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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO NO PUEDE CONCEDERLA DE OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20 APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21849
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 244.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito en materia penal, lo cual compete a la especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por **********, quejoso en el amparo en revisión 92/2008, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Antes de analizar las consideraciones vertidas por los tribunales en contienda cabe hacer algunas precisiones respecto de los asuntos que se sometieron a su conocimiento y que motivaron la denuncia materia de este asunto.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió los amparos en revisión 47/2008 y 82/2008; mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito conoció del amparo en revisión 92/2008. Es necesario destacar que los quejosos en estos tres asuntos fueron coinculpados dentro de la misma causa penal, mediante la cual se les acusó de cometer el delito de robo previsto y sancionado por los artículos 367 y 370, párrafo tercero, del Código Penal Federal.

Así, de los antecedentes que informan los casos en cuestión, en lo que interesa, se advierte que:

• A los tres quejosos se les libró orden de aprehensión por el delito de robo. Posteriormente, promovieron juicio de amparo en contra de la misma.

• El Juez de Distrito que conoció de los asuntos otorgó la suspensión solicitada. Bajo sus efectos, los inculpados fueron requeridos para comparecer ante el Juez de instancia a rendir su declaración preparatoria.

• Una vez que fue dictado el auto de formal prisión se decretó el sobreseimiento de aquel juicio de amparo, determinación que fue confirmada en el recurso de revisión.

• El veinticinco de junio de dos mil siete, el Juez de la causa penal emitió un auto en donde requirió a los quejosos para que exhibieran garantía a fin de cubrir el concepto de la libertad provisional bajo caución, la posible sanción pecuniaria y la reparación del daño, con el apercibimiento de reaprehensión en caso de incumplimiento. Éste es el acto que fue materia de impugnación en los tres amparos sometidos a la revisión de los tribunales contendientes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió los amparos en revisión 47/2008 y 82/2008. Las consideraciones vertidas por dicho tribunal son, en lo que interesa, las siguientes:

Amparo en revisión penal 47/2008

"Resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, en la parte que es materia de impugnación, y conceder la protección constitucional, el alegato en que el recurrente sustenta la inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que fue obsequiado sin solicitud expresa de parte legítima.

"En efecto, se estima acertada la afirmación precedente, ya que ... uno de los requisitos indispensables para que el Juez instructor pueda dictar un proveído en el que otorgue el beneficio de la libertad provisional bajo caución, es que dicho beneficio sea peticionado por el inculpado; por tanto, si no obstante tratarse de un derecho dispositivo de carácter renunciable (puesto que el inculpado puede optar por guardar prisión preventiva mientras se le instruye el proceso), en el caso, como acertadamente lo afirma el recurrente, no existe la solicitud relativa, sino que el Juez, motu proprio y de manera oficiosa otorgó el aludido beneficio, fijando las garantías que estimó pertinentes, y apercibió al inculpado con ordenar su reaprehensión en el supuesto de no exhibirlas, resulta inconcuso que tal pronunciamiento es inconstitucional, puesto que el pronunciamiento cuestionado carece del factor obligatorio que le atrae a la vida jurídica, como es la previa solicitud por parte del inculpado o procesado, de que le sea concedido el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

"...

"La presente determinación no versa en el sentido de que el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución sea improcedente en la especie, sino que simplemente es improcedente pronunciarse sobre su otorgamiento cuando no lo solicita expresamente el inculpado o su defensor."

Este tribunal reiteró el mismo criterio al resolver el amparo en revisión 82/2008, asunto que, como ya se ha señalado, versó sobre el exacto mismo motivo de agravio que el resto de las sentencias referidas a la presente contradicción de tesis.

II. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 92/2008, en lo que interesa, son las siguientes:

"Si bien es cierto lo alegado por el recurrente en cuanto refiere que el acto reclamado sí contiene apercibimiento ... tal circunstancia es insuficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como acertadamente lo consideró la Juez responsable, y más adelante se analiza, podrá haber ordenado la reaprehensión del ahora quejoso; y, al haber fijado las garantías para el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, únicamente entraña el conocimiento que hace el Juez de la causa al inculpado de que tiene derecho al beneficio y condiciona su otorgamiento al cumplimiento de las medidas de aseguramiento que prevé el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional, y el diverso 399 de la ley secundaria de la materia, pues aun cuando el delito de robo hace exigible la detención física del inculpado, para ponerlo a disposición del Juez de la causa y proseguir con el proceso, dicho delito no está considerado como grave, por tanto, con independencia de que el recurrente se encuentre en libertad, el juzgador ningún derecho le trastocó al darle a conocer el citado beneficio previamente a ordenar su reaprehensión; luego, el que lo haya considerado así la autoridad señalada como responsable no causa agravio al recurrente, ni es violatorio de garantías.

"Para el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, es innecesario que la persona o destinatario de la norma se encuentre previamente privado de su libertad ... pues ningún agravio le causa el hecho de que, el Juez de la causa, emitiera el proveído por el que se le fijaran diversas cantidades en dinero para garantizar la libertad provisional bajo caución, la posible sanción pecuniaria y la reparación del daño, para que continuara gozando de su libertad, con motivo del sobreseimiento del juicio de garantías intentado contra la orden de aprehensión girada en su contra, precisamente porque fue dictado auto de formal prisión dentro del proceso penal seguido en su contra; circunstancia que resulta insuficiente para considerar que se transgreden sus garantías individuales; además, el que dicho proveído contuviera un apercibimiento, en caso de su incumplimiento, como sería el de girar la reaprehensión en su contra, tampoco puede estimarse como violatorio de sus garantías individuales, por esa sola circunstancia, pues como lo indica la Juez federal al haberse decretado auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, previsto en el artículo 367 del Código Penal Federal, que es sancionado con pena privativa de libertad, aun cuando no se trata de delito grave, hace exigible la detención del inculpado para ponerlo a disposición de la responsable y proseguir con el procedimiento seguido en su contra; de ahí que, con independencia de que se encuentra en "libertad", el Juez del proceso en nada trastoca las garantías del promovente al darle a conocer dicho beneficio antes de ordenar su reaprehensión.

"Por otro lado, resulta infundado el alegato en que el recurrente sustenta la inconstitucionalidad del acto reclamado en virtud de que fue obsequiado sin solicitud expresa de parte legítima.

"Ello es así, pues no obstante tratarse de un derecho dispositivo de carácter renunciable, ya que el inculpado puede optar por guardar prisión preventiva mientras se le instruye el proceso, en el caso, aun cuando no lo haya solicitado dicho inculpado, este órgano colegiado estima correcto lo considerado por la Juez federal, al aducir que el otorgamiento del aludido beneficio no irroga agravio alguno al recurrente, pues, como quedó señalado, únicamente entraña al conocimiento que hizo el Juez del proceso al inculpado sobre su derecho al mismo y las condiciones para su otorgamiento, el que resultaba procedente con independencia de que se encontrara en libertad, y de que le interesara o no disfrutar del mismo.

"Asimismo, contrario a lo que refiere el recurrente, no obstante la comparecencia del inculpado durante el desarrollo del proceso y la etapa procedimental en que se encuentra la causa, se estima necesaria su sujeción material al proceso, ya sea mediante su reclusión, o bien, garantizando con caución su libertad provisional, ya que tal figura encuentra justificación en los objetivos que persigue, consistentes en preservar hasta su fin el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena si llegara a dictarse, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad; por lo que, con el propósito de impedir las demoras y posibles contingencias en el curso del proceso o bien en la ejecución de las penas, es inconcuso que el instructor puede hacer saber al procesado que tiene derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución y requerirlo para que manifieste si es su deseo acogerse a él o recluirse para guardar prisión preventiva mientras se le instruye el procedimiento."

CUARTO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

I. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente generar seguridad jurídica en aquellos casos en los que la práctica interpretativa ha producido resultados dispares. Dicho de otro modo: se trata, por un lado, de eliminar algunas vías interpretativas ya intentadas y, por otro, de orientar bajo un criterio objetivo la resolución de determinados problemas interpretativos.

Dichos casos suelen tener esencialmente la siguiente configuración: 1) algún Tribunal Colegiado -o alguna Sala de la Corte, en su caso- realiza un determinado ejercicio interpretativo para resolver algún conflicto determinado; 2) otro Tribunal Colegiado realiza el mismo tipo de ejercicio interpretativo para resolver otro conflicto -igual o diferente que el primero-, y 3) los mismos tribunales y todos los demás tienen ante sí, de manera cierta y probada, al menos dos formas diferentes de elaborar el mismo argumento interpretativo, lo cual se traduce en un problema de inseguridad jurídica.

Las normas antes citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados como de la finalidad antes apuntada: la producción de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, es bien sabido, se complementa con el arbitrio judicial formando una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la generación de seguridad jurídica mediante la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

II. Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores se desprende que la interpretación realizada por los Tribunales Colegiados contendientes versó sobre un mismo problema jurídico, cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos. Esto es, se cumplen las condiciones del test antes anotado. Los siguientes datos corroboran esta información:

1) Los quejosos combatieron el mismo acto reclamado; a saber: el auto de veinticinco de junio de dos mil siete dictado en la causa penal 75/2005, mediante el cual se les requiere para que otorguen caución a efecto de garantizar la libertad provisional, la posible sanción pecuniaria y la reparación del daño, con el apercibimiento de reaprehensión en caso de incumplimiento.

Lo anterior fue así en virtud de que el Juez de la causa penal dictó el auto en mención para efectos de que los tres quejosos garantizaran la libertad provisional bajo caución. Así lo dispuso el Juez al señalar en dicho acuerdo lo siguiente:

"Toda vez que los juicios de amparo promovidos por los procesados **********, ********** y **********, se encuentran concluidos; por tanto, tienen la obligación de exhibir la garantía que garantice su libertad provisional bajo caución, hasta en tanto se dicte sentencia en la presente causa."

2) De las tres demandas de amparo que fueron interpuestas por cada uno de los inculpados conoció el mismo Juez de Distrito (Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora), quien por acuerdo de dos de octubre de dos mil siete determinó negar el amparo a los quejosos. Cabe destacar que las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en las tres sentencias fueron reiteradas en su literalidad.

3) En contra de tal negativa, los tres quejosos interpusieron recurso de revisión expresando los mismos agravios.

4) Los amparos en revisión 47/2008 y 82/2008 de los que por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito culminaron con los siguientes puntos resolutivos, respectivamente.

Amparo en revisión 47/2008:

"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Se sobresee respecto de los actos reclamados de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de la sentencia impugnada.

"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto de los actos reclamados al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, y al comandante o encargado de la subsede o base de la Policía Federal Investigadora, ambas con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, y al comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo."

Amparo en revisión 82/2008:

"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Se sobresee respecto de los actos reclamados de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de la sentencia impugnada.

"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto de los actos reclamados al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, y al agente encargado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); titular de la Comisaría de Sector XXVI-113 de Ciudad Obregón, Sonora, de la Policía Federal Preventiva; subdelegado de Procedimientos Penales, Zona Sur, de la Procuraduría General de la República; agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Sonora; y agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa Primera de Procedimientos Penales, Zona Sur, de la Procuraduría General de la República, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo."

5) El amparo en revisión 92/2008, del que -por razón de turno-, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, culminó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos reclamados al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora; al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado; agente encargado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); titular de la Comisaría de Sector XXVI-113, de Ciudad Obregón de la Policía Federal Preventiva; subdelegado de procedimientos penales zona sur de la Procuraduría General de la República; agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado; agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Primera de Procedimientos Penales Zona Sur de la Procuraduría General de la República, todos con residencia en ciudad Obregón, Sonora; comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en el Estado, con residencia en Hermosillo, Sonora; y director de la Agencia Federal de Investigaciones, con residencia en México, Distrito Federal, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo."

Como puede observarse, tratándose del mismo acto reclamado, las mismas consideraciones en la sentencia posteriormente recurrida y los mismos agravios, un Tribunal Colegiado -el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito- determinó que resultaba procedente otorgar el amparo, mientras el otro tribunal -el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa- determinó que resultaba procedente negarlo.

A partir de lo anterior es claro que, al resolver los referidos amparos, los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos aludidos para la existencia de una contradicción de tesis. Los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial; además, su interpretación giró en torno a un mismo tipo de problema jurídico (la validez del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución sin previa petición del inculpado).

Así pues, no obstante haber examinado una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptaron criterios discrepantes. Esto es, ambos Tribunales Colegiados analizaron si se violaba el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo del dictado de un acuerdo mediante el que, de oficio, el Juez penal otorga la libertad provisional bajo caución y requiere al inculpado para que cubra la garantía correspondiente so pena de ordenar su reaprehensión.

Para el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito es inconstitucional el dictado de la libertad provisional bajo caución si a ésta no le precede solicitud del inculpado. Para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito esta misma resolución no arroga ningún perjuicio al quejoso, toda vez que únicamente entraña el conocimiento que hizo el Juez.

En ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultan esencialmente iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambos órganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.

III. Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideración, la materia del estudio de fondo del presente asunto quedará limitada a determinar si el acuerdo mediante el que, de oficio, el Juez penal otorga la libertad provisional bajo caución y requiere al inculpado para que cubra la garantía correspondiente so pena de ordenar su reaprehensión, resulta violatorio del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)

QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Establecido lo anterior, se estima que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.

Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a dar contestación a la siguiente cuestión: ¿el acuerdo mediante el que, de oficio, el Juez penal otorga la libertad provisional bajo caución y requiere al inculpado para que cubra la garantía correspondiente so pena de ordenar su reaprehensión, resulta violatorio del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Como se ha relatado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa consideró que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 20, apartado A, fracción I, se deriva que uno de los requisitos indispensables para que el Juez instructor pueda dictar un proveído en el que otorga la libertad provisional bajo caución, es que el mismo sea peticionado por el inculpado.

A su vez, dicho órgano colegiado llegó a la determinación de que el beneficio aludido es un derecho dispositivo de carácter discrecional (puesto que el inculpado puede optar por guardar prisión preventiva mientras se le instruye el proceso). Por tanto, -a su parecer- el Juez actúa inconstitucionalmente al otorgar oficiosamente y de motu proprio el aludido beneficio, fijando las garantías que estima pertinentes, y apercibiendo al inculpado con ordenar su reaprehensión en el supuesto de no exhibirlas.

Para determinar si la interpretación realizada por este tribunal es adecuada es preciso dar cuenta de lo que sigue:

Debe notarse que en el supuesto analizado por ambos tribunales contendientes la reclusión de los inculpados ya había sido formalmente requerida mediante auto de formal prisión. Tal como consideró el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, es cierto que bajo este supuesto sólo existen dos posibles situaciones jurídicas en las que se puede encontrar el inculpado; a saber: (i) gozar de la libertad provisional bajo caución (si es que procede), o bien, (ii) estar recluido en prisión preventiva hasta en tanto se dicta sentencia definitiva.

Si bien es cierto que las situaciones jurídicas señaladas -libertad provisional bajo caución o prisión preventiva- son las dos únicas posibilidades que proceden en el supuesto descrito, de ello no se sigue que el Juez de la causa penal esté facultado para, de motu proprio, decretar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21849-0927f97c/libertad-provisional-bajo-caucion-el-juez-del-proceso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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