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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2009. · Registro digital (IUS): 22020
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL (ACTUALMENTE EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO) DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 243.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL (ACTUALMENTE EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO) DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito se encuentran legitimados para ello, atento a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al dictar resolución en la improcedencia civil 157/2009, consideró lo que enseguida se expone:

"... En el caso, de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución que confirma el auto mediante el cual se desecha a la actora, aquí recurrente, la documental pública con la que pretende acreditar su propiedad, en el juicio ordinario civil 176/2004, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, sobre servidumbre legal de paso.

"Ahora bien, este órgano colegiado estima que como correctamente lo consideró la Jueza de Distrito, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en contra del desechamiento de la documental ofrecida por la aquí recurrente, para acreditar la propiedad del inmueble en el juicio sobre servidumbre legal de paso, porque no es un acto cuyas consecuencias afecten alguno de sus derechos sustantivos, ni produce una afectación en grado predominante o superior.

"Esto es así, en razón de que tal desechamiento sólo tiene como consecuencia que dicha prueba no se acumule al material probatorio del juicio natural, lo cual afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtenerse sentencia favorable y, por ende, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y en caso de que le fuera desfavorable, podría reclamarla como violación procesal en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la Amparo, que expresamente dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido en el juicio natural.

"Así es, puesto que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, y sólo en casos excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado o cuando sus consecuencias afecten a las partes en el juicio en grado predominante o superior, procederá el juicio de amparo indirecto.

"Es decir, será hasta el momento en que se haya dictado la sentencia definitiva cuando se podrá apreciar si con motivo del desechamiento de dicha prueba se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, y transcendió tal violación al resultado de la sentencia.

"Lo anterior, con independencia de que se trate del documento base de la acción intentada por la quejosa, ya que tal cuestión no es dable analizarla para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que no se trata de ninguno de los criterios orientadores que deben de tomarse en cuenta para determinar la procedencia del juicio, establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y razonar en ese sentido sería tanto como exigir al juzgador de amparo que previamente analice y establezca si la prueba desechada constituye o no un documento base de la acción, con el que se acredita uno de los elementos de la acción ejercitada, y si con el desechamiento de dicha prueba la acción no prospera aun cuando la parte demandada no hubiese contestado, cuestiones respecto de las cuales el Juez de Distrito carece de facultades, pues tal análisis sólo le corresponde al juzgador de origen al dictar la sentencia de fondo.

"Aunado a que la posible afectación que se pudiera ocasionar a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal, de ningún modo otorga al acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la agraviada obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural.

"En ese contexto, se concluye que el amparo indirecto es improcedente en contra del desechamiento de la prueba ofrecida por la aquí recurrente, por ser un acto procesal que no le causa un perjuicio de imposible reparación."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (actualmente en Materias Penal y de Trabajo), al dictar resolución en el amparo en revisión (improcedencia) 122/2006, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

"... asiste razón a ********** cuando aduce que resultó incorrecto que el Juez de Distrito desechara su demanda de amparo, bajo la consideración de que el acto reclamado no produce efectos cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que sólo se traduce en la infracción a derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si obtiene sentencia favorable, toda vez que -dice la recurrente- perdió de vista que al habérsele desechado todas sus pruebas, incluso, los documentos base de su acción, se le priva de cualquier posibilidad jurídica de justificar sus elementos y, por ende, no podrá obtener sentencia favorable.

"Y dado que este argumento es claro, aunque no prolijo, en establecer cuál es el agravio que le irroga el fallo federal que se revisa, resulta suficiente para que este órgano jurisdiccional federal se ocupe de él.

"Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 69/2000, de rubro: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (transcribe texto).

"... Así, debe puntualizarse, que ********** señaló como acto reclamado la resolución emitida por el tribunal de alzada, a través del cual, revoca el auto de preparación de pruebas emitido por el Juez a quo y, por consiguiente, desecha todas las pruebas ofrecidas en el juicio natural, incluso, los documentos fundatorios de la acción.

"Acto que, a criterio de este Tribunal Colegiado, da lugar a un caso de excepción a la regla genérica de procedencia del juicio de amparo ante un Juez de Distrito, a que se refieren los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

"Tal consideración se sustenta en la tesis P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, Novena Época, Materia Común, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, subsecuentes:

"‘VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.’ (transcribe texto).

"En la parte final del criterio jurisprudencial transcrito, expresamente se confiere la facultad a los juzgadores de amparo para advertir similares actos a aquellos que pese a ser de naturaleza intraprocesal, puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio y que, por lo mismo, hagan procedente, excepcionalmente, el juicio de amparo biinstancial.

"Esto es así, porque si bien las violaciones procesales o adjetivas son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, éstas pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior.

"Circunstancia que, sin duda, ocurre en el caso particular, ya que la decisión que desechó -entre otras pruebas- los documentos base de la acción, le causa a la ahí actora, una afectación en grado extraordinario que obliga a considerar de inmediato su análisis constitucional, sin esperar a que, como lo consideró el Juez de Distrito, se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo.

"En efecto, de continuar con el desarrollo del procedimiento jurisdiccional origen del acto reclamado, a pesar de que ya fueron desechados incluso sus documentos base, como lo asevera la quejosa, la consecuencia es que, necesariamente, la sentencia le será adversa, sobre todo si se considera que el artículo 1194 del Código de Comercio, dispone que corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción.

"Por tanto, de esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para impugnar la referida infracción, con el carácter de violación procesal en amparo directo, para el caso de que éste se le concediera, por estimar que es ilegal el auto que le desechó -entre otros- los documentos base de su acción, la consecuencia sería declarar nulo todo lo actuado hasta el momento en que aquél se emitió, con la consiguiente afectación a la garantía de acceso a una justicia pronta y expedita, consagrada por el artículo 17 constitucional.

"No obsta a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, disponga que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido.

"Sin embargo, dentro de tal hipótesis no puede considerarse inmerso el caso en que, como ocurre en la especie, se desechó el documento base de la acción, si se atiende a que con tal proceder se causa a una de las partes del juicio natural, un perjuicio tal que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto.

"De ahí que, no cualquier desechamiento de una prueba debe reclamarse en amparo directo, pues si como acontece en el caso, en donde a pesar de no afectarse un derecho sustantivo, sí se traduce en una violación procesal de tal magnitud y trascendencia esto hace, excepcionalmente, procedente el juicio de amparo ante un Juez de Distrito en los términos preceptuados por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo."

El criterio anterior dio lugar a la formación de la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan enseguida:

"Novena Época

"No. Registro: 174,908

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIII, junio de 2006

"Materia(s): Civil

"Tesis: VII.3o.C.65 C

"Página: 1152

"DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. CONTRA EL AUTO QUE LO DESECHA, PROCEDE AMPARO INDIRECTO. De lo preceptuado por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene, como regla genérica de procedencia del juicio de amparo ante un Juez de Distrito, que se reclamen actos pronunciados dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, cuando se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que dicha afectación no sea susceptible de repararse, incluso, con obtener sentencia favorable; sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que (de manera excepcional) el juicio de amparo indirecto es procedente en tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Circunstancias que concurren cuando se desecha el documento base de la acción -ofrecido en vía de prueba- ya que tal proceder causa un grado extraordinario de afectación, sujeto de inmediato al análisis constitucional, pues de continuar -en esas condiciones- con el desarrollo del procedimiento, tornaría en nugatoria la posibilidad de que el accionante obtenga sentencia favorable, al ser de explorado derecho la premisa legal de que corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción; luego, esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para impugnarla en amparo directo con el carácter de violación procesal, y para el caso de estimar ilegal el auto que desechó el documento fundatorio de la acción, la consecuencia sería declarar nulo todo lo actuado desde el momento en que aquél se emitió, con la consiguiente afectación a la garantía de acceso a una justicia pronta y expedita, consagrada por el artículo 17 constitucional."

QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si efectivamente existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1) Examinando hipótesis jurídicas esencialmente iguales;

2) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos antes enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis que a continuación se transcriben:

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

Una vez expuesto lo anterior, se procede al análisis de las diversas consideraciones, para estar en aptitud de determinar si en la especie existe la contradicción de criterios denunciada.

SEXTO. Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior se concluye, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes, al estudiar cuestiones jurídicas sobre un mismo punto de derecho, llegaron a soluciones totalmente opuestas.

Esto es así, ya que los criterios que integran la presente contradicción de tesis se originaron de las sentencias emitidas en los citados recursos de revisión -improcedencias- en los que se impugnó el auto que desecha la demanda de amparo promovida en la vía indirecta, al haber considerado el Juez de Distrito que el acto reclamado, consistente en el auto que desechó el documento fundatorio de la acción, debe ser combatido como violación procesal en la vía directa, por ser un auto que no admite pruebas.

Respecto de la consideración apuntada, los Tribunales Colegiados involucrados, al analizar el desechamiento decretado por los Jueces que conocieron de las demandas de amparo promovidas en la vía indirecta, llegaron a conclusiones diametralmente opuestas.

Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito concluyó que: es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra del auto que desecha las documentales ofrecidas como base de la acción, porque no es un acto que afecte derechos sustantivos y, por tanto, es impugnable como violación procesal a través del amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva en la vía directa; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil (actualmente en Materias Penal y de Trabajo) del Séptimo Circuito resolvió que: el auto que no admite la prueba consistente en el documento base de la acción, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque aun cuando dicho acto no afecta derechos sustantivos, esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva deriva en la afectación de la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.

De esta manera se constata que, efectivamente, los Tribunales Colegiados contendientes en la presente contradicción resolvieron cuestiones jurídicas sobre un mismo punto de derecho y llegaron a conclusiones totalmente opuestas.

SÉPTIMO. Descritos los criterios en contradicción y sentada la existencia de la misma, es procedente dilucidar el punto contradictorio que radica en: determinar si el auto que desecha el documento base de la acción es impugnable a través del juicio de amparo en la vía directa o indirecta.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo que a continuación se expone:

En principio, conviene precisar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho, por ello, el auto que desecha el documento base de la acción aportado a juicio se trata de un auto que desecha una prueba.

Así, es de mencionar que la Ley de Amparo, en su artículo 159, precisa diversas violaciones que se considera dejan sin defensa al quejoso, entre ellas, contempla en su fracción III el supuesto relativo a cuando no se reciben las pruebas que legalmente se hayan ofrecido, o cuando no se reciben conforme a la ley.

El precepto legal en cita dispone:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:

"... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley."

Ahora, el artículo 161 del mismo ordenamiento legal nos dice que:

"Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

"En los juicios civiles, el agraviado se sujetara a las siguientes reglas:

"I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale.

"II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.

"Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia."

De lo antes expuesto, es dable concluir que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo.

La interpretación legal anterior se ha sostenido reiteradamente en diversos criterios jurisprudenciales, por lo que sólo para efectos ilustrativos se cita la jurisprudencia 3a./J. 20/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: V, Primera Parte, enero a junio de 1990

"Materia(s): Común

"Tesis: 3a./J. 20/90

"Página: 236

"Genealogía:

"Gaceta Número 29, mayo de 1990, página 45.

"Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 422, página 282.

"PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis."

Sin embargo, del contenido de la propia tesis jurisprudencial se deduce que la regla general que estatuye que el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22020-34f8a78e/documento-base-de-la-accion-su-desechamiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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