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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO TAL CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2009. · Registro digital (IUS): 21829
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 639.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios relacionada con la aplicación de un precepto de la Ley del Seguro Social que regula la pensión de viudez que concierne a la seguridad social que queda comprendida dentro de la materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por una de las partes en uno de los juicios en que se sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el veintidós de enero de dos mil nueve, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo laboral ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"El análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, conlleva a efectuar las consideraciones siguientes: De entrada, un punto importante que debe destacarse es el hecho de que el quejoso reclamó el pago de la pensión de viudez con base tanto en el contrato colectivo de los trabajadores al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social como en la ley de dicho instituto, dado que la fallecida laboraba para esta dependencia social y por esa razón ostentaba el doble carácter de asegurada y trabajadora del propio instituto. A fin de desentrañar cómo opera, en estos casos, la mecánica para el otorgamiento de una pensión al trabajador o sus beneficiarios cuando aquél tiene el doble carácter ya mencionado, es menester traer a colación el contenido de los artículos 1o., 2o. y 3o. del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social: ‘Artículo 1o. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores del instituto es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa el plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo. Las jubilaciones o pensiones que se otorguen conforme al presente régimen comprenden, respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado y de trabajador del instituto.’. ‘Artículo 2o. El régimen de jubilaciones y pensiones comprende obligatoriamente a todos los trabajadores del instituto.’. ‘Artículo 3o. El complemento a que se refiere el artículo 1o., estará constituido por la diferencia entre el alcance que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social, considerando asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales y el que otorga el presente régimen.’. De los preceptos reproducidos se advierte que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones es un estatuto que otorga una mayor protección o un beneficio adicional a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los que le corresponden de acuerdo con la Ley del Seguro Social por el hecho de encontrarse afiliados: seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo. Dicho en otras palabras, las jubilaciones o pensiones que establece este estatuto para los trabajadores del citado organismo vienen a complementar las que por igual concepto se prevén en la Ley del Seguro Social y a las cuales también tienen derecho en su carácter de asegurados. De ahí que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de erogar, para el pago de las pensiones de sus trabajadores, las cantidades que a éstos corresponden en su doble carácter de empleados y asegurados, sin que ello signifique que el trabajador recibirá doble retribución, pues, como ya se dijo, las pensiones que otorga el contrato colectivo de trabajo, en el apartado correspondiente, únicamente constituyen un complemento a las establecidas en la ley, es decir, se trata de una prestación extralegal. En resumidas cuentas, debe decirse que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen con éste una doble relación derivada de su calidad de empleados y asegurados; de suerte que el referido instituto tiene para con ellos, obligaciones tanto en su carácter de patrón como en el de ente público asegurador. Así las cosas, en su primer concepto de violación, el peticionario de garantías manifiesta que la Junta responsable realiza una incorrecta interpretación del artículo 14 del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que, contrario a lo estimado por ésta, para tener derecho al pago de la pensión en estudio, el viudo no requiere de (sic) acreditar la dependencia económica con la fallecida. Agrega que esta exigencia sólo es aplicable al concubinario, toda vez que, aduce, del texto de dicha cláusula se aprecia ‘... que existe la letra «o» en su acepción disyuntiva, por lo que se infiere de manera lógica que dicha pensión de viudez corresponde al viudo, o bien al concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada. Es decir, el derecho a la pensión en disputa corresponde al esposo de la extinta trabajadora (viudo) como al concubinario que se encuentre totalmente incapacitado y que dependiera económicamente de la trabajadora, situaciones que conllevan a que desde el punto de vista jurídico procesal, en el primero de los casos se acredite únicamente la calidad de esposo y en el segundo que fue concubino, dependiente económico y totalmente incapacitado ...’. Continúa diciendo ‘... pues si se tratara de dos personas viudo o concubino, la redacción hubiera sido: ‘que dependieran’ económicamente de la trabajadora, por lo que dichas normas se hacen referencia en singular, concluyendo que la partícula ‘o’, de la frase viudo y concubinario, separa las frases o las palabras porque implica dos ideas y no una misma.’. No asiste razón al peticionario de garantías, puesto que el artículo que alega se interpretó incorrectamente, sí establece para el pago de la pensión de viudez a favor del cónyuge supérstite, la exigencia de que éste acredite la citada dependencia económica. Dicho numeral, en lo conducente, dice: ‘Artículo 14. A la muerte de un trabajador, de un jubilado o de un pensionado, se otorgarán a sus beneficiarios, en su caso, conforme a lo dispuesto en este régimen, las prestaciones siguientes: I. Pensión de viudez; ... A la muerte del trabajador, de un jubilado o de un pensionado, será el equivalente al 90% (noventa por ciento) de la que le hubiere correspondido a éstos conforme a la tabla respectiva del artículo 4o. del régimen. En caso de que existan más de dos huérfanos el porcentaje se disminuirá al 40% (cuarenta por ciento). Tendrá derecho a recibir la pensión de viudez, el viudo o concubinario siempre y cuando se acredite que se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora, la jubilada o la pensionada ...’. De la literalidad de esta cláusula contractual se desprende que, contrario a lo argumentado por el quejoso, la demostración de la dependencia económica del viudo con la cónyuge fallecida constituye un requisito para acceder al pago de la pensión por viudez. Sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión, lo alegado por el peticionario de garantías en el sentido de que este requisito sólo es aplicable al concubinario, pues al establecer la norma textualmente ‘viudo o concubinario’ seguido de la frase ‘siempre y cuando acredite que se encuentra’, es claro que, dice, solamente hace referencia al segundo de los citados, ya que de no ser así, la exigencia se hubiera mencionado en plural para que abarcara a los dos sujetos de la norma. Ello, en virtud de que la letra ‘o’ en su acepción disyuntiva separa dos vocablos; por consiguiente, la norma hace alusión a una sola persona, que puede ser, en este caso, el viudo o el concubinario, y es por esa razón que posteriormente se alude a cada uno de ellos en forma singular (acredite, encuentra), lo cual no significa que la exigencia que enmarca la cláusula vaya dirigida solamente al segundo de los citados, sino que la norma prevé para ambos sujetos (viudo o concubino) iguales exigencias para que puedan acceder a la pensión por viudez. De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Por otro lado, resulta inatendible lo alegado por el quejoso en el sentido de que la cláusula referida con antelación vulnera la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, tutelada por el artículo 4o. constitucional, toda vez que prevé mayores requisitos para el varón con respecto de la mujer a fin de que le sea otorgada la pensión de que se trata; esto, debido a que en el juicio de garantías no se puede alegar la inconstitucionalidad de una norma contractual derivada de la concertación de voluntades entre particulares. Es así, cuenta habida que acorde con la fracción IV del artículo 166 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, tratándose de amparo directo, en el apartado relativo a los conceptos de violación, se puede alegar la inconstitucionalidad de la ley, tratado o reglamento que, en su caso, se hubiere aplicado para resolver el asunto, es decir, se hace referencia a un acto de autoridad mediante el cual se emite una norma general, impersonal y abstracta, no así a un acuerdo de voluntades entre particulares, como lo es un contrato colectivo de trabajo del que forma parte el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que, conforme al artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad; luego, debe convenirse en que todos los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad del citado Régimen de Jubilaciones y Pensiones, deben refutarse inatendibles, toda vez que al tratarse de actos de particulares no pueden ser examinados de primera intención si dicho pacto viola garantías. Por tal razón, no se comparte el criterio que en apoyo a sus argumentos invoca el peticionario de garantías, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, en el sentido de que la Junta debe inaplicar la exigencia de la dependencia económica tratándose de varones establecida para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que, estimó el tribunal, dicha disposición vulnera la garantía de igualdad tutelada por el artículo 4o. constitucional. Este criterio aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ... con el rubro y texto siguientes: ‘PENSIÓN DE VIUDEZ. LA JUNTA DEBE INAPLICAR LA EXIGENCIA DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA TRATÁNDOSE DE LOS VARONES ESTABLECIDA PARA SU OTORGAMIENTO EN EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR INFRINGIR LA GARANTÍA DE IGUALDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Ello en virtud de que, como se apuntó, en el juicio de garantías no es dable, bajo ninguna circunstancia, analizar si un acto entre particulares es atentatorio de garantías individuales. En otro de sus motivos de inconformidad, el peticionario de garantías hace valer la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social vigente. Para que en el juicio de amparo directo proceda el análisis de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, es menester la satisfacción de los requisitos siguientes: a) Que la situación abstracta prevista por aquélla efectivamente se concretice, es decir, que en la sentencia impugnada, efectivamente, se haya aplicado la norma tildada de inconstitucional; b) Que no se actualice alguna causal que, tratándose de amparo indirecto, determine su improcedencia; c) Que en caso de concederse el amparo respecto de la aplicación de la norma controvertida, impacte o trascienda al acto impugnado de origen; y d) La última de las exigencias está vinculada con la efectividad de los conceptos de violación que se end

recen en contra de la ley tildada de inconstitucional, salvo que, como en el caso, se trate de un asunto donde opere la suplencia de la queja deficiente. Colmados estos requisitos, el Tribunal Colegiado estará en aptitud de realizar el estudio respectivo para determinar la constitucionalidad o, en su defecto, la inconstitucionalidad de la ley. En relación con la exigencia marcada con el inciso a), debe decirse que ésta se encuentra colmada, dado que fue al tenor de lo dispuesto en el precepto tildado de inconstitucional, que la Junta negó el otorgamiento de la pensión de viudez al peticionario de garantías. Asimismo, de la revisión a los autos no se desprende la materialización de alguna hipótesis legal que en caso del amparo indirecto determinarían su improcedencia. El requisito marcado con el inciso c) también se encuentra satisfecho, en tanto que de concederse el amparo por considerarse inconstitucional la norma que regula el pago de la pensión por viudez, se vincularía a la Junta responsable a que dejara insubsistente el laudo impugnado y, en su lugar, emitiera uno nuevo en el que atendiera las consideraciones expresadas por este órgano colegiado, consecuentemente, tendría que declarar procedente la solicitud del peticionario de garantías. Finalmente, a efecto de determinar si se colma el último de los presupuestos para acceder al estudio del concepto de violación en el que se tacha de inconstitucional la norma de que se trata, es menester señalar que, en el caso, el solicitante de garantías sí expresa argumentos tendientes a evidenciar que el citado numeral de la Ley del Seguro Social contraría preceptos de la Constitución, pero aun cuando no lo hubiera hecho de manera correcta, estamos ante un supuesto de suplencia de queja, toda vez que es el beneficiario del trabajador quien acude al amparo. Superado el tema de procedencia, este órgano colegiado se dispone a abordar el análisis del segundo concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En éste alega, en esencia, que el artículo 130 de la Ley del Seguro Social conculca la garantía de igualdad y no discriminación previstas en el artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer mayores requisitos a los cónyuges varones que a las mujeres para el otorgamiento y pago de la pensión de viudez. Explica que esta garantía tiene como propósito empatar la situación jurídica de ambos sexos tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento solidario de las responsabilidades que les competen en sus actividades educativas, políticas y productivas, equilibrando las garantías individuales con las garantías sociales, evitando y rechazando cualquier privilegio derivado de supuestas superioridades o jerarquías entre sexos, al exigir socialmente la igualdad entre el hombre y la mujer. Agrega que el numeral tildado de inconstitucional hace una distinción de géneros para el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, al exigirle al varón, en su carácter de esposo viudo, demostrar dependencia económica con su extinta mujer, lo cual contraría la intención del Constituyente al establecer la igualdad entre el hombre y la mujer, buscando abatir viejos resabios que habían influido para mantener situaciones de discriminación de la mujer frente al varón. Así las cosas, en primer lugar debemos precisar los alcances de la garantía de no discriminación y de igualdad entre el hombre y la mujer previstas, respectivamente, en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, dicen: ‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece ... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas ...’. ‘Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia ...’. Como se desprende de lo antes reproducido, la igualdad prevista entre el varón y la mujer ante la ley, a su vez se encuentra íntimamente ligada al principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1o. constitucional, al preceptuar que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, en el entendido que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ésta consigne, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual de que se superen las discriminaciones que con frecuencia se otorgaba a uno u otro individuo por razón de su sexo. De ahí que la idea de igualdad ante la ley como un principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias y dichas relaciones, en tales circunstancias, son gobernadas por reglas fijas, de manera que la discriminación o el favor en el trato de los individuos puede hacerse sólo en virtud de circunstancias relevantes, es decir, que pueda ser justificada, a fin de evitar un trato desigual. Efectivamente, el referido principio de igualdad no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho supuesto se refiere a la igualdad jurídica, consistente en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho. Por tanto, no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por tanto, a iguales situaciones de hecho, corresponden similares situaciones jurídicas, de modo que el legislador no puede establecer desigualdades artificiosas e injustificadas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. CXVI/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página seiscientos treinta y nueve, que a la letra dice: ‘GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social dispone: ‘Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.’. Como se ve, esta norma, en su primer párrafo, regula la hipótesis cuando quien fallece es el varón y establece que tendrá derecho a la pensión de viudez: a) La esposa del asegurado o pensionado por invalidez; y b) A falta de esposa, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido (concubina), durante los cinco años precedentes inmediatamente a su muerte o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. En el segundo párrafo, regula la pensión, cuando es la mujer quien fallece, disponiendo al respecto, que la misma pensión de viudez corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Como se puede apreciar, este precepto condiciona el otorgamiento de la pensión de viudez a que el viudo acredite su dependencia económica respecto de la fallecida, en su carácter de trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, requisito que no exige a la esposa, cuando es el varón quien muere, sin que el texto o literalidad de la norma justifique este trato distinto en otra razón que no sea, exclusivamente, la diferencia de género, proscrita por el Orden Fundamental. De ahí que no obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, el legislador ordinario estableció un trato distinto al viudo, pues para que acceda a la pensión de viudez, adiciona un requisito no previsto para el caso de que sea la mujer quien tenga derecho a ella. Esto es así, porque si el varón fallece, la ley únicamente exige a su viuda acreditar que fue esposa del asegurado o del pensionado. En cambio, si es la mujer quien fallece, se exige a su viudo acreditar que dependía económicamente de la trabajadora, asegurada o pensionada fallecida. Esta decisión del legislador de otorgar al viudo el derecho a la pensión de viudez, añadiendo un requisito que la viuda no debe acreditar, implica que sean tratados en forma distinta a pesar de estar en la misma situación: a) Por tener y compartir el mismo estado civil y, por ende, igual posición al seno de la familia. b) Por ser cónyuges supérstites del asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez. c) Porque el asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez, cotizaron para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Seguro Social. Tampoco en el proceso de reformas se justifica el motivo por el que se previó tal distinción. En relación con este tópico, en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lo conducente, se dijo: ‘Las comisiones unidas estimaron que en el seguro de riesgos de trabajo la pensión que en su caso debe entregarse al viudo o concubinario, no requería del estado de invalidez total de aquéllos para el disfrute de la pensión, por lo tanto, únicamente se conservó como requisito para el goce de esta pensión la dependencia económica. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron las fracciones II del artículo 64, III del artículo 84 y el párrafo segundo del artículo 130 de la iniciativa para quedar como sigue: «Artículo 64. ... Los beneficiarios. II. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida.». «Artículo 84. ... III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior.». «Artículo 130. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.».’. Como se puede apreciar, las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de la nueva Ley del Seguro Social estimaron conveniente suprimir, para efecto de que el viudo o concubinario goce de la pensión de viudez, el requisito consistente en el estado de invalidez total, que se proponía en la iniciativa, por lo que únicamente se conservó la dependencia económica como exigencia para tal fin; sin embargo, de manera alguna se justifica por qué se consideró conveniente que subsistiera ese requisito y, si bien, en el proceso de discusión efectuado en la Cámara de Origen hubo voces en contra de esta situación, como la del diputado de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo Eduardo Guzmán Ortiz, quien, literalmente, señaló: ‘... Se quitó el texto de que sólo si fueran incapacitados totales y dependieran de la asegurada, para dejar que dependan económicamente de la asegurada y nos preguntamos ¿por qué este criterio? ¿Acaso las cuotas de las trabajadoras valen menos que la de los trabajadores? no, pues sólo vale uno, el criterio de rentabilidad a futuro y en este sentido me parece que difícilmente se podrán lograr las metas que aquí también ya se ha señalado, no estuvieron claras en la discusión ...’. A fin de cuentas, el dictamen se aprobó sin modificación alguna en el aspecto en estudio. Cabe recalcar que en el proceso de discusión llevado a cabo tanto en la Cámara de Origen como en la Revisora no se realizó manifestación alguna que revelara la justificación razonable e igualmente objetiva que orilló a los legisladores a incluir en la norma la desigualdad acotada. De manera que tal distinción no tiene causa de justificación, porque además de fundarse exclusivamente en el género, no existen, por otra parte, en el proceso de reformas razones distintas que la justifiquen, lo cual hace que el precepto incurra en una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, al menoscabar los derechos del viudo en función del género o cualquier otro motivo (factores económicos en este caso) que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades y con ello, en violación a la garantía de igualdad prevista en ese numeral. La diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las meramente económicas, evidencia la inconstitucionalidad de la norma reclamada, porque si durante su vida laboral, las extintas trabajadoras cotizan para que quienes les sobreviven y tengan derecho a ello, disfruten de los seguros previstos en la ley de la materia, entonces la pensión en comento no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios. De esta manera, no obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, disfruten, entre otros, de los seguros de vida, el legislador ordinario con infracción a tales valores fundamentales, estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el instituto, tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Encuentra aplicación al caso concreto, por analogía, la tesis 2a. CXV/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que a la letra dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.’ (se transcribe). En conclusión, el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, publicada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, al establecer mayores requisitos al viudo para obtener la pensión de viudez, pues le exige acreditar que en vida de su cónyuge dependió económicamente de ésta (que no exige cuando es el varón quien muere y la pensión la reclama su viuda), infringe los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos con antelación, pues introduce una distinción o discriminación, por razón de género, que lo priva injustificadamente de un beneficio y le impone una carga desigual. En las relatadas condiciones, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********** para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que, con base en los lineamientos previstos en esta ejecutoria, no aplique la condición impuesta en el artículo 130 de la Ley del Seguro Social."

CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de cinco de julio de dos mil uno, resolvió:

"QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso ... son infundados en una parte y fundados en otra en suplencia de la queja atento a las siguientes consideraciones. Por cuestión de orden lógico se abordará el estudio del primer concepto de violación inciso c), propuesto por el quejoso en el que señala que existió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21829-edcbf3c2/pension-por-viudez-el-acreditamiento-de-la-dependencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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