PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA PREINSTRUCCIÓN. CUANDO SU DESAHOGO ES MATERIAL Y TEMPORALMENTE POSIBLE DURANTE EL PLAZO CONSTITUCIONAL, EXISTE OMISIÓN INJUSTIFICADA DE ÉSTA DE HACERLO Y ELLO TRASCIENDE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal materia de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación. Los denunciantes, Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, se encuentran legitimados, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda, se sustentó en un amparo en revisión penal de su índice.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice **********, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las jurisprudencias números 1a./J. 22/2010(2) y 1a./J. 23/2010,(3) aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones de la mayoría del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito -denunciante-, al resolver el seis de mayo de dos mil diez, el amparo en revisión penal **********, en lo que interesa, son las siguientes:
"Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano colegiado lo siguiente:
"De las constancias que integran el expediente penal de donde emana el acto reclamado, entre otras, se desprende que en la diligencia de declaración preparatoria llevada a cabo a las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de marzo de dos mil nueve, el defensor particular de la inculpada en uso de la voz manifestó lo siguiente:
"‘... Que con fundamento en el artículo 20 constitucional, solicito a su señoría duplique el término constitucional que se corre a mi defensa con la finalidad de aportar las pruebas suficientes que acrediten su plena inocencia en los hechos imputados, así como también solicito copia simple de la presente causa penal y la comparecencia dentro del término constitucional de los representantes del ejido ********** CC. **********, todos con domicilio ampliamente conocido en la zona urbana de la citada comunidad perteneciente al Municipio de **********, y que señalaron al ratificar su denuncia para que sean interrogados por esta defensa, así como también la comparecencia de **********, todos con domicilio en el ejido señalado, quienes rindieron declaración ministerial en la indagatoria que dio origen a la presente causa penal, comprometiéndome a auxiliar para el envío de los citatorios correspondientes para que comparezcan en la fecha y hora señalada por su señoría. En uso de la voz la indiciada manifiesta: Que me adhiero a lo pedido por mi defensor. Con el uso de la voz el fiscal adscrito manifiesta: Que me reservo mis derechos para interrogar. Acto seguido el C. Juez acuerda: Como se solicita por la indiciada y el defensor, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 171, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales, se le concede la duplicidad del término constitucional que se corre a la primera, debiendo comunicarse de ello al C. Director del Cereso, de esta ciudad, se significa (sic) al sujeto activo y defensor que el término constitucional ampliado vence a las trece horas con quince minutos de la fecha once del actual, para que dentro de éste ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Se acuerda favorable la expedición de copia simple de la presente causa, previo recibo que se otorgue en autos, en términos del artículo 40 del código citado. Y para efectos de que declaren en ampliación y sean interrogados, cítese a los CC. **********, todos con domicilio en el ejido ********** perteneciente al Municipio de **********, se ordena girar los citatorios por conducto de la Policía Municipal del lugar antes señalado, señalándose para la comparecencia de los cuatro primeros diez, diez treinta, once y once treinta horas de la fecha ********** cursante, para los tres últimos se fija la misma hora pero de la fecha diez del actual. Notifico a las partes y manifiestan: Que lo oyen y firman, quedando impuesta la indiciada y defensor, que el término constitucional ampliado vence a las trece horas con quince minutos de la fecha **********, para que ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Doy fe.’. Posteriormente, al llevarse a cabo la ampliación de declaración de los testigos de cargo **********, a las diez horas con treinta minutos y once horas con siete minutos del diez de marzo de dos mil nueve respectivamente, en la parte que interesa se asentó:
"‘... Se hace constar que no estuvo presente el defensor licenciado **********, a pesar de estar debidamente enterado. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Doy fe.’. Sin embargo, aun cuando las anteriores probanzas fueron ofrecidas por la defensa y que no se desahogaron en los términos de ley, mismas que hubieran podido beneficiarle a la aquí quejosa; dicha transgresión al resolverse la situación jurídica para los efectos de ser tomada en cuenta en la resolución de término constitucional, quedaron irreparablemente consumadas, en virtud de que la mayoría de este tribunal coincide en que no procede reponer el procedimiento para los efectos de que se lleve nuevamente a efecto su desahogo al existir una imposibilidad material y legal por lo siguiente:
"El artículo 19 constitucional establece: (se transcribe).
"De acuerdo a la norma constitucional, el auto de formal prisión tiene como primer objetivo justificar la detención del inculpado que es puesto a disposición del Juez por el Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito. Tal resolución debe dictarse siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito que se atribuye al detenido y que establezcan la probable responsabilidad de éste en la comisión del ilícito imputado. Esas son exigencias de fondo que debe contener el auto de formal prisión, en el entendido de que los elementos del cuerpo del delito que se impute al detenido, deben quedar plenamente comprobados y la responsabilidad penal puede ser simplemente probable.
"Efectivamente, de la interpretación del artículo 19 de la Constitución Federal, se desprenden ciertos requisitos que debe contener todo auto de formal prisión, a saber, requisitos de forma y fondo:
"Los requisitos de forma del auto de formal prisión generalmente son los siguientes: fecha y hora de su dictado, delito imputado por el Ministerio Público, el delito o delitos por los que debe seguirse el proceso, la expresión de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y demás datos que arroje la averiguación previa que permitan comprobar el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad y, por último, nombres del Juez y secretario. Todo ello, sin perjuicio de otros requisitos formales que deben reunir este tipo de resoluciones, según el caso.
"Los requisitos de fondo del auto de formal prisión se encuentran constituidos por la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
"En consecuencia, en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra el auto de formal prisión, el tribunal de amparo deberá ponderar si el auto de formal prisión reúne los requisitos de forma y fondo.
"Por otra parte, aunque el tribunal de amparo no puede sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción; ello no implica que el primero no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, pues el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y, consecuente, constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí, en cuanto a que en él se aplicaron de manera exacta las leyes adjetivas y sustantivas de la materia, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Lo anterior no implica que el Juez de Distrito se sustituya en la función que constitucionalmente le corresponde al Juez del proceso, ya que simplemente llevará a cabo la revisión de lo actuado por este último, en cuanto a la valoración de la prueba, para determinar si en la especie transgredió o no las garantías constitucionales que resulten aplicables. No hay que olvidar que el juicio de amparo no es una instancia más en el proceso penal, por lo que si al juzgador constitucional no le corresponde calificar ni sancionar la conducta del acusado, tampoco debe estudiar de manera directa el acervo probatorio que obra en autos, sino sólo el modo en el que la autoridad responsable le confirió determinado valor, ya que, de lo contrario, no habría mayor diferencia entre la labor de dicha autoridad responsable y el Juez de Distrito, convirtiéndose este último en una tercera instancia, prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 23 y, como consecuencia, sustituyendo al Juez de la causa.
"En consecuencia, si el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y, consecuente, constitucionalidad del auto de formal prisión señalado como acto reclamado; entonces, cuando se advierta que durante el término constitucional, la defensa ofreció pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen y el Juez de la causa no las desahogó conforme a la ley, el tribunal de amparo deberá apreciar si esos medios de convicción trascendieron al resultado del acto reclamado en perjuicio del quejoso, de ser así, tendrá que concederse la protección federal solicitada para el efecto de que no sean tomadas en cuenta al momento de resolver la situación jurídica del particular quejoso (este pronunciamiento, desde luego, no comprende aquel supuesto en el que la declaración preparatoria no se recibe con las formalidades establecidas en la ley, por no ser la materia de estudio y, en su caso, el alcance sería distinto al aquí analizado).
"Empero cuando las pruebas aportadas por la defensa no se hayan desahogado o no se reciban en la forma establecida por la ley, en el amparo indirecto que se promueva contra la formal prisión no podría concederse el amparo, para el efecto de que se reponga el procedimiento y durante el término constitucional se desahoguen legalmente esos medios de prueba que se recibieron contra la forma establecida en la ley, pues aun cuando el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, consagre a favor del indiciado la garantía de defensa; ello no tiene el alcance de reponer el procedimiento durante el término constitucional, por no permitirlo su naturaleza jurídica.
"En efecto, conforme al artículo 19 constitucional, la detención ante la autoridad judicial no podrá exceder del plazo de setenta y dos horas -cuando lo solicite el indiciado, podrá prorrogarse el plazo-, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión; por tanto, la naturaleza del término constitucional no permite la reposición del procedimiento, porque el Juez de la causa está -al vencimiento del término constitucional- obligado a resolver inmediatamente la situación jurídica del indiciado, sin que le esté permitido prolongar la situación jurídica del reo más allá del tiempo fijado constitucionalmente.
"En consecuencia, si en el juicio de amparo se advierte que no se desahogaron la pruebas ofrecidas por la defensa en esa etapa o que las ofrecidas se desahogaron en forma contraria a la ley; el Juez constitucional no estará en aptitud de conceder el amparo, para que se reponga el procedimiento y se reparen esas violaciones; sino solamente, en el caso de que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas, se estará en aptitud de obligar a la responsable a que -si perjudican al quejoso- no las tome en cuenta al momento de resolver su situación jurídica.
"Lo anterior, no riñe con la garantía de defensa consagrada en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, porque si las pruebas de descargo no fueron desahogadas en el término constitucional, podrán ser desahogadas durante la instrucción y si las que se desahogaron en forma contraria a la ley, no se repiten durante la instrucción será otra vía en la que se estará en aptitud de reparar ese tipo de violaciones (apelación contra el fallo definitivo o, en su caso, a través del amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de lo previsto en el artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo, conforme al cual tratándose de los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; además, que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, si trascienden en perjuicio de aquél, mas no en la dilación del término constitucional); porque, se insiste, al vencer el término constitucional, el Juez de la causa está obligado a resolver la situación jurídica del quejoso.
"Estimar lo contrario, es decir, que en el juicio de amparo está permitido ordenar la reposición del procedimiento, para que dentro del término constitucional se desahoguen pruebas ofertadas por la defensa y no desahogadas en esa etapa o que habiéndose desahogado se hizo en forma contraria a la ley, para que se recaben conforme a las formalidades previstas por la legislación, se llegaría al absurdo de permitir al Juez de la causa que prolongara el término constitucional hasta que lo estimara oportuno, en franca violación al artículo 19 constitucional, pues, incluso, en virtud de un pretendido cumplimiento de un fallo protector, en el que se le ordenara la reposición del procedimiento quedaría al arbitrio del Juez responsable prolongar en forma indefinida y en plena contravención a la garantía de seguridad jurídica, la situación del indiciado, haciendo nugatoria la garantía consagrada por el Constituyente Permanente, en el numeral 19 constitucional, el que, necesariamente, tiene como finalidad proteger uno de los bienes jurídicos más preciados del ser humano -su libertad personal-, la que, en el caso de excepción, es decir, cuando el particular esté detenido ante la autoridad judicial, deberá resolverse con prontitud y en el preciso término de setenta y dos horas, a menos que el indiciado o su defensa solicite su prórroga.
"Lo anterior, además, porque si bien es cierto que el indiciado tiene la posibilidad de ofrecer pruebas durante la preinstrucción, para desvirtuar las pruebas de cargo; cierto es también, que la demostración de la inocencia no está limitada al término constitucional, sino que ésta podrá acreditarse durante la instrucción; de lo contrario, no existiría razón legal, para que se implementara un periodo probatorio, si la inocencia o culpabilidad del indiciado tuviera que estar definida desde el término constitucional."
II. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en **********, al resolver el diecinueve de marzo de dos mil diez, el amparo en revisión **********, en lo que interesa, son las siguientes:
"En otro aspecto, es sustancialmente fundado el motivo de inconformidad donde se alega que se violaron en perjuicio del quejoso los artículos 14, 19 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, los cuales disponen:
"‘Artículo 14.’ (se transcribe).
"‘Artículo 19.’ (se transcribe).
"‘Artículo 20.’ (se transcribe).
"Los artículos 167 y 169 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, establecen:
"‘Artículo 167.’ (se transcribe).
"‘Artículo 169.’ (se transcribe).
"De conformidad con los artículos 19 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, y con los numerales 167 y 169 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, el indiciado tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de setenta y dos horas con que el Juez cuenta para resolver su situación jurídica, después de que le es puesto a su disposición y con la finalidad de que pueda ofrecer pruebas, plazo en el que la autoridad judicial tiene la obligación de practicar sin dilación, todas las diligencias procedentes que soliciten las partes; disposiciones que no fueron observadas por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Villahermosa, Tabasco, ya que si bien acordó de manera favorable la petición de la defensora de oficio de ampliar el término constitucional y se admitieron todas las pruebas ofrecidas de su parte, cierto es también que no proveyó lo necesario para que dichas probanzas fueran desahogadas, no obstante que aún se encontraba transcurriendo el término constitucional concedido.
"En efecto, en la diligencia de declaración preparatoria (foja 87 del juicio de amparo), la defensora de oficio licenciada **********, solicitó la duplicidad del término constitucional, así como la práctica de la inspección judicial de las lesiones que presentaba el inculpado a fin de demostrar que había sido objeto de tortura, petición que le fue acordada en esa misma diligencia en los siguientes términos: ‘Punto 3. Como lo solicita el defensor de oficio con fundamento en el artículo 169 del Código de Procedi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22825-bcf31e11/pruebas-ofrecidas-y-admitidas-por-la-autoridad-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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