SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO FUNDAMENTO DE SU COMPETENCIA EN ESE ÁMBITO, AL ENCONTRARSE ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE AQUÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la presidenta de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el nueve de abril de dos mil diez en la revisión fiscal **********, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. 1. Antecedentes. Con motivo de la revisión de papeles de trabajo, la autoridad fiscal inició sus facultades de comprobación a Banorte Generali, Sociedad Anónima de Capital Variable, Afore (antes Sólida Banorte Generali, Sociedad Anónima de Capital Variable Afore), por lo que el veintidós de noviembre de dos mil seis el administrador central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos de la Administración General de Grandes Contribuyentes determinó la situación fiscal de dicha contribuyente, en materia de impuesto sobre la renta respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres, fincando un crédito por la cantidad de **********. Inconforme con esa determinación, la contribuyente promovió juicio de nulidad. Por sentencia de diez de junio de dos mil nueve, la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictada en el expediente **********, declaró la nulidad de la resolución impugnada, bajo el argumento toral de que la autoridad emisora del oficio ********** de veintitrés de septiembre de dos mil cinco, no señaló expresamente, ni transcribió el artículo segundo, primer párrafo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (sic), publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince (sic) de julio de dos mil cinco, a fin de que precisara su competencia territorial para emitir esa clase de actos, con lo que -dijo la Sala- se incumplió con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en relación con el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. 2. Fundamentación de la competencia en razón de territorio. En una parte del único agravio, la recurrente expone que la sentencia es violatoria del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, por las razones siguientes: Aduce que en el oficio ********** sí se precisó la competencia territorial de la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos. Que ello obedeció a que se citó el artículo 9o., penúltimo párrafo, en relación con el diverso 20, apartado S, fracción II y último párrafo, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Que la precisión de dichos numerales bastaba para fundamentar la competencia territorial de la citada administración, atento a que el primero de los preceptos dispone de manera general que las administraciones generales y las administraciones centrales que de ella dependan, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional; y por lo que hace al restante, prevé que la autoridad signante del oficio en comento depende de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Que en ese sentido, era innecesario que se citara el artículo segundo, primer párrafo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (sic), publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince (sic) de julio de dos mil cinco, pues se encuentran precisadas las normas que prevén la competencia territorial de la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos de la Administración General de Grandes Contribuyentes, que es lo que exige la jurisprudencia 2a./J. 115/2005. Los argumentos sintetizados resultan sustancialmente fundados. Las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). Respecto de dicho tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista por el citado numeral 16 constitucional, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se plasmen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga facultades a la autoridad emisora; y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que apoya su actuación, pues de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que prohíbe la aludida garantía, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. Tal criterio orientador se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 57/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). En la contradicción de tesis **********, que dio origen a la citada jurisprudencia, se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: ‘SÉPTIMO. ...’ (se transcribe). Posteriormente, la citada Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, también abordó el tema de la competencia en razón de territorio de la autoridad administrativa, y estableció que cuando ésta fundamenta su competencia territorial en una norma que no contenga apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos, debe transcribir la parte relativa del precepto legal en que funda su competencia, a fin de identificar con toda exactitud la parte específica de la norma que la preveía y considerar que se cumple con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. En dicha ejecutoria, el Máximo Tribunal concluyó con el siguiente razonamiento: (se transcribe). De las citadas consideraciones derivó la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Las jurisprudencias y consideraciones citadas resultan aptas para sustentar esta sentencia, en cuanto a la cita exhaustiva de los preceptos y ordenamientos que otorgan competencia en razón de territorio a la autoridad emisora del acto de molestia, a fin de dar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, pues de esta forma el gobernado tiene pleno conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses. Como se aprecia del oficio **********, que se encuentra agregado a fojas doscientos sesenta y cuatro y doscientos sesenta y cinco del juicio de nulidad, el administrador central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos señaló como fundamento legal, entre otros preceptos, el artículo 9o., penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, el cual establece: ‘Artículo 9o. Los administradores generales y el titular de la unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes: ... Las unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales, las administraciones generales y las administraciones centrales que de ellas dependan, así como las coordinaciones y las administraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal y las Administraciones para el Destino de Bienes cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México. Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establece en el artículo 37 de este reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en el acuerdo correspondiente. Sin embargo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes.’. Como se advierte del citado numeral, las administraciones centrales que dependan de las administraciones generales -con excepción del administrador central de Capacitación Fiscal y las Administraciones para el Destino de Bienes- tienen su sede en el Distrito Federal y cuentan con facultades para actuar en todo el territorio nacional, es decir, extienden su competencia territorial para ejercer sus facultades en todo el país, sin restricción alguna. En el caso, la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos, al depender de la Administración General de Recaudación de Grandes Contribuyentes -en términos del artículo 20, apartado S, fracción II y último párrafo, del reglamento que nos ocupa- se ubica en el supuesto normativo que prevé el penúltimo párrafo del artículo 9o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. En ese tenor, en estricta observancia a los criterios orientadores que sobre el tema de la fundamentación de la competencia en razón de territorio de las autoridades administrativas ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005-, la autoridad demandada y emisora del oficio ********** citó con suficiencia su competencia territorial, pues al ser un administrador central, diverso al administrador central de Capacitación Fiscal y a las Administraciones para el Destino de Bienes, el artículo 9o., penúltimo párrafo, del ordenamiento invocado, le otorga facultades para actuar en todo el territorio nacional, lo cual se estima suficiente para considerar debidamente fundada su competencia por razón de territorio. Sin que sea obstáculo a lo anterior que en dicho oficio no se haya señalado y transcrito el artículo segundo del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (sic) -como se sostuvo en la resolución recurrida-, pues en el caso, se considera exhaustiva la cita del artículo 9o., penúltimo párrafo en cuestión, para advertir que sí se fundamentó la competencia por territorio. -Aunado a que el citado artículo segundo, primer párrafo, del referido acuerdo, que según la Sala debió invocarse como fundamento de la competencia territorial, también indica que: ‘La Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades centrales, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, y ejercerá sus facultades en todo el territorio nacional’, y establece la circunscripción territorial donde ejercerán sus facultades las Administraciones Regionales de Grandes Contribuyentes, las cuales difieren de la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos, razón por la cual, se estima indebido el razonamiento relativo a que la autoridad que emitió el oficio impugnado en el juicio de nulidad debió invocar el acuerdo en comento, pues tal aspecto deviene innecesario por las razones expuestas, esto es, basta con que se señale el artículo 9o., penúltimo párrafo, del multicitado reglamento para que el contribuyente tenga pleno conocimiento de la competencia en razón de territorio de la autoridad fiscal en comento, así como certeza y seguridad jurídica frente al acto de molestia, pues indudablemente tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, entre ellos, el precepto legal que da competencia a la autoridad para emitir el referido acto de molestia y poder controvertirlo. A mayor abundamiento, mediante los aludidos criterios jurisprudenciales, el Alto Tribunal del País ha pugnado precisamente porque el acto de molestia sea pronunciado por la autoridad que tenga facultad expresa para ello, pero sobre todo que la autoridad emisora haga del conocimiento del gobernado la norma legal aplicable a su actuación, entre otras, la de competencia por razón de materia, grado y territorio, a fin de brindar seguridad jurídica al gobernado -artículos 14 y 16 de la Constitución Federal-, esto, mediante la cita del dispositivo legal, acuerdo o decreto (apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos) que legitime su competencia. En el caso, dicha máxima se cumple con la cita del numeral 9o., penúltimo párrafo, del multicitado reglamento, pues el gobernado al consultar ese precepto conoce el ámbito territorial en donde el administrador central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos, como unidad administrativa que depende de una administración general -Administración General de Recaudación de Grandes Contribuyentes-, ejerce sus facultades (todo el país). En las relatadas circunstancias, lo que procede es declarar procedente y fundado el recurso de revisión. En ese tenor, no es necesario el análisis de los restantes argumentos que esgrimió la recurrente, pues en nada variaría el sentido de este fallo. Similar criterio sostuvieron los Tribunales Primero, Sexto, Noveno y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las revisiones fiscales **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente, que este tribunal comparte. No pasa inadvertido para esta instancia que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal ********** en sesión de dieciséis de abril de dos mil nueve, haya declarado procedente pero infundado el aludido medio de impugnación -criterio en el que se basó la Sala para declarar la nulidad de la resolución impugnada- bajo el argumento de que no bastaba que en la resolución impugnada la autoridad fundamentó su competencia territorial en el artículo 11, primer y último párrafos, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el cual establece que las administraciones generales del Servicio de Administración Tributaria ejercerán sus atribuciones legales y reglamentarias en todo el territorio nacional, pues estimó -dicho órgano colegiado- que era necesaria la cita del artículo primero, primer párrafo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, en razón de que el primer ordenamiento refiere de manera genérica a todas las administraciones generales, en tanto que el segundo establece específicamente la circunscripción territorial de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Sin embargo, este tribunal no comparte dicho criterio, pues tal como se expuso con antelación, la cita del precepto en comento otorga facultades para actuar en todo el territorio nacional a las administraciones generales y las administraciones centrales que de ellos dependan, lo que se estima suficiente para considerar fundada su competencia territorial, sin que sea necesario invocar el artículo respectivo del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (sic). Ante la divergencia de criterios que se destaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, último párrafo, relacionado con el diverso 197-A de la Ley de Amparo, se ordena remitir copia certificada de esta sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que tenga a bien resolver la posible existencia de contradicción de tesis."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil nueve en la revisión fiscal **********, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SÉPTIMO. En la primera parte del agravio, la autoridad recurrente sostiene que los oficios impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados en cuanto a la competencia territorial del funcionario que la emitió, Administración General de Grandes Contribuyentes, quien es competente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, primer y segundo párrafos, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a la fecha de emisión de las mismas, de modo que los créditos impugnados se encuentran fundados en cuanto a la competencia del funcionario que los emitió. Es infundado el argumento anterior, en atención a lo siguiente. La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas en virtud de que la autoridad emisora no citó el artículo primero, primer párrafo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos y, por ende, vigente al momento de emitirse las resoluciones controvertidas del que dijo que se desprendía la competencia territorial de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. A juicio de este Tribunal Colegiado, es acertada la conclusión a la que arribó la Sala en la medida en que el administrador general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, al emitir las resoluciones impugnadas no precisó de manera completa las disposiciones que específicamente delimitan la jurisdicción territorial dentro de la cual el citado servidor público se encuentra facultado para ejercer sus atribuciones legales y reglamentarias. Cabe destacar que sobre el tema en particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el criterio general jurídico orientado en el sentido de que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Con base en lo anterior, precisó que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación establecida en el precepto constitucional señalado, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, y en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. En el mismo sentido, ha establecido que si se está en presencia de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace. Las anteriores consideraciones de la Segunda Sala del Alto Tribunal se encuentran plasmadas en las jurisprudencias que a continuación se citan: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Bajo esas consideraciones, es preciso señalar que el artículo 11, primer y último párrafos, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, invocado en la resolución impugnada, establece y delimita la circunscripción territorial en la que las Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria ejercerán sus atribuciones legales y reglamentarias, que en tales términos pueden ejercer sus facultades en todo el territorio nacional. Sin embargo, contrario a lo señalado por la autoridad recurrente, en tal dispositivo se hace referencia de manera genérica a todas las administraciones generales que dependen de la autoridad demandada, y es en el artículo primero, primer párrafo del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, en donde específicamente se establece la circunscripción territorial de la Administración General de Grandes Contribuyentes, tal como se desprende de las siguientes transcripciones: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. ‘Artículo 11. Los administradores generales y el secretario técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera además de las facultades que les confiere este reglamento, a cada uno de ellos, tendrán las siguientes facultades: ... Las administraciones generales, el secretario técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y las administraciones centrales que de ellos dependan, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.’. Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria.. ‘... Artículo primero. La Administración General de Grandes Contribuyentes tendrá su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, y ejercerá sus facultades en todo el territorio nacional. ...’. De la simple lectura de los preceptos anteriormente transcritos se advierte que, contrario a lo aducido por la recurrente, el texto de ambos preceptos no resulta igual, en la medida en que el artículo primero del ordenamiento señalado precisa y claramente se refiere a la circunscripción territorial de la autoridad demandada, que es la Administración General de Grandes Contribuyentes, a diferencia de lo que sucede con el diverso artículo 11, primer y último párrafos, del reglamento invocado en las resoluciones impugnadas, que se refiere de manera genérica, entre otras autoridades, a todas las administraciones generales del Servicio de Administración Tributaria, por lo que tal como lo sostuvo la Sala del conocimiento, si en las resoluciones impugnadas no se cita el artículo primero, primer párrafo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, debe considerarse que no se fundamentó debidamente la competencia territorial de las autoridades demandadas, en la resoluciones impugnadas, en donde debió señalarse con precisión la porción normativa que específicamente establecía la competencia territorial de la autoridad emisora, dentro de la cual la citada dependencia se encuentra facultada para ejercer sus atribuciones legales y reglamentarias, pues sólo de esta manera se cumpliría con la garantía de la debida fundamentación establecida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. De ahí que, en oposición a lo argumentado por la autoridad recurrente, se estime correcta la determinación de la Sala en cuanto concluye que la autoridad demandada no fundó debidamente su competencia territorial, para ejercer debidamente sus atribuciones, por tanto, al no citar textualmente en el acto de molestia el fundamento legal que le otorga competencia territorial, deja en estado de indefensión a la actora, por lo que incumple lo establecido en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con relación al artículo 16 constitucional y a las jurisprudencias citadas. En esa medida también resulta infundado el diverso apartado del agravio, en donde la autoridad inconforme sostiene que no se trata de una norma compleja, porque únicamente consta de un párrafo, y que no debió tomarse en consideración la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22322-acd8bb33/servicio-de-administracion-tributaria-es-innecesaria-la-invocacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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