AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UN CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO ÉSTA TENGA COMO CONSECUENCIA EL TRASLADO DEL QUEJOSO, POR RAZONES DE SEGURIDAD, DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala, aun cuando el criterio que se emita sea aplicable en materia común.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número **********, del quince de abril de dos mil nueve, se le dio vista al procurador general de la República con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a foja 134 de autos.
Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diecisiete de abril al primero de junio de dos mil nueve, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo, todos del citado año, por ser sábados y domingos, respectivamente, así como los días primero y cinco de mayo; por ser inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo.
Por oficio **********, de fecha siete de mayo de dos mil nueve, recibido en su fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el consistente en que la resolución de segunda instancia que pone fin a un incidente de incompetencia en razón de territorio, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto.
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en sesión del treinta de enero de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión número **********, sustentando en lo que es materia de contradicción, esencialmente lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Primeramente, es importante destacar que a fojas ochenta y cinco a noventa y siete de los autos relativos al expediente de amparo en revisión número **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, obran copias fotostáticas certificadas de la ejecutoria dictada en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil ocho, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito y residencia, en el amparo en revisión **********, formado con motivo del recurso interpuesto por **********, relativo al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, promovido por los citados recurrentes, en el que solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de ‘... III. Autoridades responsables. Primera. El C. Magistrado de la H. Primera Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México ... Segunda. El C. Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez Estado de México (sic). Tercero. El C. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, México. Las autoridades que señalo como responsables del acto reclamado lo son en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras de dicho acto.’. ‘... IV. Acto reclamado. La resolución emitida por la H. Primera Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México, bajo el toca de apelación número **********, de fecha 15 de mayo del año 2008, misma que pone fin al procedimiento de incompetencia instaurado en razón del territorio para conocer de los hechos a que se refiere la causa penal número **********, y la ejecución de la misma por el resto de las autoridades señaladas como responsables en el capítulo que precede’; dichos promoventes son coacusados en la causas penales ********** y **********, seguidas también en contra de la aquí quejosa **********. Ejecutoria en la que el citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de garantías de acuerdo con el numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por considerar que en el caso analizado se materializa la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, de la invocada ley, para lo cual destacó que debido a que la improcedencia del juicio de amparo, por tratarse de una cuestión de orden público, es de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, en términos de la parte final el artículo 73 de la ley en cita, era factible el análisis oficioso de la procedencia del juicio de garantías en esa segunda instancia, con preferencia a los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes, e invocó el criterio que comparte del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la jurisprudencia 7, consultable en la página 84, Tomo IX, Materia Común, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL, EN SEGUNDA INSTANCIA.’. Así, estimó que de la interpretación sistemática de esas normas legales, en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto, se deriva que éste sólo es procedente contra actos que tengan en las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; lo anterior, en tanto afecten al gobernado en forma inmediata en sus derechos de carácter sustantivo y, en su caso, respecto a los de naturaleza adjetiva, que entrañen una afectación que trascienda irremediablemente en forma predominante o superior a las defensas del quejoso, es decir, que ante la existencia de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por una autoridad, de manera actual, inmediata y directa, el titular de ese derecho se encuentra facultado para acudir al juicio de garantías, demandando el cese de tal transgresión; que se requiere, no obstante ello, que el acto reclamado ocasione al impetrante un perjuicio que lesione de manera inmediata cualquiera de sus derechos o prerrogativas fundamentales, de modo que de no actualizarse ese perjuicio, la acción constitucional se torna improcedente, de acuerdo con la jurisprudencia emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, Apéndice de 1995, de rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, lo que no sucedía en la especie, por considerar que el acto de autoridad reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de quince de mayo de dos mil ocho, dictada dentro del toca penal **********, emitida por la Primera Sala Unitaria Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la que resolvió el conflicto competencial suscitado entre el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec y el Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, cuya materia se circunscribe a la competencia de uno de los juzgadores, no es un acto de imposible reparación reclamable en el juicio de amparo indirecto, por las razones siguientes: a) Que tal acto de autoridad no irroga perjuicio a los recurrentes de forma inmediata y de imposible reparación, porque la determinación judicial es de orden estrictamente intraprocesal; en consecuencia, que no afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo en la esfera jurídica de los solicitantes del amparo, como tampoco aun en su carácter meramente adjetivo o intraprocesal, puesto que solamente atiende a cuestiones de competencia por razón de territorio, cuyo estudio podría realizarse a través del juicio de amparo directo que, eventualmente, se llegara a promover en contra de la sentencia definitiva que decida sobre el fondo del asunto; e invoca la tesis aislada 1a. XLVII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 187, Tomo XX, Materia Penal, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO PENAL. PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN DE INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.’. b) Que no pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atinente al tema de la competencia, estableció la jurisprudencia, en materia común, consistente en que ‘el juicio de amparo indirecto es procedente contra la resolución que desecha la excepción de falta de competencia o estima infundada la excepción de incompetencia por declinatoria (tema distinto al que se analiza pero que resulta importante destacar puesto que en ella se abordó el tema de la competencia), criterio jurídico que sostuvo que afectaba a las partes en grado predominante o superior, puesto que de ser fundada, se tenía que reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional’; empero, que ello cobra aplicación en las materias en las que la legislación contempla precisamente esa afectación en grado predominante o superior, como lo pudiera ser la nulidad de lo actuado por Juez incompetente o la reposición del procedimiento, lo que no sucede en la especie. Citó el criterio al que hizo referencia, contenido en la tesis P./J. 55/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’. c) Que el acto reclamado no es de imposible reparación porque en la especie la ley adjetiva no prevé la nulidad de las actuaciones realizadas por autoridad o Juez incompetente, o la reposición del procedimiento, en cuya hipótesis, de acuerdo con la jurisprudencia señalada en el párrafo anterior, sí procedería el juicio de amparo indirecto, porque conforme con el artículo 364 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, las actuaciones practicadas por el órgano jurisdiccional incompetente serán válidas si se tratare de los del fuero común del Estado, por ende, que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que las actuaciones que se realicen, en caso de resultar incompetente (el Juez declarado competente), serán convalidadas, además de que la legislación sustantiva y adjetiva que se aplicaría sería la misma, puesto que los delitos que se imputan a los recurrentes son de materia común, es decir, el Código Penal y el de Procedimientos Penales, ambos del Estado de México. Ahora bien, esas consideraciones no las comparte este Tribunal Colegiado, pues si bien es verdad las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, no menos cierto es que pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su transcendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, de tal manera que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, puesto que con ello se dará seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el proceso y se evitará la tramitación de juicios que implicarían pérdida de tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias innecesarias a la parte quejosa. Cie
tamente, este Tribunal Colegiado llega a la conclusión de que en el caso particular resulta procedente el juicio de amparo indirecto, porque si bien es verdad que por regla general, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales no actualiza una hipótesis en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante un Juez de Distrito, en virtud de que no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, por ende, no constituyen un acto de ejecución de imposible reparación, puesto que tales violaciones, por regla general, son reclamables mediante el juicio de amparo directo, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, y 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en cuanto a la resolución reclamada mediante el juicio de garantías al que se contrae el presente recurso es de grado tal que incide en actos que implican la afectación a la quejosa de manera irreparable. Esto es así, en virtud de que la resolución reclamada en el juicio constitucional, emitida por la Primera Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México, en el toca de apelación número **********, de fecha quince de mayo del año dos mil ocho, que pone fin al procedimiento de incompetencia instaurado en razón del territorio para conocer de los hechos a que se refiere la causa penal número **********, del Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, con la declaración de que es competente para conocer de dicha causa penal el titular de ese juzgado, constituye una afectación que no es reparable con el hecho de que la aquí quejosa obtuviera una sentencia definitiva favorable, ya que tal resolución sobre el conflicto competencial tiene por efecto que el proceso penal se continúe en un juzgado que se encuentra fuera de la población en la que se seguía originalmente el proceso relativo, circunstancia que conlleva dejar subsistente su traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, Estado de México, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social ‘Santiaguito’, en Almoloya de Juárez, México, lo que de hecho ya sucedió previamente al dictado de la resolución reclamada, pues la ahora quejosa fue trasladada al centro de reclusión mencionado en último término, por lo que esa afectación en el sentido de que se continúe el proceso en contra de la aquí impetrante en un juzgado que se encuentra ubicado en población diversa al lugar en el que se inició, lleva consigo el que deberá seguir recluida en un centro preventivo ubicado también fuera de la población en el que originalmente se encontraba; por lo que es irreparable por repercutir en su seguridad personal, al ser puesta bajo la custodia de diversas autoridades a las que la resguardaban, y bajo condiciones más onerosas para efectos del proceso y convivencia con sus familiares, afectación que, se reitera, no es reparable en la sentencia definitiva, por la naturaleza misma de la aludida afectación, aun cuando obtuviera sentencia absolutoria respecto de los delitos que se le atribuyen. Este tribunal asevera que es irreparable la afectación a la quejosa, atendiendo a la especial naturaleza del acto reclamado, porque en el caso se trata de un conflicto competencial que tiene su origen de manera sustancial en ‘razones de seguridad’, característica por la que el procedimiento relativo excede el ámbito meramente procesal (e incluso territorial) por incidir directamente en la persona de la procesada, en los demás miembros de la población del reclusorio al que fue trasladada (‘Santiaguito’), así como en las autoridades encargadas de custodiarla. Lo anterior, porque el fijar a qué Juez corresponde el conocimiento del asunto reflejará la autoridad jurisdiccional a cuya disposición se encontrará la quejosa y la autoridad que finalmente llevará la secuela procedimental al dictado de la sentencia de primera instancia, de tal manera que el Juez que conoce del asunto por razones de seguridad dispondrá de las condiciones en que se llevará el proceso a fin de que éste se pueda desarrollar de la mejor manera posible, pero atendiendo al lugar de la residencia del Juez en donde se salvaguarde de manera más efectiva tanto la seguridad e integridad física de la procesada, como la de los demás internos de la población penitenciaria; e incluso, atendiendo a las posibilidades reales de custodia de las autoridades encargadas de su reclusión; esto es, la determinación de la autoridad a cuya disposición se encuentre la peticionaria incide directamente incluso, en dejar firme o no el traslado ya efectuado por las autoridades administrativas, de tal manera que las razones de seguridad a dilucidar impactan de manera efectiva aspectos relacionados con su integridad personal y de los demás reclusos, e incluso, respecto de las posibilidades reales de custodia de las autoridades administrativas, lo que desde luego no se puede reparar con el dictado de una sentencia favorable a la quejosa y exige su resolución de manera inmediata, a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior permite llegar a la conclusión de que en la especie se actualiza la excepción a la regla general de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, por afectarse a la promovente en grado predominante o superior, por las razones puntualizadas; es de suma importancia la institución sobre la que recayó la resolución reclamada en la vía constitucional, esto es, la competencia, pues se trata de un presupuesto esencial del procedimiento, que debe determinarse para que la autoridad que corresponda se encuentre facultada para actuar legalmente, y los efectos del acto reclamado resultan trascendentes porque, como antes se dijo, la violación adjetiva en el particular sería de carácter irreparable en la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento penal respectivo; todo lo cual permite concluir en el sentido de que la resolución que resolvió el conflicto competencial implica un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta de inmediato al análisis del juicio de garantías, sin necesidad de esperar a que se desarrolle el procedimiento penal y recaiga la aludida sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, dado que, como se ha precisado, el acto de autoridad que se indica como acto reclamado sí irroga perjuicio a la recurrente de forma inmediata y de imposible reparación, reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, por lo que no es necesario que la mencionada resolución se relacionara con nulidad de lo actuado por Juez incompetente, para considerar que la afectación es de grado predominante o superior, ni el hecho de que el artículo 364 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México estatuya que las actuaciones practicadas por el órgano jurisdiccional incompetente serán válidas si se tratare de los del fuero común del Estado, en virtud de que, como se precisó en líneas anteriores, el perjuicio derivado del acto reclamado no es reparable mediante el juicio de amparo directo. En ese contexto, resulta claro que no es aplicable al presente asunto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO PENAL. PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN DE INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.’, ya que esta tesis se refiere al caso de una sentencia que dictó en segunda instancia la autoridad responsable, y en el amparo directo se introduce el tema de la incompetencia de dicha autoridad, situación que no sucede en el particular, porque en la resolución recurrida sólo se aborda el tema de un conflicto competencial en el que la Sala responsable determina a favor de quién se surte la competencia para continuar conociendo del proceso penal correspondiente, mas no se ocupó del fondo del asunto ni dictó una resolución que pusiera fin al juicio, como sí lo hará, en su caso, aquella autoridad responsable cuyo fallo va a constituir el acto reclamado en el juicio de amparo directo que, de darse la ocasión, se promueva por la parte agraviada. Es por eso que tal resolución no podría impugnarse en términos del artículo 158 de la ley de la materia; en cambio, en el juicio de amparo directo en que se puede plantear o introducir el tema o examen de la incompetencia de la autoridad responsable (entendiéndose la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa respectiva), es aquel en que ésta se pronuncie o resuelva el fondo del asunto, que es la hipótesis concreta a que se refiere la tesis en comento. Lo anterior cobra sustento en las consideraciones que dieron origen a la propia tesis de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, de la que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: ‘Ahora bien, esta Primera Sala concluye que los alcances de la sentencia de amparo directo cuando se estima que debe concederse la protección federal por razón de que el tribunal local de segunda instancia que emitió el acto reclamado carece de competencia para fallar el asunto -por haberse dictado en contra de las reglas procesales que preceptúan que los delitos federales atraen a los del fuero común en los casos de concurso ideal de delitos- son los de la concesión lisa y llana. Con ese proceder no se violenta el artículo 23 de la Constitución Federal, pues si la prohibición de juzgar dos veces por el mismo delito está orientada a los casos en que los actos de juzgamiento sean válidos y produzcan todos sus efectos, en tanto su finalidad es que una persona que ya fue procesada y sentenciada por un hecho criminal no vuelva a ser sujeta a otro proceso por ese mismo hecho, con mayor razón dicha limitante debe regir para los casos en los que el procedimiento sea inválido por razón de que el tribunal de la causa sea incompetente. Esta Primera Sala retoma, pues, de los criterios que emitió en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 1, Segunda Parte, página 65: ‘SENTENCIA DICTADA POR TRIBUNAL INCOMPETENTE. Si en el caso se resolviera en el sentido de mandar reponer el procedimiento, por haber sido juzgado el inculpado por tribunal incompetente, se olvidaría un principio fundamental en el juicio de amparo, el de la prohibición de la «reformatio in peius», pues obligando al quejoso a un nuevo proceso, se corre el riesgo de que salga perjudicado con su amparo, ya que pueden perfectamente darse casos en que un quejoso privado de su libertad, esté a punto de compurgar su condena y al obligar a su procesamiento, se impide su libertad al cumplir su prisión mientras dure la nueva causa que se le siga por órdenes de esta Suprema Corte.’. De esta manera se evidencia, como ya se expuso, que el tema tratado en el criterio aislado de la Primera Sala, fue la impugnación de la competencia propuesto contra la Sala de apelación (segunda instancia) que resolvió el fondo del asunto, tan es así que se dijo que, de asistirle la razón al sentenciado quejoso en relación a la incompetencia de la responsable, la concesión del amparo debería ser lisa y llana, y no para efectos, en atención a la prohibición de juzgar dos veces por el mismo delito a una persona, contenida en el precepto 23 de la Carta Magna, razonamiento que se basa en la premisa de que el tribunal de segunda instancia abordó el estudio de fondo. Pero ese supuesto no se surte en la especie, debido a que la autoridad señalada como responsable en el amparo indirecto del que se proviene, de manera alguna conoció el fondo de la causa propuesta en primera instancia, en virtud a que el tópico que dirimió, consistió en resolver qué juzgado es competente para conocer del proceso instaurado contra la aquí quejosa, si el Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (lugar al cual fue trasladada), o el juzgado que se encuentra en la población en la que originalmente se seguía la causa penal relativa, es decir, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, en la misma entidad federativa. Cuestión que pone de relieve la inaplicabilidad del arábigo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.’. Del precepto transcrito se obtiene, en lo que importa, que el juicio de amparo uniinstancial procede ‘contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio’, motivo por el cual, si la resolución de segunda instancia que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de origen, no es una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al proceso penal instruido contra la aquí recurrente, dado que sólo se ocupó de resolver qué juzgado es el competente por razón de territorio, para conocer de esa causa penal, esto es, un conflicto competencial, por tanto, es indubitable que, del modo en que se expuso, no es procedente el juicio de amparo a que se refiere el precepto citado, y la vía legal pertinente para impugnar el acto de autoridad de trato, es el juicio de amparo biinstancial, por afectarse los intereses de la promovente en grado predominante o superior, de la manera en que se dijo en párrafos precedentes. Cabe agregar que precisamente por ser la vía indirecta la idónea para atacar la resolucióno a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad.’
"Como se advierte, en individuales de forma irre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21911-ee67bbc7/amparo-indirecto-procede-contra-la-resolucion-que-dirime · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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