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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD Y DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SON MEDIOS DE DEFENSA QUE SE EXCLUYAN.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 150/2002. · Registro digital (IUS): 21797
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MANUEL GUZMÁN DE LA TORRE Y OTRO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 20.

INCONFORMIDAD 150/2002. MANUEL GUZMÁN DE LA TORRE Y OTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción V y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una inconformidad en la que no procede aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional.

SEGUNDO. El escrito de inconformidad fue presentado dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución de trece de marzo de dos mil dos, en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, fue notificada personalmente al autorizado de la parte quejosa el quince de ese mes y año, por lo que el término para la interposición de la presente inconformidad, corrió del diecinueve al veintiséis de marzo de dos mil dos, descontándose los días dieciocho (en que surtió efectos la notificación), y veintiuno, veintitrés y veinticuatro de marzo pasados, por ser inhábiles, en tanto que la presentación del escrito correspondiente se hizo el veinte de marzo de dos mil dos, por lo que es claro que su presentación es oportuna.

A lo anterior, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial, cuyos datos de identificación, rubro y contenido son del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: P./J. 77/2000

"Página: 40

"INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación sistemática de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, en relación con el 24 y el 34 del mismo ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco días para interponer la inconformidad en contra de la resolución que tiene por cumplida una sentencia de amparo o inexistente la repetición del acto reclamado, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva pues, por su naturaleza, una notificación sólo puede afectar al notificado cuando ésta surte sus efectos y no antes, de manera tal que los plazos relativos a la impugnación de esa clase de resoluciones, necesariamente tendrán que correr hasta que la notificación haya surtido sus efectos, se diga expresamente o no en el artículo en el que concretamente se prevea el plazo específico, porque al respecto opera la regla general establecida en el artículo 24, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el cómputo de los plazos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. Al respecto debe destacarse que el conflicto de redacción que existe entre los artículos 24, fracción I, por un lado, y los artículos 105 y 108, por otro, de la Ley de Amparo, en el aspecto a que se hace referencia debe resolverse interpretándolos de tal manera que se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones y se ajuste a los preceptos constitucionales que tienden a asegurar el exacto cumplimiento de las sentencias de amparo.

"Contradicción de tesis 30/97. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 77/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil."

TERCERO. En el escrito de inconformidad, se expresó lo siguiente:

"A) No coincido con la apreciación de este H. Tribunal de que el suscrito no hubiese desahogado la vista que se me dio el 28 de agosto de 2001, toda vez que tal como lo hago constar en la copia con el acuse de recibo, que anexo al presente, el día 28 de agosto de 2001 interpuse el recurso de queja por el no cumplimiento total de la sentencia, misma que se desahogó bajo el número 102/2001 en este mismo tribunal, considerándose que mas bien se incurría en la reiteración del acto reclamado, por lo que actualmente se encuentra pendiente el incidente de repetición de acto reclamado 1/2002. B) Tampoco coincido con la apreciación de este Segundo Tribunal Colegiado de que es incuestionable que la resolución se plegó a los lineamientos de la concesión del amparo y que se hayan analizado debidamente los conceptos de violación impugnados toda vez que: Como ya lo expresé en los agravios proferidos de mi parte en el incidente de repetición del acto reclamado número 1/2002 (mismo que se encuentra pendiente de resolución en este H. Tribunal Colegiado) los cuales doy por reproducidos como si los insertara en el presente escrito al pie de la letra, reitero mi solicitud de que se envíe el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el recurso de queja número 102/2001 que son conexos al amparo directo 348/2000, para que se compruebe que la responsable ha intentado evadir el cumplimiento de la sentencia protectora, mediante un cumplimiento parcial de la sentencia y repitiendo literalmente 6 seis páginas de la sentencia anterior en lo referente a los puntos II, III y IV de los conceptos de nulidad que el tribunal le ordenó estudiar (si le ordenó estudiarlos era porque no estaban debidamente estudiados), pretendiendo con lo anterior evadir la posibilidad de un combate a los considerandos de su segunda sentencia en los puntos II, III y IV de conceptos de nulidad, ya que los agravios referentes a esos puntos ya habían sido expuestos y declarados fundados (lo que la sentencia le ordenaba estudiar eran los agravios que obraban en el amparo) y, en consecuencia, no podrían haber sido impugnados por haber sido materia de análisis y de declaración de fundados en los considerandos de la sentencia de amparo directo 348/2000, cuando la amparadora después de indicar que, según la voz del suscrito se indica: (páginas 156 y 157 de la sentencia constitucional). ‘... Que al ser la legalidad del dictamen un punto controvertido, pero al no ocuparse del mismo, por ende, tampoco se ocupó de la motivación y la legalidad de los cargos pecuniarios a cargo de los suscritos, violando el tribunal primigenio garantías de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y de audiencia y defensa consagrados en los artículos 1o., 13, 14 y 16 constitucionales.’. A continuación la sentencista amparadora establece este juicio de valor sobre el agravio, en el consecuente del antecedente que obra en el párrafo anterior. ‘Los sintetizados conceptos de violación (los expresados en el escrito de agravios) ... son como se dijo sustancialmente fundados, toda vez que, como lo afirman los quejosos al señalar que la Primera Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado, al emitir la sentencia aquí reclamada, desatendió el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado al omitir los puntos controvertidos del acto impugnado.’. Mas adelante este Tribunal Colegiado sentencista (en la sentencia amparadora del expediente principal) llega a la conclusión de que (págs. 159, párrafo final). ‘... La Sala responsable desatendió la litis originalmente propuesta dado que no analizó de manera frontal el concepto de anulación respecto de la competencia del Congreso del Estado para actuar como autoridad administrativa al decretar créditos fiscales; aquél en donde controvierte la legalidad el decreto impugnado de nulidad, y el diverso relativo a la impugnación de la fundamentación y motivación de los cargos pecuniarios a cargo de los agraviados ...’. Luego si en la sentencia cumplidora del amparo, la responsable desatiende de nueva cuenta la litis originalmente propuesta por no analizar de manera frontal los conceptos de anulación (con excepción de la competencia del Congreso para actuar como autoridad administrativa al decretar créditos fiscales, que si fue estudiada y es materia de un nuevo amparo), incurre en omisión de parte de la sentencia al incurrir la responsable en la repetición literal de parte de la anterior sentencia. (Esto se comprueba al cotejar de la página 18, del tercer párrafo hasta la página 24 que comprende los conceptos II, III y IV de los conceptos de nulidad en la sentencia del 6 de agosto de 2001 con la literalidad de la primer sentencia del 1o. de junio de 2000 del tercer párrafo de la página 12 hasta la 18 para constatar la identidad de las mismas). Si al suscrito no le es dable volver a proponer conceptos de violación ya analizados sintetizados y declarados fundados para no incurrir en la causal de improcedencia señalada en las fracciones II, III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo ¿por qué a la responsable sí le es permitido repetir considerandos, ya combatidos y declarados omisos, para evadir el cumplimiento de una sentencia de amparo omitiendo estudiar mis agravios ya declarados fundados?. La sentencia sólo está cumplida de manera parcial, es decir, sólo se cumplió en el estudio del punto I de los conceptos de nulidad. Al resolver el recurso de queja por defecto en la ejecución, que se diligenció bajo el número 102/2001 relativo a este mismo asunto, este mismo tribunal amparador señaló que la conducta denunciada de la responsable (es decir la repetición literal de los puntos II, III y IV) se podría encuadrar más bien como repetición del acto reclamado en razón de su literalidad reiterativa ofrezco como prueba de mi dicho los autos de la queja número 102/2001 levantada con motivo del no cumplimiento completo de la sentencia, es por lo que no estoy de acuerdo con la resolución que indica que la responsable si cumplió con la sentencia de amparo como lo señala el auto en que se da por cumplida la sentencia de amparo 348/2000 toda vez que, además de que no obran en ellas las razones por las que se llegó a esa conclusión, con mucha anterioridad se había interpuesto el incidente de repetición del acto reclamado, y con todo respecto considero que no debió de decidirse que la sentencia ya había sido cumplida, hasta la resolución del recurso, el cual no tiene término preciso para su interposición, por el mismo principio de que no debe pronunciarse sentencia en asunto alguno hasta que no estén resueltos los incidentes relativos, obrando en ambos recursos (la queja 102/2001 y el incidente de repetición del acto reclamado 1/2002) la petición de que no se tuviera por cumplida la sentencia tal como se comprueba con la lectura de los puntos petitorios de su texto. Tan importante como el estudio del primer punto de los conceptos de violación, lo es el estudio de los agravios (declarados fundados) en los otros puntos omitidos de estudio por la responsable, como lo son la legalidad del dictamen impugnado; y la falta de motivación y fundamentación adecuada de los cargos pecuniarios a cargo de los quejosos, toda vez que especialmente este último concepto deviene en el toral de todo este asunto, pues al fincársenos un crédito fiscal indebido de más de uno y medio millón de pesos, aquél se convierte en confiscatorio por un monto mayor que todo nuestro patrimonio, además del daño moral que ya nos ha causado inmerecidamente al exponernos al desprecio público, y cuya argumentación obra desde el oficio al Congreso del Estado del día 18 de agosto de 1999, antes de la aprobación del dictamen, la demanda inicial de nulidad, pasando por los alegatos en el juicio primigenio que no fueron tomados en cuenta por la responsable y en los agravios que obran en las 24 (32) (sic) hojas de la demanda de garantías 348/2000, mismos que fueron declarados fundados, por lo que solícito que el expediente se envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según este criterio expresado en la resolución en inconformidad, si no se hubiese estudiado la primera causalidad de nulidad, repitiéndose literalmente ésta, y se hubiese estudiado, por ejemplo el segundo concepto de nulidad, también ordenado a estudio, de todos modos se hubiese determinado cumplida la sentencia porque lo importante era la apariencia de cumplimiento sin llegar a la esencia de la sentencia protectora, que era el estudio de todos los agravios declarados fundados, por lo que solicito que se envíe el expediente completo con los anexos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 105 de la Ley de Amparo. Aceptar por mi parte que la sentencia está cumplida es aceptar que es válido fingir cumplirla, ya que al parecer la responsable decidió por sí y ante sí que los agravios omitidos en su estudio (declarados fundados en la sentencia de amparo) ya estaban contestados desde la sentencia anterior, poniendo en duda en la práctica la autoridad de la amparadora que le ordenaba estudiar todos los agravios (presentados antes y después de la sentencia primigenia puesto que la amparadora los considera fundados) y, al hacerlo a medias, se deja intacto lo principal que es el cobro que se pretende hacer de manera indebida, de algo que no existe más que en la mente de políticos ávidos de publicidad, para dar un golpe material y moral a alguien que no sustrajo dinero alguno, omitiendo estudiar los agravios relacionados con la indebida fundamentación y motivación de los cargos pecuniarios que obran en el escrito de garantías violadas, mismos que en ninguna ocasión han sido estudiados por la responsable, desde el primer escrito de defensa presentado el 18 de agosto de 1999 ante el H. Congreso del Estado, la demanda, los alegatos y los agravios presentados con motivo del juicio constitucional. Ahora bien, toda vez que la Ley de Amparo no contempla recurso alguno contra la resolución de dar por cumplida una sentencia de amparo (como no sea el de inconformidad mencionado en el artículo 105 de la ley en cita), solicito se envíen los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que examine si se cumplió o no la sentencia amparadora del expediente 348/2000. Ofrezco como prueba de mi dicho el expediente completo del amparo directo 348/2000, junto con el de la queja 102/2001, y el del incidente de repetición del acto reclamado 1/2002, todos ellos tramitados ante este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para lo cual solicito su envío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los cuales tienen relevancia los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo y declarados fundados, mismos que no han sido estudiados por la responsable (fojas 4 a 7 del toca)."

CUARTO. En principio, debe decirse que procede que esta Primera Sala resuelva la presente inconformidad, no obstante que los quejosos manifiesten que en el mismo asunto, habían planteado con anterioridad denuncia de repetición del acto reclamado.

En efecto, este Alto Tribunal ha establecido criterios en relación con los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal, así como de los casos en que son excluyentes entre sí, como se advierte de las siguientes tesis:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, octubre de 1995

"Tesis: P. LXIV/95

"Página: 160

"SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. El sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la Protección Federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1o. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó violada en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo 105, último párrafo). 2o. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable (artículo 95, fracciones II y IV) y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3o. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un Juez de Distrito; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector.

"Incidente de inconformidad 114/94. Manuel Huerta Rivera. 15 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el tres de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LXIV/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, octubre de 2001

"Tesis: 2a./J. 9/2001

"Página: 366

"CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.

"Varios 3/2001-SS. Relativo a la solicitud de aclaración de jurisprudencia formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 9/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de octubre de dos mil uno.

"Nota: En términos de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil uno, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 3/2001-SS, relativo a la aclaración de la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 203, se publica nuevamente la jurisprudencia citada."

De lo anterior debe concluirse que la inconformidad y la denuncia de repetición del acto reclamado hecha valer en contra del acto dictado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y que es origen de la resolución que tuvo por cumplida ésta, no son medios de defensa que se excluyan entre sí y, por tanto, la promoción de uno no determina la improcedencia del otro, pues un criterio contrario, colocaría en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de declararse improcedente la inconformidad se tendría como firme la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al no existir legalmente diverso medio de impugnación mediante el cual pueda cuestionarse tal determinación y, en ese orden de ideas, la resolución que pudiera dictarse en la denuncia de repetición del acto reclamado, cualquiera que pudiera ser su sentido, no podría tener la fuerza legal para revocar la misma, determinándose así también la improcedencia de dicha denuncia, pues gozando de firmeza tal declaratoria el quejoso se encontraría impedido para impugnar el acto que la originó y, en todo caso, sólo podría impugnar un acto de la responsable diferente y posterior a aquel que condujo a la convicción del acatamiento de la ejecutoria.

Resulta ilustrativa a lo anterior la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, enero de 1998

"Tesis: 2a. CLVIII/97

"Página: 420

"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO PUEDE PLANTEARSE RESPECTO DEL ACTO DE LA RESPONSABLE QUE SIRVIÓ PARA TENER POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA, CUANDO EL INTERESADO YA CONSINTIÓ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. De lo dispuesto por el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se tiene por cumplida la ejecutoria constitucional y el interesado no está conforme con esa determinación, tiene la oportunidad de así manifestarlo, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva, para que se envíen los autos a la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se resuelva si esa determinación es o no correcta; pero si no hace valer la inconformidad dentro del plazo mencionado, se le tendrá por consentida la resolución que tuvo por cumplido el fallo protector, lo que implica que ya no podrá hacer valer ningún medio de impugnación al respecto, es decir, que no podrá cuestionar por ningún medio el acatamiento dado a la ejecutoria. En este último supuesto, la repetición del acto reclamado, cuyo objetivo es lograr el respeto futuro de la ejecutoria, evitando que la autoridad, en principio, cumpla con la sentencia y después reitere el acto que fue materia de la concesión de la protección de la Justicia Federal, bien puede denunciarse, pero necesariamente tendrá que hacerse depender de un acto de la responsable diferente y posterior a aquel que condujo a la convicción del acatamiento cabal de la ejecutoria; por tanto, no cabe plantear la denuncia de repetición en contra del acto de cumplimiento que fue analizado por el juzgad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21797-3fc745d8/inconformidad-y-denuncia-de-repeticion-del-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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