PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA FALTA DE PROBIDAD POR PARTE DE LOS TESTIGOS EN PROPORCIONAR SUS GENERALES, EN SÍ MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A SU TESTIMONIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia penal, la que es competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo penal 98/2006, en el que se sostuvo el criterio que se dice en contradicción con el que sustenta el Tercer Colegiado en las mismas materias y circuito.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
Como se señaló, en el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino del presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo penal 98/2006, por lo que es inconcuso que quien realiza la propuesta, tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir la parte conducente de las consideraciones y argumentaciones de las ejecutorias, en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus respectivos criterios.
CUARTO. Las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo penal 98/2006, en sesión de doce de junio de dos mil seis, que se advierten en las copias certificadas glosadas en autos, documentales públicas con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las que a continuación se transcriben:
"... Por cuanto hace a lo expuesto por el promovente, con relación a que la responsable no debió otorgar valor probatorio a los testimonios antes referidos, bajo el argumento de que se demostró la inexistencia de los domicilios proporcionados por sus emitentes al declarar ministerialmente, con los informes rendidos por las dependencias requeridas; debe decirse que resulta inexacta la afirmación del impetrante. Al respecto, es preciso significar que en el proceso judicial, la expresión prueba, alude a los medios contemplados en la ley para acreditar la existencia de un hecho, a la actividad procesal realizada para tal fin y al resultado de tal actividad, que es el convencimiento del juzgador de la existencia del hecho. Como lo puntualiza Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General de la Prueba Judicial, de una manera sintética puede decirse que probar es demostrar legalmente la existencia de un hecho. La prueba testimonial es el medio legal por el cual las partes en el proceso pueden hacer que el juzgador conozca los acontecimientos ocurridos en el pasado, que son el supuesto de hecho de las normas jurídicas afirmadas como sustento de sus pretensiones. Los testigos son personas físicas, distintas de las partes (en cuanto al hecho que de su narrativa como tal interesa), y de los integrantes del órgano jurisdiccional, que deponen de manera personal y oral, previo acuerdo ministerial o judicial. Francois Gorphe, en su libro La Apreciación Judicial de las Pruebas, refiriéndose a los testimonios, señala que son ... instrumentos preciosos pero a menudo engañadores, deben ser utilizados con un gran sentido crítico. Es una prueba simple y fácil de recibir, pero a menudo muy delicada de apreciar; son fuentes de numerosos errores judiciales que pudieron ser evitados. Con la palabra testigo se designa al individuo llamado a declarar, según su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de un hecho. En sentido propio, el testigo es la persona que se encuentra presente en el momento en que el hecho se realiza. La fuerza probatoria del testimonio tiene como punto de partida la presunción de que el declarante ha podido observar exactamente lo que narra y ha querido declarar la verdad; el juzgador, al valorar la prueba tendrá que definir si la presunción que emerge con el dicho del testigo, aparece fuerte o débil en la causa, exponiendo detalladamente los motivos que tenga para atribuir credibilidad al testigo o demeritar el alcance demostrativo del testimonio. Para resolver esta delicada cuestión, necesitará examinar por completo la individualidad del testigo; comparar sus cualidades particulares en el orden físico y moral con sus palabras y el contexto que narra en su declaración, para decidir en último caso si la declaración testifical le merece crédito, y hasta qué punto. La postura radical del promovente toma como punto de partida el hecho de que ... quienes hacen imputaciones en su contra y fueron considerados por tanto como testigos de cargo en la causa, no fueron localizados en los domicilios que ellos mismos proporcionaron al rendir sus generales en el acto de la declaración ministerial, y no obstante que se libraron requerimientos de informes a distintas autoridades, no se pudieron obtener sus domicilios a fin de que pudieran ser careados con el encausado, además de que se constató que los mismos no aparecen inscritos en la Dirección Estatal del Registro Civil, por lo que el peticionario de amparo solicita que no se le conceda valor alguno a las declaraciones de dichos testigos, pues al no haberse apegado a la verdad al proporcionar sus generales, es de presumirse que mintieron en el cuerpo de sus declaraciones, sin que exista siquiera evidencia que haga suponer que esas personas en realidad existan y se llamen como supuestamente lo señalaron, existiendo, por tanto, indicios suficientes para sostener que se trata de testigos mendaces, de tal suerte que, otorgarle valor probatorio a dichos testimonios, implicaría transgredir las normas reguladores de la valoración de la prueba. Este tribunal estima que el hecho de que los testigos no hayan sido localizados para la práctica de los careos con el acusado, o para el desahogo de cualquier prueba a su cargo que pudiera interesar a la defensa, indiscutiblemente restringe la garantía de defensa del procesado y afecta la credibilidad del testimonio, pero la circunstancia de que el testigo haya proporcionado falsas generales, señalando un domicilio que no le corresponde, o incluso un nombre que no es verdadero, no tiene el alcance de anular en forma absoluta el contenido de sus declaraciones en cuanto a los hechos narrados, pues al respecto se conviene con la autoridad responsable en que el hecho de que no hubieran sido localizados pudo obedecer a muy diversos motivos, y no necesariamente a que sea falso lo que declararon, ya que en la causa penal no se demostró que los testigos tuvieran motivos extralegales para conducirse con mendacidad en perjuicio del encausado. Es cierto que el artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala que el testigo debe rendir protesta de decir la verdad y que, antes de su declaración, debe proporcionar su nombre, apellido, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil, profesión u ocupación, y si se encuentra ligado con el inculpado u ofendido por vínculos de parentesco, amistad o cualesquier otros, y si tiene algún motivo de odio o rencor contra alguno de ellos, formalidad que tiene lugar durante el desahogo de la prueba testimonial, antes de que se reciba la declaración del informante en torno a los hechos indagados, de tal manera que se conforman dos bloques o segmentos claramente diferenciados, entre las generales del testigo y su declaración respecto de los hechos que atañen a la causa penal. Con ello no se quiere decir que las generales del testigo sean intrascendentes, pues las mismas sirven para determinar si el testigo tiene el criterio necesario para juzgar el acto, para definir si tiene una posición independiente y para conocer sus antecedentes personales, así como su identidad. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2001-PS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2002, de rubro: ‘PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA OMISIÓN DE IDENTIFICAR A LOS TESTIGOS MEDIANTE DOCUMENTO IDÓNEO, EN SÍ MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A SU TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y PUEBLA).’, sostuvo que no por el simple hecho de que no se haya identificado al testigo, debe negarse total valor probatorio a su atesto, pues al efecto habrán de ponderarse las circunstancias personales que permitan la identidad del declarante, pudiendo establecer la idoneidad de un testimonio por falta de identificación, si el mismo se controvierte en su momento, o si se aportaron pruebas tendientes a demostrar alguna suplantación, pero de ninguna manera resulta adecuado que se le niegue valor probatorio por esa mera circunstancia, soslayando todos los demás elementos que permitan su adecuada valoración. Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo: Es cierto que el procesado debe quedar cubierto de acusaciones con base en declaraciones de personas de falsa identidad, pero, por lo mismo, el juzgador al momento de valorar el dicho de un testigo que no se identificó en autos, debe acudir al encadenamiento de los hechos que le dan fortaleza a la prueba testimonial y relacionarla con los demás elementos probatorios existentes. Desde luego que con ello no se resuelve el problema jurídico cuyo análisis se aborda, pues no es lo mismo el cuestionamiento que surge por la falta de documento de identificación de quien comparece a declarar, que el cuestionamiento de la identidad del testigo, al no haber sido localizado en el domicilio que como suyo proporcionó, ni haberse obtenido datos de su persona, no bastante los múltiples requerimientos de informes a distintas dependencias y autoridades. Adoptar una postura radical puede traer consigo graves perjuicios a la administración de justicia, pues sin desconocer el irrestricto respeto a la garantía de defensa del gobernado sujeto a un proceso penal, debe eliminarse, sin desconocer la buena fe con que está investida la institución del Ministerio Público y la probidad que debe privar en el actuar de todo litigante, la posibilidad de que la eficacia demostrativa de los medios de convicción aportados al juicio pueda quedar sujeta al control y arbitrio de las partes: por un lado, del Ministerio Público, que bien pudiera elaborar actas de declaraciones inexistentes, o preparar testimonios atribuidos a personas que existen y que han sido detenidas, atribuyéndoles datos falsos con el propósito que no sean localizados por la defensa en el curso del procedimiento y, a través de las pruebas que se ofrezcan a cargo de los testigos, evidenciar que son falsos sus testimonios; por otro lado, eliminar la posibilidad de que baste a la defensa obtener de algún modo que en el domicilio real de un testigo cierto, cualquier ocupante del domicilio informe que ahí no vive dicha persona y que no se le conoce para, bajo el argumento de que al falsear su domicilio el testigo carece de probidad, negar cualquier valor probatorio a lo por él declarado con relación a los hechos que son materia de la causa. A fin de definir la postura de este órgano jurisdiccional, se destaca que la valoración de la prueba de testigos en el proceso penal está regulada en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 289. Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración: I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza.’. De lo establecido en dicho numeral, en congruencia con lo que se desprende del artículo 248 del mismo código, se destacan como fundamentos del valor de un testimonio los siguientes: 1. Es necesario que el testigo haya rendido protesta de decir la verdad, salvo cuando tenga el carácter de coinculpado, en cuyo caso basta la exhortación para que se conduzca verazmente, resultando aceptable la declaración, como indicio, aun cuando el deponente no rinda protesta, según se destacó con antelación. 2. Que su edad, capacidad e instrucción lleven a la convicción de que tiene el criterio necesario para declarar con relación al hecho investigado. 3. El testimonio debe ser libre de influencias, descartándose los motivos extralegales que pudiera tener el testigo para declarar a favor o en contra del inculpado sin que pueda ponerse en tela de duda su rectitud o integridad referida al hecho que narra. En este punto es importante destacar que la probidad a que alude el legislador no constituye un parámetro de ponderación integral de las cualidades del testigo, pues incluso una persona que por sus antecedentes personales pudiera no ser considerada proba, puede rendir un testimonio que constituya un grave indicio y que genere fuerte convicción: en este caso, el aspecto de la probidad o honradez (sic) del ateste únicamente se introduce por el legislador como parámetro para ponderar su imparcialidad, de manera tal que el juzgador tendrá que razonar la demeritación del testimonio basado en la falta de probidad del testigo exponiendo las razones por las cuales considera que denota parcialidad o interés en favorecer o perjudicar a la persona con relación a la cual declara. 4. Que los hechos sobre los que declara el testigo hayan podido caer directamente bajo la acción de los sentidos, y que el testigo los conozca por sí mismo, a fin de que pueda interpretar su percepción y basar su narrativa en la experiencia sensorial ordinaria, sin que produzca su declaración inducido por otro, ni conforme a las referencias recibidas de distinta persona. 5. La declaración debe ser original; debe contener la expresión espontánea de la convicción del testigo, cuya narrativa debe ser clara y precisa en sus términos; sin dudas, sin frases incompletas o inacabadas; sin ocultar o callar con malicia lo que debiera declarar con relación a la esencia o las circunstancias accidentales del hecho. El continente sereno y grave del testigo, la sencilla y tranquila libertad de su narrativa, la uniformidad y precisión de sus asertos, informan sobre la veracidad o carencia de ella, de ahí que sea una exigencia legal la de que los testigos declaren de viva voz, usando hasta donde sea posible las mismas palabras empleadas por el declarante. 6. La declaración del testigo debe ser persistente; que haya congruencia en la integridad de su testimonio, el cual debe estar exento de contradicciones o de perplejidades. 7. La deposición debe ser verosímil, esto es, que por su contenido esté en conformidad con las leyes naturales, de la lógica, y de la sana crítica, siendo preciso también que los pormenores del hecho que narra tengan entre sí una correlación lógica y congruente. Su dicho debe estar de acuerdo con la situación que en el momento del suceso ocupaba, de modo que le haya sido posible captar a través de los sentidos los hechos sobre los que declara. 8. El testimonio debe ser libre y espontáneo y que no se produzca bajo el imperio de la fuerza, la amenaza, la coacción o el miedo, ni su declaración sea resultado de engaño, error o soborno. Mittermaier, en su Tratado de la Prueba en Materia Criminal, señala tres causas principales de incapacidad en el valor de un testimonio que son las siguientes: 1. Cuando el Juez tiene certeza de que el testigo no ha podido observar los hechos por la carencia absoluta de las facultades necesarias para esta observación. 2. Cuando tiene completa verosimilitud de que el testigo, en razón de su situación en el asunto, no hablará en interés de la verdad. 3. Cuando la incapacidad resulta de una disposición expresa de la ley penal. Dicho autor, en cuanto a la fe de los testigos según sus circunstancias, alude a los testigos sospechosos, como aquellos de quienes ha lugar a temer que no puedan o no quieran decir la verdad; aquél cuya deposición no parece digna de entera fe o en quien no se advierte la firme voluntad de decir la verdad, y nada más que la verdad. Al respecto puntualiza que la deposición del testigo sospechoso, aunque insuficiente y tachable en tesis general, puede a veces, en razón de las circunstancias que concurran, adquirir mayor fuerza e inclinar la decisión del Juez, y sería cometer una falta grave desechar enteramente la declaración de un testigo porque deba considerársele como sospechoso. Refiere dicho autor que la sospecha en general resulta de una posibilidad in abstracto, la cual, no impide en cada especie (in concreto) la intervención de otras consideraciones no menos graves, por lo que es preciso compararlas, pesar las unas y las otras, y sólo después de un maduro examen, decidir si el testigo tiene o no en la causa las necesarias garantías de veracidad, pues la sospecha que se apoya en una presunción desfavorable puede desaparecer en un caso dado, y dar lugar en una firme creencia en la veracidad de lo declarado por el testigo. De esta manera, el estado de sospecha no estriba sino en presunciones que los hechos pueden destruir. Con base en lo expuesto se concluye que la falsedad de las generales del testigo indiscutiblemente que afecta su postura en el proceso, pues impacta la garantía de defensa del encausado, pero el hecho de que el testigo no haya podido ser localizado no anula en forma total su testimonio si, como en el caso, las pruebas habidas en el juicio confirman de manera indiscutible la existencia de los declarantes, además de que sus declaraciones se ven ampliamente apoyadas y robustecidas con los restantes medios de convicción aportados al proceso, dando verosimilitud a lo por ellos narrado. Así las cosas, la circunstancia de que no se hubieran localizado los domicilios proporcionados por los testigos, no es por sí misma suficiente para demeritar sus deposados, ni anular su eficacia demostrativa, puesto que el testigo es un tercero en el juicio, al cual concurre a declarar sobre hechos que le constan, y como tal, sus declaraciones se encuentran sujetas a la valoración de la prueba, a fin de ser tomadas en cuenta, por cierto, como simple indicio, para lo cual deben satisfacer las exigencias y cumplir con los extremos que se contienen en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, con relación a los numerales 285 y 286 del código precitado, cuenta habida que al no ser el testimonio una prueba tasada, el indicio singular que de la misma se desprende, tiene que ser ponderado en congruencia con los restantes medios de convicción, de cuyo enlace lógico, natural, necesario y conjunto, debe obtenerse la verdad formal buscada, de manera tal que la prueba plena circunstancial, habrá de surgir de la apreciación en conciencia de la suma total de los indicios, valuados conforme a los principios de la lógica, de la razón y de la sana crítica. De esta manera, conforme a la lógica jurídica, ha de encontrarse la eficacia demostrativa del testimonio en su no contradicción con las diversas constancias probatorias que obran en autos, conforme al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicado en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIV, página 1040, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘TESTIGOS EN MATERIA PENAL. Conforme a la lógica jurídica, la no contradicción del testimonio determina su eficiencia probatoria, pero si existe tal contradicción, ella determina un vicio procesal que inhabilita el valor probatorio del testimonio y determina la insuficiencia de la prueba.’. Así, se observa que las declaraciones vertidas por los referidos testigos de cargo, fueron producidas ante una autoridad competente, como lo es el agente del Ministerio Público de la Federación, exhortados para conducirse con verdad, e inclusive ante la presencia de un abogado defensor; por sus edades, capacidad y grado de instrucción, cuentan con el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual declararon, sin que se advierta parcialidad en sus declaraciones o que hayan tenido un motivo ilegítimo para declarar en la forma en que lo hicieron, ya que no se aprecia en el sumario dato alguno que lleve a sostener que los testigos tenían motivo de odio rencor o animadversión en contra del imputado, o motivo alguno para atribuirle gratuitamente la autoría en la venta de la marihuana que afirman adquirieron, a lo que se agrega que la imputación que vierten se produce de manera indirecta, con vinculación específica al domicilio que ocupaba el acusado. También se destaca que los hechos narrados caen bajo la simple apreciación de los sentidos, y que los informantes estaban en inmejorables condiciones para conocer el lugar en que adquirieron la droga, por ser ellos mismos los protagonistas del evento narrado; no se advierte que hayan declarado por inducción ni referencias de la autoridad ministerial, puesto que la presencia del defensor es garantía de la libertad con que se condujeron; sus declaraciones son claras, precisas, sin que se adviertan dudas ni reticencias; lo por ellos narrado es congruente, sin que hayan incurrido en contradicciones o perplejidades; sus declaraciones son verosímiles, pues no atentan contra las leyes naturales ni contra los principios de la lógica y de la sana crítica, además de que, se insiste, como adquirentes del narcótico, estaban en condiciones de saber las circunstancias en que lo adquirieron y, finalmente, no se advierte que sus deposados se hayan obtenido por medio de la fuerza, la amenaza, la coacción o el miedo, ni que se hayan conducido por virtud de engaño, error o soborno, lo que lleva a sostener que, atendiendo a las características de lo narrado, no concurren circunstancias que afecten la credibilidad del testimonio en cuanto al hecho materia de la acusación. Por otro lado, sus declaraciones se encuentran robustecidas con lo expuesto por los elementos policiacos que suscriben la orden de investigación cumplida, quienes efectuaron su detención precisamente porque los observaron en el momento en que acudieron al domicilio del ahora quejoso, y realizaron el intercambio de algo, con una persona cuya media filiación coincidía con la proporcionada en la denuncia anónima; lo que indudablemente apoya lo declarado por dichos testigos, de ahí que, aun considerando que los testigos, por temor a represalias o por cualquier otra razón, pudieran haber falseado los datos relativos a su domicilio o incluso, hasta el nombre que proporcionaron al Fiscal Federal, ello no demerita ni elimina por completo su atestado, cuando, como en el caso ocurre, los testigos comparecieron a dar su testimonio sobre hechos que les constan de manera directa por haber intervenido en ellos, circunstancia que les consta a los agentes que efectuaron su detención precisamente por el hecho de que acudieron al domicilio sobre el cual los elementos policiacos realizaban un operativo de vigilancia en la investigación de una denuncia sobre venta de drogas en el lugar, y una vez que los testigos abandonaron el domicilio procedieron a seguirlos y a interceptarlos; por tanto, si lo expuesto por los agentes aprehensores apoya lo declarado por los testigos de mérito, no puede considerarse que por no haber sido localizados durante la instrucción del proceso, se hayan conducido con mendacidad en sus atestados, máxime cuando la información que proporcionaron sirvió para fundar la solicitud de cateo y, efectuado el mismo, se logró el aseguramiento del narcótico afecto, precisamente en el domicilio identificado por los testigos de cargo como aquél en el que habían adquirido en diversas ocasiones marihuana, con el dato adicional de que el mismo es el domicilio que habitaba el acusado. Por lo anterior, no puede convenirse con el promovente en que exista duda en torno a la existencia de los testigos de cargo, y si bien la hay respecto de su identidad, la ponderación de lo narrado por los testigos permite atribuir a sus declaraciones el carácter de indicios contingentes, que en el sumario aparecen plenamente apoyados, robustecidos y corroborados, lo que impide negarles eficacia demostrativa, como pretende la parte quejosa. Además, tampoco es dable convenir con lo argumentado por el quejoso, respecto a que los testigos no existen, tomando como prueba para ello los certificados de inexistencia remitidos por el director general del Registro Civil, ya que lo que evidencian dichas constancias es que en los años en ellas indicados, no existe registro de nacimiento a nombre de los referidos testigos en el Estado de Sonora, pero ello no implica que los testigos no existen, ya que el que no estén registrados en el Estado de Sonora, sólo podría conducir a sostener que no nacieron en esta entidad, a lo sumo; pero no lleva a sostener la inexistencia de los testigos que bien pudieron nacer en otra entidad federativa, carecer de registro, o tener distintos nombres a los que proporcionaron."
QUINTO. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, dictó las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo 280/2005, 447/2005, 31/2006 y 170/2006, respecto de las cuales a continuación se transcribirá únicamente la parte que interesa de las dos primeras sentencias, en virtud de que las dos restantes reiteran el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
Las consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el amparo directo 280/2005, resuelto el siete de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de votos, que se advierte en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20023-6fbdff35/prueba-testimonial-en-el-procedimiento-penal-la-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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