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Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD CONYUGAL, DEBEN CONSIDERARSE INCLUIDOS EN ELLA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CONYUGES, SI EN LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES SE PACTO QUE AQUELLA COMPRENDERIA TODOS LOS QUE ADQUIRIERAN ESTOS DURANTE SU VIDA MATRIMONIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/94. · Registro digital (IUS): 2189
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, , Pág. 156.

CONTRADICCION DE TESIS 6/94. SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Resulta necesario transcribir la parte relativa de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en donde se sostienen los criterios que se estiman contradictorios, a efecto de proceder a su análisis en la presente resolución y poder determinar sobre la posible contradicción de tesis.

TERCERO. La sentencia pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en el amparo en revisión número 860/93, promovido por María de la Luz Enríquez Rubio y Ricardo José Enríquez Rubio, en lo conducente dice:

"QUINTO. ... En el octavo agravio alega el recurrente que es infundado el considerando del a quo, porque no existe agravio previo del apelante para modificar el punto sexto resolutivo de la sentencia reclamada en el juicio de amparo, y que aun mediando la consideración de que se hizo para no incurrir en puntos contradictorios, debió tenerse en cuenta que las donaciones hechas en favor supuestamente de Ernesto Enríquez Coyro, en forma exclusiva, la cláusula segunda del contrato de capitulaciones matrimoniales, no excluye ninguna clase de bienes ya fuera a título gratuito o bien oneroso. El anterior agravio es infundado, como bien lo consideró la Juez de Distrito, independientemente de que no existiera agravio, toda vez que con base en el principio de congruencia de las sentencias, la Sala responsable debió efectuar la modificación del sexto punto resolutivo de la sentencia reclamada, a fin de que no fuera contradictoria en lo considerado con los puntos resolutivos, en lo referente a que no ingresaban al inventario y avalúo de la sucesión los bienes adquiridos por donación por el cónyuge supérstite. SEXTO. Desestimados los agravios indicados, ahora debe decirse que resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, los conceptos de agravio contenidos en los apartados primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del escrito en el que se hace valer el medio de defensa antes apuntado. En efecto, le asiste la razón a la parte recurrente al manifestar que resultan contrarios a derecho y a las constancias que obran en autos, las consideraciones vertidas por la Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida consistentes, en lo esencial, en lo siguiente: 'Es infundado lo aducido por los quejosos, a juicio de la suscrita, toda vez que la Sala sí le dio valor probatorio pleno a la documental pública consistente en el contrato de capitulaciones matrimoniales, pero llegó a la conclusión que los bienes adquiridos por donación, no forman parte de la sociedad conyugal, con base en diversas consideraciones legales que serán motivo de análisis a lo largo de este fallo. Resulta inexacta la interpretación que propone la parte peticionaria de garantías al afirmar que con base en el precitado contrato de capitulaciones matrimoniales, debe entenderse que éste comprendía también las donaciones, porque si nada se dijo al respecto, no debe aplicarse distinción, ni exclusión alguna, ya que la voluntad de los cónyuges fue la de no excluir bien alguno, y ya que ésta fue la intención evidente de las partes, así debe entenderse ....'. De las constancias de autos se 'aprecia que Ernesto Enríquez Tello, padre del cónyuge supérstite; hoy tercero perjudicado fue propietario de la Hacienda Santa María de la Corona, que tenía una superficie de 17,590- 00-00 hectáreas, con fecha diez de abril de mil novecientos cuarenta y seis, mediante escritura pública número 11650, hizo una donación condicionada, en copropiedad y proindiviso a sus hijos Ernesto, Eugenio, Aurora, Gumersindo y Laura, todos de apellidos Enríquez Coyro, la condición de dicha donación fue que los donatarios formaran una sociedad mercantil de responsabilidad limitada denominada NEGOCIACION GANADERA HIJOS DE ERNESTO ENRIQUEZ, S. DE R.L.', la cual se registró en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, con posterioridad se llamó 'NEGOCIACION GANADERA LA COMA, SUCESORES DE ERNESTO ENRIQUEZ, S. DE R.L.' mediante voluntad expresa de los socios se procedió a su disolución y liquidación, según escritura pública de trece de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, por lo que con base en la liquidación le correspondió a Ernesto Enríquez Coyro el 31% (treinta y uno por ciento) del capital social, el cual se representó por la fracción de terreno denominado 'LA COMA', cuya inscripción se realizó ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tamaulipas el ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. Como queda plenamente establecido, el bien controvertido fue adquirido por Ernesto Enríquez Coyro, mediante una donación condicionada y al llegar a esta consideración, si se aceptara como correcta la interpretación de las capitulaciones matrimoniales que propone la parte solicitante de garantías, se estaría en presencia de un aparente conflicto de normas en cuanto a la aplicación de los preceptos que rigen el contrato de donación y las disposiciones que norman la sociedad conyugal; puesto que perderían aplicabilidad los dispositivos que regulan las donaciones entre consortes y la revocación de las mismas; por tanto para resolver esta aparente contradicción es necesario resaltar que si el artículo 192 del Código Civil indica que todo pacto que implique cesión de bienes propios de cada cónyuge será considerado como donación y quedará por tanto sujeto a la posibilidad de revocación libre y a la confirmación hasta la muerte del cónyuge y, si además el artículo 204 indica que en caso de liquidación después de haberse hecho el inventario se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, entonces se comprenderá que el alcance del artículo 189 en sus IX fracciones, no es otro que el de distinguir a través de los convenios elaborados por los cónyuges, diversas masas patrimoniales: la masa patrimonial de la mujer, la del marido y la de la sociedad conyugal, consecuentemente, esto lleva a concluir que si no se especificó en forma precisa que se incluirían en los bienes que integran la sociedad conyugal, aquellos productos de una herencia o de donaciones, de acuerdo a la doctrina sólo ingresarán al patrimonio común los bienes adquiridos a título oneroso, quedando siempre en el patrimonio propio de los cónyuges, los adquiridos a título gratuito, puesto que todos los bienes o derechos que no se incluyan en las capitulaciones matrimoniales, pertenecen en propiedad a cada uno de los consortes. Consecuentemente, esta juzgadora arriba a la conclusión que la correcta interpretación de la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales pretranscritas, es que en el caso la sociedad conyugal quedó integrada por todos los bienes que se adquieran en forma onerosa, ya que como acertadamente lo señaló la responsable, no se hizo inclusión expresa de los adquiridos por herencia, donación o don de la fortuna, lo que lleva incuestionablemente a determinar que el bien inmueble motivo de la controversia nunca llegó a formar parte de la masa patrimonial de la sociedad.". Ciertamente, las consideraciones en que se sustenta la sentencia materia de la revisión, resultan inexactas atendiendo a los siguientes motivos o fundamentos legales: 1) De las constancias que obran en autos, se advierte que el hoy tercero perjudicado, Ernesto Enriquez Coyro, contrajo matrimonio con Alejandrina Rubio Vivanco, bajo el régimen de sociedad conyugal, con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. 2) Asimismo, se observa que las capitulaciones matrimoniales se celebraron bajo las siguientes bases: "I. El matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal; II. La sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial incluyendo el producto del trabajo; III. En los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del cincuenta por ciento; IV. Administrará la sociedad el marido, teniendo todas las facultades inherentes a su cargo, según el Código Civil vigente; V. Las bases para liquidar la sociedad serán las establecidas por el mismo código en sus artículos relativos.". 3) Que la señora Alejandrina Rubio Vivanco, falleció sin haber otorgado disposición testamentaria y que previo juicio sucesorio, se dictó resolución interlocutoria reconociendo los derechos del señor Ernesto Enríquez Coyro, en cuanto cónyuge supérstite, con derecho al cincuenta por ciento de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. 4) Que antes de fallecer la autora de la herencia, el señor Ernesto Enríquez Tello, donó a sus hijos, entre los que se encuentra el cónyuge supérstite, la finca rústica conocida como "Santa María de la Corona". 5) Que la donación fue condicionada a que los donatarios formaran una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, misma que se denominó "Negociación Ganadera Hijos de Ernesto Enríquez, Sociedad de Responsabilidad Limitada", al tenor de las cláusulas primera, segunda y cuarta, cuyo contenido en lo conducente es: "CLAUSULA PRIMERA. El señor licenciado Enríquez Tello dona condicionalmente a sus hijos, señores Ernesto Enríquez Coyro ... y éstos adquieren en copropiedad y proindiviso la finca rústica denominada Santa María de la Corona, Municipio de Aldama, Distrito Sur del Estado de Tamaulipas ... SEGUNDA. El donante, dona y los donatarios adquieren el bien y los derechos donados en la siguiente proporción: El veintiocho tres cuartos por ciento para el señor licenciado Ernesto Enríquez Coyro ... CUARTA. El donante condiciona la donación de que los donatarios aporten los derechos de copropiedad que adquieren por ese concepto a la sociedad de responsabilidad limitada que aquí se constituye ... CONTRATO DE SOCIEDAD. CLAUSULAS CUARTA. El capital de la sociedad es la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS, íntegramente suscrito y pagado por cinco socios, del modo siguiente: 1. El señor licenciado Ernesto Enríquez Coyro, setenta y cinco mil pesos. Esta parte social de setenta y cinco mil pesos la paga el señor licenciado Enríquez, aportando a la sociedad el veintiocho tres cuartos por ciento de copropiedad de la Hacienda de Santa María de la Corona, que adquirió por donación, en un valor de cuarenta mil pesos y treinta y cinco mil pesos en efectivo que entrega a la sociedad y ésta recibe a su satisfacción en el acto de la firma de esta escritura." 6) El tres de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, se liquidó la sociedad anteriormente mencionada y la repartición del haber social entre sus integrantes, correspondiendo a Ernesto Enríquez Coyro, por su aportación en la misma, la porción denominada "La Coma", o "Hacienda de la Coma", que fue parte integrante del inmueble anteriormente conocido por "Santa María de la Corona", con una superficie aproximada de 3,550 hectáreas, así como la cantidad del treinta y uno por ciento del hato ganadero existente. 7) Que en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus, Alejandrina Rubio de Enríquez, se omitió incluir en el activo de la sucesión, la propiedad rústica adquirida mediante donación por el cónyuge supérstite; circunstancia que ha constituido la materia de estudio central en el juicio de garantías que se revisa. De los elementos antes detallados, se observa que el matrimonio celebrado entre Alejandrina Rubio Vivanco y el señor Ernesto Enríquez Coyro, se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y que en las capitulaciones matrimoniales que se convinieron, se pactó que aquélla comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo; medios suficientes para estimar que en oposición a lo considerado por la Juez de Distrito, el bien adquirido en donación por el cónyuge supérstite, sí debe considerarse como parte integrante de la sociedad conyugal. Efectivamente, la celebración del matrimonio no solamente produce efectos en cuanto a las personas de los cónyuges y a los hijos de éstos, sino también sobre el patrimonio de los cónyuges, mismos que dependerán del régimen que rija el matrimonio. En nuestra legislación, existen tradicionalmente dos sistemas que regulan el régimen económico matrimonial: La sociedad conyugal y la separación de bienes, cada uno de los cuales determina la extensión y límites de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges; en ambos casos pueden celebrarse capitulaciones matrimoniales con el propósito de determinar la forma en que deberá llevarse a cabo la administración de los bienes, sin perder de vista el régimen de excepción o mixto, que se da cuando se pacta separación para ciertos bienes y sociedad conyugal en cuanto a otras. El artículo 189 del Código Civil para el Distrito Federal, enumera el contenido de las capitulaciones matrimoniales, en el orden y formas siguientes: "Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten; II. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad; III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos; IV. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad; V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge; VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción; VII. La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden; VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción; IX. Las bases para liquidar la sociedad.". Ahora bien, las capitulaciones matrimoniales conforme al artículo 179 del Código Civil para el Distrito Federal, son convenios que se celebran entre los cónyuges en relación con bienes presentes y futuros. Las capitulaciones pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él y conforme a los artículos 185 y 186 del propio ordenamiento legal pueden alterarse en cualquier momento. Con el fin de determinar la trascendencia y el alcance de las capitulaciones matrimoniales que en el caso que nos ocupa se celebraron, es menester proceder al análisis de la naturaleza de los indicados regímenes patrimoniales del matrimonio. Así tenemos que, la separación de bienes constituye un régimen por virtud del cual los cónyuges conservan la propiedad y la administración de los bienes que les pertenecen. Ahora bien, respecto de los objetos que integran la sociedad conyugal, cabe apuntar que en primer término, debe estarse a lo especificado en las capitulaciones matrimoniales por ser éstas las que delimitan la extensión y alcance del régimen pactado entre las partes y sólo en caso de que los contrayentes hubieren mencionado en el acta de matrimonio que se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, pero sin celebrar capitulaciones que especifiquen su extensión, debe distinguirse entre tres masas patrimoniales, a saber: La de los bienes de la esposa, la de los bienes del esposo y la de la sociedad conyugal (a que hizo alusión la Juez federal en la sentencia que se revisa). Por tanto, resulta claro que si en el caso concreto las capitulaciones fueron celebradas en el sentido de que la sociedad conyugal comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los esposos adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, es a esta voluntad de las partes a la que debe sujetarse para resolver el conflicto de intereses en la especie, por tratarse de una comunidad universal de bienes presentes y futuros, en donde la forma de adquirir resulta irrelevante, ya que afirmar lo contrario y pretender que los contrayentes hubieren tenido que especificar en forma expresa que los bienes que se adquirieran por donación o herencia en lo individual por cada uno de los cónyuges, formarían parte de la sociedad conyugal sí implicaría contrariar la autonomía de la voluntad en el régimen económico patrimonial, toda vez que los contrayentes en forma libre optaron por la mancomunidad de bienes en su modalidad universal, sin que de modo alguno se desprenda de las constancias que obran en autos, algún intento en alterar o modificar las capitulaciones invocadas con el fin de excluir los bienes adquiridos por donación, ya que si esa hubiese sido la intención o voluntad de dichos cónyuges, tal cuestión pudieron haberla estipulado, al tenor de lo que estatuye la fracción VIII del artículo 189 del indicado Código Civil, el cual dispone: "Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: ...VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción"; sin embargo, como ya se ha hecho notar, en las susodichas capitulaciones no se hizo valer excepción alguna sobre los bienes que en el futuro adquirieran, motivo por el cual resulta inexacta la afirmación vertida por la Juez de Distrito en el sentido de que sólo los bienes adquiridos a título oneroso formaban parte de la sociedad conyugal, en atención a que tal consideración únicamente podría generalizarse en aquellos casos en que aun existiendo la sociedad conyugal, no se hubieren celebrado capitulaciones o bien no existiera determinación en cuanto a los bienes que deberá abarcar la comunidad, pues sólo en este evento habría necesidad de recurrir a lo expresamente establecido para el contrato de sociedad. La anterior consideración encuentra fundamento en lo que estatuye el artículo 183 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra dice: "Artículo 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de la sociedad." Lo que se ha dejado establecido, en oposición a lo que consideró la Juez Federal, no se desnaturaliza con lo que estatuye el artículo 185 del Código Civil indicado, en el sentido de que: "Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.", ya que si bien es cierto que las que suscribieron Ernesto Enríquez Coyro y Alejandrina Rubio Vivanco, no fueron protocolizadas, también lo es que tal circunstancia no impide que sean legítimas, toda vez que, aun cuando es cierto que el artículo 185 del Código Civil del Distrito Federal, exige que las capitulaciones consten en documento público en aquellos casos en que los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de algún bien que necesite de ese requisito para que la transmisión sea legal, esto sólo se refiere a bienes que se aportan a la sociedad y que se hayan adquirido previamente o bien que quieren coparticiparse o transferirse; y si en la hipótesis de que se trata no se actualizó ningún supuesto de los señalados, pues en las capitulaciones exclusivamente se manifestó que todos los bienes formarían parte de la sociedad, y que esto fue para el futuro, desconociéndose si éstos ameritarían escritura pública, para ser legal la traslación; no estaban obligados a escriturar en forma pública dichas capitulaciones; cuenta habida de que el hecho de hacerlas constar en escritura pública e inscribirlas en el Registro Público de la Propiedad, sólo es con la finalidad de que en esa forma sea oponible a terceros, y no siendo esto la materia del debate, resulta irrelevante que dichas capitulaciones no constaran en escritura pública, amén de que en la especie la controversia es entre herederos y éstos, como tal, no tienen el carácter de terceros sino de causahabientes, por ello, la circunstancia de que esas capitulaciones no constaran en escritura pública, deviene inconducente.

Recapitulando, el artículo 185 del Código Civil citado preceptúa que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, sin embargo, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que, o bien quieren coparticiparse o bien transferirse; sin que sea el caso que se juzga, puesto que en él, al celebrarse las capitulaciones, ambos manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipe de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que requerían escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad. Al respecto es de citarse, por ser exactamente aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volúmenes 127-132, julio-diciembre de 1979, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 175, que establece: "SOCIEDAD CONYUGAL, FORMALIDADES DE LAS CAPITULACIONES. Si bien es cierto que el artículo 185 del Código Civil del Distrito Federal exige que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, también lo es que, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que o bien quieren coparticiparse o bien transferirse. Por tanto, si al celebrarse las capitulaciones, ambos cónyuges manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipes de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que ameritasen escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad.". Tampoco se desvirtúa lo considerado, con lo que dispone el artículo 215 del preindicado código, cuyo precepto se refiere a que: "Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquiera otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en ese caso el que administre será considerado como mandatario", toda vez que una recta interpretación de esta norma legal sólo puede entenderse para aquellos casos en que el matrimonio es de régimen diverso al de sociedad conyugal o siendo de esta naturaleza, no se hayan formulado capitulaciones matrimoniales o bien, habiéndose concertado en las mismas no existiese declaración acerca de la forma y proporción que les corresponde, hipótesis en la que no encuadra el caso específico, puesto que en ellas se pactó que la sociedad conyugal de referencia comprendía todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, con la participación del cincuenta por ciento a cada uno; de ahí, que ante esa situación clara no existe motivo para acudir al artículo 215 mencionado y de esa manera sostener que no forman parte de la masa de esa institución los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, pues esa remisión únicamente se justificaría, en primer término, por la ausencia absoluta o parcial de capitulaciones matrimoniales, y en segundo, si lo preceptuado en dicha norma fuera análogo y armónico con la naturaleza y fines de la sociedad conyugal, lo que no acontece en la especie. Por otra parte, es inexacto que no exista identidad entre la aportación efectuada por Ernesto Enríquez Coyro a la sociedad mercantil y el actual rancho denominado "La Coma", cuya inclusión pretenden los quejosos al inventario y avalúo de la sucesión a bienes de Alejandrina Rubio de Enríquez, puesto que este extremo queda configurado con la aportación que hizo uno de los cónyuges para la constitución de la sociedad mercantil Negociación Ganadera Hijos de Ernesto Enríquez, Sociedad de Responsabilidad Limitada, posteriormente, por cambio de nombre, denominada "Negociación Ganadera 'La Coma', Sucesores de Ernesto Enríquez, Sociedad de Responsabilidad Limitada", la cual se liquidó y entregó a cada participante lo que correspondía conforme a los antecedentes derivados tanto de la donación que hizo Ernesto Enríquez Tello, a sus hijos, entre estos, Ernesto Enríquez Coyro, respecto del inmueble denominado "Hacienda de Santa María de la Corona", ubicado en el Municipio de Villa de Aldama, Tamaulipas, así como de la constitución de la negociación citada en primer término de cuyo capital social participó Ernesto Enríquez Coyro, aportando la cantidad de treinta y cinco mil pesos que, obviamente, debe considerarse que fueron tomados del patrimonio de la sociedad conyugal a comento, toda vez que en las capitulaciones matrimoniales de referencia consta que dicho cónyuge supérstite no tenía bienes en la fecha que contrajo nupcias; de modo que no exista duda en cuanto a la identidad del bien en cuestión y de que el mismo ingresó a formar parte del acervo de esa sociedad conyugal, habida cuenta que los derechos a los gananciales no se extinguen por el fallecimiento, sin que se transmitan a los sucesores, como en el caso aconteció. En apoyo de las consideraciones que han quedado expuestas, se cita el criterio que sustentó la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos el veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, el amparo directo número 1355/79, promovido por el quejoso David Kurchansky P. el cual en lo conducente establece que: "La tesis de esta Tercera Sala que invoca el quejoso, dictada en el amparo directo No. 5065/52, el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, aprobada por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia del señor Ministro Hilario Medina que es del siguiente tenor: 'BIENES DE LOS CONYUGES, PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA DE UNO DE LOS CONYUGES. El artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal dice: Los bienes de los cónyuges que adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito, o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro, pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario.'. Este precepto que expresa claramente que sólo son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y NO LOS ADQUIRIDOS SINGULARMENTE POR UNO SOLO DE ELLOS. Por tanto a contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a TITULO DE HERENCIA ES DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD, A PESAR DE QUE EXISTA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE AMBOS, no tiene aplicación al caso porque si bien en aquel amparo se resolvió una controversia similar a la que aquí se presenta, en ella no existían capitulaciones matrimoniales tal como se desprende de la lectura del resultando segundo de dicha ejecutoria que obra en los archivos de este Alto Tribunal y, en el caso, sí hay capitulaciones matrimoniales, como ya se ha visto ... si bien es cierto que el artículo citado exige que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, también lo es que, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que, o bien quieren coparticiparse o bien transferirse. El caso no es el que se juzga puesto que en él, al celebrarse las capitulaciones, ambos manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipes de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que ameritasen escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad ... el quejoso expone un argumento relacionado con la palabra 'adquirir' que se utilizó en la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales, y, al respecto, aduce que en el Dicci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2189-c08950a2/sociedad-conyugal-deben-considerarse-incluidos-en-ella-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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