ENERGIA ELECTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA FIJAR LAS TARIFAS DE SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO VIOLA EL ARTICULO 73, FRACCION X, CONSTITUCIONAL. * * * ENERGIA ELECTRICA. LA FIJACION DE TARIFAS PARA SU SUMINISTRO Y VENTA NO ES MATERIA DE REGLAMENTO PRESIDENCIAL. - - -
AMPARO EN REVISION 2039/91. ARNOLDO ALVARADO ORTEGA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, al no haberse formulado agravio en su contra por la parte recurrente y no advertirse la existencia de una violación manifiesta de la ley que la hubiere dejado sin defensa y que pudiera motivar la suplencia de su queja deficiente en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
CUARTO.-Previamente al análisis de los agravios expuestos por los recurrentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio y con apoyo en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, se avoca al examen de la procedibilidad del juicio de amparo origen de esta revisión, en aspectos no examinados por el Juez de Distrito.
A fin de demostrar la posibilidad de llevar a cabo el aludido examen, conviene delimitar las cuestiones sobre las cuales existe un pronunciamiento de parte del Juez.
Como puede observarse de la sentencia combatida, el juzgador en el considerando tercero desestimó las causas de improcedencia esgrimidas por las autoridades responsables, en el sentido de que los actos de aplicación reclamados no son actos de autoridad para los efectos del amparo; y de que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, al no haberse impugnado con motivo del primer acto de aplicación de la ley, aspecto derivado de que los quejosos tenían celebrados contratos de prestación de servicios de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad al acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público del veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, señalado como primer acto de aplicación, puesto que con fechas treinta y uno de diciembre de los años de mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos ochenta y siete, se modificaron y reestructuraron las tarifas correspondientes, con fundamento en las reformas ya vigentes de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Precisado lo anterior, debe decirse que en el presente juicio sí se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados, pero por razones distintas a las que fueron objeto de estudio por el Juez; y que dicho consentimiento sólo se produjo en relación con el quejoso Mario Ernesto Miles Encinas, porque de la fecha en que se realizó el acto de aplicación de los ordenamientos impugnados, a aquella en que se presentó la demanda de garantías, transcurrieron más de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.
En efecto, en el inciso D del capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, los quejosos señalaron lo siguiente:
"D. En diversas fechas que fluctúan entre el de octubre y el de noviembre últimos (sic), fueron dejados en nuestros domicilios los recibos que contienen los consumos de energía eléctrica supuestamente realizada por cada uno de los quejosos, en cuyos documentos de cobro se está aplicando por primera vez en perjuicio de los quejosos, el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, y el decreto por el que se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicados respectivamente en Diarios Oficiales de fechas 22 de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, cuya inconstitucionalidad se viene reclamando en la presente demanda."
Así pues, no existiendo controversia respecto de si los recibos para el pago por el consumo de energía eléctrica, constituyen o no la aplicación de los ordenamientos impugnados, el único dato objetivo de que se dispone para establecer cuándo fueron conocidos por los quejosos, lo constituye el pago de las cantidades en ellos señalados, como punto de partida para el cómputo del término con que se contaba para la presentación de la demanda de amparo.
Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo con las constancias que obran en autos, procede establecer que el quejoso Mario Ernesto Miles Encinas consintió tácitamente los actos reclamados, porque de la fecha en que tuvo conocimiento de ellos, catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (en que realizó el pago por el consumo, foja treinta y nueve de los autos del juicio de amparo) al once de enero de mil novecientos noventa en que presentó la demanda de amparo, transcurrieron dieciocho días hábiles, descontando de ese lapso los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, seis y siete de enero de mil novecientos noventa, que por corresponder a sábados y domingos resultaron inhábiles y los días veinticinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y primero de enero de mil novecientos noventa inhábiles también, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tal virtud, es inconcuso que el quejoso Mario Ernesto Miles Encinas consintió de manera tácita los actos reclamados y que, por consecuencia, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en lo señalado por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Son infundados los argumentos que conforman el primer concepto de agravio.
En efecto, no les asiste la razón a los recurrentes cuando afirman que la sentencia se dictó con violación a los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, al no haberse estudiado el primer concepto de violación en la forma en que se planteó, siendo suficiente la lectura comparativa entre dicho concepto de violación y las consideraciones respectivas que dan apoyo al fallo combatido.
Como se desprende de la lectura del primer concepto de violación, que se transcribe en las páginas seis a catorce de esta resolución, los quejosos hicieron valer medularmente, en relación con los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la transgresión a los artículos 89, fracción I, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por otorgar al secretario de Hacienda y Crédito Público la facultad reglamentaria que la Constitución reserva al presidente de la República.
Ahora bien, en el considerando cuarto, el Juez de Distrito se hizo cargo del examen del concepto de violación relativo a los artículos 30 y 31 de la ley reclamada, concluyendo que dichos preceptos no llevan implícita una facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reglamentarlos, pues la fijación de las tarifas, su ajuste o reestructuración en materia de energía eléctrica no constituye la expedición de normas generales, abstractas o impersonales, obligatorias para todos los gobernados, sino únicamente el establecimiento de tarifas que habrán de pagar los usuarios del servicio de energía eléctrica cuando éste se reciba, es decir, el establecimiento de los precios a los que la Comisión Federal de Electricidad deberá sujetarse al efectuar la venta de energía eléctrica, por lo que no son violatorios de los artículos 89, fracción 1, 14 y 16 de la Carta Magna.
En el propio considerando cuarto, fojas doscientos ochenta y cuatro vuelta y doscientos ochenta y cinco de la sentencia combatida, el a quo se ocupó de los argumentos relativos al acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica del veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (véanse páginas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de este fallo), concluyendo que el secretario de Hacienda y Crédito Público a través del acuerdo reclamado no desarrolló la facultad reglamentaria a que alude el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, pues en dicho acuerdo se limitó, en los términos previstos por los artículos 30 y 31 de la ley impugnada, a fijar los precios o tarifas a los que la Comisión Federal de Electricidad, organismo encargado de prestar el servicio público de energía eléctrica, deberá sujetarse en la venta y distribución del fluido eléctrico y que el usuario deberá pagar como consecuencia del contrato que tenga celebrado o llegue a celebrar con dicho organismo, pero en ningún momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió principios generales, abstractos e impersonales obligatorios para los gobernados a través del acuerdo combatido.
Por lo anterior, es lógico concluir que la sentencia combatida sí se dictó en forma coherente con las cuestiones planteadas por lo que, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, el a quo, al dictarla, no lo hizo con transgresión a los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque sí se resolvió el concepto de violación en los términos en que se planteó.
Además, como acertadamente lo sostiene el Juez de Distrito, la facultad que los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica otorgan en favor del Secretario de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas por el suministro y venta de energía eléctrica, no implican en modo alguno que se esté reglamentando dicha ley.
La facultad reglamentaria del presidente de la República, establecida en el artículo 89, fracción I, constitucional, se manifiesta en la expedición de normas jurídicas abstractas, generales e impersonales cuyo objetivo estriba en pormenorizar o detallar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión para conseguir su mejor y más adecuada aplicación en el ámbito administrativo en los ramos que regule.
Por tanto, el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica fue dictado por el secretario de Hacienda y Crédito Público en uso de la facultad que le otorga la ley impugnada para establecer las tarifas conforme a las cuales habrán de determinarse los precios o cuotas que deban pagar los usuarios del servicio público de energía eléctrica de acuerdo con el tipo y cantidad de consumo requerido. Es decir, no se trata de dictar un reglamento que establezca la obligación para todos los gobernados de acatarlo, sino tan solo el fijar las tarifas conforme a las cuales deberán determinarse los precios que habrán de pagar los usuarios por el servicio de energía eléctrica cuando éste se reciba.
Así lo consideró este Tribunal Pleno al resolver, en sesión pública del día miércoles veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, el amparo en revisión número 10056/84, promovido por Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, Sociedad Anónima, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. El señor Ministro Díaz Romero manifestó que no estaba conforme con algunas de las consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausentes: Pavón Vasconcelos, Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Sobre el particular, fue aprobada por este Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de dieciocho votos, la tesis que aparece publicada con el número cincuenta en la página seiscientos quince de la primera parte del Informe de Labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice:
"ENERGIA ELECTRICA. LA FIJACION DE TARIFAS PARA SU SUMINISTRO Y VENTA NO ES MATERIA DE REGLAMENTO PRESIDENCIAL.-La facultad reglamentaria del presidente de la República establecida en el artículo 89, fracción I, constitucional, se manifiesta en la expedición de normas jurídicas abstractas, generales e impersonales cuyo objetivo consiste en detallar el contenido de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión para hacer posible su aplicación. Ahora bien, la facultad que el artículo 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, otorgan al Secretario de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas por el suministro y venta de energía eléctrica, no viola el artículo 89, fracción I, constitucional, toda vez que la fijación de dichas tarifas no constituye una facultad reglamentaria sino tan sólo un acto de aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica."
SEXTO.-En el segundo concepto de agravio aducen los recurrentes, esencialmente que los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, son violatorios de la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Congreso de la Unión faculta al secretario de Hacienda y Crédito Público para legislar en materia de energía eléctrica, en virtud de que dichos preceptos regulan la expedición de normas generales, abstractas e impersonales, porque las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica tienen el carácter de derechos, por ser contribuciones que se pagan por el servicio de energía eléctrica que presta el Estado en forma exclusiva a través de un organismo descentralizado, de ahí que, según afirman, no sea acertada la estimación del a quo en el sentido de que dichas tarifas sólo constituyen un mecanismo de control y vigilancia del poder público sobre el precio por la prestación del servicio.
Es infundado el agravio planteado por los recurrentes por las siguientes razones:
El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"El Congreso tiene facultad:
"... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el banco de emisión único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123."
De la anterior fracción de este precepto constitucional, se deriva que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de energía eléctrica.
Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no contravienen el artículo 73 constitucional en la fracción transcrita, pues los precios por el suministro y venta de energía eléctrica conforme a las tarifas fijadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en el acuerdo reclamado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no implican que dicha secretaría esté legislando en materia de energía eléctrica.
En efecto, es el Congreso de la Unión quien, precisamente en uso de la facultad establecida en el artículo 73, fracción X, constitucional, legisló en materia de energía eléctrica, al expedir la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y fue dicho Congreso quien determinó en los artículos 30 y 31 de la misma, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de aprobar y fijar las tarifas que determinarán las cuotas a pagar por los usuarios por el suministro y venta de energía eléctrica. Ahora bien, ello no puede considerarse como una delegación por parte del Congreso de la Unión de sus facultades de legislar en materia de energía eléctrica en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la fijación de las tarifas no implica en modo alguno que se esté legislando sobre la materia, sino simplemente el establecer las bases conforme a las cuales se determinarán los precios como una contraprestación por el servicio de energía eléctrica, sujetándose así estas cuotas a vigilancia y control por la naturaleza especial del servicio de que se trata y que afecta, prácticamente, a toda la población, por lo que tanto para garantizar la eficiente prestación del servicio como para cuidar los intereses de los gobernados, es conveniente la intervención de la secretaría encargada de las finanzas del Estado a través de la fijación de tarifas conforme a las cuales se establecerán las cuotas que deban pagarse por la prestación de este servicio público.
La facultad legislativa es la atribución de elaborar normas jurídicas abstractas, impersonales, generales y obligatorias llamadas leyes. Esta facultad legislativa en materia de energía eléctrica ha sido ejercida por el Congreso de la Unión al expedir la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y toda vez que es el Poder Ejecutivo el encargado de la aplicación y ejecución de las leyes, se otorgó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como entidad de la administración pública centralizada dependiente del titular de dicho poder, la atribución de fijar las tarifas conforme a las cuales se determinarán las cuotas por suministro de energía eléctrica, atribución que no significa en modo alguno legislar sobre la materia, sino determinar concretamente su forma de aplicación.
Así lo sostuvo este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada con el número cuarenta y nueve en la página seiscientos catorce de la primera parte del Informe precitado, que dice:
"ENERGIA ELECTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA FIJAR LAS TARIFAS POR SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO VIOLA EL ARTICULO 73, FRACCION X, CONSTITUCIONAL.-El artículo 73, fracción X, constitucional, otorga al Congreso de la Unión facultad exclusiva para legislar en materia de energía eléctrica. Asimismo, los artículos 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, facultan al secretario de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas conforme a las cuales se determinarán los precios por el suministro y venta de energía eléctrica, así como para establecer su ajuste, modificación o reestructuración conforme con el procedimiento establecido en el último de los preceptos citados. Ahora bien, esta facultad no viola el artículo 73, fracción X, constitucional, toda vez que la fijación de dichas tarifas no implica, en modo alguno, que se esté legislando sobre la materia, sino aplicando la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica expedida, precisamente, por el Congreso de la Unión en uso de la facultad legislativa señalada.-Amparo en revisión 10056/84. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S. A. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. El señor Ministro Díaz Romero manifestó que no estaba conforme con algunas de las consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausentes: Pavón Vasconcelos, Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor Poisot."
Por otra parte, los precios que por el suministro y venta de energía eléctrica pagan los usuarios con base en las tarifas que se establecieron en el acuerdo reclamado no son contribuciones.
En efecto, el artículo 31, fracción IV, constitucional dispone:
"Son obligaciones de los mexicanos:
"... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
En el anterior precepto constitucional se plasman las bases generales de la facultad impositiva del Estado; es decir, la obligación de todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos pero, a su vez, el derecho de éstos a que esta contribución se realice de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto significa que el Constituyente de mil novecientos diecisiete dejó al legislador ordinario la facultad de determinar, en cada época, la forma y medida en que los individuos y grupos que integran la sociedad deben contribuir, así como la determinación misma de lo que debe entenderse por contribución, puesto que en ninguno de los preceptos de la Constitución se consigna una definición de lo que debe entenderse por contribución, ni mucho menos se contiene en ella alguna clasificación, con sus correspondientes definiciones de los diversos tipos de contribuciones. Consecuentemente, si es el legislador ordinario quien, respetando las bases fundamentales que nuestra Constitución establece, deberá realizar las adecuaciones que cada época requiera, debe acudirse a la legislación ordinaria para determinar qué debe entenderse en la actualidad por contribución.
El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación establece:
"Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: I. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. IV. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, o presten los servicios señalados en la fracción IV de este artículo, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social o de derechos, respectivamente ..."
Del anterior artículo transcrito se deriva que los precios que por el suministro y venta de energía eléctrica se establecen a cargo de los usuarios no tienen el carácter de contribuciones, puesto que no se ubican en ninguno de los cuatro grupos en que el Código Fiscal de la Federación clasifica a las contribuciones, ni participan de las características propias de la relación jurídica tributaria sustantiva a que dichas contribuciones dan lugar y que derivan tanto de la Constitución como del citado ordenamiento.
En efecto, en todo sistema jurídico las normas legales establecen hipótesis o presupuestos a cuya realización se asocia el nacimiento de una relación jurídica. Esto no es exclusivo de las relaciones tributarias sino, en general, de todas las obligaciones, pero en el caso de estas últimas a tal hipótesis legal prevista en forma abstracta se le denomina hecho imponible y es requisito fundamental para el nacimiento de la relación jurídica tributaria el que se verifique el hecho o los hechos definidos abstractamente por la ley como supuestos de la obligación.
La realización de tal hipótesis hace surgir la relación jurídica tributaria entre dos sujetos: el acreedor tributario o sujeto activo, por un lado, quien tiene derecho a exigir la prestación y que será siempre el Estado y, por el otro, el sujeto pasivo, contribuyente o deudor del tributo, quien tiene la obligación de realizar la prestación del pago del tributo.
Además del hecho imponible que da lugar a la obligación de pago del tributo y que crea la relación jurídica tributaria principal o sustantiva existen otros presupuestos de hecho que dan lugar a otras relaciones tributarias accesorias o independientes de ésta, cuyos contenidos obligacionales son diferentes.
La relación jurídica tributaria sustantiva tiene, por tanto, como elementos personales un acreedor y un deudor, vinculados por la prestación del tributo.
Ahora bien, la relación tributaria sustantiva a que dan lugar los cuatro grupos de contribuciones señalados por el Código Fiscal de la Federación presenta características propias que derivan tanto de este ordenamiento como de nuestra Carta Magna y que son:
1) El sujeto activo de la relación es siempre el Estado o un ente público autorizado por éste.
2) La obligación tributaria es siempre una obligación impuesta unilateralmente por el Estado en virtud de su soberanía, de su poder de imperio para todo aquel que se coloque en la hipótesis normativa que da lugar a la causación del tributo.
3) La obligación tributaria sustantiva es una obligación ex lege, es decir, su fuente es siempre la ley y no la voluntad de los particulares. Además, en la ley deben especificarse todos los elementos: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago.
Por ello, la relación jurídica que se establece es una relación de derecho y no de poder, pues tanto el Estado, en su calidad de sujeto activo, como el contribuyente, en su carácter de sujeto pasivo, se encuentran en una posición de igualdad porque ambos están sujetos en dicha relación a la ley, al ordenamiento jurídico. Debe distinguirse así entre el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria y el Estado como órgano soberano titular del poder fiscal. Este poder reside en el Poder Legislativo y lo ejerce en el momento en que, en uso de su soberanía tributaria, dispone en ley cuáles serán las contribuciones así como sus elementos; pero una vez que en la realidad se produce la hipótesis legal que da lugar al nacimiento de la relación jurídica, se genera un crédito a favor del Estado y a cargo del contribuyente en el que ambos se encuentran sujetos a la ley que regula esta relación.
4) El ente público acreedor tiene a su disposición, para averiguar la existencia del hecho imponible, determinarlo y liquidarlo, medios auxiliares y coactivos.
La necesidad de asegurar la debida y efectiva recaudación de los tributos, a fin de no entorpecer la actividad del Estado, ha hecho que se dote al Estado de la facultad de investigación del debido cumplimiento de estas obligaciones, para que en caso de incumplimiento pueda determinar, liquidar y cobrar los créditos, pudiendo incluso utilizar el procedimiento de ejecución sin necesidad de acudir a ningún otro órgano a solicitar que ordene se le cubra lo adeudado.
Asimismo, se le ha dado al crédito fiscal un carácter preeminente, se le ha dado preferencia respecto de otros créditos y se le ha dotado de privilegios como es el de garantía para el caso de litigio.
5) Los ingresos que en virtud de la obligación tributaria se obtienen deben destinarse a sufragar el gasto público, pues tienen por objeto o finalidad proporcionar recursos al Estado para que éste realice sus fines.
Aplicando lo anteriormente expuesto a las tarifas por el suministro y venta de energía eléctrica puede observarse que no reúne todas estas características de la relación tributaria sustantiva.
En efecto, en relación al sujeto que presta el servicio el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece que "La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad ...", la cual, de conformidad con el artículo 8o. del propio ordenamiento "es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio".
Este organismo fue creado por decreto presidencial publicado el veinticuatro de agosto de mil novecientos treinta y siete, en virtud de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión otorgó al presidente de la República para legislar en materia de industria eléctrica, como una dependencia oficial del Gobierno Federal que tendría por objeto: "organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales" (artículo 5o.). La prestación del servicio público de energía eléctrica no estaba a cargo exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad pues, inclusive, en el artículo 6o. del decreto ley que la creó se señalaba: "La comisión tendrá las siguientes facultades: ... III. Organizar sociedades que tengan por objeto producir, transmitir y distribuir energía eléctrica a precios equitativos".
Casi dos años después de la creación de este organismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de febrero de mil novecientos treinta y nueve la Ley de la Industria Eléctrica, en virtud de la reforma que se efectuó al artículo 73 constitucional, publicada en el Diario Oficial de dieciocho de enero de mil novecientos treinta y cinco, por la que se reservó en exclusiva a la Federación la facultad de legislar en materia de energía eléctrica, pues aun cuando con anterioridad, en el año de mil novecientos veintiséis se había promulgado el Código Nacional Eléctrico, en realidad no fue sino hasta el año citado cuando se señaló como facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislar sobre esta materia. En esta Ley de la Industria Eléctrica se regularon las condiciones de prestación del servicio por parte de los concesionarios y, por primera vez, se reguló también la cuestión tarifaria, estableciéndose que éstas serían fijadas por la Secretaría de la Economía Nacional.
Por tanto, bajo la vigencia de esta ley, la Comisión Federal de Electricidad concurrió co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/220-a8509b28/energia-electrica-la-facultad-del-secretario-de-hacienda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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