SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI UNA SALA DE DICHO ÓRGANO DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA BAJO UN ARGUMENTO DISTINTO AL PLANTEADO POR EL ACTOR, INFRINGE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE RIGE A AQUÉLLAS.
REVISIÓN FISCAL 100/2009. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE LA MISMA CIUDAD.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Es fundado el primer agravio planteado por la recurrente.
En efecto, aduce la inconforme que la Sala Fiscal infringe el principio de congruencia contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al fijar en forma incorrecta la litis que le fue propuesta, en virtud de que la pretensión medular de la actora en el cuarto concepto de anulación del escrito de demanda, se constriñe única y exclusivamente en la negativa lisa y llana de haber cometido la infracción consistente en haber dejado de presentar o no haber presentado la declaración anual del ejercicio dos mil siete del impuesto sobre la renta e impuesto al activo a requerimiento de la autoridad.
Esgrime la recurrente que es evidente la variación de la causa de pedir, pues la Sala responsable determinó que procedía declarar la nulidad de la resolución combatida, en atención a que la actora había negado la existencia del requerimiento de obligaciones número 100517DF004205, cuando la ahora actora únicamente negó haber cometido la infracción, por lo que en tal virtud se infringe el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se encuentran inmersos los principios de congruencia, fundamentación, motivación y exhaustividad de las sentencias.
En consecuencia, señala que la Sala Fiscal del conocimiento mejoró los planteamientos expuestos por la actora en su escrito de demanda y, por ende, varió la litis, en virtud de que la actora se duele de no haber cometido la infracción que le imputa la autoridad, mas no se advierte que haya negado la existencia del requerimiento de obligaciones que dio origen a la resolución combatida en el juicio natural.
Para declarar fundados los argumentos expuestos, es necesario en primer término, tener presente lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que dispone:
"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. ..."
Del numeral anteriormente transcrito claramente se desprende que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios, pudiendo corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados, y examinar en su conjunto los agravios y causas de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
Esa obligación se conoce doctrinalmente como principio de congruencia, que implica la exhaustividad de las sentencias en el sentido de obligar al juzgador a decidir las controversias sometidas a su potestad, tomando en cuenta todas y cada una de las pretensiones del actor, de tal forma que se pronuncie sobre la totalidad de los puntos litigiosos, analizando así las consideraciones expuestas dentro de la demanda y la respectiva contestación, lo que se conoce como principio de congruencia externa de las sentencias.
Así, el principio de congruencia salvaguardado por el invocado artículo 50, no sólo implica que las sentencias sean congruentes en sí mismas, en cuanto a no contener afirmaciones que se contradigan entre sí, sino también que deberán resolver la litis completamente, tal como le fue formulada.
En apoyo a lo anterior, se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyos rubro y texto dicen:
"SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." (Tesis XXI.2o.12 K, publicada en la página 813, Tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).
Precisado lo anterior, asiste la razón a la recurrente, porque como bien lo afirma, la sentencia reclamada es contraria al dispositivo legal mencionado que contempla el principio de congruencia externa, habida cuenta de que la consideración en que la Sala Fiscal apoyó su determinación en el fallo recurrido es la siguiente:
"En el caso concreto, es evidente que el actor se ubica en el supuesto comprendido en el artículo 19 de la ley invocada, ya que del escrito inicial de demanda, concretamente expresó que no existe el documento en el que la autoridad le haya requerido la declaración anual del ejercicio 2007 del impuesto sobre la renta, personas físicas, según se desprende de la propia resolución impugnada, a través del requerimiento de la autoridad número 100517DF004205; mientras que la autoridad demandada fue omisa en aportar al juicio el requerimiento aludido al formular su contestación, agregando únicamente copias certificadas de constancias de notificación.
"En atención a lo anterior, dado que la autoridad no exhibió el requerimiento que la actora manifestó desconocer, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, al considerarse ciertos los hechos imputados a la autoridad al no acreditar la existencia de la referida documental, cuyo cumplimiento sirvió de sustento a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad Victoria, para concluir que se había configurado la infracción prevista en el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, consistente en haber presentado la obligación en comento a requerimiento de la autoridad ..."
Sin embargo, en la demanda de nulidad el actor señaló en el cuarto agravio lo siguiente:
"Cuarto. Infracción a lo regulado por los artículos 38, fracción III y 75 del Código Fiscal de la Federación en relación con el 16 constitucional.
"Como es de explorado derecho, para que sea procedente la aplicación de una multa, la autoridad hacendaria se encuentra obligada a acreditar la comisión de la infracción que se imputa al propio contribuyente, misma que desde este momento niego en forma categórica, afirmando que jamás se ha violado disposición jurídica alguna y, por ende, no ha actualizado jamás hipótesis normativa que traiga como consecuencia la comisión de una infracción. En la especie, la autoridad impositiva es omisa al respecto, pretendiendo cumplimentar tal requerimiento jurídico con la argumentación de frases vacías y unilaterales que de ninguna manera acreditan la conducta contraria a derecho que se me atribuye.
"Estas graves omisiones traen como consecuencia que la autoridad no aporte medios de prueba que demuestren fehacientemente que realicé la infracción que se imputa y, por consiguiente, ser susceptible de ser sancionado mediante la imposición de una multa.
"En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el precedente jurisprudencial visible en la revista del propio tribunal correspondiente al mes de marzo, 3a., Época, página 247, mismo que literalmente se transcribe.
"‘MULTA IMPROCEDENTE. CUANDO LA AUTORIDAD NO ACREDITA QUE SE INCURRIÓ EN LA INFRACCIÓN. Si la autoridad en uso de las facultades que le concede el Código Fiscal de la Federación, requiere a un particular para que exhiba cierta documentación y éste incumple con el mismo, es evidente que procede que se le sancione. Si el particular sancionado niega que se le haya notificado el requerimiento de documentación, de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, a la autoridad le corresponde la carga de la prueba y si ésta no aporta la constancia de notificación, es evidente que no se acredita la existencia de la infracción y por ende la multa resulta improcedente.’
"En relación con lo anterior, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente:
"‘Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.’
"De la lectura del precepto legal antes transcrito, claramente se desprende que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales a menos de que el afectado niegue lisa y llanamente los hechos que motiven dicha resolución, en cuyo caso la carga de la prueba respecto de la legalidad de dichos actos se traslada a las autoridades demandadas quienes en términos del diverso antes transcrito, se encuentran obligadas a demostrar la legalidad de sus actos probando los hechos que la motivaron.
"Ahora bien, niego lisa y llanamente que haya cometido la infracción, esto es, niego los hechos que la autoridad exactora, que en las resoluciones determinantes de los créditos imputa de manera directa y que dieron lugar a la emisión de la multa impugnada, consistente en:
"1. Declaración anual del ejercicio 2007 del impuesto sobre la renta, a requerimiento de la autoridad número 100517DF004205.
"2. Declaración anual del ejercicio 2007 del impuesto al activo personas morales y físicas, a requerimiento de la autoridad número 100517DF004205.
"Luego entonces, solicito que esa H. Sala, se pronuncie en el sentido de declarar sin efectos las resoluciones impugnadas."
Del análisis al escrito inicial de demanda, no se advierte que la actora haya expresado el desconocimiento o la inexistencia del requerimiento de obligaciones, sino que la litis propuesta en específico en el concepto de impugnación cuarto del mencionado libelo, que fue el que la Sala de origen analizó y declaró fundado en la sentencia reclamada, únicamente tuvo como objeto la negativa lisa y llana de haber cometido la infracción que se le imputa en la resolución controvertida, consistente en la omisión de presentar la declaración anual del ejercicio dos mil siete del impuesto sobre la renta y del impuesto al activo personas morales y físicas, que se dice le fue requerida mediante el número de requerimiento 100517DF004205.
Sin que obste a lo anterior, la cita por parte de la actora del criterio sostenido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo rubro es: "MULTA IMPROCEDENTE. CUANDO LA AUTORIDAD NO ACREDITA QUE SE INCURRIÓ EN LA INFRACCIÓN.", que en su contenido prevé la hipótesis de la negativa de notificación del requerimiento de documentación, dado que éste no guarda relación con la descripción de su agravio que, se reitera, consistió toralmente en la negativa lisa y llana de haber cometido la infracción que se le atribuye en la resolución impugnada en el juicio de nulidad.
Ahora bien, la Sala Regional del Golfo Norte, en el fallo en controversia, sustentó su criterio en el argumento de que en el agravio cuarto del escrito inicial de demanda, la actora manifestó la negativa de existencia del documento en el que la autoridad le requirió a la demandante sobre la declaración anual del ejercicio dos mil siete del impuesto sobre la renta; señalamiento que es incorrecto, toda vez que en términos de la precisión que antecede, lo esgrimido por la actora fue completamente diverso.
En consecuencia, es evidente que la Sala actuó de manera ilegal, como bien lo sostiene la recurrente, dado que varió la litis propuesta en el cuarto agravio del escrito inicial de demanda, que en esencia consistió en la negativa lisa y llana del contribuyente de haber cometido la infracción que se le atribuyó al imponerse la multa controvertida, esto es, que no presentó la declaración anual del ejercicio dos mil siete que le fue requerida mediante el número de requerimiento 100517DF004205; y no en el argumento diverso en el que desacertadamente partió el estudio de la Sala juzgadora, consistente en que no existe el documento en el que la autoridad fiscal dice haber requerido a la actora.
Circunstancia que es violatoria del principio de congruencia externa que debe regir en toda resolución, derivada del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión aducida o petitio, derivada de la demanda y su contestación.
Sobre este particular, es aplicable al caso la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes:
"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina." (Jurisprudencia I.4o.A. J/31, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se publicó en el Tomo XXI, marzo de 2005, página 1047, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que si bien el mencionado numeral otorga facultad al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de invocar hechos notorios y atender a la causa de pedir, ello en forma alguna lo autoriza para que se introduzcan argumentos no propuestos en la demanda de origen, es decir, de ninguna manera se le permite variar la litis en los términos en que lo realizó; máxime que al no ser propuestos en la demanda de nulidad, impiden que la autoridad tenga posibilidad de rebatirlos al momento de presentar su oficio contestatorio.
Así las cosas, resulta inobjetable que existe una incongruencia externa en la emisión de la sentencia reclamada, la cual debe ser subsanada por la Sala de origen.
Lo anterior, porque dada la naturaleza de la revisión fiscal, este Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para sustituirse en las facultades propias de la Sala Fiscal, en términos de la jurisprudencia cuyos rubro y texto dicen:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la substitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas." (Jurisprudencia 2a./J 6/91, aprobada por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y uno, página 48).
En mérito de lo anterior, se impone declarar fundada la presente revisión para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia recurrida, y en una nueva que emita, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, se pronuncie sobre lo exactamente planteado por la actora en su cuarto concepto de nulidad del escrito de demanda, con vista en lo que al respecto adujo la demandada en su contestación.
Por último, resulta innecesario el estudio del agravio de la recurrente, en el que señala que la Sala Fiscal realiza una incorrecta interpretación de lo dispuesto en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que consideró que la negativa producida por la actora en el juicio de nulidad, no implicaba la afirmación de otro hecho, lo cual es incorrecto.
Pues al efecto afirma, que ante la negativa vertida por la parte actora, hoy tercero, respecto de haber cometido la infracción consistente en haber presentado la declaración del ejercicio dos mil seis de impuesto sobre la renta, a requerimiento de la autoridad, la misma resultaba improcedente en virtud de que dicha negativa envolvía una afirmación y, por ende, la autoridad demandada no estaba obligada a desvirtuar dicha negativa, pues ello implica la afirmación de haber presentado la declaración anual del ejercicio dos mil siete de impuesto sobre la renta y la declaración anual del mismo ejercicio del impuesto al activo, es decir, la actora debió probar que dio cumplimiento a su obligación, por lo que en tales circunstancias, la carga de la prueba recaía sobre la demandante, quien debió probar el hecho implícitamente afirmado, presentando algún medio de convicción o documento con el cual acreditara no haber cometido la infracción, como lo sería la declaración correspondiente al ejercicio dos mil siete respecto de los indicados impuestos.
Lo anterior es así, porque tal cuestión será objeto de estudio que realice la Sala Fiscal una vez que proceda al cumplimiento de esta ejecutoria.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/9, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 2147, la cual señala:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 104, fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de esta ciudad, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad Victoria, en contra de la sentencia de fecha veintidós de abril del año en curso, dictada por la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, en el juicio de nulidad 2047/08-18-01-1.
Notifíquese como corresponda; anótese, con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Blanco Quihuis, Guillermo Loreto Martínez y Antonio Soto Martínez, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21806-2abd0d32/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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