente los requisitos establecidos en la tesis jurisprudencial antes transcrita para la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
"En tales circunstancias, se procede a determinar cuál criterio debe prevalecer o, en su caso, si uno diferente debe hacerlo.
"QUINTO. Debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala, diverso al de los Tribunales Colegiados contendientes:
"Esto es así, en atención a las siguientes consideraciones:
"El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 30.’ (lo transcribió).
"Del precepto transcrito queda patente que:
"a) El emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal.
"b) Cuando no conste en autos el domicilio del tercero perjudicado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así y dará cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto.
"c) Los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de garantías deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio del tercero perjudicado.
"d) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso.
"De lo anteriormente transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros perjudicados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél.
"Una vez precisado lo anterior, procede analizar la cuestión medular del criterio jurisprudencial que debe prevalecer respecto al tema en estudio, el cual básicamente consiste en determinar si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede o no decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías.
"A fin de determinar lo anterior, se debe tomar en consideración que los artículos 5o., fracción III y 73 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 5o.’ (lo transcribió).
"‘Artículo 73.’ (lo transcribió).
"De estos preceptos legales se advierte claramente que, por cuanto hace al precepto 73, en sus primeras XVII fracciones, no se prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el hecho de que el quejoso, una vez requerido para tal efecto, no exhiba ante el juzgador de amparo la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero o terceros perjudicados; sin embargo, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero perjudicado, impide cumplir con un presupuesto procesal, que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia.
"En efecto, la fracción II del artículo 30 de la multicitada Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue aquel y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado, en esta hipótesis, una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero perjudicado, ya sea porque el quejoso lo ignora o bien porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de garantías, se insiste, dictará las medidas pertinentes para investigarlo y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso.
"Es decir, el emplazamiento del tercero perjudicado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional.
"Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero perjudicado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento, tal y como lo ha sostenido la doctrina (Hernando Devis Echandía) o como un presupuesto de validez del proceso (Eduardo J. Couture).
"En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero perjudicado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución.
"Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento del tercero perjudicado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del quejoso, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contrav
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22378-c4ab4def/emplazamiento-al-tercero-perjudicado-por-edictos-el-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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