VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO UN MISMO SUJETO ACTIVO COMETE DOS O MÁS ILÍCITOS IGUALES EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADOS EN DISTINTO TIEMPO (ARTÍCULOS 182 Y 183 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTES DE SU REFORMA Y REUBICACIÓN, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE 2010).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 397/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal materia de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región del Séptimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca, esencialmente, unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso-, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.(2)-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.(3)-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región del Séptimo Circuito -denunciante-, al resolver el veintiuno de septiembre de dos mil diez el juicio de amparo directo penal **********, en lo esencial son las siguientes:
"QUINTO. Suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación transcritos son parcialmente fundados.
"En primer término, debe desestimarse por ineficaz el argumento que el quejoso esgrime en el sentido de que la Sala responsable soslayó fundar debidamente su competencia legal para emitir la sentencia reclamada.
"Se estima lo anterior, pues aun cuando es verdad que de la lectura al fallo que por esta vía se combate se advierte que no existe un apartado en el que se justifique la competencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para su dictado, lo cierto es que en la especie ello no resultaba indispensable.
"En efecto, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares.
"Tratándose de actos administrativos, se requiere la cita expresa de todos y cada uno de los fundamentos legales en los que se sustente el acto de autoridad, en razón de que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, lo que garantiza que éste pueda conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, para poder -en su caso- defender sus intereses.
"En cambio, por cuanto hace a las resoluciones jurisdiccionales es innecesaria dicha formalidad, pues al analizar la litis del asunto que corresponda, la autoridad emisora del fallo dará razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa.
"Por ende, si bien por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia -excepcionalmente- si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.
"Sobre este aspecto se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. CXVI/2000, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página ciento cuarenta y tres, que dice:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.’ (la transcribe).
"Ahora bien, en la especie, la sentencia reclamada resolvió el recurso de apelación que fue interpuesto tanto por el acusado y su defensor como por el Ministerio Público, contra la diversa de primer grado dictada por el Juez Primero de primera instancia de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
"En esa tesitura, resulta conveniente invocar, en lo conducente, los artículos 42 y 46, fracción I, de la Ley Orgánica el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen:
"‘Artículo 42. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con una Sala Constitucional, cuatro Salas Penales, tres Salas Civiles y una Sala Electoral, cada una de ellas se compondrá por tres Magistrados, de entre los que se elegirá a su presidente, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de ser reelegido y la Sala de Responsabilidad Juvenil, la cual se integrará con un solo Magistrado ...’
"‘Artículo 46. Las Salas Penales serán competentes para conocer y resolver de los siguientes asuntos:
"‘I. En última instancia, de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de primera instancia en asuntos del orden penal, así como las determinaciones relativas a incidentes civiles que surjan en los procesos penales; ...’
"Conforme a los dispositivos legales reproducidos con antelación, si el Tribunal Superior de Justicia se encuentra conformado por cuatro Salas (entre ellas la responsable), y corresponde a éstas conocer de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de primera instancia en asuntos del orden penal, resulta evidente que actuó conforme a su competencia legal.
"De ahí que deba desestimarse el argumento en estudio.
"Por otra parte, tampoco asiste razón al promovente por cuanto esgrime que en la sentencia reclamada la autoridad responsable omitió totalmente hacer la cita de los preceptos legales en los cuales sustentaba su determinación y establecer los motivos por los que actuó en el sentido conocido.
"Lo anterior es infundado, pues de la simple lectura que se realice a dicho fallo se advierte que la responsable:
"• Invocó los artículos 178, 227, 232, 277 y 318 del Código de Procedimientos Penales, así como 37, 88, 84, 92, 96, 182, 183 y 184 del Código Penal, ambos ordenamientos vigentes en el Estado;
"• Citó la tesis de rubro: ‘TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN.’; y,
"• Vertió -asimismo- los razonamientos relativos a la apreciación de las pruebas propuestas por las partes, otorgándoles, a su juicio, el valor probatorio que cada una de ellas tiene.
"En ese contexto, si se invocaron las disposiciones legales exactamente aplicables al caso, y se manifestaron las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se tomaron en cuenta para resolver como se hizo, contrario a lo que dice el quejoso, no es dable estimar que la sentencia que se combate carezca de fundamentación y motivación.
"Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dice:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.’ (la transcribe).
"En un diverso aspecto, el impetrante manifiesta que en el caso no existen elementos suficientes para acreditar los elementos del delito de violación específica y agravada, ni su plena responsabilidad penal en su comisión.
"Lo anterior es infundado.
"En primer término, es necesario invocar el contenido de los artículos 182, párrafos primero y segundo, 183, párrafo primero y 184, párrafo primero, fracción II, del Código Penal vigente en la época de los hechos, los cuales establecen:
"‘Artículo 182. A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo, se le impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de trescientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del miembro viril, en el cuerpo de la víctima, por la vía vaginal, anal u oral. ...’
"‘Artículo 183. Se impondrán de diez a veinte años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometa en contra de persona menor de catorce años de edad, no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistir. ...’
"‘Artículo 184. La violación se considerará agravada, y se sancionará con pena de diez a treinta años de prisión y multa hasta de mil días de salario, cuando concurra uno o más de los siguientes supuestos: ... II. Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima; ...’
"Como se obtiene de los numerales transcritos, el delito de ********** tiene los siguientes elementos:
"a) Obtención de la cópula con una persona que sea menor de catorce años de edad, o bien que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistir;
"b) Que el responsable sea ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima
"Ahora bien, en la especie, la Sala responsable estableció que se acreditaban los mencionados elementos del delito de **********, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, lo que hizo con apoyo en las pruebas que obran en la causa penal y consideró correctamente que los hechos demostrados con éstas, adminiculadas en su enlace lógico y natural y valorado al tenor de los artículos 178 y 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz vigente, revelan que ********** le impuso la cópula a su hija ********** en su domicilio cuando esta última tenía diez años de edad.
"Dichos medios de convicción son los siguientes:
"1. Denuncia de **********, realizada el cinco de febrero de dos mil ocho ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, la cual posteriormente fue ratificada ante la autoridad jurisdiccional, en la que expresó: (la transcribe).
"2. Declaración rendida el doce de mayo de dos mil ocho por la menor ********** ante la representación social, ratificada posteriormente ante el Juez de la causa, de la que se advierte que manifestó: (la transcribe).
"3. Dictamen de lesiones, ginecológico y proctológico, realizado por la perito médico forense adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se asentó: (la transcribe).
"4. Dictamen pericial, rendido por la perito psicóloga adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se asentaron las siguientes conclusiones: (la transcribe).
"5. Copia simple del acta número seiscientos treinta y cuatro, relativa al nacimiento de la menor agraviada (foja nueve de la causa penal).
"6. Declaración preparatoria rendida por ********** el once de noviembre de dos mil ocho, ante el Juez de la causa, en la que declaró, en lo que interesa: (la transcribe).
"Ahora bien, con independencia de que la Sala otorgó valor a las anteriores probanzas, este Tribunal Colegiado considera que -en forma destacada- de los anteriores medios de convicción, resultan aptos y suficientes para tener por comprobado el delito de ********** y la plena responsabilidad del acusado en su comisión, apreciados en su conjunto, solamente los que enseguida se precisan:
"• La imputación firme y directa de la menor agraviada quien señaló a su padre ********** como la persona que la copuló en las circunstancias de modo, tiempo y lugar precisados en autos.
"• El dictamen ginecológico realizado por la médico forense, quien dictaminó que la menor presentó himen con desgarre no reciente en el radio tres y seis de acuerdo con la carátula del reloj, sin signos ni síntomas clínicos de enfermedad de transmisión sexual y embarazo, así como ano sin lesiones.
"• Declaración preparatoria del inculpado, el que se limitó a negar la comisión del ilícito de que se trata, aduciendo que el desgarre que presenta la menor se lo ocasionó un día que se subió a un árbol y cayó de éste; aseveración que resulta insuficiente por no encontrarse robustecida con prueba alguna que la haga creíble.
"Lo anterior es así, pues tales elementos de prueba, al ser debidamente adminiculados se consideran suficientes y aptos para demostrar que el ahora quejoso es la persona que, en su propio domicilio, le impuso la cópula a su hija **********, cuando ésta contaba con diez años de edad.
"Cabe señalar que en sus conceptos de violación el peticionario del amparo controvierte el valor de la declaración de la menor ofendida; sobre el particular, señala que existió un lapso considerable entre el día de los hechos y de la denuncia, lo que implica que los recuerdos y la percepción de la declarante se vean afectados por el grado de madurez entre una edad y otra.
"No obstante, no le asiste razón, ya que en el caso se trata de la declaración de la propia víctima del delito, quien al momento de la vejación por parte de su padre contaba con diez años de edad; luego, tomando en cuenta que se está en presencia de un evento traumático significativamente relevante, es evidente que el mero transcurso de tiempo es insuficiente para borrar de la mente de la menor el recuerdo de un hecho que evidentemente le causó un fuerte impacto emocional.
"Más aún, tomando en cuenta que el dicho de la ofendida se advierte verosímil, pues señaló que aunque no recordaba el día exacto en que se cometió el ilícito, sí sabía que era cuando cursaba el cuarto grado de primaria y narró en forma clara la mecánica de los hechos.
"Esto es, la declaración en comento no está viciada de contradicciones, sino que, por el contrario, es lógica y consistente en describir la conducta punible y señala de manera firme y categórica al responsable de los hechos.
"En relación con lo anterior, no debe perderse de vista que, atendiendo a la naturaleza del delito que se estudia, éste -generalmente- se lleva a cabo en ausencia de testigos, y el agente activo siempre procura que no haya personas que puedan percatarse de su realización.
"Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página ochenta y cinco del Tomo II, Materia Penal, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del año dos mil, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"‘DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.’ (la transcribe).
"De igual manera, es aplicable el criterio de la propia Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página veinticuatro del Tomo Segunda Parte LX, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente:
"‘DELITOS SEXUALES, VALOR DEL DICHO DE LA OFENDIDA EN LOS.’ (la transcribe).
"Además, la manera de conducirse de la ofendida es coherente con el modo en que se comportan los menores de edad quienes, generalmente, no tienen desarrollado a la perfección el sentido del tiempo y el espacio; no obstante, tiene la facultad suficiente para identificar claramente los acontecimientos que se presentan en su ambiente y expresarlos, como lo hizo.
"Por ese motivo, dada su corta edad es válido que no haya indicado circunstancias de tiempo, sin embargo, sí precisó el modo de acontecer del ilícito, suficiente para que el progenitor conociera la acusación.
"Por otra parte, no fue sólo la declaración de la menor, sino la declaración preparatoria del propio sentenciado, la que lo ubica en las circunstancias de lugar y tiempo de comisión del ilícito, pues ante preguntas de la representación social, éste refirió que su domicilio se trataba de una casa de madera solamente, es decir, de una sola pieza dentro de la cual dormía junto con su esposa e hijos y que: ‘... el día que dice ella que presuntamente yo violé a la niña ella estaba en la casa con un fulano, y que yo he ido al centro con mi hija para hacer compras y en ese mismo día yo tuve problemas con ella, pues me dijo que ya no quería tener nada conmigo, y que además ese mismo día me sacó que yo había violado a la niña ...’; circunstancia que ni siquiera fue referida por la denunciante o la menor, ya que ninguna de las dos hizo alusión una fecha en particular, además de que la niña señaló que la vejación había ocurrido en las noches mientras ********** se encontraba dormida.
"Sin que obste la manifestación del aquí promovente en el sentido de que el lenguaje de la menor ofendida al declarar (refiriéndose al activo), que éste ‘me metió el pene en mi vagina’, no corresponde al de una niña de diez años, lo que dice demuestra aleccionamiento.
"Lo anterior es así, ya que a la fecha en que la menor rindió su declaración ya contaba con la edad de trece años e incluso refirió que cursaba el primer año de secundaria, etapa de madurez ésta que -considera este tribunal- es congruente con la forma en que la ofendida se condujo al declarar ante la representación social.
"Tampoco resulta favorable al quejoso lo que esgrime en el sentido de que el dicho de la menor ofendida es inverosímil, tomando en cuenta que el cuarto en el que dormían el activo, la madre de la menor y sus hijos era el único donde había dos camas, y que la ofendida refirió haber gritado a su madre sin que ésta la hubiere escuchado.
"Ello en razón de que la víctima mencionó que la noche en que su padre le impuso por primera ocasión la c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22886-b660e1a5/violacion-se-actualiza-el-concurso-real-homogeneo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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