MULTA POR LA OMISIÓN DE TRANSMITIR EL AVISO ELECTRÓNICO DEL ARRIBO AL TERRITORIO NACIONAL DE UNA EMBARCACIÓN EN LASTRE, PREVISTO EN LA REGLA 2.4.5. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2007. NO PUEDE FUNDARSE EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 184 DE LA LEY ADUANERA. MULTA POR LA OMISIÓN DE TRANSMITIR EL AVISO ELECTRÓNICO DEL ARRIBO AL TERRITORIO NACIONAL DE UNA EMBARCACIÓN EN LASTRE, PREVISTO EN LA REGLA 2.4.5. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2007. SU NULIDAD POR HABERSE SUSTENTADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 184 DE LA LEY ADUANERA DEBE SER LISA Y LLANA.
REVISIÓN FISCAL 72/2009. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA ADUANA DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es menester destacar que en autos del expediente que nos ocupa obra el escrito presentado por la **********, a través del cual comparece a defender sus derechos dentro del recurso de revisión, en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En dicho ocurso, la actora en el juicio de nulidad refiere que el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de origen es improcedente; sin embargo, los motivos en los que sustenta tal aserto, radican en que los agravios propuestos por la autoridad recurrente resultan inoperantes, de ahí que no está alegando aspectos relacionados con la procedencia del aludido medio de impugnación, sino de cuestiones que atañen a la eficacia de los agravios planteados, lo cual será motivo del análisis de fondo que realice este órgano jurisdiccional.
Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, se hace necesario señalar brevemente los antecedentes de la sentencia recurrida.
**********, por conducto de su representante legal demandó ante la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución contenida en el oficio 800-64-00-03-00-2008-3226, emitida por la administradora de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, por medio de la cual se determinó su situación fiscal en materia de comercio exterior, fincando una multa por la cantidad de $2,049.00 (dos mil cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), al actualizarse la infracción prevista en el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera.
En el segundo concepto de impugnación, la actora alegó que si su conducta consistió en la omisión de trasmitir en el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) del arribo en lastre del buque "**********", atracado el diez de abril de dos mil ocho, es claro que no se generó la infracción prevista en el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, porque no existe adecuación al citado supuesto normativo, que requiere la existencia de la obligación de presentar documentación y declaraciones, así como la omisión de realizarlo.
Por su parte, la autoridad demandada sostuvo lo infundado del citado motivo de impugnación, bajo el argumento toral de que el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera no es limitativo en cuanto a la presentación de documentos y declaraciones, sino también, entre otras cosas, los avisos, por lo que la conducta desplegada por la actora, que fue la omisión en la presentación del aviso en el cual manifestara el arribo en lastre de la embarcación, encuadra en la hipótesis de la regla 2.4.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete; máxime que aquel precepto legal no hace distinción respecto a que la obligación en la presentación de dicha documentación tenga que ser vía trasmisión electrónica o vía personal.
La Sala del conocimiento dictó sentencia el catorce de abril de dos mil nueve, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en términos de los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En contra de tal determinación, el recurrente expresa como agravio, que la Sala Fiscal realizó una indebida interpretación del artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, esgrimiendo los siguientes argumentos:
a) El citado precepto establece como infracción la de omitir presentar documentos que amparen mercancías que se importen o exporten, que transporten o que almacenen; tales como pedimentos, facturas, copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías, equipaje y pasajeros, autorización, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e), de la Ley Aduanera;
b) Por lo que se refiere a los avisos, no se aprecia que sean sólo documentales, sino que la infracción consiste en la omisión de presentarlos, olvidando la Sala responsable que éstos pueden ser también electrónicos;
c) Que la omisión de mérito encuentra apoyo en la obligación de presentar el aviso establecido en la regla 2.4.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, en relación con los artículos 20, fracciones IV, segundo párrafo, VII y 36, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera; 14, 15 y 32 del reglamento de dicha ley, de conformidad con los cuales, la información relativa que deba darse a conocer a las autoridades, tiene que ser en forma electrónica, esto es, transmisiones que no son más que los propios avisos electrónicos;
d) Que se trata de una embarcación que arriba en lastre, esto es, sin mercancía, por lo que es necesario dejar claro que en la propia sentencia, la Sala determinó que hay obligación de presentar el aviso electrónico; luego, la omisión de presentarlo encuadra en la fracción I del artículo 184 de la Ley Aduanera;
e) Que la a quo interpreta de manera aislada el artículo 184, fracción I, de la mencionada ley, en la parte que refiere "cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones", lo cual es ilegal, dado que el criterio adoptado por la responsable limita a que según el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, debe ser presentado el aviso en forma documental, sin tomar en cuenta que éste se encuentra previsto en la regla 2.4.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, tratándose de embarcaciones que arriben en lastre, y que debe ser presentado de forma electrónica, por lo que debió analizarse el artículo citado con relación a la regla de mérito;
f) La razón de por qué el Ejecutivo previó que para el caso de las embarcaciones que ingresen al territorio nacional, se tenga que trasmitir o enviar el aviso en forma electrónica con veinticuatro horas de anticipación, sugiere la importancia de que la autoridad tome las providencias necesarias que otorguen seguridad tanto a la embarcación que ingresa como al territorio nacional;
g) Ante ello, los avisos a que se refiere la fracción I del artículo 184 de la Ley Aduanera, pueden ser tanto documentales como electrónicos, en virtud de que dicha fracción no es limitativa; y
h) Que en todo caso, la responsable debió considerar que los avisos que se omiten presentar y que actualizan una infracción, tienen la característica de una declaración, ya que si la regla 2.4.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete, indican que para las embarcaciones en lastre se tiene que enviar un aviso o transmitirlo en forma electrónica, ello supone una declaración a la autoridad de que la embarcación arriba en esas condiciones.
Son infundados los anteriores argumentos.
En primer término, cabe señalar que como en el caso habrá que interpretar el contenido de una disposición de carácter fiscal, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, que establece:
"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ..."
Sobre el tema de interpretación de leyes fiscales, la otrora Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, en concordancia con el anterior dispositivo, sustentó el criterio en el sentido de que si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es verdad que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas; de ahí que sea dable interrelacionar las normas de manera sistemática, sin que con ello se viole el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal.
Criterio que se aprecia en la jurisprudencia 3a./J. 18/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, que es del tenor literal siguiente:
"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."
Abundando sobre este aspecto, la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 181/2005, al examinar el contenido del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, estableció:
"En relación con el contenido de dichas disposiciones fiscales, resulta importante precisar que el legislador ha equiparado la aplicación estricta con un método de interpretación jurídica, siendo que esta última, más que un método de interpretación, es el resultado de la interpretación.
"En ese orden de ideas, podrían interpretarse dichas disposiciones legales en el sentido de que no prohíben realmente la utilización de los distintos métodos de interpretación jurídica al momento de definir los elementos esenciales de un tributo, sino que impiden, en todo caso, una aplicación contraria a ley o analógica de ese tipo de normas, es decir, tratan de evitar que la actividad jurisdiccional interpretativa (a partir de cualquier método) produzca un resultado que dé lugar, por ejemplo, a supuestos de tributación creados novedosamente a propósito de la decisión jurisdiccional.
"No obstante, lo cierto es que los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como un diverso entendimiento de las disposiciones legales transcritas, bien podrían generar la idea de que, desde el punto de vista de nuestro derecho positivo, los órganos jurisdiccionales deben interpretar las normas fiscales de forma estricta, de acuerdo al sentido gramatical del precepto respectivo, tratándose de los elementos esenciales de las contribuciones, y sólo cuando dicha aproximación genere incertidumbre sobre su significado, es posible acudir a los diversos métodos de interpretación jurídica.
"Pero la exigencia en el sentido de que ‘sólo cuando dicha aproximación genere incertidumbre sobre su significado es posible acudir a los diversos métodos de interpretación jurídica’ no debe entenderse de manera inflexible, ni es, por tanto, la única forma operativa autorizada para el intérprete.
"Este Alto Tribunal observa que los operadores que deben valorar, en primer término, cuándo el contenido de una norma jurídica debe desentrañarse a partir de los diversos métodos de interpretación jurídica a fin de llegar a su correcto sentido, son los órganos jurisdiccionales que deben resolver el caso sometido a su conocimiento.
"Es verdad que el juzgador, al momento de definir los elementos esenciales del tributo, debe partir del texto literal de la norma, como exigencia lógica de su aplicación en el caso concreto.
"También es verdad que la primera aproximación del intérprete a la ley debe realizarse tomando como punto de partida su contenido literal o textual, y que el juzgador puede apartarse de él cuando dicha lectura genere incertidumbre sobre alguno de sus aspectos, tal como lo señala la jurisprudencia que ya ha sido transcrita, de rubro:
"(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, tesis 2a./J. 133/2002, página 238).
"‘CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO.’
"Sin embargo, ello no implica que pueda obligarse al juzgador a interpretar la norma siempre y en todos los casos a partir de su sentido literal cuando éste ofrezca una solución (cualquiera que sea), de tal forma que únicamente deba apartarse de ese sentido gramatical cuando la lectura respectiva genere incertidumbre.
"El juzgador puede apartarse del sentido literal de la norma, no sólo en el supuesto de incertidumbre.
"El Juez tiene una esfera de libertad decisoria para valorar, de manera autónoma e independiente, en qué situaciones debe acudir a los diversos métodos de interpretación reconocidos por la ciencia jurídica con el fin de comprender la verdadera intención del creador de las normas, y para llegar a una solución justa del caso sometido a su consideración.
"Este Alto Tribunal encuentra, así, que el juzgador no debe dar cuenta en su sentencia de la decisión de descartar la desnuda literalidad de la ley tributaria para resolver el caso de su conocimiento, sino sólo debe motivar el por qué del resultado interpretativo al que finalmente ha llegado en su decisión.
"En efecto, los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como las disposiciones legales dirigidas a limitar la aplicación e interpretación jurídica de las normas tributarias, no son absolutos, porque conviven con la decisión del Constituyente de encomendar a los Jueces y tribunales la facultad de decir el derecho en el caso concreto de manera independiente y autónoma (potestad jurisdiccional), así como con el precepto que autoriza a los Jueces, en los juicios del orden civil (lato sensu), a dictar sus sentencias ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’.
"De ese modo, dichos principios constitucionales (legalidad y seguridad jurídica), junto con las disposiciones legales dirigidas a limitar la aplicación e interpretación jurídica de las normas tributarias, se ven ineludiblemente condicionados en cuanto a sus alcances, en orden a no vaciar la facultad constitucional de decir el derecho encomendada a Jueces y tribunales.
"Por ende, en la interpretación de las normas fiscales que establecen los elementos esenciales de los tributos, si bien debe partirse de la lectura textual de la norma respectiva, pueden utilizarse todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica que juzgue el órgano jurisdiccional del caso, en orden a evitar una aplicación mecánica de la disposición correspondiente extraña a la facultad constitucional de decir el derecho en el caso concreto de manera independiente y autónoma que ha sido encomendada a Jueces y tribunales (potestad jurisdiccional), lo que es acorde, al mismo tiempo, con el artículo 14 constitucional, en la parte que los autoriza a dictar las sentencias ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’.
"En ese sentido, las normas que establecen elementos esenciales de las contribuciones no deben necesariamente ser interpretadas conforme a la simple literalidad de sus vocablos, ni según rígidas pautas gramaticales, sino que pueden ser leídas computando su significado jurídico profundo, teniendo en cuenta el contexto general de ellas y los fines que las informan.
"Dichas conclusiones se ajustan a la transición histórica del Juez autómata al Juez racional.
"Es verdad, sin embargo, que los principios de reserva de ley en materia fiscal, de seguridad jurídica y, particularmente, en el sistema jurídico mexicano, las disposiciones legales dirigidas a limitar la aplicación e interpretación jurídica de las normas tributarias, deben encontrar algún sentido, pese a la decisión del Constituyente de encomendar a los Jueces y tribunales la facultad de decir el derecho en el caso concreto de manera independiente y autónoma (potestad jurisdiccional).
"Este Tribunal encuentra que el principio de legalidad tributaria, de seguridad jurídica y las disposiciones legales que prevén fórmulas dirigidas a limitar la potestad jurisdiccional encomendada a Jueces y tribunales por la Constitución Federal, estableciendo límites a la aplicación e interpretación de las normas tributarias, deben entenderse únicamente en el sentido de disponer una prohibición de aplicación analógica de las normas que establecen los elementos esenciales de los tributos, que dé lugar, por ejemplo, a supuestos de tributación creados novedosamente o contra la ley, a partir de la decisión jurisdiccional.
"Así las cosas, sería la integración normativa, y no la interpretación jurídica, de las normas tributarias que establezcan los elementos esenciales de las contribuciones, la actividad jurisdiccional que sí se encontraría limitada en nuestro sistema jurídico, en alguna medida, con base en los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y, principalmente, en las disposiciones legislativas en comento".
Las consideraciones anteriores generaron la jurisprudencia 2a./J. 26/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 270, que refiere:
"INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. Si bien es verdad que el juzgador, al momento de definir los elementos esenciales del tributo, debe partir del texto literal de la norma, como exigencia lógica de su aplicación al caso concreto, ello no implica que le esté prohibido acudir a los diversos métodos de interpretación reconocidos por la ciencia jurídica. Esto es así, ya que los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica, y las disposiciones legales que establecen fórmulas dirigidas a condicionar la aplicación e interpretación de las normas tributarias, deben entenderse únicamente en el sentido de impedir aplicaciones analógicas en relación con los elementos esenciales de los tributos."
Ahora bien, en el caso concreto, el precepto legal que es materia de la controversia de amparo y cuya labor interpretativa requiere, es el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, cuyo texto literal señala:
"Artículo 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes:
"I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras, o lo hagan en forma extemporánea, los documentos que amparen las mercancías que importen o exporten, que transporten o que almacenen, los pedimentos, facturas, copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías y equipaje, autorizaciones, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e), de esta ley en los casos en que la ley imponga tales obligaciones."
Tal precepto establece como infracción, la omisión de presentar o la presentación extemporánea a las autoridades aduaneras de los documentos que amparen mercancías que importen o exporten, que transporten o que almacenen, los pedimentos, facturas, copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías y equipaje, autorizaciones, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e), de esta ley, en los casos en que la ley imponga tales obligaciones.
Dicho numeral, al ser interpretado por la autoridad responsable de manera literal, concluyó que se refiere a documentos, pero implícitamente a aquellos entendidos en el sentido de escritos en papel, que contiene un mensaje representado por palabras; por lo que partiendo de tal interpretación, sostuvo que no encuadra en las hipótesis que el precepto legal prevé, el aviso electrónico que las embarcaciones que arriban en lastre al territorio nacional, tienen que trasmitir al Sistema Automatizado Aduanero Integral, previsto en la regla 2.4.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil siete.
La interpretación de mérito resulta acertada en cuanto a que el citado aviso no es de los que contempla el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera.
En efecto, aun cuando la fracción de mérito no establece a qué tipo de avisos se refiere, es decir, a los documentales, entendidos estrictamente como escritos en papel, o a los transmitidos por medios electrónicos, por lo que pudiera afirmarse que no existe limitación alguna, tal porción normativa no debe interpretarse en un sentido literal y de manera aislada, dado que con ello no se logra desentrañar la verdadera intención del legislador, por lo que es dable realizar una interpretación sistemática mediante la interrelación con las demás disposiciones aplicables, e incluso las propias fracciones que integran el precepto de mérito.
Así las cosas, los artículos 20 y 36 de la Ley Aduanera, disponen:
"Artículo 20. Las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de mercancías materia de importación o de exportación están obligados a:
"I. Recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras realicen a los citados medios de transporte, con motivo de su entrada al país o de su salida o bien presentar los medios de transporte en el lugar designado por las autoridades aduaneras para realizar la visita de inspección.
"II. Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar en los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
"III. Exhibir, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, los libros de navegación y demás documentos que amparen los vehículos y las mercancías que conduzcan.
"IV. Presentar a las autoridades aduaneras las mercancías, así como los manifiestos y demás documentos que las amparen, utilizando las formas aprobadas por la secretaría.
"Las empresas de transportación marítima y aérea, deberán proporcionar la información relativa a las mercancías que transporten en medios magnéticos, en los términos que mediante reglas establezca la secretaría.
"V. Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que sean explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, las marcas o símbolos que son obligatorios internacionalmente, cuando el documento que ampare su transporte señale que se trata de este tipo de mercancías.
"VI. Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional.
"VII. Trasmitir electrónicamente a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados la información relativa a la mercancía que transportan antes de su arribo al territorio nacional, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
"VIII. Comunicar a los consignatarios de los documentos de transporte, el arribo e ingreso de las mercancías a los recintos fiscalizados en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
"En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben, además, pagar los créditos fiscales que hubiera causado la embarcación.
"Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de las aeronaves que realicen el servicio de transporte aéreo internacional no regular, deberán requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección a que se refiere la fracción I de este artículo y conservarla por un plazo de cinco años.
"Antes de salir una embarcación, su capitán o agente naviero consignatario general o de buques deberá presentar a las autoridades aduaneras una relación del equipo especial a que se refiere el artículo 31 de esta ley, la cual en caso de contener errores podrá corregirse antes de zarpar."
"Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:
"I. En importación:
"a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.
"b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
"c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.
"d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.
"e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.
"f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el reglamento.
"g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la secretaría mediante reglas.
"En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, así como la información a que se refiere el inciso g). Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. No obstante lo anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que corresponda, cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de importación definitiva deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que hubieren importado temporalmente.
"Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley.
"II. En exportación:
"a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías.
"b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación.
"Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México.
"En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86 de esta ley, así como de las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21800-5477e8e2/multa-por-la-omision-de-transmitir-el-aviso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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