AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA SENTENCIA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 3/2010. TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de noviembre de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio sin número, recibido el cuatro de marzo de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito formularon solicitud para que se realice la modificación de la jurisprudencia 1a./J. 181/2005, sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.", derivada de la contradicción de tesis 110/2005-PS.
La petición de mérito, a la letra, dice lo siguiente:
"II.2 Razones para modificar.
"Enseguida se exponen las razones que justifican la pretensión de modificación de jurisprudencia.
"Es preciso recordar, en principio, que el criterio jurisprudencial de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el amparo directo es improcedente contra la sentencia penal definitiva, bajo el razonamiento de que si el quejoso se acoge a los beneficios de la condena condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de la libertad, ya sea que haya concedido de oficio, o que así los haya solicitado, ello se traduce en el consentimiento expreso de la sentencia reclamada. En consecuencia, se sostuvo que evita que el quejoso acuda al juicio de garantías desconociendo los efectos derivados de la aceptación que exteriorizó libre y espontáneamente con arreglo a la sentencia reclamada.
"Al respecto, debe considerarse que la decisión del condenado de acogerse a los beneficios de una pena sustitutiva de modo alguno se traduce necesariamente en consentir el acto reclamado, puesto que si se tiene en cuenta que la libertad es el bien más preciado con que cuenta un individuo, es evidente que si el sentenciado se acoge a un beneficio, es claro que ello lo realiza con el fin de lograr que la privación de su libertad cese de manera inmediata, en caso de no haberle sido otorgada durante el juicio el beneficio de la libertad caucional, y, en caso de que sí se le hubiera otorgado, de evitar la reaprehensión.
"Los integrantes de este Tribunal Colegiado estimamos, que lo que establece la jurisprudencia se traduce en imponer como condición que debe satisfacer el condenado para que resulte procedente el amparo que promueva en contra de la sentencia que establece una pena alterna, es que permanezca en prisión, soslayando el principio de libertad personal.
"Lo anterior, se hace evidente en la realidad, pues de las constancias que integran el juicio de amparo directo penal 63/2009, promovido por ********** contra la sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, se advierte que al resolver el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado, en lo que aquí interesa, después de modificarse la pena privativa de libertad, se le concedió el sustitutivo de la pena de prisión; al recibir la ejecutoria del tribunal de alzada, el Juez de la causa requirió a ********** para que cumpliera con las penas que le fueron impuestas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión; en vista de lo anterior, se acogió al sustitutivo de la pena corporal con el fin de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria.
"Sin embargo, al no cumplir con las obligaciones contraídas por el beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad, que le fue impuesta por el Juez ejecutor de Chalco, el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, ordenó su reaprehensión, al no tener por cumplida la sentencia, lo que hace manifiesto que dicha sentencia definitiva continúa rigiendo la situación de aquél, por lo que este tribunal disiente respetuosamente del criterio en comento, pues el hecho de acogerse a los beneficios de ninguna manera debe considerarse un acto consentido respecto a la sentencia condenatoria.
"Por otra parte, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 102/2003-PS, donde surgió la jurisprudencia 1a./J. 15/2004, que dice:
"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCIÓN PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBIÉN FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.’ (se transcribe).
"Las consideraciones medulares de la sentencia que originó la emisión de la jurisprudencia transcrita, son las que a continuación se transcriben: (se transcribe).
"Como se ve, en dicha jurisprudencia ya quedó establecido que no existe impedimento legal alguno para que el sentenciado pueda impugnar en el juicio de amparo directo, únicamente, lo correspondiente a la pena de prisión a que fue condenado, independientemente de que el cumplimiento de esa sanción privativa de la libertad le haya sido sustituida por cualquier medida o condena, de conformidad con lo dispuesto por la ley penal que resulte aplicable.
"Por lo tanto, considerar que el hecho de aceptar el beneficio de la pena sustituta implique que el inculpado aceptó los razonamientos condenatorios de la sentencia reclamada; y por tanto, que el juicio de garantías que se promueva en su contra resulte improcedente, es dejarlo inaudito sin posibilidad alguna de combatir el acto que estima le agravia.
"Además no debe perderse de vista que los actos consentidos son aquellos contra los cuales que no se impugnan mediante el recurso idóneo, lo que en la especie, no puede así estimarse, puesto que el sentenciado promovió en vía de impugnación el juicio de amparo directo contra la sentencia que estima lo agravia, de ahí se sigue que no puede estimarse consentida tal determinación, pues el hecho de acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustitutiva o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, de modo alguno implica un sometimiento general a los términos, consideraciones y demás puntos resolutivos de que consta la sentencia condenatoria dictada en su contra, siendo el juicio de amparo, como protector de las garantías individuales el medio idóneo para examinar si se infringieron en su perjuicio.
"En la referida jurisprudencia que se solicita se modifique, implícitamente se está equiparando el hecho de acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de la libertad, a un desistimiento de la demanda de garantías, regido por el principio de instancia de parte agravada que tutela la fracción I del artículo 107 constitucional en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, donde resulta jurídicamente legal, de acuerdo con tal principio, que el gobernado desista en su perjuicio del juicio de amparo, pues en tal caso, el desistimiento del titular de la acción de amparo, implica una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado que evidentemente hace improcedente el juicio de garantías; lo que ilustra la diferencia entre acogerse a un beneficio y ‘consentir’ el acto reclamado en su integridad.
"De tal manera que sólo podría entenderse un consentimiento de los actos reclamados, cuando existe un desistimiento inequívoco del quejoso respecto a la demanda de amparo, en la inteligencia que ello, tratándose de la materia penal, únicamente deberá ser expreso, dado que pueden promover el juicio en cualquier tiempo, y hasta que éste no se inste, no operará un consentimiento tácito del acto reclamado.
"Es así, que el Pleno de la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que para que exista un consentimiento del acto reclamado, debe considerarse el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y por esa razón, se encuentra también en condiciones de desistir de él, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia; ello, debido a que el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, se traduce en el sobreseimiento del juicio, lo que deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado.
"Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 3/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS.’ (se transcribe).
"Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.’ (se transcribe).
"Como se ve, los argumentos están encaminados a demostrar que el sentido de la jurisprudencia de la cual se solicita su modificación, por el solo hecho de acogerse a un beneficio concedido en el proceso penal se le da el alcance de un desistimiento expreso de la demanda de amparo, al considerar que de esa forma, se está conforme con el acto reclamado, soslayando que para consentir un acto que se estima conculcatorio de garantías, conforme al principio de instancia de parte agraviada, debe existir una manifestación expresa, indudable e incluso ratificada ante la presencia judicial, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, toda vez que el renunciar al juicio, provoca su sobreseimiento y en consecuencia se deja a la autoridad responsable en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Todo lo anterior, evidentemente en el supuesto de que habiéndose promovido el juicio de garantías, de las constancias de autos se advierta que el quejoso se acogió a los beneficios penales.
"Pero los argumentos resultan igualmente sustentables en la hipótesis de que antes de promover el juicio el sentenciado acepte dichos sustitutivos, porque de igual forma, al rendir el informe justificado la autoridad responsable manifestará, ante la autoridad de amparo, si existe una causal de improcedencia, lo que inexorablemente dará lugar al sobreseimiento del juicio, sin antes verificar la constitucionalidad del acto reclamado, al estimar que se consintió el acto reclamado desde antes de la presentación de la demanda.
"Por lo anterior, consideramos que no puede equipararse a un desistimiento de la demanda de amparo, el hecho de acogerse a uno de los beneficios que la propia ley de la materia penal le otorga, y estimar que ambos conducen a consentir expresamente el acto reclamado, soslayando el principio de instancia de parte agraviada y la seguridad que debe prevalecer en relación con la conformidad del peticionario de garantías con el acto reclamado.
"Por otra parte, debe observarse que al condenar a una persona se aplican penas desde el punto de vista de su libertad y de su patrimonio, y no obstante que la sentencia combatida se materializa en un solo acto, aquellas afectaciones diversas e independientes entre sí, lo legitiman para que acuda en protección de la Justicia de la Unión, más aún cuando una de ellas, relativa a la libertad personal es de la mayor importancia y trascendencia en nuestro sistema jurídico penal mexicano, por ello se justifica el derecho de todo procesado, de agotar todos y cada uno de los recursos y medios de impugnación que le otorga la ley, pues en tratándose de procesos de carácter penal, la interpretación y aplicación de la ley se debe estar a lo más favorable al reo.
"Finalmente vale la pena señalar que actualmente la Primera Sala se integra de forma diversa a aquella que estableció el criterio que aquí se solicita su modificación, lo que representa una nueva oportunidad para reflexionar sobre el tema en cuestión.(1)
"Por lo aquí expuesto, los integrantes de este cuerpo colegiado, consideramos que la decisión del condenado de acogerse a los beneficios de una pena sustituta de modo alguno se traduce necesariamente en consentir el acto reclamado, ello, en virtud de que si el sentenciado se acoge a un beneficio, lo realiza con el fin de lograr que la privación de su libertad cese de manera inmediata, en caso de no haberle sido otorgada durante el juicio el beneficio de la libertad caucional, y, en caso de que sí se le hubiera otorgado, de evitar la reaprehensión.
"Por el contrario, la jurisprudencia de la que ahora formulamos solicitud de modificación impone como condición que debe satisfacer el condenado para que resulte procedente el amparo contra la sentencia definitiva, es que permanezca en prisión, soslayando el principio de libertad personal.
"Toda vez que considerar que aceptar el beneficio de la pena sustituta implique que el inculpado aceptó los razonamientos de la sentencia reclamada; consecuentemente que el juicio de garantías resulte improcedente, es dejarlo inaudito sin posibilidad alguna de combatir dicha determinación.
"Cuanto más que se hizo notar que existe diversa jurisprudencia que establece que no hay impedimento para que el sentenciado pueda impugnar en el juicio de amparo directo, la pena de prisión a que fue condenado, al margen que el cumplimiento de esa sanción privativa de la libertad le haya sido sustituida por cualquier medida o condena."
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado dictó sentencia en el juicio de amparo directo 63/2009, del que deriva la presente solicitud, la cual en el punto resolutivo establece lo siguiente:
"ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por el quejoso ********** contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria."
El considerando quinto de la citada resolución es textualmente el que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Estudio del asunto.
"Ahora bien como se mencionó al principio del considerando que antecede, del análisis de las constancias, que integran el expediente generador del acto reclamado, advierte la existencia de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la ley en cita.
"Para estar en oportunidad de exponer las consideraciones por las que se llega a tal conclusión, es necesario precisar lo siguiente:
"a) El veinticinco de marzo de dos mil nueve, la Primera Sala Unitaria Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca penal 61/2009, formado con motivo del recurso de apelación, interpuesto por el defensor de oficio del impetrante de garantías, así como la representación social, modificó la sentencia condenatoria emitida por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, emitida el diez de diciembre de dos mil ocho, contra ********** por los delitos de: a) Lesiones con modificativa agravante (cuando se produzcan con alguna de las armas consideradas como prohibidas y dejen al ofendido cicatriz notable y permanente en la cara) en agravio de ********** previsto y sancionado en los artículos 236, 237, fracción II, 238, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de México; y b) Lesiones con modificativa agravante (cuando se produzcan con alguna de las armas consideradas como prohibidas) en agravio de ********** previsto y sancionado en los artículos 236, 237, fracción II, 238, fracción I, del código sustantivo de la entidad; resolución de segunda instancia en la que se le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años, diez meses, quince días, a la que se debía descontar el tiempo que estuvo interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco; así como la multa de ********** sanción pecuniaria que podía ser sustituida por doscientas treinta y nueve jornadas de trabajo a favor de la comunidad, una vez probada debidamente la insolvencia del acusado; asimismo, se concedió al sentenciado sustitución de la pena de prisión impuesta por tratamiento en libertad, duración que no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida (fojas 15 a 32 toca penal).
"b) Mediante auto de quince de abril de dos mil nueve, el Juez de la causa, tuvo por recibido el testimonio de la resolución recaída al recurso de apelación, que se alude y en ejecución de la sentencia, requirió al justiciable, hoy amparista, para que cumpliera con las penas que les fueron impuestas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión (folios 226 y 227 causa penal).
"c) El impetrante de amparo, mediante escrito presentado ante el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, el trece de mayo de dos mil nueve, manifestó su deseo de acogerse al sustitutivo de la pena corporal y dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, para lo cual exhibió la cantidad de ********** por concepto de multa, además solicitó que la cantidad que exhibió para gozar de su libertad provisional ********** la aplicara para tal efecto (folio 232 causa penal).
"d) El trece de mayo de dos mil nueve, el Juez de la causa tuvo al peticionario de garantías, dando cumplimiento de forma parcial a la sentencia definitiva dictada en su contra, toda vez que esa autoridad remitió la causa penal al Juez ejecutor de penas de Chalco, Estado de México, para que en su oportunidad acordarlo (sic) que en derecho correspondiera respecto al tratamiento de libertad concedido (fojas 234 y 235 causa penal).
"Como se observa de las constancias reseñadas, el amparista se acogió al sustitutivo de la pena corporal, lo que implica su consentimiento con la sentencia reclamada, ya que manifiesta su aceptación y sometimiento a ésta y de acuerdo a lo antes apuntado, es evidente que esa manifestación de la voluntad del impetrante, conlleva a la conformidad con la totalidad del fallo, incluida la sanción, pues la conmutación de la pena, tiene como finalidad la suspensión de la ejecución de las sanciones; por tal motivo, al consentir la sentencia reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.
"Lo anterior es así al ser aplicable en obligatoriedad la jurisprudencia 1a./J. 181/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII, enero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, publicada en la página setenta y tres, del rubro y texto siguiente:
"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.’ (se transcribe).
"Por lo que si bien conforme a distintas disposiciones legales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, subyacen e imperan principios atinentes a la autonomía e independencia que deben preservar los juzgadores para la solución de los asuntos de su conocimiento, lo cierto es que cuando se trata de la aplicación de jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, las mismas son de aplicación obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgadores de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales.
"Por tanto, en términos de lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia citada en párrafos anteriores, es de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado y, por ello, es correcto que se funde en el presente caso que nos ocupa en tal norma.
"Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano colegiado, que el quejoso no cumplió con las obligaciones contraídas por el beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad que le fue impuesta por el Juez Ejecutor de Sentencias de Chalco Estado de México (foja 237 causa penal), circunstancia por la que el Juez de la causa, mediante proveído de ocho de julio de dos mil nueve, ordenara su reaprehensión, al no tener por cumplida la sentencia de diez de diciembre de dos mil ocho (foja 241); circunstancias que de ninguna manera afectan a la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues se reitera, la sentencia aludida fue consentida por ********** mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil nueve ante el juzgado natural, en el que solicitó acogerse al sustitutivo de la pena corporal y dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en su contra, resultando intrascendente si a éste le hayan o no revocado su libertad.
"En consecuencia, al advertirse que ********** consintió expresamente el acto reclamado; por tanto, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el presente juicio de amparo con fundamento en el numeral 74, fracción III, de la citada ley.
"Consecuentemente, se hace extensivo el sobreseimiento a los actos de ejecución atribuidos, al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco y al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco Huitzilzingo, como ejecutoras, todas del Estado de México, pues ante la improcedencia del amparo respecto del acto de la ordenadora, el de ejecución debe seguir la misma suerte, máxime que no se reclamó por vicios propios.
"Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia 516, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Común, que al efecto se transcribe:
"‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe).
"Finalmente dado el sentido de la resolución, que decretó el sobreseimiento del juicio, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación, expresados por la parte quejosa, porque al actualizarse un motivo claro de improcedencia, este Tribunal Colegiado se encuentra impedido legalmente, para analizar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues el sobreseimiento impide el estudio del fondo del asunto, atento a lo ya expresado.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la contienen, la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y siete, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:
"‘SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe)."
TERCERO. Por auto de doce de marzo de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala admitió a trámite la solicitud de modificación de la jurisprudencia, ordenó formar el expediente que quedó registrado con el número 3/2010, dar vista al procurador general de la República y turnar los autos a la ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
El agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento número DGC/DCC/407/2010, en el sentido de declarar procedente y fundada la solicitud de modificación de jurisprudencia.
CUARTO. En sesión de veintiséis de mayo de dos mil diez, esta Primera Sala resolvió, por mayoría de tres votos, desechar el proyecto de resolución presentado por el Ministro ponente, y devolver los autos a la presidencia de esta Sala para el efecto de que se returnara el expediente a uno de los Ministros integrantes de la mayoría, a efectos de la elaboración de un nuevo proyecto.
QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal ordenó returnar los autos a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 197, últimos párrafos, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en atención a que se trata de la solicitud de modificación de jurisprudencia emitida por esta Sala en materia penal, que es de su exclusiva competencia.
SEGUNDO. La solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN."(2)
TERCERO. De los artículos 194 y 197 de la ley de la materia(3) se desprende que para modificar la jurisprudencia que el Tribunal Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan establecida, atendiendo a las razones que se expresen para justificar la solicitud de modificación, debe mediar solicitud de parte legítima, que previamente se haya resuelto, con base en ella, el caso concreto que la motiva, y que en la solicitud se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación.
Dichos extremos legales se encuentran colmados en el caso, pues el Tribunal Colegiado solicitante resolvió el juicio de amparo directo número 63/2009, promovido por ********** en el que se aplicó la tesis de jurisprudencia cuya modificación solicita, y en su escrito de solicitud manifestó los razonamientos legales en que apoya su pretensión de modificarla (transcritos en el resultando primero de este fallo), a los que se hará referencia precisa en otro apartado.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis plenaria de una otrora integración de este Alto Tribunal, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA."(4)
CUARTO. La tesis de jurisprudencia cuya modificación se solicita es la número 1a./J. 181/2005, fue emitida por esta Primera Sala al resolver, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco, por mayoría de tres votos, la contradicción de tesis 110/2005-PS, y es del siguiente tenor literal:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, enero de 2006
"Tesis: 1a./J. 181/2005
"Página: 73
"AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. Cuando el quejoso se acoge a los beneficios de la condena condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, ya sea que se hayan concedido de oficio, o que así los haya solicitado, ello se traduce en el consentimiento expreso de la sentencia reclamada, y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo. De esta manera, se evita que el quejoso acuda al juicio de garantías desconociendo los efectos derivados de la aceptación que exteriorizó libre y espontáneamente con arreglo a la sentencia reclamada."
La ejecutoria de la que derivó la referida tesis es del siguiente tenor:
"SÉPTIMO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
"Como una cuestión previa, debe destacarse que la base jurídica que sustenta el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, requiere una precisión por parte de esta Primera Sala.
"Dicho Tribunal Colegiado, al resolver el asunto sometido a su consideración, hizo referencia a la contradicción de tesis 102/2003-PS, resuelta por esta Primera Sala el diecisiete de marzo de dos mil cuatro, de la que emanó la jurisprudencia que quedó registrada con el número 15/2004.
"En la mencionada contradicción de tesis, se precisó el punto de contradicción en el sentido siguiente:
"‘En esas condiciones se concluye que en este asunto se configura la contradicción de tesis denunciada y que la problemática a dilucidar por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se circunscribe a determinar: Si se actualiza o no l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22721-5dc689c7/amparo-directo-en-materia-penal-el-acogerse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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