SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL Y SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. PROCEDE EL PAGO DE LOS EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR POR SUS MIEMBROS, CUANDO CESA LA SUSPENSIÓN EN EL CARGO POR HABER ESTADO SUJETOS A UN PROCESO PENAL DERIVADO DE HECHOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y RESULTAR ABSUELTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 283/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias corresponde a la materia administrativa, especialización de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo señalan que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decida la tesis que debe prevalecer.
Como se indicó, la presente denuncia de contradicción fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sustentó una de las posibles tesis discordantes, por tanto, se cumple con el requisito de legitimación.
TERCERO. A continuación se transcribirá la parte relativa de las sentencias en las que se plasmaron los criterios posiblemente contradictorios, para determinar si en el caso se actualizan los supuestos de existencia de la contradicción de tesis sistematizados por la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
I. Sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión **********, en la sesión correspondiente al catorce de noviembre de dos mil ocho.
De la ejecutoria citada, se desprende que **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del director general de Recursos Humanos y del director general adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, ambos de la Procuraduría General de la República, consistentes en el oficio **********, del dos de abril de dos mil ocho, por virtud del cual le fue negada la restitución en todos y cada uno de los derechos de que fue privado, pues en el proceso penal a que estuvo sujeto obtuvo sentencia absolutoria ejecutoriada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Restitución que comprende la reinstalación en el cargo y el pago de todos y cada uno de los haberes que por derecho le corresponden, en el periodo que comprende del treinta de agosto de dos mil seis a la fecha en la que se le reinstale o reincorpore en el cargo.
El promovente del amparo, en el único concepto de violación, esencialmente adujo que las autoridades responsables violaron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en el oficio reclamado omitieron ordenar su reinstalación y el pago de salarios caídos en términos de lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Agregó que mediante acuerdo del tres de mayo de dos mil siete, se le suspendió en el cargo, con la consecuente afectación a sus percepciones salariales, por encontrarse sujeto a la causa penal **********, radicada ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León; sin embargo, dicho juzgador, el siete de diciembre de dos mil siete, emitió sentencia absolutoria a su favor, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en la ejecutoria dictada el veintiuno de febrero de dos mil ocho, en el toca penal número **********, de manera que si el artículo 46 citado ordena la restitución en el goce de todos los derechos de que fue privado un servidor público durante la suspensión, cuando haya sido absuelto en el proceso penal, es evidente que en la especie debieron reincorporarlo en el cargo que venía desempeñando y pagarle todos y cada uno de los haberes que por derecho le corresponden.
Tramitado el juicio de amparo con el número **********, la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal emitió sentencia el veinticinco de septiembre de dos mil ocho, en la que resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
La Juez del conocimiento señaló que el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que estén sujetos a proceso penal, como probables responsables de delito doloso o culposo, calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada y que, en caso de que ésta fuese condenatoria serán destituidos, pero cuando resulte absolutoria, se les restituirá en sus derechos.
Apuntó la juzgadora que el director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República se encuentra obligado a reinstalar al quejoso en el empleo, cargo o comisión que desempeñaba en la referida procuraduría, así como a pagar las percepciones salariales que se le dejaron de cubrir con motivo de la suspensión temporal que se decretó en el acuerdo del tres de mayo de dos mil siete, pues así lo ordena el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque el siete de diciembre de dos mil siete, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, resolvió el proceso penal número **********, con el dictado de una sentencia absolutoria a favor del acusado, hoy quejoso, además, dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, además, y en términos de lo que disponen las fracciones V y VI del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es dicho director quien se encuentra facultado para tramitar los nombramientos de esa institución y para efectuar la tramitación del pago de salarios caídos y otras prestaciones.
Consecuentemente, concedió la protección constitucional al quejoso para el efecto de que, en el respectivo ámbito de su competencia, las responsables lo reinstalen en el empleo, cargo o comisión que desempeñaba en la Procuraduría General de la República y ordenen el pago de las percepciones salariales que se le dejaron de cubrir con motivo de la suspensión temporal que se decretó en su contra.
Inconformes, el director general de Recursos Humanos y la directora general adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, ambos de la Procuraduría General de la República, por medio del director general de Asuntos Jurídicos de dicha institución, en su carácter de delegado de las dos primeras en términos de lo que prevé el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado del conocimiento, interpusieron, en forma respectiva, recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente por auto de veintiocho de octubre de dos mil ocho los admitió a trámite y ordenó su registro con el número **********.
Las autoridades recurrentes adujeron que el efecto que otorgó la juzgadora al amparo que concedió, en el sentido de que consideró que deben pagarse al quejoso los salarios y prestaciones que dejó de recibir durante la suspensión de que fue objeto es un exceso, porque omitió tomar en cuenta que el motivo de la suspensión obedeció a que estaba sujeto a un proceso penal como probable responsable del delito de evasión de detenidos imputable a él, mas no a la Procuraduría General de la República, de manera que no se le debe pagar alguna cantidad por el tiempo en el que estuvo suspendido.
Alegaron que la juzgadora interpretó incorrectamente el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque aun cuando dicho precepto dispone que en caso de que el servidor público haya sido absuelto en la sentencia que se emita en el proceso penal a que fue sujeto, se le restituirá en sus derechos, lo cierto es que la suspensión no fue imputable a la Procuraduría General de la República para que se le obligue a pagar los haberes que dejó de recibir mientras fue suspendido, porque el inicio de esa causa penal es atribuida a dicho servidor público.
Explicaron que, en todo caso, esa suspensión no tenía los efectos de un despido o cese definitivo en el cargo que ocupaba, ya que derivaron del hecho de que estaba sujeto a un proceso penal, de manera que sus consecuencias fueron responsabilidad únicamente del promovente del amparo y en el tiempo que estuvo suspendido no se generaron derechos ni obligaciones entre las partes; por ende, al no prestar sus servicios a esa dependencia, es evidente que no generó el derecho a recibir un salario, o sea, no hay responsabilidad ni para el patrón ni para el trabajador.
Adujeron que en términos de lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la restitución de derechos para el quejoso, en todo caso, consiste únicamente en reincorporarlo en el cargo que ocupaba, pero no en pagar las percepciones que dejó de cubrir durante la suspensión, máxime que se encontraba sujeto a una causa penal.
Concluyeron señalando que hasta la fecha de la interposición del presente recurso no se cuenta con "alguna ley", acuerdo, sentencia, resolución u otro documento que obligue a reinstalar al quejoso en el puesto que ocupaba, de manera que ante la inexistencia de resolución judicial que indique ese aspecto no es posible otorgarle el empleo que ocupaba nuevamente, máxime que el quejoso fue omiso en aportar dichos elementos de prueba.
Ante esos planteamientos el Tribunal Colegiado consideró lo que enseguida se trasunta:
"La institución jurídica de la suspensión de un elemento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República, que en términos de lo que dispone el artículo 58 de la ley orgánica consiste en ‘la interrupción temporal de los efectos del nombramiento’, se encuentra comprendida en el artículo 56, fracción II, de la ley orgánica de esa institución como sanción para quienes hayan incurrido en causas de responsabilidad, o bien, como medida preventiva cuando en contra del servidor público se instaura el procedimiento administrativo de remoción establecido en el artículo 64 de esa ley y cuando está sujeto a un proceso penal, como lo dispone el artículo 46 de dicha norma.
"En el artículo 64 de la ley orgánica referida prevé el procedimiento administrativo de remoción que puede instaurarse, entre otros, en contra de los agentes de la policía federal investigadora, y en el que el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, otorgando previa audiencia al servidor público, resolverá sí resulta administrativamente responsable de la irregularidad que le es imputada y decidirá si es removido de su cargo o no.
"En términos de lo que regula la fracción VII del artículo mencionado, la autoridad que sustancia ese procedimiento de remoción tiene facultades para suspender temporalmente al servidor público implicado y, además, dispone que en caso de no ser responsable de la irregularidad que se le imputó, ‘será restituido en el goce de sus derechos’, lo que implica que debe ser reinstalado y, además, que se le paguen salarios caídos.
"Lo anterior es así, pues aun cuando esto último no se señala expresamente en el artículo 64 referido, pues sólo establece en términos generales la restitución del servidor en sus derechos en caso de que no sea declarado responsable en el procedimiento de remoción de mérito, lo cierto es que de la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de veintitrés de abril de dos mil dos, se advierte que se asentó expresamente ese aspecto respecto de la suspensión derivada del procedimiento de remoción, ya que se expuso, en forma textual, en lo conducente, lo siguiente:
"‘... Cabe destacar que en tanto se sustancia el procedimiento de remoción, los servidores públicos podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición tiene por objeto evitar que los servidores públicos respecto de los cuales se tengan dudas razonables en cuanto a su actuación apegada a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, continúen prestando sus servicios en la institución, toda vez que ello, en caso de que se les considere responsables, pone en peligro las investigaciones, los procesos penales y demás funciones propias del Ministerio Público de la Federación.
"‘Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que los servidores públicos respectivos resulten absueltos de las causas de responsabilidad que se les imputen, sean restituidos en su cargo y se les cubran todas las prestaciones que hubieren dejado de percibir durante la suspensión.’ (énfasis añadido)
"Esto es, en caso de que el funcionario no resulte administrativamente responsable debe ser restituido en su empleo y, además, deberán pagarse salarios caídos que dejó de recibir durante el tiempo que duró la suspensión, lo que resulta explicable, porque ese procedimiento es iniciado y resuelto por una autoridad que forma parte de la institución en donde labora el servidor público, como lo es el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, y quien decidió suspender al elemento del servicio de carrera de procuración de justicia federal mientras tuviera duración dicho procedimiento, por lo que si no se demostró la irregularidad que originó su sustanciación implica que fue suspendido injustificadamente por dicha autoridad y, por esa razón, está obligada a restituirlo en todos los derechos referidos, ya que no acudió a trabajar debido a la decisión de ese consejo de suspenderlo.
"Ahora bien, respecto de la suspensión establecida en el artículo 46 de la ley orgánica mencionada, que es la que nos interesa, opera cuando algún elemento del servicio de carrera de procuración de justicia federal tiene instaurado un proceso penal como probable responsable de un delito que se haya cometido de forma dolosa o culposa calificado como grave, hasta en tanto se emita sentencia ejecutoria, como se ve de la siguiente transcripción:
"‘Artículo 46. Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos por los servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de esta ley, desde que se dicte el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán destituidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos.’
"Además, el citado precepto, en la parte final, establece que en caso de que la sentencia referida sea condenatoria serán destituidos y, por el contrario si es absolutoria deben ser restituidos en sus derechos.
"Aun cuando el artículo 46 que nos ocupa no especifica cuáles son los derechos que deben ser restituidos en caso de que la sentencia emitida en el proceso penal resulte absolutoria, debe entenderse que únicamente debe permitirse la reinstalación del servidor público en el cargo que ocupaba hasta antes de ser suspendido, pero no el pago de salarios y prestaciones que dejó de recibir en el tiempo que duró la suspensión, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de remoción antes mencionado.
"Lo anterior es así, pues en términos de lo que dispone el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo proceso penal, el derecho a la libertad bajo caución procederá siempre y cuando no se trate de delitos graves en los que ley expresamente prohíba conceder este beneficio, por ende, cuando el servidor público adscrito a la Procuraduría General de la República es suspendido por estar sujeto a un proceso penal en el que se le acusa de un delito de esa magnitud evidentemente estará privado de la libertad hasta en tanto se emita sentencia; por ende, en ese lapso no tiene posibilidad de presentarse a su fuente de trabajo, es decir, no puede prestar sus servicios y, como consecuencia, no genera el derecho a recibir salario y las demás prestaciones derivadas de la relación laboral, por lo que en caso de resultar absuelto del delito que le fue imputado, el único derecho que puede recuperar es el de la reincorporación en su empleo.
"Esto es, la suspensión del servidor público prevista en el artículo 46 de la ley orgánica antes mencionada constituye un intervalo pasivo en la prestación del servicio por parte del trabajador y que no es atribuible al Estado como patrón, ya que la instauración del proceso penal en contra del primero, en el que está privado de su libertad y que lo imposibilita a presentarse a laborar es una situación ajena a la voluntad de quien lo contrató, pues deriva de la decisión de un Juez penal y el tiempo que dure esa interrupción deja sin efectos el pago de su salario y otras prestaciones, como son: el pago de vacaciones, aguinaldo, entre otras, por lo que, se reitera, el único derecho que tiene en caso de que resulte absuelto del delito por el que fue procesado consiste únicamente en que sólo sea reinstalado con el fin de que se respete su derecho constitucional a tener estabilidad en el empleo.
"Cabe agregar que la diferencia entre la suspensión establecida en el artículo 46 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la prevista en el procedimiento de remoción regulado en el artículo 64 de la misma norma, radica en que la primera deriva del hecho de que el servidor público está privado de su libertad porque es sujeto de un proceso penal sustanciado ante una autoridad judicial que no fue quien decretó dicha medida preventiva. En cambio, la segunda, fue emitida por una autoridad que pertenece a esa procuraduría en donde presta sus servicios y quien decidió suspenderlo en sus labores, por ende, le corresponde reinstalarlo y pagar salarios caídos, en caso de que no se demostrara la irregularidad que originó ese procedimiento, porque, se reitera, lo suspendió en forma injustificada y por ese hecho debe pagar salarios caídos por no permitir que acudiera a trabajar.
"Por tanto, en términos del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que hayan sido sometidos a proceso penal como probables responsables de delito doloso o culposo calificado como grave por la ley, y que obtengan sentencia absolutoria tienen la prerrogativa de solicitar la restitución de sus derechos como trabajadores de la Procuraduría General de la República; sin embargo, como ya se dijo en párrafos anteriores, esa restitución no implica que deban pagarse salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció sujeto a proceso.
"Por otra parte, las recurrentes alegan que el quejoso no exhibió resolución administrativa o judicial en la que ordenara su reinstalación; sin embargo, lo cierto es que de constancias de autos que integran el juicio de amparo (fojas 19 a 66) se advierte que anexó con su demanda la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil ocho, emitida por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito en el toca penal **********, en que resolvió el recurso de apelación que interpuso el agente del Ministerio Público de la Federación, en la que se confirmó la sentencia recurrida, de siete de diciembre de dos mil siete, emitida por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León dentro del proceso penal **********, y en la que absolvió al quejoso del delito que le fue imputado.
"De ahí que si el motivo de la suspensión al quejoso fue porque se encontró sujeto al proceso penal mencionado, pero demostró en el juicio de amparo que obtuvo sentencia ejecutoria absolutoria, es evidente que acreditó ubicarse en la hipótesis de restitución de derechos prevista en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que las responsables deben ordenar su reinstalación, con independencia de que en la ejecutoria que lo absuelve se haya ordenado o no ese aspecto, puesto que ese evento no deriva de lo resuelto en el proceso penal, sino del contenido del precepto citado que establece, en la parte final, que debe restituirse al servidor público en el goce de sus derechos cuando obtenga resolución que lo absuelva."
El Tribunal Colegiado reiteró ese criterio al resolver los amparos en revisión **********, ********** y **********, en los cuales se analizó la procedencia del pago de emolumentos dejados de percibir durante el lapso en que los quejosos estuvieron suspendidos por estar sujetos a un proceso penal en el que se dictó sentencia absolutoria, confirmada por el tribunal de alzada, esto es, en esos casos se presentaron elementos de análisis similares (autoridades, actos y conceptos de violación) a los de la ejecutoria transcrita, lo que hace innecesario hacer referencia a ellas.
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo el criterio expuesto, no obstante que en este caso se trató de un servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal suspendido por haber sido sujeto de un proceso penal en el que se le absolvió, en razón de que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su artículo 46, prevé un supuesto similar al precepto analizado en el caso reseñado.
II. Sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión **********, en la sesión correspondiente al cuatro de marzo de dos mil ocho.
De la relatoría del caso sometido a la decisión de este Tribunal Colegiado se desprende que **********, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del oficial mayor y otras autoridades de la Procuraduría General de la República, consistentes en la omisión que se traduce en un incumplimiento al resolutivo cuarto de la determinación de dieciséis de febrero de dos mil siete, relativa al levantamiento de suspensión mediante la cual el titular de la Unidad de Operaciones, en suplencia del titular de la Agencia Federal de Investigación, ordenó la restitución de sus derechos, por lo que hace al pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo en que estuvo suspendida del empleo que venía desempeñando dentro de la citada agencia.
En el concepto de violación sostuvo que la omisión de la autoridad responsable, para dar cumplimiento al acuerdo de "levantamiento de suspensión" de fecha dieciséis de febrero de dos mil siete, emitido por el titular de la Unidad de Operaciones, en suplencia del titular de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, únicamente por lo que hace al pago de los salarios y demás percepciones que dejó de percibir la hoy quejosa durante el tiempo que estuvo suspendida de su empleo que venía desempeñando dentro de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, se traduce en un acto de molestia que vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, privándosele de los derechos que emanan del mencionado acuerdo. Lo anterior, pues si bien ya ha sido reinstalada en sus funciones, a la fecha no le han sido cubiertos sus salarios caídos y demás prestaciones por el periodo en que duró su suspensión, por lo que el actuar omisivo por parte de las responsables ante tal situación, resulta violatorio de las garantías de seguridad jurídica tuteladas por la Carta Magna en sus artículos 14 y 16.
De la demanda de garantías correspondió conocer a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal quien ordenó la formación del expediente **********. Tramitado el juicio, la Juez del conocimiento celebró la audiencia constitucional y procedió a dictar la sentencia correspondiente, engrosada el veintisiete de diciembre de dos mil siete, en la que resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo a la quejosa.
En lo que interesa, la Juez consideró que del contenido del acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil siete no se advierte la orden expresa en el sentido de que la responsable proceda a efectuar el pago de los salarios que dejó de percibir la hoy quejosa, con motivo de la suspensión de que fue objeto; sin embargo, conforme a lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 50, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a los cuales se ordenó girar oficio al director general de Recursos Humanos, el objeto de dicha determinación fue para que se restituyera a la hoy quejosa en el goce de sus derechos afectados, en relación con el pago de salarios caídos y otras prestaciones que hubiere dejado de percibir.
Por tanto, estimó la Juez, la conducta omisiva que se reclama del director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, únicamente por lo que hace al pago de los salarios y demás percepciones que dejó de percibir la hoy quejosa durante el tiempo en que estuvo suspendida de su empleo transgrede las garantías de debida fundamentación y motivación, pues sin justificar su conducta viola el derecho que asiste a la quejosa para recibir el pago a que tiene derecho, lo cual trae como consecuencia, que no existan motivos ni fundamentos de aquéllas para eludir la negativa que se les reprocha.
Inconforme con esa determinación, el director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República interpuso recurso de revisión en el que, entre otras cuestiones, adujo que si bien la quejosa fue sujeta a un proceso penal, del cual resultó absuelta, sólo tiene derecho a ser reinstalada, lo cual ya aconteció, pero no al pago de salarios dejados de percibir durante el periodo de suspensión, puesto que se le sujetó a un proceso penal como probable responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, desde luego, por causas imputables a ella misma y no a la institución.
El citado recurso se remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se formó el expediente **********. En la ejecutoria correspondiente, y sobre ese planteamiento en particular, el Tribunal Colegiado consideró lo que enseguida se trasunta:
"Es infundado lo afirmado por la recurrente.
"Ciertamente, como se ha visto a lo largo de la presente ejecutoria y como quedó claro en el juicio de garantías, el acto reclamado versa sobre la reinstalación de la quejosa como agente de la Agencia Federal de Investigaciones (sic) de la Procuraduría General de la República, con la consecuente restitución en el goce de los derechos que le fueron violados, tal y como aparece del segundo párrafo de la foja tres del propio acto reclamado que en la parte de interés dice así:
"‘... En esa tesitura, resulta procedente levantar la suspensión decretada en contra de **********, en el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil cuatro, a efecto de dar debida congruencia a lo ordenado en la parte final del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, de esta manera, restituirla en los derechos que como agente policial quedaron suspensos.’
"Tal restitución, implica no sólo reinstalar a la quejosa en el cargo desempeñado, sino también cubrirle los emolumentos de que fue privada con motivo de la suspensión temporal aplicada, pues al prestar de manera regular sus servicios tenía acceso a estas prerrogativas; sin embargo, el ser separada temporalmente de su encargo no es una causa a ella imputable, pues la sujeción a un proceso penal no surgió de su propia voluntad o actuar delictivo, tan es así que al final de la consecución de dicha causa, la impetrante resultó absuelta, es decir, no cometió delito alguno, de allí que no haya razón alguna para privarla de tal derecho.
"Es aplicable al caso, la tesis de este propio cuerpo colegiado, que en la parte de interés, a contrario sensu y por igualdad de razón, dice así:
"‘AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. AUN CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE HAYA DECLARADO LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS SANCIONA, NO PROCEDE SU REINSTALACIÓN SI EXISTE SENTENCIA PENAL CONDENATORIA POR DELITO DOLOSO.’ (se transcribe).
"Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, se impone en el caso confirmar la sentencia sujeta a revisión."
III. Sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21987-4917ab9c/servicio-de-carrera-de-procuracion-de-justicia-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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